Camino a Los Pinos
Por René Delgado
(23 abril 2011).- Pese a su importancia e inminencia, no se advierte esfuerzo, empeño y compromiso por asegurar la elección presidencial del año entrante.
Con tanto susto y apuro provocados por el crimen parece descabellado o inoportuno plantear un asunto cuya fecha culminante tendrá lugar hasta julio del año entrante, pero no es así. Elegir al próximo presidente de la República en un ambiente polarizado y competido con la amenaza criminal encima es -si no se toman las providencias necesarias- tanto como jugar a la ruleta rusa.
Si el asedio criminal, la inconformidad social y la turbulencia política impiden al Poder Ejecutivo abocarse a construir, desde ahora, condiciones mínimas necesarias para asegurar la contienda electoral, los principales interesados y los directos involucrados -precandidatos, dirigencias partidistas y autoridades electorales- deberían ocuparse de esa tarea.
En los concursos electorales no hay tiempos extras. Lo que se deja de hacer un día, no necesariamente se hace al siguiente.
* * *
El proceso electoral 2012 arranca en octubre. Median, pues, escasos cinco meses para resolver los pendientes legislativos, instrumentales y políticos que, quizá, no garanticen a plenitud la competencia pero que, resueltos, distenderían la atmósfera y posibilitarían emprender otras acciones en paralelo para darle seguridad al proceso y garantías al electorado.
Hasta ahora, precandidatos y partidos han expresado su intención de concursar y de llegar primero a la meta. Ninguno, sin embargo, se ha referido a la pista donde habrán de correr. Les importa la meta, no la pista... pero sin pista no hay carrera.
La excepción del caso ha sido el priista Manlio Fabio Beltrones. Sin renunciar a su ambición pero sin obnubilarse por ella, ha visto la elección como un asunto de Estado. El senador ha combinado su pretensión con el impulso de proyectos legislativos -reformas fiscal y política- que ofrecen certidumbre y perspectiva al país. No es ese el caso de su correligionario Enrique Peña ni de los perredistas Andrés Manuel López Obrador o Marcelo Ebrard como tampoco de los panistas Santiago Creel, Josefina Vázquez Mota, Alonso Lujambio, Heriberto Félix, Javier Lozano o Ernesto Cordero.
Si los precandidatos y sus respectivos partidos así como las autoridades electorales conciben la próxima elección presidencial como un día de campo con pequeños accidentes en el terreno, se equivocan. La barbarie criminal y la negligencia política han desatado un profundo malestar social marcado por la rabia, el dolor y el miedo.
Por eso, antes de soñar con la residencia oficial de Los Pinos, es preciso pavimentar -en lo posible- el camino que conduce a ella.
* * *
La próxima semana, última del segundo periodo ordinario de sesiones, será clave para definir una cuestión sustantiva y una instrumental en relación con la elección del año entrante.
Por un lado, tan pronto como pasado mañana deberá someterse a aprobación en comisiones del Senado el dictamen de la reforma política, que, esta vez, privilegia más el sentido y la administración del poder que el acceso al poder y su reparto. Si las tres principales fracciones parlamentarias la aprueban, además del avance democrático supuesto, mandarán un mensaje positivo al electorado: atender su reclamo por contar con instrumentos de participación política directa y resolver situaciones no previstas por la actual legislación. La percepción sobre el permanente desacuerdo de y entre la clase política tendría un respiro.
Por otro lado, esa misma última semana del periodo, la Cámara de Diputados deberá tomar una decisión instrumental: nombrar a los tres consejeros electorales que, hace casi medio año, faltan al Consejo del IFE. Si los diputados reiteran que la importancia de esos funcionarios deriva no de su imparcialidad y capacidad para organizar, regular y controlar el proceso electoral, sino de la cuota de poder que significan para los partidos, lejos de fortalecer la credibilidad del Instituto terminarán por vulnerarla. Debilitar y desacreditar a ese órgano de cara a las dificultades de la elección 2012 sería terrible.
* * *
Extra a los pendientes legislativos e instrumentales, autoridades electorales así como precandidatos y partidos tienen mucho que hacer.
