domingo, 6 de enero de 2013
El 1er. mes de Peña: ¿Despeñadero?
Por Rodolfo Soriano Nuñez
Ha transcurrido, completo, el primer mes del gobierno de Enrique Peña Nieto y los problemas empiezan a acumularse. Es cierto, se lograron resolver de mejor manera problemas que los gobiernos de Fox y Calderón, e incluso de Zedillo, no lograron resolver. El presupuesto para este año se aprobó con relativa calma y las reformas que Peña ha solicitado al Congreso se han logrado sin los sobresaltos que caracterizaron las discusiones de casi cualquier reforma en los 15 años previos.
Sin embargo, los muertos siguen apilándose en las calles de distintas ciudades de la República. El operativo en el que murieron doce civiles en Zacatecas es paradigmático en este sentido. Quedó claro, por una parte, que los errores, dislates y contradicciones que afectaron tanto al gobierno federal durante la administración anterior continúan. Y dado que no es la primera vez que tropezamos con esa piedra, más que una simple continuación de lo que existía previamente nos enfrentamos a una situación peor.
No sólo demuestra que no se aprendió de los errores del calderonismo. Demuestra que hay una tendencia, una inercia, muy grave que hace que las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y, dada la desaparición de la de Seguridad Pública, la de Gobernación se encaminen a regresar al mismo callejón sin salida en el que el país se encontró en repetidas ocasiones durante el gobierno de Calderón.
Los que hemos seguido con algún grado de detalle la situación, ya nos sabemos el guión de memoria. Ocurre una tragedia, las dependencias del gobierno federal muestran sus diversos grados de ineptitud y descoordinación y empieza un ciclo de críticas al gobierno federal. El gobierno federal enarbola las banderas de la discusión “técnica y científica, ajena a los intereses partidistas” del problema de la violencia pero, por diferentes razones, extirpa ese problema del contexto más amplio en el que ocurre.
En lugar de ver a la violencia como el resultado del fracaso de las políticas de desarrollo social y económico, como el hecho que en México 30 millones de personas sobrevivan en el subempleo, (véase también aquí) y de las de seguridad pública y nacional, trata de aislar el problema de modo que nos perdamos en la discusión de si la violencia es resultado de los reacomodos entre los grupos de narcotraficantes o si es simplemente la reacción inevitable de las fuerzas de seguridad del Estado a narcotraficantes que se resisten a someterse al imperio de la ley.
A esa comprensión del problema de la violencia contribuyen, desde luego, las visiones autoritarias y distantes de las agencias de seguridad nacional y seguridad pública de Estados Unidos (véase también aquí), así como el complejo militar-policiaco-analítico representado de manera ejemplar por Stratfor, la consultora que pomposamente ofrece servicios de inteligencia, pero que fue incapaz de impedir que unos hackers violaran los sistemas de seguridad de si sitio de Internet. ¡Valiente inteligencia!
Como esos argumentos sólo convencen a los incondicionales del gobierno en turno y las críticas continúan; el gobierno en turno replica con el “argumento” favorito del calderonismo: si no les gusta lo que hago, propongan (véase también aquí).
Y el problema es que las propuestas ahí están. Las han hecho desde organizaciones que se centran fundamentalmente en el problema del combate a la delincuencia, como México Unido Contra la Delincuencia, hasta organizaciones e instituciones que adoptan visiones más integrales del problema, como los que hablan de la necesidad de legalizar el consumo, producción y distribución de la mariguana o los que, desde la lógica del desarrollo social, insisten en que mientras no existan suficientes oportunidades para que las personas trabajen y desarrollen plenamente sus capacidades, de nada servirá que se desarrollen estrategias sofisticadas de combate a la delincuencia.
Las propuestas las han hecho universidades públicas y privadas. Las han elaborado movimientos como el que encabeza, para bien, Javier Sicilia, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, hasta los comuneros de Cherán, las iglesias de distintas denominaciones, e inclusive académicos en solitario.
El problema no es, en estricto sentido, de si hay o no propuestas distintas a las del gobierno en turno. Tampoco creo que sea un asunto exclusivamente de voluntad política. El gobierno de Peña seguramente quisiera olvidarse de la herencia perversa de Calderón, la guerra contra las drogas, pero los ciclos de violencia que la ineptitud de Calderón desató siguen activos—como en el caso de Michoacán y Guerrero—y no es posible imaginar cuándo o cómo podrán cerrarse esos ciclos.
Quizás incluso se desee atacar el problema de fondo, la falta de oportunidades, pero no hay los recursos suficientes para hacerlo en el corto plazo. En este punto, sin embargo, me parece que el problema no es sólo de disponibilidad de los recursos. Es más bien de los modelos de desarrollo con los que el gobierno federal y los gobiernos de los estados se comprometen.
Los casos de Coahuila pero, sobre todo, de Chiapas, son paradigmáticos en este sentido. Chiapas hubiera podido aprovechar de mejor manera los fondos que el gobierno de Juan Sabines destinó a proyectos demenciales y contradictorios ya desde su título, como el de las “ciudades rurales”, pero varios factores se conjugaron para que, en lugar de generar oportunidades de desarrollo y empleo, con la producción de alimentos, en las comunidades rurales de Chiapas, se prefiriera forzar el poblamiento de lo que ahora, a la vuelta de menos de cinco años, más que ciudades rurales son, con toda propiedad, ciudades-fantasma.
