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Las instituciones ofendidas
Rafael Cardona | Opinión 2011-06-19 | Hora de creación: 23:59:52| Ultima modificación: 00:27:24
Triste la semana anterior
Los diversos sucesos nos dejaron un sedimento de amargor, de frustración interminable no tanto por los hechos en sí mismos sino por la evidencia de cómo paso a paso se destruyen las posibilidades de una ordenada conducción de los asuntos públicos y hasta de los privados y de cómo la mala calidad profesional también conspira contra el mejoramiento nacional. Es otra forma del subdesarrollo.
En muy pocos días demasiadas instituciones (¡Oh!, “las instituciones” ante cuya majestad hace años alguien se permitió proponer al diablo como su destinatario) han quedado manchadas o al menos señaladas por su ineficiencia o su presumible corrupción, según el caso.
La realidad no ha dejado títere con cabeza.
Podríamos comenzar con el aprovechamiento aleve de la máxima de las instituciones nacionales, la presidencia de la República y volver así sea nada más como una referencia al ya célebre discurso de Stanford, en el cual don Felipe Calderón utilizó recursos y medios del Ejecutivo para ofrecer a estudiantes de otro país una alocución entre la confidencia personal y la propaganda contra sus adversarios políticos e ideológicos.
No tiene caso ahora explicar (ya ha sido explicado) el efecto de sus palabras. Cuando FCH condenaba el pasado de un partido dominante cuya hegemonía logró controlar a los medios de información y hasta los conciertos de rock and roll o masacrar y desaparecer ciudadanos, estaba repitiendo —sin decirlo, de modo subyacente— las históricas reclamaciones y condenas contra el Ejército mexicano.
—¿Quién si no él ejecutaba las órdenes de masacres y desaparecidos en la guerra sucia? No fueron de seguro ni los “Boy scouts” ni las monjas del “Verbo encarnado”, ¿verdad?
Tardía cuanto innecesaria (y quizá inconsciente) alusión a la conducta del cuerpo castrense en el cual se apoya desde 2006 la única política visible de este gobierno. El resto de sus acciones no son de tanta trascendencia histórica, son en todo caso programas de trabajo naturales en el cargo.
Así pues vemos el primer desgaste innecesario de la institución suprema y de paso el tallón a las fuerzas armadas cuyo obligado y nunca solicitado papel en el caso Hank ha sido todavía más grave. Circunstancia en la cual, justo es decirlo, las FFAA no tienen responsabilidad directa pues ya se sabe cómo actúan los ejércitos, mediante el acatamiento pleno de la autoridad superior y el deber de la obediencia.
Pero para el expediente castrense quedan estas palabras de la juez Parra García: la versión de los militares en el allanamiento y la aprehensión de Jorge Hank discrepan en los hechos, lo cual demuestra claramente una vez más lo incompatible de la naturaleza castrense con las pesquisas policiacas.
* * * * * * * * * * * * * * *
Pero el desgaste institucional se ahondó con otros actores paralelos.
La subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Patricia Bugarín, al talante de su extrañeza, se erigió en defensora no sólo de su jefa, la procuradora Marisela Morales, sino de la pureza del Ministerio Público, y la emprendió contra la juez cuya determinación liberó a Jorge Hank
Como se sabe las consideraciones del fallo fueron hechas del conocimiento público y el Consejo de la Judicatura dio cuenta de ello. Eso fue suficiente para la crítica de la maestra Bugarín quien además de anunciar la apelación dijo lo siguiente:
“Me sorprende mucho escuchar un comunicado del Consejo de la Judicatura porque es un órgano que tiene que observar cuestiones administrativas, me sorprende que dé una validez a la decisión de la juez.
“Es válido que lo haga pero también es procedente que cualquiera de las partes pueda proceder a una segunda instancia”.
Entonces Carlos Avilés Allende, vocero del dicho Consejo, leyó toda la cartilla frente a la subprocuradora a quien le contestó con firmeza:
“El Consejo de la Judicatura Federal no se ha pronunciado ni se pronuncia sobre el contenido de ninguna sentencia de algún juzgado o tribunal federal… la información sobre el caso Hank la ha dado a conocer, en un acto de transparencia, la juez novena de Distrito en el Estado de Baja California con residencia en Tijuana, Blanca Evelia Parra Meza…
“…quizá le sorprende a la subprocuradora es que (sic) entramos a una etapa de mayor transparencia donde en el Consejo de la Judicatura se comprende la importancia de transparentar las decisiones de los jueces”, y externó a su vez la extrañeza propia ante la extrañeza ajena:
“…lo que sorprende es el comentario de la subprocuradora, en particular porque la Procuraduría General de la República, prácticamente todos los días, se encarga de difundir las decisiones de juzgados y tribunales federales, en primera o segunda instancia, o en su fase inicial o intermedia”.
