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Carlos Romero Deschamps estuvo al frente del sindicato petrolero desde 1993.
Disidentes, en busca de la directiva
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) no hizo un pronunciamiento de manera oficial al respecto, aunque fuentes cercanas a las dirigencias seccionales confirmaron que, en la reunión que duró dos horas, fue aceptada la renuncia de Romero Deschamps y se nombró al diputado priísta Manuel Limón Hernández, ex tesorero y secretario del interior de la agrupación, como secretario nacional interino.
¿Y los funcionarios ladrones?
Julio Hernández López
La renuncia de Carlos Romero Deschamps a la dirigencia del sindicato nacional de trabajadores petroleros ha reavivado la esperanza popular de que haya castigo a los grandes corruptos del país. La ostentación, por parte del secretario general de uno de los sindicatos más poderosos del país, de la riqueza mal habida y la constante exhibición de su impunidad amparada por gobiernos priístas y panistas a lo largo de 26 años de imperio, hicieron del personaje (nacido en Tampico, Tamaulipas, 76 años atrás) uno de los receptáculos más afinados del repudio popular.
La caída de un dirigente sindical poderoso no ha sido, sin embargo, un hecho que altere a profundidad el esquema de relaciones de esos organismos con el poder político en turno. Los ejemplos de Joaquín Hernández Galicia y Elba Esther Gordillo muestran que la sustitución de liderazgos puede quedar solamente en tácticas gubernamentales basadas en las circunstancias del momento. Ahí están los casos de Carlos Salinas de Gortari quien, decidido a asentar su poder tachado de espurio en 1988, dio un manotazo judicial y militar en Ciudad Madero, Tamaulipas, para advertir mediante La Quina el castigo que correspondería a quienes desde el sistema hubieran apoyado o consideraran apoyar el conato de insurrección electoral encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas; Enrique Peña Nieto, necesitado de despejar el camino a su plan de reforma educativa, no titubeó en castigar a la lideresa Gordillo que pretendía retar de forma obstructora el poder de Los Pinos. Ahora, Romero Deschamps no será obstáculo para el desarrollo de los planes petroleros del sexenio en curso.
Vale advertir, por otra parte, que la plantilla de personajes relevantes alcanzados por el conato justiciero de la llamada Cuarta Transformación no ha alcanzado aún al primer nivel o al círculo realmente más cercano a Enrique Peña Nieto, el responsable político e histórico de la combinación de corrupción, injusticia e ineficacia que desfondó al país, según la narrativa trágica que día a día es desplegada ante azorados escuchas nacionales desde tribunas gubernamentales.
Podría decirse que, hasta ahora, los dardos en busca de justicia han pegado en blancos colaterales o no estratégicos: Juan Collado, el abogado de las élites que no es único ni insustituible; Rosario Robles, pieza casi de cacería judicial obligada en este sexenio en función de agravios acumulados; Medina-Mora, el ministro cuya caída permitirá al obradorismo conseguir blindaje numérico de votos ante eventuales golpes judiciales y ahora Romero Deschamps, cuya gran corrupción no está asociada a ningún grupo presidencial corrupto sino a todos los que le tocaron en razón de calendario.
Sin embargo, la trascendencia de estos casos (Collado, Robles, Medina-Mora, Romero) habrá de depender del impacto que tengan en las estructuras casi institucionalizadas de corrupción y abuso en que se han montado: acabar con los bufetes jurídicos dorados que mediante tráfico de influencias garantizan triunfos en litigios a los poderosos sería una consecuencia plausible en el caso Collado; terminar con el robo de recursos públicos y el uso de recursos asistenciales para fines partidistas, en cuanto a Robles; depurar al Poder Judicial federal, si se habla de Medina-Mora.
Y el desmantelamiento del aparato de control criminal del sindicato petrolero, en el caso de Romero Deschamps, pues no bastará con el seguimiento judicial (¿blando, rígido?) de las denuncias ya presentadas: hay émulos de Romero, Romeritos, en las secciones sindicales petroleras, y hay Romerotes en las administraciones pasadas de Pemex y en sus firmas afiliadas o concurrentes.
La lucha contra la corrupción debe ir más allá de ciertos personajes, por más emblemáticos que sean, e ir a fondo y con sentido de trascendencia histórica.
