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Archivos del poder
Martín Moreno
Farid
Francisco Farid Fernández Salman. Nació en 1980. Ingeniero industrial. Maestría en administración de empresas. Administrador general de la empresa STM. Jugador de futbol americano. A 30 días de formalizar su matrimonio, fue secuestrado y asesinado, en Tijuana, en 2006.
La primera recomendación que el entonces procurador de Justicia de Baja California, Antonio Martínez Luna —panista de negros antecedentes—, le hizo a los padres de Farid, Miguel Fernández y Edith Salman, fue humillante:
“Pues mejor páguenle a los secuestradores.”
Martínez Luna, bajo el cobijo del ex gobernador Eugenio Elorduy, ha sido acusado en medios locales de estar vinculado al narcotáfico y a los secuestros. Todavía más: una semana después de haber sido asesinado, y a través de un video previamente grabado, el ex comandante de la Judicial estatal, José Ramón Velázquez, lo señaló públicamente de tener relación con el crimen organizado.
Pero, siempre, el Partido Acción Nacional protegió al nefasto Martínez Luna.
A nivel legislativo, los senadores Federico Döring y Alejandro Zapata Perogordo salieron en defensa del oscuro procurador de Baja California. En mayo de 2007, mediante el Boletín 334 del grupo parlamentario panista en la Cámara alta, señalaron que los ataques en su contra obedecían a “efectos preelectorales”. Lo de siempre: artimañas políticas para proteger la impunidad.
Ante la indiferencia, complicidad e ineficacia de las autoridades locales, la lucha de los padres de Farid se trasladó al ámbito federal, al entrevistarse con la entonces titular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Nicandra Castro, quien hoy encabeza la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Pero la misteriosa Nicandra —célebre por dar entrevistas de televisión de espalda a la cámara—, no solamente jamás movió un dedo para aclarar la muerte de Farid. Cuando Edith Salman, desesperada porque las investigaciones estaban inertes, salió a los medios a denunciar la insensibilidad policiaca, Castro la mandó llamar y, sumamente molesta, le reclamó: “¿Por qué sale usted a la prensa?”
Y, al asumir la dirección de la Agencia Federal de Investigación, Nicandra, aún fúrica por ese gran error de que los padres de un secuestrado exijan justicia, les envió un correo electrónico, mediante el cual se deslindaba de cualquier investigación relacionada con Farid.
Legalmente podrá tener razón, pero, moral y éticamente, Castro comete una ofensa mayúscula: la indiferencia ante un drama que están viviendo miles de mexicanos.
No extraña que el plagio y el asesinato de Farid hayan ocurrido en Tijuana que, junto con la Ciudad de México, se ubica entre las de mayor criminalidad en el territorio nacional y carecen de procuradurías de justicia confiables y eficientes. El calvario de Miguel y Edith comenzó justamente cuando secuestraron a su hijo: el 30 de mayo de 2006.
“Farid es privado de su libertad por unos sujetos armados de apariencia policiaca que le hicieron una parada, y al tenerlo 11 minutos haciéndole preguntas lo bajan de su camioneta a la fuerza, y lo suben a una unidad policiaca típica de la policía ministerial que se encontraba rodeando la zona, junto a una camioneta Tahoe color beige. Intervinieron aproximadamente seis o más sujetos con cuatro vehículos”, se asientadice la relatoría de hechos correspondiente.
A partir de ese momento se encadenaron errores y complicidades: no fueron revisados los videos que mostraban cuando Farid era levantado; tampoco se rastrearon las llamadas de los plagiarios; avisada la policía, se permitió la entrega de una parte del dinero, sin darle seguimiento profesional; el 15 de junio apareció el cuerpo de Farid en un lote baldío. Su padre presentó varias líneas de investigación que jamás fueron investigadas.
Algunas de ellas eran que el peluquero de Farid, Óscar Varela, fue detenido junto a una banda de secuestradores y la Procuraduría General de Justicia de Baja California jamás lo interrogó a fondo. Otra: Juan Carlos Alvarado Ramos —que fue trabajador de don Miguel—, y su hermano, Jorge, policía judicial, desaparecieron de manera repentina tras la muerte de Farid. Nunca se les siguió la pista.
El ex gobernador Elorduy jamás se dignó recibirlos.
Hoy, tanto el mandatario estatal, Guadalupe Osuna, como el procurador Rommel Moreno, han mostrado también la misma apatía. ¿Y las autoridades locales de Tijuana, herederas del gobierno criminalizado de Jorge Hank Rhon? Cruzadas de brazos.
El crimen acaba de cumplir tres años y se suma a la interminable lista de impunidad para la la mayoría de los secuestros. Sus padres están en el DF suplicando ver al procurador EduardoMedina-Mora y que ahora sí se detenga y castigue a los culpables.
Mientras, continuarán sufriendo la indiferencia policiaca en el país de la impunidad: México.
Archivo confidencial…
Detrás de la sustitución de microbuses en Paseo de la Reforma está la muerte de alrededor de 100 personas en accidentes causados directamente por micros.
No nos engañemos: los choferes de las “unidades ecológicas” serán los mismos cafres de las micros. No cambia nada. Seguirá el salvajismo vial…
Este delito acaba de cumplir tres años y se suma a la interminable lista de impunidad que rodea a la mayoría de los secuestros.