Dimes y diretes detrás de los cuales no queda sino un sentimiento generalizado: la Procuraduría General de la República no hizo bien su trabajo, como tampoco lo hicieron correctamente otras áreas del gobierno, como luego veremos y ahora busca tapar con más ruido el estrépito de su fracaso.
En el recuento de las instituciones lastimadas, ya van tres: la Presidencia, el Ejército y la Procuraduría General de la República. Pero las cosas son peores.
* * * * * * * * * * * * * * *
En la galería nacional de personajes irrepetibles, México tiene a un obispo peculiar. Onésimo Cepeda, se llama.
No se podría decir de él, varón de santidad.
Más bien, mundano ejemplo de cómo algunos de los votos clericales no son sino meros adornos en la ordenación sacerdotal, como esa zarandaja de la pobreza cristiana.
Pues bien, el señor obispo, quien alterna la barrera taurina con la cátedra ecatepense, se ha metido en todos los argüendes posibles y en su haber lleva la inexplicable circunstancia de haber propalado su generosidad de prestarle más de cien millones de dólares en dinero contante y sonante a la ya difunta señora Olga Azcárraga, en un enredo de pías fundaciones y pinturas deslumbrantes además de extremadamente valiosas.
Como todos sabemos Onésimo ha sido protegido por la justicia federal mediante un amparo definitivo concedido por los magistrados José Pablo Pérez Villalba y Manuel Barraibar Constantino quienes habrían sido persuadidos por el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Valls, quien en magnífico sarao departió con notables miembros de la clase política y hasta el mismo señor obispo cuyo caso por esos días se ventilaba.
Al menos esas son las inferencias del abogado Xavier Olea representante de los intereses de la firma “Arthinia Internacional” y para quien los nexos son claros como el agua y el tráfico de influencias simple y visible tanto como la condición de “ratero” con la cual califica al pastor de alma, el ya conocido obispo Onésimo Cepeda.
Pero más allá de los asuntos de la barandilla o el juzgado o la Suprema Corte, algo queda tan claro como el lodo: la Santa Madre Iglesia metida en asuntos de falsificación de firmas, fraudes maquinados, amparos y leguleyos funámbulos en plena exhibición no de caridad cristiana sino de vulgar y opulenta simonía.
Otra institución raspada. Ya llevamos cinco: la Presidencia, el Ejército, la Procuraduría, la Corte y la Iglesia.
* * * * * * * * * * * * * * *
Pero no terminan ahí los quebrantos de la patria.
En plena lucha contra el narcotráfico y por derivación de todas sus conducta similares, entre las cuales se ha puesto (indebidamente para mi criterio) el dopaje deportivo (para usar el anglicismo derivado de “to dope”), una de las más sacrosantas instituciones nacionales, el refugio de nuestras penas, el vaso de nuestras esperanzas, el cáliz de nuestros anhelos, la Selección Nacional, se ve inmiscuida en un asunto triste por cinco de sus estrellas (buenos muchachos, ha dicho de ellos el señor Presidente), cuyos fluidos ofrecieron rastros de clembuterol, la misma sustancia prohibida por la cual el pedalista hispano Alberto Contador fue expulsado del paraíso de la pureza ciclista.
“La Federación Mexicana de Futbol (FMF) recibió desde la semana pasada los resultados de los niveles de clembuterol encontrados la sangre de los cinco seleccionados mexicanos. El más bajo fue Christian Bermúdez, con 0.6 nanogramos(ng) por mililitro (ml), y el más alto Antonio Naelson Sinha, con 4.2.
“El resultado de los cinco futbolistas mostró niveles superiores al que registró el ciclista español Alberto Contador, que registró 50 picogramos (equivalente a 0.05 nanogramos)”.
En esas condiciones la discusión se ha distorsionado. Los hombres del pantalón largo atribuyen la evidencia del dopaje (ellos le llaman intoxicación) a las malas artes del carnicero proveedor de alimentos para sus concentraciones, pero para dejar esas huellas, cada uno de los balompedistas debería haberse jamado una res entera durante varios días.
“No os hagáis”, dice el laboratorio.
Ya no se trata de ver quién es responsable, si quien dopa por la vaca o la vaca por dopar, pero aquí las cosas quedan claras: una vez más la Selección Nacional se ve inmiscuida en problemas de mala conducta pues cuando no son los “cachirulazos” son los “intoxicados” o los francamente dopados como Salvador Carmona y Aarón Galindo hace seis años.
En esas condiciones ya no queda mucho para alimentar la confianza, ofrecerle albergue a la certeza ni pasto a la esperanza. Ni la iglesia, ni la Selección, ni la justicia, ni el Ministerio Público; nadie se salva.
