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Días de muertos
Por René Delgado
Son días de muertos, ni duda cabe. De oficio se reparten pésames y condolencias, mientras en algunos lugares a cubetadas se lava la sangre. Tantos son los muertos que, poco a poco, se pierde la capacidad de asombro y, quizá por eso, ante el innegable fracaso de la estrategia policial-militar montada en un pésimo diagnóstico, todavía se dice sin empacho:
"Es un camino largo, es cierto. Es un camino largo quizás sin muchos resultados en el corto plazo o por lo menos no espectaculares. Pero sí es un camino eficaz y, además, es el único que hay".
Es inaceptable la expresión presidencial por varias razones. Cuando no se sabe a dónde va uno, cualquier camino es largo. El camino adoptado sí arroja resultados espectaculares en el corto plazo, pueden no gustar pero las matanzas son un resultado. Ese camino no es eficaz y sí hay otros caminos.
A nadie se le puede pedirresignación o "cautela" frente a cuanto acontece, sobre todo, cuando se le llevó -sin consultarle- a marchar por un camino que, aun hoy, no fija su rumbo ni destino.
Se puede argumentar que justamente por eso, ahora, cuatro años después, se realiza el Diálogo por la Seguridad, pero algo de trampa hay en ello. El gobierno invita a quien quiere; expone lo que quiere decir, no lo que se quiere escuchar; y, en el remate, justifica lo que viene haciendo y reitera que seguirá haciendo lo mismo. Así se pretende construir una política de Estado, que nomás no encuentra asidero en un marco democrático.
Ese diálogo se derrumba frente al debate en California. Allá se debatió la legalización de la mariguana y, luego, se dejó la decisión a la ciudadanía (el martes se conocerá el resultado). Acá se tomó la decisión y, luego, como justificación, se preguntó qué piensa la ciudadanía para reiterarle que el único camino es el decidido con antelación.
¿Cuál es el sentido de ese diálogo si la rectificación no cabe?
Hay lectores que exigen apoyar sin cuestionar la estrategia adoptada y reconocer el mérito y la valentía presidencial de encarar al crimen como se viene haciendo.
Sobre el particular, vale señalar que la crítica no ignora que la violencia es producto sobre todo de la actuación criminal, que ciertamente hay mandos y efectivos militares y policiales que merecen honores y reconocimiento, que efectivamente frente al incremento de la actividad criminal sería irresponsable permanecer de brazos cruzados. Pero reconocido eso, no se puede omitir que el costo humano, social, económico y político de la estrategia adoptada es en extremo elevado.
Dos cifras son elocuentes: la primera, se cuentan ya -en el cálculo conservador del Ejecutómetro de Reforma- 26 mil 37 muertos; la segunda, oficialmente el jefe del Ejecutivo reconoce que, a lo largo de este gobierno, se han gastado 10 mil millones de dólares anuales en esta guerra.
Puede argüirse, como se ha hecho, que el número de civiles muertos es apenas del 3 por ciento, pero la simplicidad de esa cuenta hace pensar en un Estado con sed de sangre porque, en el fondo, dice sin decir que hay vidas que no valen la pena. Puede argüirse que, aun habiendo gastado 10 mil millones de dólares al año, falta dinero pero, entonces, es menester reconocer que el dogma policial-militar ha borrado la imaginación política para empecinarse en una lógica de guerra: aquella donde, activado el conflicto, se pierde el control del mecanismo que desata.
Sin poner en duda la urgencia de acotar al crimen, ¿en verdad no hay otro camino?
Hasta hoy la guerra contra la droga sólo ha producido la diversificación del crimen, la intensificación de la violencia, el deterioro del tejido social, la restricción de derechos y libertades fundamentales, la desarticulación de los poderes de la Unión y la Federación, la complicación de las inversiones económicas, el debilitamiento de la democracia y, aun así, casi con orgullo se recita: "seguiremos trabajando en una estrategia integral, fortaleciendo las instituciones policiacas, ministeriales, los jueces en el país, reformando las leyes en la materia".
Dicho de otro modo, esa integralidad es limitada, sólo respalda el concepto policial-militar de la estrategia.
Una y otra vez se ha dicho que si detrás del Ejército no va el empleo, la educación y la salud, ningún territorio podrá reconquistarse por el Estado de derecho y la civilidad. Pasará y repasará una y otra vez el Ejército el territorio pero sin empleadores, maestros ni médicos, el crimen regresará a la plaza apenas termine el desfile de la Fuerza Armada. Se ha dicho más de una vez y, sin embargo, se insiste en reducir la integralidad al concepto policial-militar del combate. Todo mientras el índice de corrupción crece, el de prosperidad decrece junto con el de competitividad y el de democracia se diluye.
[i ]Por si eso no bastara, esa integralidad excluye un elemento central en la estrategia: la postura del gobierno del país donde se encuentra el mercado de consumo.
A todas luces, el gobierno estadounidense no tiene mayor interés en el combate al tráfico, en el mejor caso se interesa por la política contra el consumo. Puede parecer lo mismo, pero es algo distinto. Tan distinto que los recursos de la Iniciativa Mérida, mil 400 millones de dólares, son una propina por el esfuerzo realizado de éste lado y el desinterés por el control de la venta de armas que nutren al crimen en México, es una grosería.
Se sirve voluntariosamente a los intereses de Estados Unidos, y éste agradece con desconfianza cuanto se hace.
Tanto se ha internado el gobierno en el camino por él escogido, que incluso las oportunidades para rectificar se rechazan.
El referéndum para legalizar la mariguana en California, en vez de entenderse como la oportunidad de explorar otros caminos, se descalifica de antemano: es una incongruencia, dice el mandatario. Argumenta que no se puede castigar la producción y el tráfico de mariguana en el país, mientras en otro se legaliza. En vez de esperar el resultado de ese referéndum y ver las posibilidades que abre tan sólo el debate del asunto (no necesariamente el resultado) se renuncia a ellas.
El gobierno mexicano ve en ese ejercicio democrático una incongruencia: no se puede combatir en un país la droga, mientras en otro se legaliza.
Esa postura revela algo impresionante: se asume el costo de sangre sin asumir el destino de ese camino.
Son días de muertos, ni duda cabe. Se venera el toque de silencio, se repite un dogma como razón, se insiste en transitar por un camino que se alarga porque, en el fondo, se niega saber a dónde lleva.
sobreaviso@latinmail.com
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
Por René Delgado
Son días de muertos, ni duda cabe. De oficio se reparten pésames y condolencias, mientras en algunos lugares a cubetadas se lava la sangre. Tantos son los muertos que, poco a poco, se pierde la capacidad de asombro y, quizá por eso, ante el innegable fracaso de la estrategia policial-militar montada en un pésimo diagnóstico, todavía se dice sin empacho:
"Es un camino largo, es cierto. Es un camino largo quizás sin muchos resultados en el corto plazo o por lo menos no espectaculares. Pero sí es un camino eficaz y, además, es el único que hay".
Es inaceptable la expresión presidencial por varias razones. Cuando no se sabe a dónde va uno, cualquier camino es largo. El camino adoptado sí arroja resultados espectaculares en el corto plazo, pueden no gustar pero las matanzas son un resultado. Ese camino no es eficaz y sí hay otros caminos.
A nadie se le puede pedirresignación o "cautela" frente a cuanto acontece, sobre todo, cuando se le llevó -sin consultarle- a marchar por un camino que, aun hoy, no fija su rumbo ni destino.
Se puede argumentar que justamente por eso, ahora, cuatro años después, se realiza el Diálogo por la Seguridad, pero algo de trampa hay en ello. El gobierno invita a quien quiere; expone lo que quiere decir, no lo que se quiere escuchar; y, en el remate, justifica lo que viene haciendo y reitera que seguirá haciendo lo mismo. Así se pretende construir una política de Estado, que nomás no encuentra asidero en un marco democrático.
Ese diálogo se derrumba frente al debate en California. Allá se debatió la legalización de la mariguana y, luego, se dejó la decisión a la ciudadanía (el martes se conocerá el resultado). Acá se tomó la decisión y, luego, como justificación, se preguntó qué piensa la ciudadanía para reiterarle que el único camino es el decidido con antelación.
¿Cuál es el sentido de ese diálogo si la rectificación no cabe?
Hay lectores que exigen apoyar sin cuestionar la estrategia adoptada y reconocer el mérito y la valentía presidencial de encarar al crimen como se viene haciendo.
