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A casi 10 años de haberlo planteado apenas lo empiezan a entender:
Balas, impunidad o legalización: las rutas de la droga
Por: Luciano Pascoe Rippey | Opinión Domingo 28 de Septiembre de 2008 | Hora de publicación: 00:19
Más vivo que nunca está el debate sobre la ruta y las formas en las que el Estado mexicano debiese enfrentar al crimen organizado y en particular al relacionado con el narcotráfico. Frente a los trágicos eventos de Morelia, el debate se reaviva frente a la nítida sensación de que no importa que haga el gobierno federal —y cualquier local para el caso— no parece haber solución.
Las ejecuciones siguen su ritmo espeluznante de sangre, las fosas con albañiles ejecutados nos recuerdan el costo de construir “algo”, lo que sea, para estas bandas, encajuelados, policías muertos —unos por buenos, otros por muy malos—, y cada vez más violencia aparece en nuestras televisiones, diarios y noticiarios. El país esta cubierto de un manto de desesperanza, incertidumbre que viene trágicamente acompañada de la peor crisis financiera de los Estados Unidos de la que yo tenga memoria.
El futuro no parece tener muy buenas nuevas a corto plazo. Ni a mediano. Ni a largo. Estos son los tiempos que requieren medidas contundentes, golpes de timón en la manera en la que entendemos las cosas, en las que hemos vivido. Hay que hacernos cargo de una dura pero contundente realidad: el México de “antes” ya no existe. El de hoy está urgido de decisiones, acciones y determinación.
Pero la pregunta del millón es: ¿cuál es esa ruta que lleva a la salida?, ¿por dónde? Las teorías de la radicalidad parecen tener tres alternativas.
La primera es la policiaca, y es la predilecta del gobierno actual. El Ejército a las calles, muchos policías, mejor armados, mejor entrenados, con más helicópteros y aviones, con armas largas, calibres competitivos, salarios medianamente razonables y con mayores elementos de inteligencia. Con estas medidas y todos sus matices, los promotores buscan doblegar a las empresas criminales y devolverlas a un tamaño controlable y procesable, quitarles todo ese poder y dinero del que se han hecho.
Esto implica, a todas luces, vencer a los grupos violentos, criminales y organizados por la vía policiaca y militar. Vencerlos implica mitigar los efectos de la extendida impunidad y desbordada corrupción institucional, así como transformar un poco el sistema penitenciario. También cruza, necesariamente, por liquidar el jugoso negocio de las tiendas legales de armas que desde la frontera norte mandan miles de automáticas y semis hacia nuestra pequeña guerra civil.
En el extremo están los que desde esta perspectiva abogan, además, por penas más severas y entre ellas la de muerte. Salida siempre fácil y rimbombante para toda una clase de politiquitos que, sin entender nada de nada, quieren “salir” con una propuesta. Ahí el Partido Verde —el único ecologista en el mundo que apoya la pena de muerte— se regodea en su microscópica visión de la realidad y trata de sonar empático con el legítimo encabronamiento de la gente. Al final, ¿qué son unas cuantas libertades menos por el bien común?
De la amplia sensación de que esta primera opción no está dejando ningún resultado, aparece la segunda vía que algunos, sobre todo tras bambalinas, están sugiriendo: “negociemos con el narco, como cuando estaba el PRI”. Esta ruta sugiere que antes el territorio estaba dividido y todo funcionaba de maravilla mientras nadie se cruzara de la raya y el Estado y las fuerzas del orden garantizaban a todas las fuerzas traficantes su status quo. Dicen las voces conservadoras que el problema no es que exista el narco, sino meterse con él. Y por eso concluyen que la mejor opción es aquella que regresa las cosas a su lugar original y nos acomoda plácidamente en la ignorancia del problema. Total, la ley siempre es negociable por nuestra paz.
La tercera ruta es la más radical, arriesgada y es la única que no implica violentar garantías y libertades, ni violentar la ley. Regular la producción, distribución y consumo de las drogas en nuestro país.
