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Dignidad de la UNAM, descaro de Uribe
Editorial de La Jornada
Abril 17 de 2008
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/1...ticle=002a1edi
Ante las ofensivas y repudiables declaraciones formuladas ayer, en territorio nacional, por Álvaro Uribe, en el sentido de que los cuatro estudiantes mexicanos asesinados por tropas colombianas en territorio de Ecuador eran “terroristas, narcotraficantes y secuestradores”, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado desusadamente enérgico, en el que rechazó “las afirmaciones superficiales del mandatario, que atentan contra la dignidad de los mexicanos y lastiman a la Universidad Nacional y a la sociedad en su conjunto”, y faltan el respeto “a la memoria de los estudiantes fallecidos y a la estudiante herida”. Lo dicho por el presidente colombiano, señala la máxima casa de estudios, carece de fundamentos, es imprudente, irresponsable, falaz, rencoroso e impúdico, y violatorio de los principios fundamentales del derecho.
Es reconfortante que la UNAM llame a las cosas por su nombre y reivindique una dignidad nacional vapuleada no sólo por Uribe, sino por las autoridades mexicanas, las cuales, ante los homicidios de cuatro connacionales y las graves heridas a una mexicana más, se han refugiado en actitudes ambiguas y hasta encubridoras de los delitos perpetrados por el régimen uribista en su ataque armado contra el territorio ecuatoriano.
Es preciso reiterarlo: la agresión colombiana del pasado primero de marzo no fue una legítima acción de guerra de un gobierno democrático acosado por el terrorismo, sino una masacre injustificable y criminal y, esa sí, terrorista. Algunos de los guerrilleros y de los civiles que se encontraban en el campamento cercano a Lago Agrio, Ecuador, fueron asesinados mientras dormían, en tanto que otros, heridos, fueron ejecutados por los soldados colombianos que, en la acción, violaron la integridad territorial y la soberanía ecuatorianas.
Lo que cabía exigir al gobierno mexicano desde el primer momento era una enérgica nota de protesta ante las autoridades de Bogotá por la agresión homicida y una condena inequívoca por el afán de Uribe de atropellar el derecho internacional. En cambio, el Ejecutivo federal ha tenido reacciones balbuceantes, equívocas, ambiguas y tardías. El pasado 30 de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llegó al colmo de redactar, en un comunicado, que “el gobierno de México reprueba el fallecimiento de cuatro nacionales mexicanos y el hecho de que una connacional haya resultado herida” en la incursión militar y policial colombiana en Ecuador, como si las muertes y las lesiones fueran sujetos posibles de reprobación. Luego, esa dependencia anunció que pediría al Palacio de Nariño “compensaciones económicas” para los deudos de las víctimas, en un intento por crear expectativas monetarias entre los familiares de los asesinados a fin de que depusieran sus acciones legales y de protesta. Asimismo, la administración calderonista ha venido insistiendo en pedir a los gobiernos de los dos países sudamericanos –el agresor y el agredido– que “investiguen” los hechos del primero de marzo, como si fuera procedente poner al asesino a investigar sus propios crímenes. Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) ha llegado a un extremo grotesco: en obediencia a las autoridades uribistas, y cediendo a las presiones de membretes de la ultraderecha mexicana, ha hostigado a la sobreviviente mexicana de la masacre, Lucía Morett, mediante interrogatorios intimidantes, realizados a distancia, y plagados de amenazas penales. Mientras el titular de esa dependencia, Eduardo Medina Mora, especula en público con la posibilidad de iniciar un proceso penal contra la víctima del delito, la SRE le extiende garantías poco verosímiles y asegura que sus “garantías constitucionales se encuentran cabalmente salvaguardadas”.
El propio titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, alimenta las inconsecuencias al eludir la inequívoca condena que procede contra el que ha reclamado la responsabilidad de la agresión y de los homicidios y pedirle, en cambio, que “no prejuzgue” y que “espere a que terminen las investigaciones”. Uribe, por su parte, quien se hizo presente ayer en el Foro Económico Mundial, que se realizó en Cancún, dijo que visitaba nuestro país “por pudor personal” cuando, en realidad, sus declaraciones dejaron entrever la característica opuesta: la impudicia. Y es que, en efecto, se requiere de una gran dosis de descaro y de cinismo para que el delincuente –Uribe sí que merece el calificativo, no sólo por haber ordenado la agresión armada a territorio ecuatoriano, sino también por sus viejos y documentados vínculos con el narcotráfico y los paramilitares– acuda al país de sus víctimas a formular nuevos denuestos contra ellas.
En la ocasión, la UNAM ha rescatado el decoro, la capacidad de indignación y el elemental sentido de solidaridad que merece cualquier mexicano agredido en el extranjero, y cabe felicitarla por ello. Pero resulta desolador, al mismo tiempo, que nadie en el gobierno sea capaz de hacer otro tanto.
