Tweet
Re: El ejercito asesinó a los estudiantes del Tec
"Lo grave del caso es que la decisión de la Corte obedeciendo a la CIDH causó un daño irreversible al escudo de seguridad nacional de la república y a la soberanía del Estado"
-----
Carlos Ramírez,
Indicador político.
+ Ejército: platos rotos del PRI
+ Hipocresía política de CIDH
La Corte Suprema de Justicia de México decidió castigar al ejército con la limitación del fuero militar por un suceso ocurrido en 1974, cuando el sistema presidencialista del PRI utilizó a las fuerzas armadas para aplacar las demandas de democracia.
En esos cuarenta años, el papel y la situación del ejército han cambiado radicalmente, al grado de que --como en casi ningún otro ejército-- cuenta con una oficina de atención ciudadana y con una dirección de derechos humanos. De ahí que la Corte Suprema haya decidido desconocer la evolución profesional del ejército y lo haya asumido como un violador per se de los derechos humanos pero basado y no en el presente.
Lo paradójico ha sido que la Corte exoneró a Luis Echeverría del delito de genocidio por la represión estudiantil en 1968 con el criterio de que no se podía aplicar retroactivamente el convenio internacional firmado por México en el 2002 pero ahora sí se aplicó la retroactividad en el caso Radilla. Lo peor es que la Corte sancionó al ejército por el caso Radilla de 1974, cuando el presidente de la república entonces era Luis Echeverría y cuando justamente Echeverría como comandante en jefe de las fuerzas armadas utilizó al ejército para combatir la guerrilla guerrerense.
La corresponsabilidad moral por la represión es muy amplia. La sentencia Radilla debe ser tomada como una condena internacional al régimen priísta que usó la fuerza para reprimir las exigencias de democracia. Y puede darse la paradoja de que ese mismo régimen priísta, sin pasar por algún acto de contrición o de revisión de su pasado represor, pueda regresar al poder presidencial en el 2012. Hasta ahora, el priísmo no ha tenido el valor político de revisar críticamente la etapa de la represión ni de deslindar las responsabilidades del ejército como instrumento de fuera en el reinado priísta. En el caso Radilla, el PRI abandonó al ejército a su propia suerte, a pesar de que fue el PRI el que usó al ejército contra la disidencia.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendría que ser llevada a juicio por incongruencia jurídica y corresponsabilidad moral. La CIDH ha condenado a México por represión. Sin embargo, uno de sus jueces de la CIDH, el mexicano Sergio García Ramírez, hoy retirado, formó parte del gobierno de Echeverría. Y no sólo eso: García Ramírez fue procurador general del Distrito Federal en 1971, precisamente el día del halconazo en San Cosme contra estudiantes, y como tal eludió su responsabilidad jurídica y moral para investigar el hecho de que la represión fue presidencial.
García Ramírez se excusó de participar en el caso Radilla pero por el hecho de ser mexicano, no por haber sido miembro del gobierno de Echeverría en 1974. En el 1974 del caso Radilla, el juez García Ramírez de la CIDH era nada menos que subsecretario de Gobernación del gabinete de Echeverría, la dependencia encargada de operar la represión contra disidentes. Y durante la primera mitad del gobierno de López Portillo, cuando se formó la Brigada Blanca como escuadrón de élite para liquidar ilegalmente a la guerrilla, García Ramírez fue subsecretario de la Juventud precisamente cuando la juventud era reprimida por el Estado priísta para aplacar sus exigencias de democracia.
Los funcionarios que participaron en los gobiernos priístas de la represión no sólo se salvaron sino que algunos se convirtieron en defensores de lo que antes atacaron. En este contexto, el ejército quedó como una víctima propiciatoria de los cargos de conciencia de los sectores hoy beneficiados por la democracia y dispuestos a condenar al pasado represor del PRI olvidando su propio pasado. La sentencia Radilla y la decisión de la Corte de acotar el fuero militar merecerían una declaración oficial del PRI para asumir responsabilidades históricas que el gobierno de Fox no se atrevió a fincar.