Es hora de que el Estado se haga cargo de su papel social, de dar protección, pero también de dar atención y salidas a los problemas de salud pública. Así, al regular o legalizar las drogas el Estado mexicano se estaría haciendo cargo de darle orden a un mercado enorme, real, existente, violento e ilegal. Clandestino. Un mercado violento por su informalidad, por el costo de su vida corrupta, vendida, destructora de institucionalidad. Lo vimos con nitidez en los años 20 en los Estados Unidos y su “prohibición” del alcohol. Construyeron un violento, rico y destructivo submundo en el que convivían todas las prácticas y que vinculaba a muchas otras ilegalidades, empezando por la prostitución.
Es importante decir que no se trata de que todas las drogas estén al alcance en una farmacia. No. Se trata de que las blandas sean legales y libres, las duras reguladas y contenidas por un Estado que administre dosis y atención de adicciones a quienes caen e estos problemas. Que nuestra gran preocupación como sociedad no sea que nuestros hijos mueran acribillados en el fuego cruzado de un pleito entre narcos, sino que entiendan las razones y peligros del consumo de drogas.
El reto de este debate es, en primer termino, desmitificarlo, romper con la idea de que este debate lleva a una sociedad “libertina e inmoral”, como si lo que estuviésemos viviendo no lo fuese ya. Es hora de quitarnos el velo de los ojos y reconocer que este “negocio” de las drogas ilegales lleva más de 10 mil muertos en ocho años y que cada día es más grave. Que nuestra sociedad está pistolizada como nunca y que las instituciones no cuentan con el andamiaje para resistir cañonazos de 50 mil dólares para “obviar” algo.
Es tiempo de discutir con seriedad una opción que, sin balazos y sin fomentar la impunidad reinante, nos permita encontrar esa luz al final del largo túnel de la violencia. Por lo menos hoy sí hay un partido dispuesto a poner el tema sobre la mesa: el PSD, Partido Socialdemócrata, ha tomado la iniciativa. Esperemos que la respuesta de la clase política no sea la descalificación automática y miedosa con la que habitualmente se conduce. Es tiempo de ampliar horizontes y pensar colectivamente nuestra salida.
http://lucianopascoe.spaces.live.com/
Balas, impunidad o legalización: las rutas de la droga
Por: Luciano Pascoe Rippey | Opinión Domingo 28 de Septiembre de 2008 | Hora de publicación: 00:19
Más vivo que nunca está el debate sobre la ruta y las formas en las que el Estado mexicano debiese enfrentar al crimen organizado y en particular al relacionado con el narcotráfico. Frente a los trágicos eventos de Morelia, el debate se reaviva frente a la nítida sensación de que no importa que haga el gobierno federal —y cualquier local para el caso— no parece haber solución.
Las ejecuciones siguen su ritmo espeluznante de sangre, las fosas con albañiles ejecutados nos recuerdan el costo de construir “algo”, lo que sea, para estas bandas, encajuelados, policías muertos —unos por buenos, otros por muy malos—, y cada vez más violencia aparece en nuestras televisiones, diarios y noticiarios. El país esta cubierto de un manto de desesperanza, incertidumbre que viene trágicamente acompañada de la peor crisis financiera de los Estados Unidos de la que yo tenga memoria.
El futuro no parece tener muy buenas nuevas a corto plazo. Ni a mediano. Ni a largo. Estos son los tiempos que requieren medidas contundentes, golpes de timón en la manera en la que entendemos las cosas, en las que hemos vivido. Hay que hacernos cargo de una dura pero contundente realidad: el México de “antes” ya no existe. El de hoy está urgido de decisiones, acciones y determinación.
Pero la pregunta del millón es: ¿cuál es esa ruta que lleva a la salida?, ¿por dónde? Las teorías de la radicalidad parecen tener tres alternativas.
La primera es la policiaca, y es la predilecta del gobierno actual. El Ejército a las calles, muchos policías, mejor armados, mejor entrenados, con más helicópteros y aviones, con armas largas, calibres competitivos, salarios medianamente razonables y con mayores elementos de inteligencia. Con estas medidas y todos sus matices, los promotores buscan doblegar a las empresas criminales y devolverlas a un tamaño controlable y procesable, quitarles todo ese poder y dinero del que se han hecho.