Editorial de La Jornada
Abril 17 de 2008
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/1...ticle=002a1edi
Ante las ofensivas y repudiables declaraciones formuladas ayer, en territorio nacional, por Álvaro Uribe, en el sentido de que los cuatro estudiantes mexicanos asesinados por tropas colombianas en territorio de Ecuador eran “terroristas, narcotraficantes y secuestradores”, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado desusadamente enérgico, en el que rechazó “las afirmaciones superficiales del mandatario, que atentan contra la dignidad de los mexicanos y lastiman a la Universidad Nacional y a la sociedad en su conjunto”, y faltan el respeto “a la memoria de los estudiantes fallecidos y a la estudiante herida”. Lo dicho por el presidente colombiano, señala la máxima casa de estudios, carece de fundamentos, es imprudente, irresponsable, falaz, rencoroso e impúdico, y violatorio de los principios fundamentales del derecho.
Es reconfortante que la UNAM llame a las cosas por su nombre y reivindique una dignidad nacional vapuleada no sólo por Uribe, sino por las autoridades mexicanas, las cuales, ante los homicidios de cuatro connacionales y las graves heridas a una mexicana más, se han refugiado en actitudes ambiguas y hasta encubridoras de los delitos perpetrados por el régimen uribista en su ataque armado contra el territorio ecuatoriano.
Es preciso reiterarlo: la agresión colombiana del pasado primero de marzo no fue una legítima acción de guerra de un gobierno democrático acosado por el terrorismo, sino una masacre injustificable y criminal y, esa sí, terrorista. Algunos de los guerrilleros y de los civiles que se encontraban en el campamento cercano a Lago Agrio, Ecuador, fueron asesinados mientras dormían, en tanto que otros, heridos, fueron ejecutados por los soldados colombianos que, en la acción, violaron la integridad territorial y la soberanía ecuatorianas.
Lo que cabía exigir al gobierno mexicano desde el primer momento era una enérgica nota de protesta ante las autoridades de Bogotá por la agresión homicida y una condena inequívoca por el afán de Uribe de atropellar el derecho internacional. En cambio, el Ejecutivo federal ha tenido reacciones balbuceantes, equívocas, ambiguas y tardías. El pasado 30 de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llegó al colmo de redactar, en un comunicado, que “el gobierno de México reprueba el fallecimiento de cuatro nacionales mexicanos y el hecho de que una connacional haya resultado herida” en la incursión militar y policial colombiana en Ecuador, como si las muertes y las lesiones fueran sujetos posibles de reprobación. Luego, esa dependencia anunció que pediría al Palacio de Nariño “compensaciones económicas” para los deudos de las víctimas, en un intento por crear expectativas monetarias entre los familiares de los asesinados a fin de que depusieran sus acciones legales y de protesta. Asimismo, la administración calderonista ha venido insistiendo en pedir a los gobiernos de los dos países sudamericanos –el agresor y el agredido– que “investiguen” los hechos del primero de marzo, como si fuera procedente poner al asesino a investigar sus propios crímenes. Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) ha llegado a un extremo grotesco: en obediencia a las autoridades uribistas, y cediendo a las presiones de membretes de la ultraderecha mexicana, ha hostigado a la sobreviviente mexicana de la masacre, Lucía Morett, mediante interrogatorios intimidantes, realizados a distancia, y plagados de amenazas penales. Mientras el titular de esa dependencia, Eduardo Medina Mora, especula en público con la posibilidad de iniciar un proceso penal contra la víctima del delito, la SRE le extiende garantías poco verosímiles y asegura que sus “garantías constitucionales se encuentran cabalmente salvaguardadas”.
El propio titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, alimenta las inconsecuencias al eludir la inequívoca condena que procede contra el que ha reclamado la responsabilidad de la agresión y de los homicidios y pedirle, en cambio, que “no prejuzgue” y que “espere a que terminen las investigaciones”. Uribe, por su parte, quien se hizo presente ayer en el Foro Económico Mundial, que se realizó en Cancún, dijo que visitaba nuestro país “por pudor personal” cuando, en realidad, sus declaraciones dejaron entrever la característica opuesta: la impudicia. Y es que, en efecto, se requiere de una gran dosis de descaro y de cinismo para que el delincuente –Uribe sí que merece el calificativo, no sólo por haber ordenado la agresión armada a territorio ecuatoriano, sino también por sus viejos y documentados vínculos con el narcotráfico y los paramilitares– acuda al país de sus víctimas a formular nuevos denuestos contra ellas.
En la ocasión, la UNAM ha rescatado el decoro, la capacidad de indignación y el elemental sentido de solidaridad que merece cualquier mexicano agredido en el extranjero, y cabe felicitarla por ello. Pero resulta desolador, al mismo tiempo, que nadie en el gobierno sea capaz de hacer otro tanto.
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