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Guerra sucia en Colombia
La Macarena, enorme fosa para opositores
El ejército tiraba cuerpos al cementerio, ya fueran de guerrilleros o líderes sociales
Admite la fiscalía general que se reportaron 210 mil desaparecidos en 2006-2009
Meta, Colombia. Los habitantes de La Macarena –un caserío aislado de los Llanos Orientales al que se llega sólo en avioneta o canoa por el río Guayabero– se acostumbraron a llevar en silencio una contabilidad luctuosa.
Cuando un helicóptero del ejército aparecía haciendo maniobras de descenso al pie de la base militar local con uno o varios bultos colgados de la cabina, sabían que su cementerio municipal recibiría un nuevo cuerpo sin identificar. Un "NN" más. Nomen nescio, nombre desconocido.
Ninguna autoridad cumplió jamás con los mínimos requisitos legales para la inhumación. Los militares de las brigadas móviles de la Fuerza de Despliegue Rápido tiraban su carga y se retiraban. El ejército registraba cada cuerpo como una baja enemiga, un terrorista menos. Un trofeo de guerra, a final de cuentas. Referido como un guerrillero muerto en combate, rendiría alguna ganancia monetaria, méritos para un día de descanso más, puntos para un ascenso. En el argot castrense les llaman "falsos positivos".
Pero la gente de La Macarena –que tiene sólo dos calles pavimentadas, que goza de electricidad un par de horas cada tarde con una planta de luz que suele descomponerse, que cuenta con dos billares y varios bares para esparcimiento de los soldados de la base– nunca tomó como cierto que se tratara de guerrilleros muertos en combate.
"Algunos sí serían guerrilleros muertos. Pero no todos. Aquí todos sabían de demasiados campesinos, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos o representantes gremiales, a veces mujeres o niños que morían en los retenes o parajes solitarios, abatidos por soldados o paramilitares", asegura el abogado Edinson Cuéllar, del Comité Sociojurídico Orlando Fals Borda, con ocho años de trabajo como defensor de víctimas de la violencia en la zona.
Muchos cuerpos de civiles ejecutados nunca se recuperaron, escamoteados dentro de los inexpugnables cercos militares. Desaparecidos.
El libro del sepulturero
El sepulturero Jesús Antonio Hernández hacía, a su leal saber y entender, las "autopsias". Anotaba en un cuaderno la fecha, el número de serie y año por cada "paquete" recibido. Y luego procedía a cavar, una tras otra, en orden aleatorio, las fosas. No siempre hubo tiempo para sepulturas individuales. En el pueblo se contaban y regaban historias lúgubres. Se sabía que a veces eran tantos los cuerpos que se necesitaba maquinaria pesada para cavar los hoyos donde arrojaban bolsas negras por docenas.
Después Jesús marcaba cada sitio con una tablita de madera con números negros: serie y año. El registro empieza en 2004. Con los años los enterramientos se fueron agregando, apretando. El anexo del panteón, una franja de tierra que bordea el pie de la meseta donde se asienta la base de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, creció con el conflicto armado; secuela inevitable de la violencia desmedida que se ejerció sobre la población civil durante los años del uribismo.
El libro del sepulturero se hizo cada día más grueso. Hoy es una pieza importante en el expediente de la querella judicial presentada ante la procuraduría de Colombia. Y el sepulturero, como testigo clave del caso, es ahora blanco de quienes buscan la impunidad.
Hace algunas semanas Llano 7 Días, el diario de Villavicencio, capital departamental, reportaba que el único empleado del cementerio municipal había sufrido un atentado y que su casa había sido ametrallada. Imposible acercarse a hablar con él. Dos militares de la base se han instalado en su domicilio como inquilinos. Don Jesús ya no habla con nadie.
En julio del año pasado, Llano destapó quizá involuntariamente el escándalo de la fosa común cuando publicó que el alcalde de La Macarena, Eliécer Vargas, solicitaba 6 millones de pesos (poco más de 3 mil dólares) para comprar bolsas e implementos para las necropsias del cementerio. Para justificar el gasto extraordinario en una comunidad tan pequeña, reconocía que el panteón albergaba más de 2 mil cadáveres trasladados durante los últimos años desde los municipios vecinos: La Uribe, San Vicente del Caguán, San José del Guaviare, Vista Hermosa y Mesetas, escenarios de intensas confrontaciones entre el ejército y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
A raíz de las investigaciones que han hecho el Colectivo Sociojurídico y la Coordinadora de Derechos Humanos del Bajo Ariari, se ha comprobado que es "la fosa clandestina más grande de América Latina, hasta ahora".
Aunque en rigor no es clandestina. Los militares nunca pretendieron ocultarla. Basta con que los soldados del cuartel se asomen a sus torretas de vigilancia y miren hacia abajo para abarcar los cientos de montículos de las tumbas sin nombre ni cruz.
Y según los cálculos de las organizaciones humanitarias, quizá tampoco sea el tiradero de cadáveres más grande en Colombia, país que se ha desangrado durante las cuatro décadas recientes por los sucesivos conflictos armados.