En este sentido, además de lo que todavía nos debe Rosario Robles en términos de la redefinición de la política de desarrollo social, estamos a la espera de que Enrique Peña y Miguel Ángel Osorio Chong quiebren ya el ciclo que existió en México antes de Calderón, basta recordar la manera en que se empezó a usar en los 1980 al Ejército en la lucha contra el narco.
En estricto sentido, uno de los pocos méritos que tuvo el gobierno de Fox es que reconoció que NO iba a ganar ahí donde los gobiernos del PRI perdieron al permitir e incluso facilitar que los militares se corrompieran por hacerlos responsables del combate al narco (recordemos, por ejemplo, la historia del general Jesús Gutiérrez Rebollo).
Fox entendió que no podía ganar esa guerra y, quizás por eso es que ocurrió la fuga del Chapo Guzmán de un penal en Jalisco, estado gobernado por el PAN. El principal error de Calderón fue, soberbio y desdeñoso como es, el creer que él podría triunfar fácilmente ahí donde Salinas, Zedillo y Fox habían fracasado.
La luna de miel de Peña se acabará muy pronto. Si el plazo es el cabalístico número 100, ya sólo le quedan 65 días de luna de miel. Y no se advierte un cambio de fondo. El primer documento que Gobernación publicó, el Seguimiento del 1 al 31 de diciembre de 2012 de la estrategia de seguridad del gobierno federal, es un monumental lugar común en el que volvemos a ver las cifras de detenidos, muertos, decomisos e incautaciones que, lejos de probar que vayamos mejor, sólo comprueban que las cosas siguen mal.
Hay un riesgo adicional, que el Partido Acción Nacional lejos de reconocer los errores que cometió al sostener contra viento y marea la estrategia de Calderón, empiece a decir, como lo dijo Diego Fernández de Ceballos en la entrevista con Margarita García Colín en Radio 13, que el hecho que los muertos sigan acumulándose, es prueba que el error no fue de Calderón.
Si esa idea termina por legitimarse, lo que podría ocurrir en México es que ingresemos en un ciclo muy largo de violencia que pase del ámbito de lo puramente criminal al político. A nadie el conviene eso.
Comentario de la serie
Crítica de la pirámide.
Leído el 5 de enero de 2013
en el programa
Radio Trece Noticias con
Margarita García Colín
El 1er. mes de Peña: ¿Despeñadero?
Por Rodolfo Soriano Nuñez
Ha transcurrido, completo, el primer mes del gobierno de Enrique Peña Nieto y los problemas empiezan a acumularse. Es cierto, se lograron resolver de mejor manera problemas que los gobiernos de Fox y Calderón, e incluso de Zedillo, no lograron resolver. El presupuesto para este año se aprobó con relativa calma y las reformas que Peña ha solicitado al Congreso se han logrado sin los sobresaltos que caracterizaron las discusiones de casi cualquier reforma en los 15 años previos.
Sin embargo, los muertos siguen apilándose en las calles de distintas ciudades de la República. El operativo en el que murieron doce civiles en Zacatecas es paradigmático en este sentido. Quedó claro, por una parte, que los errores, dislates y contradicciones que afectaron tanto al gobierno federal durante la administración anterior continúan. Y dado que no es la primera vez que tropezamos con esa piedra, más que una simple continuación de lo que existía previamente nos enfrentamos a una situación peor.
No sólo demuestra que no se aprendió de los errores del calderonismo. Demuestra que hay una tendencia, una inercia, muy grave que hace que las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y, dada la desaparición de la de Seguridad Pública, la de Gobernación se encaminen a regresar al mismo callejón sin salida en el que el país se encontró en repetidas ocasiones durante el gobierno de Calderón.
Los que hemos seguido con algún grado de detalle la situación, ya nos sabemos el guión de memoria. Ocurre una tragedia, las dependencias del gobierno federal muestran sus diversos grados de ineptitud y descoordinación y empieza un ciclo de críticas al gobierno federal. El gobierno federal enarbola las banderas de la discusión “técnica y científica, ajena a los intereses partidistas” del problema de la violencia pero, por diferentes razones, extirpa ese problema del contexto más amplio en el que ocurre.
En lugar de ver a la violencia como el resultado del fracaso de las políticas de desarrollo social y económico, como el hecho que en México 30 millones de personas sobrevivan en el subempleo, (véase también aquí) y de las de seguridad pública y nacional, trata de aislar el problema de modo que nos perdamos en la discusión de si la violencia es resultado de los reacomodos entre los grupos de narcotraficantes o si es simplemente la reacción inevitable de las fuerzas de seguridad del Estado a narcotraficantes que se resisten a someterse al imperio de la ley.