Las autoridades tienen que consolidarse como tales. Los consejeros electorales sufren, por un lado, el asedio de las televisoras a las que sanciona y el del tribunal que revierte sus decisiones y, por otro, han dado muestras de incapacidad, soberbia, ambición y derroche de recursos. A su vez, los magistrados del Tribunal no acaban de erigirse como auténticos jueces, en tanto que sus resoluciones son dispares y, a veces, dejan la impresión de responder a intereses particulares.
La consolidación de la autoridad electoral es fundamental para la buena conducción de la contienda electoral y evitar el desbocamiento de los precandidatos y los partidos. Sin esa consolidación se perfilarán más problemas que soluciones en el horizonte.
A su vez, los precandidatos y los partidos tienen que reparar en su compostura política y legal. Hasta ahora, a diestra y siniestra, los precandidatos buscan el resquicio para burlar la ley y al electorado, alentando -en mal momento- la subcultura de las chicanas, el uso de recursos públicos para fines personales y la impunidad. Emparentan, adrede o sin querer, política con delito cuando es preciso marcar una frontera entre ellos. No entender eso, en vez de entusiasmo cívico, puede profundizar el enfado y la decepción ciudadana cuando la desesperación la tienta.
* * *
El primer cuatrimestre del año se fue y, con él, la posibilidad de concretar las reformas fiscal y laboral que le daban perspectiva al país. La reforma política todavía tiene oportunidad y puede contribuir a garantizar la elección, igual que el nombramiento cuidadoso y responsable de los consejeros electorales. Corre el tiempo y no hay tiempo. Urge que las nuevas direcciones partidistas se consoliden y se acerquen entre sí para asegurar la elección, darle garantías a los elegibles y a los electores y una oportunidad a la democracia y al Estado de derecho.
La próxima elección presidencial no es una más, es distinta a las anteriores. Si, en verdad, los precandidatos sienten tener la talla para tomar las riendas del país no pueden perder de vista que esta vez no sólo se juega la residencia de Los Pinos, sino también el hogar de los mexicanos.
sobreaviso@latinmail.com
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Fecha de publicación: 23 abril 2011
Por René Delgado
(23 abril 2011).- Pese a su importancia e inminencia, no se advierte esfuerzo, empeño y compromiso por asegurar la elección presidencial del año entrante.
Con tanto susto y apuro provocados por el crimen parece descabellado o inoportuno plantear un asunto cuya fecha culminante tendrá lugar hasta julio del año entrante, pero no es así. Elegir al próximo presidente de la República en un ambiente polarizado y competido con la amenaza criminal encima es -si no se toman las providencias necesarias- tanto como jugar a la ruleta rusa.
Si el asedio criminal, la inconformidad social y la turbulencia política impiden al Poder Ejecutivo abocarse a construir, desde ahora, condiciones mínimas necesarias para asegurar la contienda electoral, los principales interesados y los directos involucrados -precandidatos, dirigencias partidistas y autoridades electorales- deberían ocuparse de esa tarea.
En los concursos electorales no hay tiempos extras. Lo que se deja de hacer un día, no necesariamente se hace al siguiente.
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El proceso electoral 2012 arranca en octubre. Median, pues, escasos cinco meses para resolver los pendientes legislativos, instrumentales y políticos que, quizá, no garanticen a plenitud la competencia pero que, resueltos, distenderían la atmósfera y posibilitarían emprender otras acciones en paralelo para darle seguridad al proceso y garantías al electorado.
Hasta ahora, precandidatos y partidos han expresado su intención de concursar y de llegar primero a la meta. Ninguno, sin embargo, se ha referido a la pista donde habrán de correr. Les importa la meta, no la pista... pero sin pista no hay carrera.
La excepción del caso ha sido el priista Manlio Fabio Beltrones. Sin renunciar a su ambición pero sin obnubilarse por ella, ha visto la elección como un asunto de Estado. El senador ha combinado su pretensión con el impulso de proyectos legislativos -reformas fiscal y política- que ofrecen certidumbre y perspectiva al país. No es ese el caso de su correligionario Enrique Peña ni de los perredistas Andrés Manuel López Obrador o Marcelo Ebrard como tampoco de los panistas Santiago Creel, Josefina Vázquez Mota, Alonso Lujambio, Heriberto Félix, Javier Lozano o Ernesto Cordero.