Sobre el particular, vale señalar que la crítica no ignora que la violencia es producto sobre todo de la actuación criminal, que ciertamente hay mandos y efectivos militares y policiales que merecen honores y reconocimiento, que efectivamente frente al incremento de la actividad criminal sería irresponsable permanecer de brazos cruzados. Pero reconocido eso, no se puede omitir que el costo humano, social, económico y político de la estrategia adoptada es en extremo elevado.
Dos cifras son elocuentes: la primera, se cuentan ya -en el cálculo conservador del Ejecutómetro de Reforma- 26 mil 37 muertos; la segunda, oficialmente el jefe del Ejecutivo reconoce que, a lo largo de este gobierno, se han gastado 10 mil millones de dólares anuales en esta guerra.
Puede argüirse, como se ha hecho, que el número de civiles muertos es apenas del 3 por ciento, pero la simplicidad de esa cuenta hace pensar en un Estado con sed de sangre porque, en el fondo, dice sin decir que hay vidas que no valen la pena. Puede argüirse que, aun habiendo gastado 10 mil millones de dólares al año, falta dinero pero, entonces, es menester reconocer que el dogma policial-militar ha borrado la imaginación política para empecinarse en una lógica de guerra: aquella donde, activado el conflicto, se pierde el control del mecanismo que desata.
Sin poner en duda la urgencia de acotar al crimen, ¿en verdad no hay otro camino?
Hasta hoy la guerra contra la droga sólo ha producido la diversificación del crimen, la intensificación de la violencia, el deterioro del tejido social, la restricción de derechos y libertades fundamentales, la desarticulación de los poderes de la Unión y la Federación, la complicación de las inversiones económicas, el debilitamiento de la democracia y, aun así, casi con orgullo se recita: "seguiremos trabajando en una estrategia integral, fortaleciendo las instituciones policiacas, ministeriales, los jueces en el país, reformando las leyes en la materia".
Dicho de otro modo, esa integralidad es limitada, sólo respalda el concepto policial-militar de la estrategia.
Una y otra vez se ha dicho que si detrás del Ejército no va el empleo, la educación y la salud, ningún territorio podrá reconquistarse por el Estado de derecho y la civilidad. Pasará y repasará una y otra vez el Ejército el territorio pero sin empleadores, maestros ni médicos, el crimen regresará a la plaza apenas termine el desfile de la Fuerza Armada. Se ha dicho más de una vez y, sin embargo, se insiste en reducir la integralidad al concepto policial-militar del combate. Todo mientras el índice de corrupción crece, el de prosperidad decrece junto con el de competitividad y el de democracia se diluye.
[i ]Por si eso no bastara, esa integralidad excluye un elemento central en la estrategia: la postura del gobierno del país donde se encuentra el mercado de consumo.
A todas luces, el gobierno estadounidense no tiene mayor interés en el combate al tráfico, en el mejor caso se interesa por la política contra el consumo. Puede parecer lo mismo, pero es algo distinto. Tan distinto que los recursos de la Iniciativa Mérida, mil 400 millones de dólares, son una propina por el esfuerzo realizado de éste lado y el desinterés por el control de la venta de armas que nutren al crimen en México, es una grosería.
Se sirve voluntariosamente a los intereses de Estados Unidos, y éste agradece con desconfianza cuanto se hace.
Tanto se ha internado el gobierno en el camino por él escogido, que incluso las oportunidades para rectificar se rechazan.
El referéndum para legalizar la mariguana en California, en vez de entenderse como la oportunidad de explorar otros caminos, se descalifica de antemano: es una incongruencia, dice el mandatario. Argumenta que no se puede castigar la producción y el tráfico de mariguana en el país, mientras en otro se legaliza. En vez de esperar el resultado de ese referéndum y ver las posibilidades que abre tan sólo el debate del asunto (no necesariamente el resultado) se renuncia a ellas.
El gobierno mexicano ve en ese ejercicio democrático una incongruencia: no se puede combatir en un país la droga, mientras en otro se legaliza.
Esa postura revela algo impresionante: se asume el costo de sangre sin asumir el destino de ese camino.
Son días de muertos, ni duda cabe. Se venera el toque de silencio, se repite un dogma como razón, se insiste en transitar por un camino que se alarga porque, en el fondo, se niega saber a dónde lleva.
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