Esto implica, a todas luces, vencer a los grupos violentos, criminales y organizados por la vía policiaca y militar. Vencerlos implica mitigar los efectos de la extendida impunidad y desbordada corrupción institucional, así como transformar un poco el sistema penitenciario. También cruza, necesariamente, por liquidar el jugoso negocio de las tiendas legales de armas que desde la frontera norte mandan miles de automáticas y semis hacia nuestra pequeña guerra civil.
En el extremo están los que desde esta perspectiva abogan, además, por penas más severas y entre ellas la de muerte. Salida siempre fácil y rimbombante para toda una clase de politiquitos que, sin entender nada de nada, quieren “salir” con una propuesta. Ahí el Partido Verde —el único ecologista en el mundo que apoya la pena de muerte— se regodea en su microscópica visión de la realidad y trata de sonar empático con el legítimo encabronamiento de la gente. Al final, ¿qué son unas cuantas libertades menos por el bien común?
De la amplia sensación de que esta primera opción no está dejando ningún resultado, aparece la segunda vía que algunos, sobre todo tras bambalinas, están sugiriendo: “negociemos con el narco, como cuando estaba el PRI”. Esta ruta sugiere que antes el territorio estaba dividido y todo funcionaba de maravilla mientras nadie se cruzara de la raya y el Estado y las fuerzas del orden garantizaban a todas las fuerzas traficantes su status quo. Dicen las voces conservadoras que el problema no es que exista el narco, sino meterse con él. Y por eso concluyen que la mejor opción es aquella que regresa las cosas a su lugar original y nos acomoda plácidamente en la ignorancia del problema. Total, la ley siempre es negociable por nuestra paz.
La tercera ruta es la más radical, arriesgada y es la única que no implica violentar garantías y libertades, ni violentar la ley. Regular la producción, distribución y consumo de las drogas en nuestro país.
Es hora de que el Estado se haga cargo de su papel social, de dar protección, pero también de dar atención y salidas a los problemas de salud pública. Así, al regular o legalizar las drogas el Estado mexicano se estaría haciendo cargo de darle orden a un mercado enorme, real, existente, violento e ilegal. Clandestino. Un mercado violento por su informalidad, por el costo de su vida corrupta, vendida, destructora de institucionalidad. Lo vimos con nitidez en los años 20 en los Estados Unidos y su “prohibición” del alcohol. Construyeron un violento, rico y destructivo submundo en el que convivían todas las prácticas y que vinculaba a muchas otras ilegalidades, empezando por la prostitución.
Es importante decir que no se trata de que todas las drogas estén al alcance en una farmacia. No. Se trata de que las blandas sean legales y libres, las duras reguladas y contenidas por un Estado que administre dosis y atención de adicciones a quienes caen e estos problemas. Que nuestra gran preocupación como sociedad no sea que nuestros hijos mueran acribillados en el fuego cruzado de un pleito entre narcos, sino que entiendan las razones y peligros del consumo de drogas.
El reto de este debate es, en primer termino, desmitificarlo, romper con la idea de que este debate lleva a una sociedad “libertina e inmoral”, como si lo que estuviésemos viviendo no lo fuese ya. Es hora de quitarnos el velo de los ojos y reconocer que este “negocio” de las drogas ilegales lleva más de 10 mil muertos en ocho años y que cada día es más grave. Que nuestra sociedad está pistolizada como nunca y que las instituciones no cuentan con el andamiaje para resistir cañonazos de 50 mil dólares para “obviar” algo.
Es tiempo de discutir con seriedad una opción que, sin balazos y sin fomentar la impunidad reinante, nos permita encontrar esa luz al final del largo túnel de la violencia. Por lo menos hoy sí hay un partido dispuesto a poner el tema sobre la mesa: el PSD, Partido Socialdemócrata, ha tomado la iniciativa. Esperemos que la respuesta de la clase política no sea la descalificación automática y miedosa con la que habitualmente se conduce. Es tiempo de ampliar horizontes y pensar colectivamente nuestra salida.
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