Lo grave del caso es que la decisión de la Corte obedeciendo a la CIDH causó un daño irreversible al escudo de seguridad nacional de la república y a la soberanía del Estado. El problema en que la Corte metió al ejército puede ser inmanejable. De hecho, las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de militares han sido en el combate al crimen organizado como parte de sus tareas de defensa de la seguridad interior, entendida ésta como el orden interno que es atacado por la acción criminal y que pone en riesgo la seguridad nacional, la soberanía del Estado y la balcanización territorial. Por tanto, los primeros en cobijarse bajo la decisión de la Corte serán los criminales que podrían alegar el exceso de fuerza y por tanto la violación de derechos humanos en su contra para eludir el brazo de la justicia.
El ejército como la institución por excelencia para la defensa de la soberanía fue rebajada a nivel de policía y con ello los cárteles del crimen organizado se anotaron una victoria histórica porque en sus juicios podrán alegar violación de derechos humanos y con ello ir anulando cargos, como ocurre en los tribunales civiles. La propia Corte ha condenado a la policía federal y a policías federales en la contención de insurrecciones políticas y las ha obligado a regular el uso de la fuerza, como ocurrió con la violencia social en Atenco o la insurrección en Oaxaca contra la forma constitucional de gobierno.
La sentencia Radilla, por tanto, fue una condena al régimen priísta que usó la represión en el pasado contra las demandas de democratización o contra la disidencia que tomó las armas para derrocar al gobierno federal. Ahí radica la otra gravedad del asunto: los cárteles de la droga y la guerrilla --dos formas para combatir al Estado, la soberanía y el orden constitucional-- fueron disminuidas al nivel de crimen común, a pesar de que las dos utilicen la violencia de las armas que por ley sólo le corresponde al Estado, a las fuerzas armadas y a las policías.
Y como existe el riesgo de ser juzgadas por delitos contra los derechos humanos, entonces las fuerzas armadas tendrán que ejercer la pasividad o verse metidas en juicios en las que llevarán las de perder. Ya se olvidó que el Estado es, en resumen, el monopolio de la fuerza. Ahora las fuerzas de seguridad tendrán que convertirse en oficinas de relaciones públicas y no en garantes del orden y la soberanía del Estado.
-----
http://www.indicadorpolitico.com.mx/2011/CJl/14jl.php
"Lo grave del caso es que la decisión de la Corte obedeciendo a la CIDH causó un daño irreversible al escudo de seguridad nacional de la república y a la soberanía del Estado"
-----
Carlos Ramírez,
Indicador político.
+ Ejército: platos rotos del PRI
+ Hipocresía política de CIDH
La Corte Suprema de Justicia de México decidió castigar al ejército con la limitación del fuero militar por un suceso ocurrido en 1974, cuando el sistema presidencialista del PRI utilizó a las fuerzas armadas para aplacar las demandas de democracia.
En esos cuarenta años, el papel y la situación del ejército han cambiado radicalmente, al grado de que --como en casi ningún otro ejército-- cuenta con una oficina de atención ciudadana y con una dirección de derechos humanos. De ahí que la Corte Suprema haya decidido desconocer la evolución profesional del ejército y lo haya asumido como un violador per se de los derechos humanos pero basado y no en el presente.
Lo paradójico ha sido que la Corte exoneró a Luis Echeverría del delito de genocidio por la represión estudiantil en 1968 con el criterio de que no se podía aplicar retroactivamente el convenio internacional firmado por México en el 2002 pero ahora sí se aplicó la retroactividad en el caso Radilla. Lo peor es que la Corte sancionó al ejército por el caso Radilla de 1974, cuando el presidente de la república entonces era Luis Echeverría y cuando justamente Echeverría como comandante en jefe de las fuerzas armadas utilizó al ejército para combatir la guerrilla guerrerense.