O vivimos en el pantano o todo esto no son sino lucubraciones insomnes de un columnista a punto de soportar el día del Padre.
racarsa@hotmail.com
Rafael Cardona | Opinión 2011-06-19 | Hora de creación: 23:59:52| Ultima modificación: 00:27:24
Triste la semana anterior
Los diversos sucesos nos dejaron un sedimento de amargor, de frustración interminable no tanto por los hechos en sí mismos sino por la evidencia de cómo paso a paso se destruyen las posibilidades de una ordenada conducción de los asuntos públicos y hasta de los privados y de cómo la mala calidad profesional también conspira contra el mejoramiento nacional. Es otra forma del subdesarrollo.
En muy pocos días demasiadas instituciones (¡Oh!, “las instituciones” ante cuya majestad hace años alguien se permitió proponer al diablo como su destinatario) han quedado manchadas o al menos señaladas por su ineficiencia o su presumible corrupción, según el caso.
La realidad no ha dejado títere con cabeza.
Podríamos comenzar con el aprovechamiento aleve de la máxima de las instituciones nacionales, la presidencia de la República y volver así sea nada más como una referencia al ya célebre discurso de Stanford, en el cual don Felipe Calderón utilizó recursos y medios del Ejecutivo para ofrecer a estudiantes de otro país una alocución entre la confidencia personal y la propaganda contra sus adversarios políticos e ideológicos.
No tiene caso ahora explicar (ya ha sido explicado) el efecto de sus palabras. Cuando FCH condenaba el pasado de un partido dominante cuya hegemonía logró controlar a los medios de información y hasta los conciertos de rock and roll o masacrar y desaparecer ciudadanos, estaba repitiendo —sin decirlo, de modo subyacente— las históricas reclamaciones y condenas contra el Ejército mexicano.
—¿Quién si no él ejecutaba las órdenes de masacres y desaparecidos en la guerra sucia? No fueron de seguro ni los “Boy scouts” ni las monjas del “Verbo encarnado”, ¿verdad?
Tardía cuanto innecesaria (y quizá inconsciente) alusión a la conducta del cuerpo castrense en el cual se apoya desde 2006 la única política visible de este gobierno. El resto de sus acciones no son de tanta trascendencia histórica, son en todo caso programas de trabajo naturales en el cargo.
Así pues vemos el primer desgaste innecesario de la institución suprema y de paso el tallón a las fuerzas armadas cuyo obligado y nunca solicitado papel en el caso Hank ha sido todavía más grave. Circunstancia en la cual, justo es decirlo, las FFAA no tienen responsabilidad directa pues ya se sabe cómo actúan los ejércitos, mediante el acatamiento pleno de la autoridad superior y el deber de la obediencia.
Pero para el expediente castrense quedan estas palabras de la juez Parra García: la versión de los militares en el allanamiento y la aprehensión de Jorge Hank discrepan en los hechos, lo cual demuestra claramente una vez más lo incompatible de la naturaleza castrense con las pesquisas policiacas.
* * * * * * * * * * * * * * *
Pero el desgaste institucional se ahondó con otros actores paralelos.
La subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Patricia Bugarín, al talante de su extrañeza, se erigió en defensora no sólo de su jefa, la procuradora Marisela Morales, sino de la pureza del Ministerio Público, y la emprendió contra la juez cuya determinación liberó a Jorge Hank
Como se sabe las consideraciones del fallo fueron hechas del conocimiento público y el Consejo de la Judicatura dio cuenta de ello. Eso fue suficiente para la crítica de la maestra Bugarín quien además de anunciar la apelación dijo lo siguiente:
“Me sorprende mucho escuchar un comunicado del Consejo de la Judicatura porque es un órgano que tiene que observar cuestiones administrativas, me sorprende que dé una validez a la decisión de la juez.
“Es válido que lo haga pero también es procedente que cualquiera de las partes pueda proceder a una segunda instancia”.
Entonces Carlos Avilés Allende, vocero del dicho Consejo, leyó toda la cartilla frente a la subprocuradora a quien le contestó con firmeza:
“El Consejo de la Judicatura Federal no se ha pronunciado ni se pronuncia sobre el contenido de ninguna sentencia de algún juzgado o tribunal federal… la información sobre el caso Hank la ha dado a conocer, en un acto de transparencia, la juez novena de Distrito en el Estado de Baja California con residencia en Tijuana, Blanca Evelia Parra Meza…
“…quizá le sorprende a la subprocuradora es que (sic) entramos a una etapa de mayor transparencia donde en el Consejo de la Judicatura se comprende la importancia de transparentar las decisiones de los jueces”, y externó a su vez la extrañeza propia ante la extrañeza ajena:
“…lo que sorprende es el comentario de la subprocuradora, en particular porque la Procuraduría General de la República, prácticamente todos los días, se encarga de difundir las decisiones de juzgados y tribunales federales, en primera o segunda instancia, o en su fase inicial o intermedia”.