Si los precandidatos y sus respectivos partidos así como las autoridades electorales conciben la próxima elección presidencial como un día de campo con pequeños accidentes en el terreno, se equivocan. La barbarie criminal y la negligencia política han desatado un profundo malestar social marcado por la rabia, el dolor y el miedo.
Por eso, antes de soñar con la residencia oficial de Los Pinos, es preciso pavimentar -en lo posible- el camino que conduce a ella.
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La próxima semana, última del segundo periodo ordinario de sesiones, será clave para definir una cuestión sustantiva y una instrumental en relación con la elección del año entrante.
Por un lado, tan pronto como pasado mañana deberá someterse a aprobación en comisiones del Senado el dictamen de la reforma política, que, esta vez, privilegia más el sentido y la administración del poder que el acceso al poder y su reparto. Si las tres principales fracciones parlamentarias la aprueban, además del avance democrático supuesto, mandarán un mensaje positivo al electorado: atender su reclamo por contar con instrumentos de participación política directa y resolver situaciones no previstas por la actual legislación. La percepción sobre el permanente desacuerdo de y entre la clase política tendría un respiro.
Por otro lado, esa misma última semana del periodo, la Cámara de Diputados deberá tomar una decisión instrumental: nombrar a los tres consejeros electorales que, hace casi medio año, faltan al Consejo del IFE. Si los diputados reiteran que la importancia de esos funcionarios deriva no de su imparcialidad y capacidad para organizar, regular y controlar el proceso electoral, sino de la cuota de poder que significan para los partidos, lejos de fortalecer la credibilidad del Instituto terminarán por vulnerarla. Debilitar y desacreditar a ese órgano de cara a las dificultades de la elección 2012 sería terrible.
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Extra a los pendientes legislativos e instrumentales, autoridades electorales así como precandidatos y partidos tienen mucho que hacer.
Las autoridades tienen que consolidarse como tales. Los consejeros electorales sufren, por un lado, el asedio de las televisoras a las que sanciona y el del tribunal que revierte sus decisiones y, por otro, han dado muestras de incapacidad, soberbia, ambición y derroche de recursos. A su vez, los magistrados del Tribunal no acaban de erigirse como auténticos jueces, en tanto que sus resoluciones son dispares y, a veces, dejan la impresión de responder a intereses particulares.
La consolidación de la autoridad electoral es fundamental para la buena conducción de la contienda electoral y evitar el desbocamiento de los precandidatos y los partidos. Sin esa consolidación se perfilarán más problemas que soluciones en el horizonte.
A su vez, los precandidatos y los partidos tienen que reparar en su compostura política y legal. Hasta ahora, a diestra y siniestra, los precandidatos buscan el resquicio para burlar la ley y al electorado, alentando -en mal momento- la subcultura de las chicanas, el uso de recursos públicos para fines personales y la impunidad. Emparentan, adrede o sin querer, política con delito cuando es preciso marcar una frontera entre ellos. No entender eso, en vez de entusiasmo cívico, puede profundizar el enfado y la decepción ciudadana cuando la desesperación la tienta.
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El primer cuatrimestre del año se fue y, con él, la posibilidad de concretar las reformas fiscal y laboral que le daban perspectiva al país. La reforma política todavía tiene oportunidad y puede contribuir a garantizar la elección, igual que el nombramiento cuidadoso y responsable de los consejeros electorales. Corre el tiempo y no hay tiempo. Urge que las nuevas direcciones partidistas se consoliden y se acerquen entre sí para asegurar la elección, darle garantías a los elegibles y a los electores y una oportunidad a la democracia y al Estado de derecho.
La próxima elección presidencial no es una más, es distinta a las anteriores. Si, en verdad, los precandidatos sienten tener la talla para tomar las riendas del país no pueden perder de vista que esta vez no sólo se juega la residencia de Los Pinos, sino también el hogar de los mexicanos.
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Fecha de publicación: 23 abril 2011