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La PGR no investiga el 95% de ejecuciones del crimen organizado
Daniel Blancas Madrigal | Nacional Miércoles 8 de Abril, 2009 | Hora de creación: 01:54| Ultima modificación: 02:43
Reporte. En Chihuahua hubo el año pasado mil 800 homicidios y sólo 40 fueron investigados por la PGR. Foto: EFE.
El 95% de las ejecuciones atribuibles al crimen organizado en el país no son investigadas, de acuerdo con datos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, los cuales fueron enviados ya al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
La Procuraduría General de la República sólo atrae para su indagatoria entre el 2 y el 5% de los homicidios de alto impacto, según el estado de que se trate.
En 28 meses del gobierno calderonista, las averiguaciones previas por estos delitos no superan las 500, aun cuando los casos suman más de 10 mil.
En entidades como Baja California Norte, gobernada por el panista José Guadalupe Osuna Millán, las atracciones de la PGR sí alcanzan el 5% del total de ejecutados; en contraste, en entidades como Chihuahua, al mando del priista José Reyes Baeza, las diligencias federales no superan el 2% del global.
El porcentaje fluctúa en ese rango en el resto de los estados con mayor índice de violencia y donde se han tenido que aplicar operativos conjuntos, como Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Durango, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, Chiapas, Campeche y Tabasco.
La falta de investigación, según los reportes, se deriva de la renuencia de la PGR a realizar pesquisas sobre un delito como el homicidio, que en el papel pertenece al fuero común.
Los gobiernos estatales, basados en informes de sus procuradurías generales de justicia, argumentan que por el modo de operación utilizado en las ejecuciones, se reúnen los requisitos para la atracción e indagatoria de la PGR.
Se trata, en la mayoría de los casos, de multihomicidios o de ejecuciones con armas de alto poder (de guerra y uso exclusivo del Ejército), en donde las víctimas tienen antecedentes delictivos o vinculación directa con bandas organizadas.
“Estas acciones están tipificadas en la ley como propias del crimen organizado, por lo que la PGR debería ejercer su facultad de atracción”.
Según los últimos datos revelados por el procurador Eduardo Medina-Mora, de diciembre de 2006 —cuando tomó posesión Felipe Calderón— a marzo de este año, se registraron en México 10 mil 657 muertes violentas relacionadas con el tráfico de drogas. Nueve de cada 10 son imputables a integrantes de las diversas organizaciones de delincuencia organizada que operan en nuestro país.
De entre este número total de homicidios, se han abierto expedientes a nivel federal sólo por poco más de 500.
Uno de los estados con más rezagos en este rubro es Chihuahua, donde tan sólo el año pasado hubo mil 800 homicidios con estas características y sólo alrededor de 40 fueron investigados por la PGR.
El gobernador Reyes Baeza ha acusado a la dependencia federal de abandonar el estado, de ser omisa y de endosar su trabajo a las procuradurías locales. Incluso ordenó a su Ministerio Público no investigar casos que estén fuera de su ámbito de competencia y que le corresponden de manera exclusiva a la PGR.
Aunque los cálculos oficiales refieren 10 mil 657 ejecuciones en 28 meses (alrededor de mil 600 en los tres primeros meses de 2009), otras organizaciones civiles hablan de cerca de 13 mil en lo que va de la actual administración.
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=425179
Daniel Blancas Madrigal | Nacional Miércoles 8 de Abril, 2009 | Hora de creación: 01:54| Ultima modificación: 02:43
Reporte. En Chihuahua hubo el año pasado mil 800 homicidios y sólo 40 fueron investigados por la PGR. Foto: EFE.
El 95% de las ejecuciones atribuibles al crimen organizado en el país no son investigadas, de acuerdo con datos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, los cuales fueron enviados ya al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
La Procuraduría General de la República sólo atrae para su indagatoria entre el 2 y el 5% de los homicidios de alto impacto, según el estado de que se trate.
En 28 meses del gobierno calderonista, las averiguaciones previas por estos delitos no superan las 500, aun cuando los casos suman más de 10 mil.
En entidades como Baja California Norte, gobernada por el panista José Guadalupe Osuna Millán, las atracciones de la PGR sí alcanzan el 5% del total de ejecutados; en contraste, en entidades como Chihuahua, al mando del priista José Reyes Baeza, las diligencias federales no superan el 2% del global.
El porcentaje fluctúa en ese rango en el resto de los estados con mayor índice de violencia y donde se han tenido que aplicar operativos conjuntos, como Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Durango, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, Chiapas, Campeche y Tabasco.
La falta de investigación, según los reportes, se deriva de la renuencia de la PGR a realizar pesquisas sobre un delito como el homicidio, que en el papel pertenece al fuero común.
Los gobiernos estatales, basados en informes de sus procuradurías generales de justicia, argumentan que por el modo de operación utilizado en las ejecuciones, se reúnen los requisitos para la atracción e indagatoria de la PGR.
Se trata, en la mayoría de los casos, de multihomicidios o de ejecuciones con armas de alto poder (de guerra y uso exclusivo del Ejército), en donde las víctimas tienen antecedentes delictivos o vinculación directa con bandas organizadas.
“Estas acciones están tipificadas en la ley como propias del crimen organizado, por lo que la PGR debería ejercer su facultad de atracción”.
Según los últimos datos revelados por el procurador Eduardo Medina-Mora, de diciembre de 2006 —cuando tomó posesión Felipe Calderón— a marzo de este año, se registraron en México 10 mil 657 muertes violentas relacionadas con el tráfico de drogas. Nueve de cada 10 son imputables a integrantes de las diversas organizaciones de delincuencia organizada que operan en nuestro país.
De entre este número total de homicidios, se han abierto expedientes a nivel federal sólo por poco más de 500.
Uno de los estados con más rezagos en este rubro es Chihuahua, donde tan sólo el año pasado hubo mil 800 homicidios con estas características y sólo alrededor de 40 fueron investigados por la PGR.
El gobernador Reyes Baeza ha acusado a la dependencia federal de abandonar el estado, de ser omisa y de endosar su trabajo a las procuradurías locales. Incluso ordenó a su Ministerio Público no investigar casos que estén fuera de su ámbito de competencia y que le corresponden de manera exclusiva a la PGR.
Aunque los cálculos oficiales refieren 10 mil 657 ejecuciones en 28 meses (alrededor de mil 600 en los tres primeros meses de 2009), otras organizaciones civiles hablan de cerca de 13 mil en lo que va de la actual administración.
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=425179
Y la PGR es responsabilidad exclusiva del presidente de la república.
Y tienen el cinismo de negar que hay un estado fallido.