La corresponsabilidad moral por la represión es muy amplia. La sentencia Radilla debe ser tomada como una condena internacional al régimen priísta que usó la fuerza para reprimir las exigencias de democracia. Y puede darse la paradoja de que ese mismo régimen priísta, sin pasar por algún acto de contrición o de revisión de su pasado represor, pueda regresar al poder presidencial en el 2012. Hasta ahora, el priísmo no ha tenido el valor político de revisar críticamente la etapa de la represión ni de deslindar las responsabilidades del ejército como instrumento de fuera en el reinado priísta. En el caso Radilla, el PRI abandonó al ejército a su propia suerte, a pesar de que fue el PRI el que usó al ejército contra la disidencia.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendría que ser llevada a juicio por incongruencia jurídica y corresponsabilidad moral. La CIDH ha condenado a México por represión. Sin embargo, uno de sus jueces de la CIDH, el mexicano Sergio García Ramírez, hoy retirado, formó parte del gobierno de Echeverría. Y no sólo eso: García Ramírez fue procurador general del Distrito Federal en 1971, precisamente el día del halconazo en San Cosme contra estudiantes, y como tal eludió su responsabilidad jurídica y moral para investigar el hecho de que la represión fue presidencial.
García Ramírez se excusó de participar en el caso Radilla pero por el hecho de ser mexicano, no por haber sido miembro del gobierno de Echeverría en 1974. En el 1974 del caso Radilla, el juez García Ramírez de la CIDH era nada menos que subsecretario de Gobernación del gabinete de Echeverría, la dependencia encargada de operar la represión contra disidentes. Y durante la primera mitad del gobierno de López Portillo, cuando se formó la Brigada Blanca como escuadrón de élite para liquidar ilegalmente a la guerrilla, García Ramírez fue subsecretario de la Juventud precisamente cuando la juventud era reprimida por el Estado priísta para aplacar sus exigencias de democracia.
Los funcionarios que participaron en los gobiernos priístas de la represión no sólo se salvaron sino que algunos se convirtieron en defensores de lo que antes atacaron. En este contexto, el ejército quedó como una víctima propiciatoria de los cargos de conciencia de los sectores hoy beneficiados por la democracia y dispuestos a condenar al pasado represor del PRI olvidando su propio pasado. La sentencia Radilla y la decisión de la Corte de acotar el fuero militar merecerían una declaración oficial del PRI para asumir responsabilidades históricas que el gobierno de Fox no se atrevió a fincar.
Lo grave del caso es que la decisión de la Corte obedeciendo a la CIDH causó un daño irreversible al escudo de seguridad nacional de la república y a la soberanía del Estado. El problema en que la Corte metió al ejército puede ser inmanejable. De hecho, las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de militares han sido en el combate al crimen organizado como parte de sus tareas de defensa de la seguridad interior, entendida ésta como el orden interno que es atacado por la acción criminal y que pone en riesgo la seguridad nacional, la soberanía del Estado y la balcanización territorial. Por tanto, los primeros en cobijarse bajo la decisión de la Corte serán los criminales que podrían alegar el exceso de fuerza y por tanto la violación de derechos humanos en su contra para eludir el brazo de la justicia.
El ejército como la institución por excelencia para la defensa de la soberanía fue rebajada a nivel de policía y con ello los cárteles del crimen organizado se anotaron una victoria histórica porque en sus juicios podrán alegar violación de derechos humanos y con ello ir anulando cargos, como ocurre en los tribunales civiles. La propia Corte ha condenado a la policía federal y a policías federales en la contención de insurrecciones políticas y las ha obligado a regular el uso de la fuerza, como ocurrió con la violencia social en Atenco o la insurrección en Oaxaca contra la forma constitucional de gobierno.
La sentencia Radilla, por tanto, fue una condena al régimen priísta que usó la represión en el pasado contra las demandas de democratización o contra la disidencia que tomó las armas para derrocar al gobierno federal. Ahí radica la otra gravedad del asunto: los cárteles de la droga y la guerrilla --dos formas para combatir al Estado, la soberanía y el orden constitucional-- fueron disminuidas al nivel de crimen común, a pesar de que las dos utilicen la violencia de las armas que por ley sólo le corresponde al Estado, a las fuerzas armadas y a las policías.
Y como existe el riesgo de ser juzgadas por delitos contra los derechos humanos, entonces las fuerzas armadas tendrán que ejercer la pasividad o verse metidas en juicios en las que llevarán las de perder. Ya se olvidó que el Estado es, en resumen, el monopolio de la fuerza. Ahora las fuerzas de seguridad tendrán que convertirse en oficinas de relaciones públicas y no en garantes del orden y la soberanía del Estado.
-----
http://www.indicadorpolitico.com.mx/2011/CJl/14jl.php
Comment