Tweet
El legado
Por René Delgado
No es una práctica común, pero tampoco insólita. Tiempo antes de concluir su mandato, algunos jefes de Gobierno y Estado suelen hacer un íntimo balance de su gestión para tener certeza plena de su legado.
Es un ejercicio a realizarse frente al espejo -no ante la nación- y exige enorme honestidad y humildad, así como enorme dosis de objetividad. Su propósito es reflexionar a solas sobre lo que falta por hacer, rehacer o, incluso, deshacer. Lo llevan a cabo con anticipación a fin de contar con el tiempo necesario para instrumentar su decisión y asegurar que su legado sea auténticamente el que pretenden dejar.
Desde luego, también hay, pero son pocos, los mandatarios que sin practicar ese ejercicio sostienen el objetivo y la dirección a lo largo de su gobierno, sin contraponer el propósito con el resultado de su gestión y heredan lo que, desde un principio, querían legar. Son pocos y extraordinarios. Y, desde luego, hay muchos más que hacia el final de su gestión ordenan el retiro de los espejos de Palacio porque saben o intuyen que terminarán arrastrados por la inercia, arrollados por la circunstancia o marcados por la negligencia y, sin querer o sin importarles, dejan un desastre por legado.
Cualquiera que sea la herencia de los mandatarios, ésta queda tanto en su memoria como en la de sus gobernados e ineludiblemente repercute en las posibilidades de la nación que prometieron mejorar.
Sin duda, en el caso nacional, es decisión del presidente Felipe Calderón llevar a cabo o no ese ejercicio de reflexión íntima.
Si esa práctica no tiene cabida, nada hay que hacer. Será cuestión de seguir el camino, reconocer sin sorpresa las innegables minas en la ruta y asumir el destino que, en el horizonte, anuncia un legado incierto pero, eso sí, marcado por la violencia. Si, por el contrario, resuelve practicarlo, el calendario presiona ese momento porque, aun cuando en la formalidad, el gobierno dura hasta el último minuto del mandato, la realidad es otra: se agota antes. Conforme se acerca el final de un gobierno, el poder se desvanece y más rápidamente cuando éste no se tuvo como se quisiera. Se va como agua.
Si cabe ese ejercicio, antes de finalizar el año, de seguro el presidente Felipe Calderón se guardará a solas en su despacho. Distintas acciones, programas y políticas podrán llamar su atención y reflexión, pero hay una que exige toda su concentración porque, a fin de cuentas, se constituyó en el propósito y el eje de su gestión: el fortalecimiento del Estado de derecho y la efectividad de la democracia.
La distancia entre el propósito planteado y el resultado obtenido, al menos hasta ahora, obliga la reflexión presidencial, así como un cálculo muy bien medido del estado y la relación que guardarán aquellos cuando caiga el telón sexenal, el 1o. de diciembre del 2012.
El punto en que se encuentra la estrategia de combate al crimen, su lógica y enfoque, aun cuando parte de aquel propósito no garantiza el resultado y sí, en cambio, conlleva el peligro de conducir al país precisamente a lo contrario: a un Estado de fuerza y a una democracia reducida.
Más allá del propósito expreso, el Estado ha ganado en fuerza pero no en derecho y justamente, por el carácter de la lucha emprendida contra el crimen y la actuación de éste, principios inherentes a toda democracia se han visto limitados, lastimados o disminuidos. No se advierte hasta ahora el fortalecimiento del Estado de derecho ni la democracia efectiva.
Quizá, el mandatario cuente legítimamente con informes confidenciales del curso que seguirá esa lucha y dé por asegurado el legado que se propuso dejar. Sin embargo, a partir del diagnóstico para fundar la estrategia y la chocante postura de Estados Unidos frente al problema, es difícil en extremo imaginar un desenlace distinto al trazado, hasta ahora, por el curso de los acontecimientos.
