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Del Inexistente Estado Mexicano Y La Realidad De Las Cosas
DEL INEXISTENTE ESTADO MEXICANO, Y LA REALIDAD DE LAS COSAS…
En cualquier otro país la administración de las calles es ciertamente poca cosa, excepto claro está en nuestro país, donde dicha administración requiere de un control muy eficiente de la turba lumpenipara que distribuya toda la mercancía [color=red]robada o pirateada y que además, se "caiga con su cuerno".
¿Si en nuestro país, no es posible aplicar la ley en el uso de las calles para administrarlas correctamente, realmente es posible que seamos capaces de administrar correctamente un bien tan importante como el petróleo?
La evidencia demuestra que no.
Escrito por el camarada IVan Ulianov:
A propósito de la inane violación legal que se apresta a cometer el chaquetas Ebrard con la simiconsulta popular en el D.F., José Woldenberg escribe lo siguiente:
ICita:
La dimensión legal. Los funcionarios públicos pueden hacer sólo aquello que les permita la ley, ,mientras que los ciudadanos pueden hacer lo que
Deseen, siempre y cuando no esté prohibido por la ley. Esa vieja conseja a la que los abogados llaman ”principio de legalidad,”` recoge uno de
Los núcleos duros de cualquier normatividad democrática: los gobernantes ( o legisladores o jueces) tienen asignadas sus facultades y ”ninguna
Buena razón” les permite rebasarlas Ello, para ofrecerle ¡s certeza a los ciudadanos y para evitar los excesos a los que tiende cualquier poder si no
Se le establecen límites. Por el lado de los ciudadanos el asunto es más claro aún: supone que éstos pueden ejercer la más amplia libertad y que
solo tienen como limitantes las que expresamente diseñe la ley
En otro contexto y a propósito de otro tema, Aguilar Camín recoge la siguiente descripción que
no por ser divertida, deja de ser espeluznante:
Cita:
El Estado y la Ciudad tienen una misma historia en cualquier parte. El Estado se expresa mediante la Ciudad.
Una ciudad consiste, básicamente, en un sistema de calles. Las calles sirven para ordenar el espacio común y el privado
Hacer una ciudad es una tarea legislativa descomunal : trama de leyes, reglamentos y ordenanzas que convierte al sistema de calles en un bien
público.
Lo que cualquiera puede apreciar a simple vista es que en la Ciudad de México no hay calles. Las que existen son con frecuencia intransitables y
ponen un orden más bien aproximativo, poco fiable. Su existencia como bienes públicos es dudosa, en el mejor de los casos intermitente.
Aunque parezca extraño, el resultado de todo ello no es un desorden irreparable. La anarquía es tan rara como la disciplina: lo que hay son formas son previsibles y bien arregladas de prepotencia.
Lo peculiar del caso [mexicano] es que el Estado no sea el más fuerte, que contra él se impongan muchos poderes , en particular dos enormes apara
tos políticos, el de los ambulantes y el del transporte colectivo
Los ambulantes deciden sobre el uso del suelo sin atender a otro criterio que su necesidad. Imponen límites, condiciones y servidumbres a la propie
dad con eficacia inalcanzable para las leyes.
Con parecido poder campean por sus respetos los dueños, administradores y conductores de los vehículos de transporte colectivo.
Cada quien usa la calle como mejor le conviene, como si fuese un bien mostrenco dispuesto para su apropiación particular.
Los funcionarios hacen otro tanto con la parte que les toca. Cuentan como recurso propio con las leyes, tanto más útiles cuanto más impracticables,
y les sucede lo mismo que a los políticos: lo último que querrían sería una ciudad ordenada.
No es extraño que seamos aficionados a la fantasía gigantesca del Estado. Mientras resulte creíble podrá disculparnos de casi todo. Sería francamen-
te desagradable, en cambio, tener que vernos reflejados en ese otro orden que hemos hecho entre todos.
A propósito de la inane violación legal que se apresta a cometer el chaquetas Ebrard con la simiconsulta popular en el D.F., José Woldenberg escribe lo siguiente:
ICita:
La dimensión legal. Los funcionarios públicos pueden hacer sólo aquello que les permita la ley, ,mientras que los ciudadanos pueden hacer lo que
Deseen, siempre y cuando no esté prohibido por la ley. Esa vieja conseja a la que los abogados llaman ”principio de legalidad,”` recoge uno de
Los núcleos duros de cualquier normatividad democrática: los gobernantes ( o legisladores o jueces) tienen asignadas sus facultades y ”ninguna
Buena razón” les permite rebasarlas Ello, para ofrecerle ¡s certeza a los ciudadanos y para evitar los excesos a los que tiende cualquier poder si no
Se le establecen límites. Por el lado de los ciudadanos el asunto es más claro aún: supone que éstos pueden ejercer la más amplia libertad y que
solo tienen como limitantes las que expresamente diseñe la ley
En otro contexto y a propósito de otro tema, Aguilar Camín recoge la siguiente descripción que
no por ser divertida, deja de ser espeluznante:Cita:
El Estado y la Ciudad tienen una misma historia en cualquier parte. El Estado se expresa mediante la Ciudad.
Una ciudad consiste, básicamente, en un sistema de calles. Las calles sirven para ordenar el espacio común y el privado
Hacer una ciudad es una tarea legislativa descomunal : trama de leyes, reglamentos y ordenanzas que convierte al sistema de calles en un bien
público.
Lo que cualquiera puede apreciar a simple vista es que en la Ciudad de México no hay calles. Las que existen son con frecuencia intransitables y
ponen un orden más bien aproximativo, poco fiable. Su existencia como bienes públicos es dudosa, en el mejor de los casos intermitente.
Aunque parezca extraño, el resultado de todo ello no es un desorden irreparable. La anarquía es tan rara como la disciplina: lo que hay son formas son previsibles y bien arregladas de prepotencia.
Lo peculiar del caso [mexicano] es que el Estado no sea el más fuerte, que contra él se impongan muchos poderes , en particular dos enormes apara
tos políticos, el de los ambulantes y el del transporte colectivo
Los ambulantes deciden sobre el uso del suelo sin atender a otro criterio que su necesidad. Imponen límites, condiciones y servidumbres a la propie
dad con eficacia inalcanzable para las leyes.
Con parecido poder campean por sus respetos los dueños, administradores y conductores de los vehículos de transporte colectivo.
Cada quien usa la calle como mejor le conviene, como si fuese un bien mostrenco dispuesto para su apropiación particular.
Los funcionarios hacen otro tanto con la parte que les toca. Cuentan como recurso propio con las leyes, tanto más útiles cuanto más impracticables,
y les sucede lo mismo que a los políticos: lo último que querrían sería una ciudad ordenada.
No es extraño que seamos aficionados a la fantasía gigantesca del Estado. Mientras resulte creíble podrá disculparnos de casi todo. Sería francamen-
te desagradable, en cambio, tener que vernos reflejados en ese otro orden que hemos hecho entre todos.
En cualquier otro país la administración de las calles es ciertamente poca cosa, excepto claro está en nuestro país, donde dicha administración requiere de un control muy eficiente de la turba lumpenipara que distribuya toda la mercancía [color=red]robada o pirateada y que además, se "caiga con su cuerno".
¿Si en nuestro país, no es posible aplicar la ley en el uso de las calles para administrarlas correctamente, realmente es posible que seamos capaces de administrar correctamente un bien tan importante como el petróleo?
La evidencia demuestra que no.
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