Bien, la Sra. tiene cola y si lo merece pues adelante, aunque considero que no solo se debe de mirar al pasado, en el presente también hay que dar cuidado porque ratas, ratitas y ratotas las hay por todos lados,
Un personaje de proclividad altanera como es el abogado panista Diego Fernández de Cevallos no tiene salida ante la evidencia de un comportamiento prolongadamente abusivo que le ha permitido dejar de pagar impuesto predial durante décadas en una de sus propiedades de gran valía económica (un rancho en el municipio Colón, de Querétaro) para finalmente aprovechar los beneficios de una legalidad discutible y cubrir una cantidad ínfima (más de 12 millones de pesos) en comparación con el elevadísimo monto de adeudos, multas y recargos que un luego doblegable presidente municipal también panista había anunciado con supuesto aire justiciero (casi mil millones de pesos fue el adeudo inicialmente anunciado por esa autoridad que hacía como que ya se imaginaba en cuántas obras de interés social se gastaría el cúmulo de millones que el citado Fernández de Cevallos habría de cubrir).
Lo sucedido en el caso del rancho El Estanco, en el Querétaro gobernado por otro panista (Pancho Domínguez), es un triunfo del cinismo pues, ciertamente, el leguleyo experto Fernández de Cevallos aprovechó las posibilidades que ofrece la normatividad vigente para reducir al máximo la cantidad a pagar.
Pero no puede sostenerse como presunto crítico político, fustigador de opositores y declamador de presuntas virtudes de su bando partidista, alguien que durante casi 30 años se ha abstenido conscientemente de contribuir como buen ciudadano a la acumulación de recursos para que los gobiernos puedan cumplir con sus obligaciones en cuanto a obras y servicios.
Aun cuando pueda refugiarse en legalismos, el ciudadano Fernández de Cevallos ha sido un mal ciudadano, incumplido y, luego, abusivo. Y, con esos antecedentes de incumplimiento cívico, los estertores de sus discursos supuestamente flamígeros quedan en mero recurso retórico para disfrazar y eludir sus obligaciones primarias.
Quede constancia (una más) de la demagogia de evasión que practica el abogado tan ejemplar en cuanto a conflicto de intereses y tráfico de influencias.
Autoridades de Gran Bretaña detuvieron a petición del gobierno mexicano a Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, ya que en México está acusada de diversos delitos como desvío de recursos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La detenida podría alcanzar una pena de hasta 12 años de prisión en México, aunque había pretendido obtener el reconocimiento de perseguida política.
Luego de unas horas de audiencia, la justicia británica le impuso una medida cautelar tras el pago de una fianza de 150 mil libras esterlinas (alrededor de 3.6 millones de pesos), por lo que enfrentará el proceso jurídico en libertad, aunque no podrá abandonar la ciudad de Londres.
El tema de fondo es Javier Duarte de Ochoa. La detención de su esposa, largamente asentada en Londres, sin mayor molestia que algunos atisbos periodísticos en su entorno, agrega ingredientes de algo parecido al suspenso judicial en una obra mayor, la de la devastación criminal de Veracruz por parte de personajes llegados a la silla estatal de gobierno a nombre del Partido Revolucionario Institucional y, durante un lapso afortunadamente breve, de Acción Nacional.
Karime Macías Tubilla es música (jarocha) de acompañamiento y, por tanto, ayer mismo fue colocada en el casillero británico de la libertad con condiciones restrictivas.
La madre de Lozoya, acusada en audiencia de ocultar sobornos de Odebrecht y estar en red criminal
La Fiscalía acusó a Gilda Austin de forma parte de “una organización criminal”, dirigida por su hijo Emilio Lozoya, para ocultar sobornos de Odebrecht por hasta 10 millones de dólares.
El juez de control Jesús Eduardo Vázquez decretó la vinculación a proceso de Gilda Austin por los probables delitos de lavado de dinero y de asociación delictuosa, y dictó, además, tres medidas cautelares para evitar que la mujer de 71 años pueda fugarse: arraigo domiciliario, retiro del pasaporte y aviso al Instituto Nacional de Migración para que no pueda abandonar el país, además de vigilancia policial las 24 horas del día tanto fuera como dentro de su domicilio.
Pobre mamacitas, no las respeta nadie.
Y esto que el Sr. Presidente les pidió a los malosos que se portaran bien, de lo contrario sus mamitas les darían coscorrones...!!!!
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