Martín Moreno
Farid
Francisco Farid Fernández Salman. Nació en 1980. Ingeniero industrial. Maestría en administración de empresas. Administrador general de la empresa STM. Jugador de futbol americano. A 30 días de formalizar su matrimonio, fue secuestrado y asesinado, en Tijuana, en 2006.
La primera recomendación que el entonces procurador de Justicia de Baja California, Antonio Martínez Luna —panista de negros antecedentes—, le hizo a los padres de Farid, Miguel Fernández y Edith Salman, fue humillante:
“Pues mejor páguenle a los secuestradores.”
Martínez Luna, bajo el cobijo del ex gobernador Eugenio Elorduy, ha sido acusado en medios locales de estar vinculado al narcotáfico y a los secuestros. Todavía más: una semana después de haber sido asesinado, y a través de un video previamente grabado, el ex comandante de la Judicial estatal, José Ramón Velázquez, lo señaló públicamente de tener relación con el crimen organizado.
Pero, siempre, el Partido Acción Nacional protegió al nefasto Martínez Luna.
A nivel legislativo, los senadores Federico Döring y Alejandro Zapata Perogordo salieron en defensa del oscuro procurador de Baja California. En mayo de 2007, mediante el Boletín 334 del grupo parlamentario panista en la Cámara alta, señalaron que los ataques en su contra obedecían a “efectos preelectorales”. Lo de siempre: artimañas políticas para proteger la impunidad.
Ante la indiferencia, complicidad e ineficacia de las autoridades locales, la lucha de los padres de Farid se trasladó al ámbito federal, al entrevistarse con la entonces titular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Nicandra Castro, quien hoy encabeza la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Pero la misteriosa Nicandra —célebre por dar entrevistas de televisión de espalda a la cámara—, no solamente jamás movió un dedo para aclarar la muerte de Farid. Cuando Edith Salman, desesperada porque las investigaciones estaban inertes, salió a los medios a denunciar la insensibilidad policiaca, Castro la mandó llamar y, sumamente molesta, le reclamó: “¿Por qué sale usted a la prensa?”
Y, al asumir la dirección de la Agencia Federal de Investigación, Nicandra, aún fúrica por ese gran error de que los padres de un secuestrado exijan justicia, les envió un correo electrónico, mediante el cual se deslindaba de cualquier investigación relacionada con Farid.
Legalmente podrá tener razón, pero, moral y éticamente, Castro comete una ofensa mayúscula: la indiferencia ante un drama que están viviendo miles de mexicanos.
No extraña que el plagio y el asesinato de Farid hayan ocurrido en Tijuana que, junto con la Ciudad de México, se ubica entre las de mayor criminalidad en el territorio nacional y carecen de procuradurías de justicia confiables y eficientes. El calvario de Miguel y Edith comenzó justamente cuando secuestraron a su hijo: el 30 de mayo de 2006.
“Farid es privado de su libertad por unos sujetos armados de apariencia policiaca que le hicieron una parada, y al tenerlo 11 minutos haciéndole preguntas lo bajan de su camioneta a la fuerza, y lo suben a una unidad policiaca típica de la policía ministerial que se encontraba rodeando la zona, junto a una camioneta Tahoe color beige. Intervinieron aproximadamente seis o más sujetos con cuatro vehículos”, se asientadice la relatoría de hechos correspondiente.
A partir de ese momento se encadenaron errores y complicidades: no fueron revisados los videos que mostraban cuando Farid era levantado; tampoco se rastrearon las llamadas de los plagiarios; avisada la policía, se permitió la entrega de una parte del dinero, sin darle seguimiento profesional; el 15 de junio apareció el cuerpo de Farid en un lote baldío. Su padre presentó varias líneas de investigación que jamás fueron investigadas.
Algunas de ellas eran que el peluquero de Farid, Óscar Varela, fue detenido junto a una banda de secuestradores y la Procuraduría General de Justicia de Baja California jamás lo interrogó a fondo. Otra: Juan Carlos Alvarado Ramos —que fue trabajador de don Miguel—, y su hermano, Jorge, policía judicial, desaparecieron de manera repentina tras la muerte de Farid. Nunca se les siguió la pista.
El ex gobernador Elorduy jamás se dignó recibirlos.
Hoy, tanto el mandatario estatal, Guadalupe Osuna, como el procurador Rommel Moreno, han mostrado también la misma apatía. ¿Y las autoridades locales de Tijuana, herederas del gobierno criminalizado de Jorge Hank Rhon? Cruzadas de brazos.
El crimen acaba de cumplir tres años y se suma a la interminable lista de impunidad para la la mayoría de los secuestros. Sus padres están en el DF suplicando ver al procurador EduardoMedina-Mora y que ahora sí se detenga y castigue a los culpables.
Mientras, continuarán sufriendo la indiferencia policiaca en el país de la impunidad: México.
Archivo confidencial…
Detrás de la sustitución de microbuses en Paseo de la Reforma está la muerte de alrededor de 100 personas en accidentes causados directamente por micros.
No nos engañemos: los choferes de las “unidades ecológicas” serán los mismos cafres de las micros. No cambia nada. Seguirá el salvajismo vial…
Este delito acaba de cumplir tres años y se suma a la interminable lista de impunidad que rodea a la mayoría de los secuestros.
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