A esa comprensión del problema de la violencia contribuyen, desde luego, las visiones autoritarias y distantes de las agencias de seguridad nacional y seguridad pública de Estados Unidos (véase también aquí), así como el complejo militar-policiaco-analítico representado de manera ejemplar por Stratfor, la consultora que pomposamente ofrece servicios de inteligencia, pero que fue incapaz de impedir que unos hackers violaran los sistemas de seguridad de si sitio de Internet. ¡Valiente inteligencia!
Como esos argumentos sólo convencen a los incondicionales del gobierno en turno y las críticas continúan; el gobierno en turno replica con el “argumento” favorito del calderonismo: si no les gusta lo que hago, propongan (véase también aquí).
Y el problema es que las propuestas ahí están. Las han hecho desde organizaciones que se centran fundamentalmente en el problema del combate a la delincuencia, como México Unido Contra la Delincuencia, hasta organizaciones e instituciones que adoptan visiones más integrales del problema, como los que hablan de la necesidad de legalizar el consumo, producción y distribución de la mariguana o los que, desde la lógica del desarrollo social, insisten en que mientras no existan suficientes oportunidades para que las personas trabajen y desarrollen plenamente sus capacidades, de nada servirá que se desarrollen estrategias sofisticadas de combate a la delincuencia.
Las propuestas las han hecho universidades públicas y privadas. Las han elaborado movimientos como el que encabeza, para bien, Javier Sicilia, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, hasta los comuneros de Cherán, las iglesias de distintas denominaciones, e inclusive académicos en solitario.
El problema no es, en estricto sentido, de si hay o no propuestas distintas a las del gobierno en turno. Tampoco creo que sea un asunto exclusivamente de voluntad política. El gobierno de Peña seguramente quisiera olvidarse de la herencia perversa de Calderón, la guerra contra las drogas, pero los ciclos de violencia que la ineptitud de Calderón desató siguen activos—como en el caso de Michoacán y Guerrero—y no es posible imaginar cuándo o cómo podrán cerrarse esos ciclos.
Quizás incluso se desee atacar el problema de fondo, la falta de oportunidades, pero no hay los recursos suficientes para hacerlo en el corto plazo. En este punto, sin embargo, me parece que el problema no es sólo de disponibilidad de los recursos. Es más bien de los modelos de desarrollo con los que el gobierno federal y los gobiernos de los estados se comprometen.
Los casos de Coahuila pero, sobre todo, de Chiapas, son paradigmáticos en este sentido. Chiapas hubiera podido aprovechar de mejor manera los fondos que el gobierno de Juan Sabines destinó a proyectos demenciales y contradictorios ya desde su título, como el de las “ciudades rurales”, pero varios factores se conjugaron para que, en lugar de generar oportunidades de desarrollo y empleo, con la producción de alimentos, en las comunidades rurales de Chiapas, se prefiriera forzar el poblamiento de lo que ahora, a la vuelta de menos de cinco años, más que ciudades rurales son, con toda propiedad, ciudades-fantasma.
En este sentido, además de lo que todavía nos debe Rosario Robles en términos de la redefinición de la política de desarrollo social, estamos a la espera de que Enrique Peña y Miguel Ángel Osorio Chong quiebren ya el ciclo que existió en México antes de Calderón, basta recordar la manera en que se empezó a usar en los 1980 al Ejército en la lucha contra el narco.
En estricto sentido, uno de los pocos méritos que tuvo el gobierno de Fox es que reconoció que NO iba a ganar ahí donde los gobiernos del PRI perdieron al permitir e incluso facilitar que los militares se corrompieran por hacerlos responsables del combate al narco (recordemos, por ejemplo, la historia del general Jesús Gutiérrez Rebollo).
Fox entendió que no podía ganar esa guerra y, quizás por eso es que ocurrió la fuga del Chapo Guzmán de un penal en Jalisco, estado gobernado por el PAN. El principal error de Calderón fue, soberbio y desdeñoso como es, el creer que él podría triunfar fácilmente ahí donde Salinas, Zedillo y Fox habían fracasado.
La luna de miel de Peña se acabará muy pronto. Si el plazo es el cabalístico número 100, ya sólo le quedan 65 días de luna de miel. Y no se advierte un cambio de fondo. El primer documento que Gobernación publicó, el Seguimiento del 1 al 31 de diciembre de 2012 de la estrategia de seguridad del gobierno federal, es un monumental lugar común en el que volvemos a ver las cifras de detenidos, muertos, decomisos e incautaciones que, lejos de probar que vayamos mejor, sólo comprueban que las cosas siguen mal.
Hay un riesgo adicional, que el Partido Acción Nacional lejos de reconocer los errores que cometió al sostener contra viento y marea la estrategia de Calderón, empiece a decir, como lo dijo Diego Fernández de Ceballos en la entrevista con Margarita García Colín en Radio 13, que el hecho que los muertos sigan acumulándose, es prueba que el error no fue de Calderón.
Si esa idea termina por legitimarse, lo que podría ocurrir en México es que ingresemos en un ciclo muy largo de violencia que pase del ámbito de lo puramente criminal al político. A nadie el conviene eso.
Comentario de la serie
Crítica de la pirámide.
Leído el 5 de enero de 2013
en el programa
Radio Trece Noticias con
Margarita García Colín
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