La fiscalía general admite que entre 2006 y 2009 se reportaron 210 mil desaparecidos en el contexto del conflicto armado. Menos de 2 mil 500 han sido encontrados en fosas como ésta. Pero hay indicios de al menos 4 mil sitios donde se presume hay entierros ilegales, de los cuales sólo se investiga una docena.
Según documenta la revista Noche y niebla, del Banco de Datos sobre Violencia y Derechos Humanos, en los años 80 llegó el paramilitarismo a los Llanos Orientales como una "franquicia" del grupo Muerte a Secuestradores (MAS), promovido por finqueros como Alberto Uribe Sierra, padre del ex presidente Álvaro Uribe. El cacique esmeraldero Víctor Carranza, El Patrón, se hizo de la plaza y mediante el despojo de tierras amplió la frontera de las plantaciones de coca hacia estas llanuras.
Estas bandas, además de controlar el narcotráfico, participaron activamente en la campaña de exterminio de la Unión Patriótica (4 mil militantes asesinados, además de toda su dirigencia, sus candidatos y toda su bancada legislativa), que había abierto una ventana para el abandono de la vía armada y la incorporación de las FARC a la vida política.
Según los abogados y defensores del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda y el Comité de Derechos Humanos del Alto Ariari, que desde hace una década mantienen presencia en los caseríos representando a las víctimas, nunca antes se violaron los derechos de las personas en forma tan inhumana como en los ocho años recientes, pese a los antecedentes violentos de la región. Y como en el resto del país, violencia, despojos y pobreza han expulsado a más de la mitad de los pobladores de caseríos hacia las orillas de las ciudades cercanas, a la mendicidad.
La nota completa:
http://www.jornada.unam.mx/2010/09/0...ticle=002n1pol
Comenzaron con el "combate al narcotráfico", luego fue "guerra a la delincuencia y a la guerrilla". Llegaron los asesinatos de Candidatos y Legisladores. Después vino "El Plan Colombia" con ayuda de los gringos.
El Presidente Álvaro Uribe, neoliberal, conservador, tan "elogiado y apoyado por los gringos", tan aplaudido por todos los azulitos pacíficos en México...
Ahora la fiscalía reconoce 210,000 "desaparecidos" durante su gobierno.
"Guerra al narcotráfico"... "Combate a la delincuencia"... "Asesinatos de Candidatos"... "Iniciativa Mérida"... Ayuda de los gringos... aplausos de los azulitos pacíficos...
Cuando veas las barbas de tu vecino cortar...
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La Macarena, enorme fosa para opositores
El ejército tiraba cuerpos al cementerio, ya fueran de guerrilleros o líderes sociales
Admite la fiscalía general que se reportaron 210 mil desaparecidos en 2006-2009
Meta, Colombia. Los habitantes de La Macarena –un caserío aislado de los Llanos Orientales al que se llega sólo en avioneta o canoa por el río Guayabero– se acostumbraron a llevar en silencio una contabilidad luctuosa.
Cuando un helicóptero del ejército aparecía haciendo maniobras de descenso al pie de la base militar local con uno o varios bultos colgados de la cabina, sabían que su cementerio municipal recibiría un nuevo cuerpo sin identificar. Un "NN" más. Nomen nescio, nombre desconocido.
Ninguna autoridad cumplió jamás con los mínimos requisitos legales para la inhumación. Los militares de las brigadas móviles de la Fuerza de Despliegue Rápido tiraban su carga y se retiraban. El ejército registraba cada cuerpo como una baja enemiga, un terrorista menos. Un trofeo de guerra, a final de cuentas. Referido como un guerrillero muerto en combate, rendiría alguna ganancia monetaria, méritos para un día de descanso más, puntos para un ascenso. En el argot castrense les llaman "falsos positivos".
Pero la gente de La Macarena –que tiene sólo dos calles pavimentadas, que goza de electricidad un par de horas cada tarde con una planta de luz que suele descomponerse, que cuenta con dos billares y varios bares para esparcimiento de los soldados de la base– nunca tomó como cierto que se tratara de guerrilleros muertos en combate.
"Algunos sí serían guerrilleros muertos. Pero no todos. Aquí todos sabían de demasiados campesinos, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos o representantes gremiales, a veces mujeres o niños que morían en los retenes o parajes solitarios, abatidos por soldados o paramilitares", asegura el abogado Edinson Cuéllar, del Comité Sociojurídico Orlando Fals Borda, con ocho años de trabajo como defensor de víctimas de la violencia en la zona.
Muchos cuerpos de civiles ejecutados nunca se recuperaron, escamoteados dentro de los inexpugnables cercos militares. Desaparecidos.
El libro del sepulturero
El sepulturero Jesús Antonio Hernández hacía, a su leal saber y entender, las "autopsias". Anotaba en un cuaderno la fecha, el número de serie y año por cada "paquete" recibido. Y luego procedía a cavar, una tras otra, en orden aleatorio, las fosas. No siempre hubo tiempo para sepulturas individuales. En el pueblo se contaban y regaban historias lúgubres. Se sabía que a veces eran tantos los cuerpos que se necesitaba maquinaria pesada para cavar los hoyos donde arrojaban bolsas negras por docenas.