El Estado ha ganado fuerza a lo largo del sexenio, quizá no la suficiente como se argumenta, pero el propósito planteado no se vislumbra en el horizonte: se ve crecimiento de fuerza, no fortalecimiento del derecho.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Federal han incrementado su presupuesto, equipo, preparación y capacidad, pero la falta de integralidad de la estrategia plantea un desbalance aun dentro del área gubernamental relacionada con la prevención, la persecución del delito, así como la procuración y la administración de la justicia. Creció la fuerza para perseguir el delito, no para castigarlo en el marco del derecho. Ni se diga del desbalance de esa estrategia en el frente de la política social, fundamental en el desarrollo sano y civilizado de la sociedad. Sin oportunidad de empleo, sin mejor educación, sin prevención social ni salud suficiente, el Estado puede reconquistar temporalmente territorios pero no fincar civilidad y derecho en ellos. En cuanto la fuerza se va sin dejar ciudadanía en condición de ocuparlos, el crimen restablece su dominio.
Se puede hablar de fuerza renovada, no de fortalecimiento del derecho, y el problema no se advierte como un asunto de maduración de la estrategia.
La democracia ha perdido efectividad porque indirectamente la estrategia de combate al crimen la ha golpeado y porque directamente en contra de ella el crimen ha actuado.
Garantías como las de libre tránsito, expresión, acceso a la información, reunión, sin referir las molestias que más de uno ha tenido en su persona o familia, han sufrido merma en su ejercicio. Esto sin mencionar los derechos humanos que en toda democracia se tienen como un pilar, no como una incómoda cantaleta.
Peor aún, la sombra de duda en torno al uso de la estrategia de combate al crimen como ariete para golpear al adversario político ha crecido.
Garantizar la efectividad de la democracia y la estabilidad en la muy próxima elección presidencial en puerta exige la reflexión presidencial.
Dos años no es mucho tiempo, pero sí ofrecen la oportunidad de revisar aquello que el mandatario se propuso legar a la nación.
No asegurar la próxima elección, heredar una lucha violenta sin destino al sucesor, legar un Estado de fuerza sin firme sujeción al derecho, entregar una democracia disminuida no es un patrimonio digno de aprecio por quien lo deja y lo recibe.
Si el jefe del Ejecutivo decide reflexionar frente al espejo, el calendario marca ya la fecha.
sobreaviso@latinmail.com
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
Por René Delgado
No es una práctica común, pero tampoco insólita. Tiempo antes de concluir su mandato, algunos jefes de Gobierno y Estado suelen hacer un íntimo balance de su gestión para tener certeza plena de su legado.
Es un ejercicio a realizarse frente al espejo -no ante la nación- y exige enorme honestidad y humildad, así como enorme dosis de objetividad. Su propósito es reflexionar a solas sobre lo que falta por hacer, rehacer o, incluso, deshacer. Lo llevan a cabo con anticipación a fin de contar con el tiempo necesario para instrumentar su decisión y asegurar que su legado sea auténticamente el que pretenden dejar.
Desde luego, también hay, pero son pocos, los mandatarios que sin practicar ese ejercicio sostienen el objetivo y la dirección a lo largo de su gobierno, sin contraponer el propósito con el resultado de su gestión y heredan lo que, desde un principio, querían legar. Son pocos y extraordinarios. Y, desde luego, hay muchos más que hacia el final de su gestión ordenan el retiro de los espejos de Palacio porque saben o intuyen que terminarán arrastrados por la inercia, arrollados por la circunstancia o marcados por la negligencia y, sin querer o sin importarles, dejan un desastre por legado.
Cualquiera que sea la herencia de los mandatarios, ésta queda tanto en su memoria como en la de sus gobernados e ineludiblemente repercute en las posibilidades de la nación que prometieron mejorar.
Sin duda, en el caso nacional, es decisión del presidente Felipe Calderón llevar a cabo o no ese ejercicio de reflexión íntima.
Si esa práctica no tiene cabida, nada hay que hacer. Será cuestión de seguir el camino, reconocer sin sorpresa las innegables minas en la ruta y asumir el destino que, en el horizonte, anuncia un legado incierto pero, eso sí, marcado por la violencia. Si, por el contrario, resuelve practicarlo, el calendario presiona ese momento porque, aun cuando en la formalidad, el gobierno dura hasta el último minuto del mandato, la realidad es otra: se agota antes. Conforme se acerca el final de un gobierno, el poder se desvanece y más rápidamente cuando éste no se tuvo como se quisiera. Se va como agua.