Dimes y diretes detrás de los cuales no queda sino un sentimiento generalizado: la Procuraduría General de la República no hizo bien su trabajo, como tampoco lo hicieron correctamente otras áreas del gobierno, como luego veremos y ahora busca tapar con más ruido el estrépito de su fracaso.
En el recuento de las instituciones lastimadas, ya van tres: la Presidencia, el Ejército y la Procuraduría General de la República. Pero las cosas son peores.
* * * * * * * * * * * * * * *
En la galería nacional de personajes irrepetibles, México tiene a un obispo peculiar. Onésimo Cepeda, se llama.
No se podría decir de él, varón de santidad.
Más bien, mundano ejemplo de cómo algunos de los votos clericales no son sino meros adornos en la ordenación sacerdotal, como esa zarandaja de la pobreza cristiana.
Pues bien, el señor obispo, quien alterna la barrera taurina con la cátedra ecatepense, se ha metido en todos los argüendes posibles y en su haber lleva la inexplicable circunstancia de haber propalado su generosidad de prestarle más de cien millones de dólares en dinero contante y sonante a la ya difunta señora Olga Azcárraga, en un enredo de pías fundaciones y pinturas deslumbrantes además de extremadamente valiosas.
Como todos sabemos Onésimo ha sido protegido por la justicia federal mediante un amparo definitivo concedido por los magistrados José Pablo Pérez Villalba y Manuel Barraibar Constantino quienes habrían sido persuadidos por el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Valls, quien en magnífico sarao departió con notables miembros de la clase política y hasta el mismo señor obispo cuyo caso por esos días se ventilaba.
Al menos esas son las inferencias del abogado Xavier Olea representante de los intereses de la firma “Arthinia Internacional” y para quien los nexos son claros como el agua y el tráfico de influencias simple y visible tanto como la condición de “ratero” con la cual califica al pastor de alma, el ya conocido obispo Onésimo Cepeda.
Pero más allá de los asuntos de la barandilla o el juzgado o la Suprema Corte, algo queda tan claro como el lodo: la Santa Madre Iglesia metida en asuntos de falsificación de firmas, fraudes maquinados, amparos y leguleyos funámbulos en plena exhibición no de caridad cristiana sino de vulgar y opulenta simonía.
Otra institución raspada. Ya llevamos cinco: la Presidencia, el Ejército, la Procuraduría, la Corte y la Iglesia.
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Pero no terminan ahí los quebrantos de la patria.
En plena lucha contra el narcotráfico y por derivación de todas sus conducta similares, entre las cuales se ha puesto (indebidamente para mi criterio) el dopaje deportivo (para usar el anglicismo derivado de “to dope”), una de las más sacrosantas instituciones nacionales, el refugio de nuestras penas, el vaso de nuestras esperanzas, el cáliz de nuestros anhelos, la Selección Nacional, se ve inmiscuida en un asunto triste por cinco de sus estrellas (buenos muchachos, ha dicho de ellos el señor Presidente), cuyos fluidos ofrecieron rastros de clembuterol, la misma sustancia prohibida por la cual el pedalista hispano Alberto Contador fue expulsado del paraíso de la pureza ciclista.
“La Federación Mexicana de Futbol (FMF) recibió desde la semana pasada los resultados de los niveles de clembuterol encontrados la sangre de los cinco seleccionados mexicanos. El más bajo fue Christian Bermúdez, con 0.6 nanogramos(ng) por mililitro (ml), y el más alto Antonio Naelson Sinha, con 4.2.
“El resultado de los cinco futbolistas mostró niveles superiores al que registró el ciclista español Alberto Contador, que registró 50 picogramos (equivalente a 0.05 nanogramos)”.
En esas condiciones la discusión se ha distorsionado. Los hombres del pantalón largo atribuyen la evidencia del dopaje (ellos le llaman intoxicación) a las malas artes del carnicero proveedor de alimentos para sus concentraciones, pero para dejar esas huellas, cada uno de los balompedistas debería haberse jamado una res entera durante varios días.
“No os hagáis”, dice el laboratorio.
Ya no se trata de ver quién es responsable, si quien dopa por la vaca o la vaca por dopar, pero aquí las cosas quedan claras: una vez más la Selección Nacional se ve inmiscuida en problemas de mala conducta pues cuando no son los “cachirulazos” son los “intoxicados” o los francamente dopados como Salvador Carmona y Aarón Galindo hace seis años.
En esas condiciones ya no queda mucho para alimentar la confianza, ofrecerle albergue a la certeza ni pasto a la esperanza. Ni la iglesia, ni la Selección, ni la justicia, ni el Ministerio Público; nadie se salva.
O vivimos en el pantano o todo esto no son sino lucubraciones insomnes de un columnista a punto de soportar el día del Padre.
racarsa@hotmail.com