Después Jesús marcaba cada sitio con una tablita de madera con números negros: serie y año. El registro empieza en 2004. Con los años los enterramientos se fueron agregando, apretando. El anexo del panteón, una franja de tierra que bordea el pie de la meseta donde se asienta la base de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, creció con el conflicto armado; secuela inevitable de la violencia desmedida que se ejerció sobre la población civil durante los años del uribismo.
El libro del sepulturero se hizo cada día más grueso. Hoy es una pieza importante en el expediente de la querella judicial presentada ante la procuraduría de Colombia. Y el sepulturero, como testigo clave del caso, es ahora blanco de quienes buscan la impunidad.
Hace algunas semanas Llano 7 Días, el diario de Villavicencio, capital departamental, reportaba que el único empleado del cementerio municipal había sufrido un atentado y que su casa había sido ametrallada. Imposible acercarse a hablar con él. Dos militares de la base se han instalado en su domicilio como inquilinos. Don Jesús ya no habla con nadie.
En julio del año pasado, Llano destapó quizá involuntariamente el escándalo de la fosa común cuando publicó que el alcalde de La Macarena, Eliécer Vargas, solicitaba 6 millones de pesos (poco más de 3 mil dólares) para comprar bolsas e implementos para las necropsias del cementerio. Para justificar el gasto extraordinario en una comunidad tan pequeña, reconocía que el panteón albergaba más de 2 mil cadáveres trasladados durante los últimos años desde los municipios vecinos: La Uribe, San Vicente del Caguán, San José del Guaviare, Vista Hermosa y Mesetas, escenarios de intensas confrontaciones entre el ejército y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
A raíz de las investigaciones que han hecho el Colectivo Sociojurídico y la Coordinadora de Derechos Humanos del Bajo Ariari, se ha comprobado que es "la fosa clandestina más grande de América Latina, hasta ahora".
Aunque en rigor no es clandestina. Los militares nunca pretendieron ocultarla. Basta con que los soldados del cuartel se asomen a sus torretas de vigilancia y miren hacia abajo para abarcar los cientos de montículos de las tumbas sin nombre ni cruz.
Y según los cálculos de las organizaciones humanitarias, quizá tampoco sea el tiradero de cadáveres más grande en Colombia, país que se ha desangrado durante las cuatro décadas recientes por los sucesivos conflictos armados.
La fiscalía general admite que entre 2006 y 2009 se reportaron 210 mil desaparecidos en el contexto del conflicto armado. Menos de 2 mil 500 han sido encontrados en fosas como ésta. Pero hay indicios de al menos 4 mil sitios donde se presume hay entierros ilegales, de los cuales sólo se investiga una docena.
Según documenta la revista Noche y niebla, del Banco de Datos sobre Violencia y Derechos Humanos, en los años 80 llegó el paramilitarismo a los Llanos Orientales como una "franquicia" del grupo Muerte a Secuestradores (MAS), promovido por finqueros como Alberto Uribe Sierra, padre del ex presidente Álvaro Uribe. El cacique esmeraldero Víctor Carranza, El Patrón, se hizo de la plaza y mediante el despojo de tierras amplió la frontera de las plantaciones de coca hacia estas llanuras.
Estas bandas, además de controlar el narcotráfico, participaron activamente en la campaña de exterminio de la Unión Patriótica (4 mil militantes asesinados, además de toda su dirigencia, sus candidatos y toda su bancada legislativa), que había abierto una ventana para el abandono de la vía armada y la incorporación de las FARC a la vida política.
Según los abogados y defensores del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda y el Comité de Derechos Humanos del Alto Ariari, que desde hace una década mantienen presencia en los caseríos representando a las víctimas, nunca antes se violaron los derechos de las personas en forma tan inhumana como en los ocho años recientes, pese a los antecedentes violentos de la región. Y como en el resto del país, violencia, despojos y pobreza han expulsado a más de la mitad de los pobladores de caseríos hacia las orillas de las ciudades cercanas, a la mendicidad.
La nota completa:
http://www.jornada.unam.mx/2010/09/0...ticle=002n1pol
Comenzaron con el "combate al narcotráfico", luego fue "guerra a la delincuencia y a la guerrilla". Llegaron los asesinatos de Candidatos y Legisladores. Después vino "El Plan Colombia" con ayuda de los gringos.
El Presidente Álvaro Uribe, neoliberal, conservador, tan "elogiado y apoyado por los gringos", tan aplaudido por todos los azulitos pacíficos en México...
Ahora la fiscalía reconoce 210,000 "desaparecidos" durante su gobierno.
"Guerra al narcotráfico"... "Combate a la delincuencia"... "Asesinatos de Candidatos"... "Iniciativa Mérida"... Ayuda de los gringos... aplausos de los azulitos pacíficos...
Cuando veas las barbas de tu vecino cortar...
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