Si cabe ese ejercicio, antes de finalizar el año, de seguro el presidente Felipe Calderón se guardará a solas en su despacho. Distintas acciones, programas y políticas podrán llamar su atención y reflexión, pero hay una que exige toda su concentración porque, a fin de cuentas, se constituyó en el propósito y el eje de su gestión: el fortalecimiento del Estado de derecho y la efectividad de la democracia.
La distancia entre el propósito planteado y el resultado obtenido, al menos hasta ahora, obliga la reflexión presidencial, así como un cálculo muy bien medido del estado y la relación que guardarán aquellos cuando caiga el telón sexenal, el 1o. de diciembre del 2012.
El punto en que se encuentra la estrategia de combate al crimen, su lógica y enfoque, aun cuando parte de aquel propósito no garantiza el resultado y sí, en cambio, conlleva el peligro de conducir al país precisamente a lo contrario: a un Estado de fuerza y a una democracia reducida.
Más allá del propósito expreso, el Estado ha ganado en fuerza pero no en derecho y justamente, por el carácter de la lucha emprendida contra el crimen y la actuación de éste, principios inherentes a toda democracia se han visto limitados, lastimados o disminuidos. No se advierte hasta ahora el fortalecimiento del Estado de derecho ni la democracia efectiva.
Quizá, el mandatario cuente legítimamente con informes confidenciales del curso que seguirá esa lucha y dé por asegurado el legado que se propuso dejar. Sin embargo, a partir del diagnóstico para fundar la estrategia y la chocante postura de Estados Unidos frente al problema, es difícil en extremo imaginar un desenlace distinto al trazado, hasta ahora, por el curso de los acontecimientos.
El Estado ha ganado fuerza a lo largo del sexenio, quizá no la suficiente como se argumenta, pero el propósito planteado no se vislumbra en el horizonte: se ve crecimiento de fuerza, no fortalecimiento del derecho.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Federal han incrementado su presupuesto, equipo, preparación y capacidad, pero la falta de integralidad de la estrategia plantea un desbalance aun dentro del área gubernamental relacionada con la prevención, la persecución del delito, así como la procuración y la administración de la justicia. Creció la fuerza para perseguir el delito, no para castigarlo en el marco del derecho. Ni se diga del desbalance de esa estrategia en el frente de la política social, fundamental en el desarrollo sano y civilizado de la sociedad. Sin oportunidad de empleo, sin mejor educación, sin prevención social ni salud suficiente, el Estado puede reconquistar temporalmente territorios pero no fincar civilidad y derecho en ellos. En cuanto la fuerza se va sin dejar ciudadanía en condición de ocuparlos, el crimen restablece su dominio.
Se puede hablar de fuerza renovada, no de fortalecimiento del derecho, y el problema no se advierte como un asunto de maduración de la estrategia.
La democracia ha perdido efectividad porque indirectamente la estrategia de combate al crimen la ha golpeado y porque directamente en contra de ella el crimen ha actuado.
Garantías como las de libre tránsito, expresión, acceso a la información, reunión, sin referir las molestias que más de uno ha tenido en su persona o familia, han sufrido merma en su ejercicio. Esto sin mencionar los derechos humanos que en toda democracia se tienen como un pilar, no como una incómoda cantaleta.
Peor aún, la sombra de duda en torno al uso de la estrategia de combate al crimen como ariete para golpear al adversario político ha crecido.
Garantizar la efectividad de la democracia y la estabilidad en la muy próxima elección presidencial en puerta exige la reflexión presidencial.
Dos años no es mucho tiempo, pero sí ofrecen la oportunidad de revisar aquello que el mandatario se propuso legar a la nación.
No asegurar la próxima elección, heredar una lucha violenta sin destino al sucesor, legar un Estado de fuerza sin firme sujeción al derecho, entregar una democracia disminuida no es un patrimonio digno de aprecio por quien lo deja y lo recibe.
Si el jefe del Ejecutivo decide reflexionar frente al espejo, el calendario marca ya la fecha.
sobreaviso@latinmail.com
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo