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JAJAJA, por hocicón.
AMLO enfrenta un juicio por declaraciones contra un funcionario de casilla. Ministro revisa el caso
Carlos Avilés Allende
El Universal
Miércoles 16 de abril de 2008
caviles@eluniversal.com.mx
Un tribunal federal le pidió a la Corte que atraiga un juicio del que depende que el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador reciba una sanción de tipo civil por haber presuntamente difamado a una persona que fue funcionaria de casilla en las elecciones presidenciales del 2006.
Se trata de la demanda que promovió Juan Gilberto Castro Razo, funcionario de casilla que apareció en los videos que usó López Obrador, después de las elecciones presidenciales, para denunciar supuesto “embarazo” de urnas.
El presidente de la casilla 2227, ubicada en Salamanca, Guanajuato, fue calificado en ese entonces por López Obrador como “mapache electoral” y denunciado públicamente como una de las personas que participó en el fraude electoral.
Empero, Castro Razo comprobó que después de la votación del 2 de julio de 2006, al realizar el conteo de votos de la elección de presidente de la República, los funcionarios de casilla encontraron entre 8 y 10 boletas que correspondían a la elección de diputados federales, por lo que las depositaron en la urna correspondiente, con el visto bueno de los representantes de los partidos.
Una vez que demostró que no rellenó urnas ni participó en un fraude electoral, Castro Razo promovió una demanda civil por difamación en contra de López Obrador ante las autoridades judiciales del Distrito Federal.
Y después de pasar por un par de instancias judiciales locales, el caso llegó al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en la capital del país, en donde los tres magistrados que lo integran decidieron pedirle a la Corte que atraiga el juicio —registrado como el amparo directo 106/2008—, por su importancia.
Los magistrados de dicho tribunal pidieron la intervención de la Corte porque llegaron a la conclusión de que a partir de este caso se podrá establecer el alcance que debe dársele a la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.
Los integrantes del tribunal también solicitaron la intervención de la SCJN debido a la trascendencia del juicio, “porque —aseguraron— implica establecer las características que tienen los funcionarios de casilla en los procesos electorales, la legitimación que tienen en el ejercicio de acciones vinculadas con la reparación del daño, o bien las prohibiciones que habrían de enfrentar como consecuencia de la aceptación del encargo”.
La petición del tribunal se le turnó para su análisis al ministro Fernando Franco González Salas, quien tendrá que elaborar un proyecto de sentencia.
Sólo hasta entonces se sabrá si la Corte acepta atraer el juicio contra López Obrador.
Aunque, de antemano, en la SCJN se estima que existen amplias posibilidades de que el asunto sea atraído porque es un tema novedoso sobre el que el máximo tribunal no se ha pronunciado.
Carlos Avilés Allende
El Universal
Miércoles 16 de abril de 2008
caviles@eluniversal.com.mx
Un tribunal federal le pidió a la Corte que atraiga un juicio del que depende que el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador reciba una sanción de tipo civil por haber presuntamente difamado a una persona que fue funcionaria de casilla en las elecciones presidenciales del 2006.
Se trata de la demanda que promovió Juan Gilberto Castro Razo, funcionario de casilla que apareció en los videos que usó López Obrador, después de las elecciones presidenciales, para denunciar supuesto “embarazo” de urnas.
El presidente de la casilla 2227, ubicada en Salamanca, Guanajuato, fue calificado en ese entonces por López Obrador como “mapache electoral” y denunciado públicamente como una de las personas que participó en el fraude electoral.
Empero, Castro Razo comprobó que después de la votación del 2 de julio de 2006, al realizar el conteo de votos de la elección de presidente de la República, los funcionarios de casilla encontraron entre 8 y 10 boletas que correspondían a la elección de diputados federales, por lo que las depositaron en la urna correspondiente, con el visto bueno de los representantes de los partidos.
Una vez que demostró que no rellenó urnas ni participó en un fraude electoral, Castro Razo promovió una demanda civil por difamación en contra de López Obrador ante las autoridades judiciales del Distrito Federal.
Y después de pasar por un par de instancias judiciales locales, el caso llegó al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en la capital del país, en donde los tres magistrados que lo integran decidieron pedirle a la Corte que atraiga el juicio —registrado como el amparo directo 106/2008—, por su importancia.
Los magistrados de dicho tribunal pidieron la intervención de la Corte porque llegaron a la conclusión de que a partir de este caso se podrá establecer el alcance que debe dársele a la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.
Los integrantes del tribunal también solicitaron la intervención de la SCJN debido a la trascendencia del juicio, “porque —aseguraron— implica establecer las características que tienen los funcionarios de casilla en los procesos electorales, la legitimación que tienen en el ejercicio de acciones vinculadas con la reparación del daño, o bien las prohibiciones que habrían de enfrentar como consecuencia de la aceptación del encargo”.
La petición del tribunal se le turnó para su análisis al ministro Fernando Franco González Salas, quien tendrá que elaborar un proyecto de sentencia.
Sólo hasta entonces se sabrá si la Corte acepta atraer el juicio contra López Obrador.
Aunque, de antemano, en la SCJN se estima que existen amplias posibilidades de que el asunto sea atraído porque es un tema novedoso sobre el que el máximo tribunal no se ha pronunciado.
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