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#MISIÓN_INCUMPLIDA
Juan E. Pardinas
17 Ene. 2016
Al Estado mexicano le importa un rábano el combate a la corrupción. A 16 años de la alternancia democrática, México no tiene ni leyes, ni instituciones que permitan enfrentar los abusos de un cargo público para obtener un beneficio privado. El presidente Peña Nieto ha afirmado que la corrupción es un problema cultural. Yo tengo una teoría alternativa: desde la lógica política, la corrupción no es un problema, sino una solución a los desafíos de gobernabilidad. La complicidad, la transa y la ausencia de castigo son palancas y manivelas para administrar las ambiciones de los políticos profesionales. Hoy en México, la corrupción y la impunidad son factores de estabilidad política.
¿Cómo entender que un fiscal en Texas y un juez español sí pudieron actuar ante la evidente malversación de fondos de Humberto Moreira, mientras que en México el ex gobernador de Coahuila gozaba de plena impunidad? Ante la ausencia de leyes, normas y voluntades tenemos que depender de la caridad internacional para ponerle un freno a la impunidad. De acuerdo a expedientes judiciales publicados por el periódico El Español, Humberto Moreira robó y blanqueó 246 millones de euros, que a precios actuales representan un 13% de la deuda pública de Coahuila. Este monto es superior a cuatro años de recaudación del Impuesto a la Nómina en la entidad. Somos la treceava economía más grande del mundo y no podemos poner tras las rejas a uno de nuestros cleptócratas más obscenos.
Uno de los lugares comunes más dañinos del debate público es que México es un país con leyes bien redactadas, pero mal aplicadas. En el tema de la corrupción esta afirmación es equivocada y perversa. Quien sostenga semejante cosa no le ha dedicado mucho tiempo a leer las normas que determinan la suavidad de las sanciones y la eficiencia de los perdones en los casos de corrupción. Como muestra va un frasco de botones: en 25 entidades de la República se puede salir bajo fianza por enriquecimiento ilícito. En Jalisco la sanción por abuso de autoridad es de 2 semanas de salarios mínimos. En Nayarit, los delitos de concusión y peculado prescriben en 1 año. En 15 estados, el enriquecimiento ilícito prescribe en sólo 3 años. En 8 estados, el delito de tráfico de influencias prescribe también en 3 años.
En Hong Kong, el Ministerio Público encargado de luchar contra la corrupción tiene un presupuesto anual de 2 mil millones de pesos. En Singapur, el órgano equivalente en 2015 recibió más de 400 millones. En México, la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la PGR, apenas recibió 26 millones de pesos en 2015. Por cada peso que destinan en México, en Hong Kong se gastan 75 en combate a la corrupción. Desde 1998, la Auditoría Superior de la Federación ha presentado 444 denuncias con indicios de malos manejos de recursos públicos. De ese número, la PGR tiene pendientes de resolver 421 casos. De acuerdo al portal de transparencia, la oficina de PGR encargada de atender este rezago sólo cuenta con 12 empleados.
Si hubiera voluntad política para enfrentar la corrupción, después del escándalo de la casa de Malinalco, Luis Videgaray debió renunciar a su cargo como secretario de Hacienda. No tenemos leyes, no hay instituciones y menos voluntad para encarar la misión incumplida de nuestro tiempo. El Sistema Nacional Anticorrupción apenas está en sus cimientos. El resto del edificio es sólo una maqueta.
La corrupción es el punto ciego del gobierno de Peña Nieto y del resto del sistema político. No la ven. No reaccionan. No pueden hablar de ella sin soltar un cliché o caer en una contradicción. Cambiar las leyes escritas que permiten la corrupción y fomentan la impunidad, implicará transformar las normas no escritas que gobiernan nuestra vida política.
@jepardinas
UNFULFILLED MISSION
Juan E. Pardinas
17 Jan. 2016
The Mexican government gives a damn about fighting corruption. At 16 years of democratic alternation, Mexico has no laws or institutions to address the abuse of public office for private gain. President Peña Nieto said that corruption is a cultural problem. I have an alternative theory: from the political logic, corruption is not a problem but a solution to the challenges of governance. Complicity, the trades and the absence of punishment are cranks and levers to manage the ambitions of professional politicians. Today in Mexico, corruption and impunity are factors of political stability.
How to understand that a prosecutor in Texas and other Spanish judge could act before the apparent embezzlement of Humberto Moreira, while in Mexico the former governor of Coahuila enjoyed complete impunity? In the absence of laws, rules and wills have to depend on international charity to put a stop to impunity. According to court records published by the Spanish newspaper Humberto Moreira stole and laundered 246 million euros, which represent 13% of the public debt of Coahuila. This amount is more than four years of revenue from the payroll tax in the state. We are the world's thirteenth largest economy and we can not put behind bars one of our most obscene kleptocrats.
One of the most damaging clichés of the public debate is that Mexico is a country with well-written laws, but misapplied. On the issue of corruption that statement is wrong and evil. Those who hold such a thing has not spent much time reading the rules determining the softness of sanctions and efficiency of pardons in cases of corruption. As shown will a jar of buttons: in 25 Mexican states can bail for unjust enrichment. In Jalisco the penalty for abuse of office is 2 weeks minimum wage. In Nayarit, the crimes of extortion and embezzlement prescribe in one year. In 15 states, illicit enrichment prescribed in only three years. In eight states, the crime of influence peddling also prescribes in three years.
In Hong Kong, the public prosecutor in charge of fighting corruption has an annual budget of 2 billion pesos. In Singapore, the equivalent body in 2015 received more than 400 million. In Mexico, the Special Research Unit for Crimes Committed by Public Servants of @PGR_MX, received only 26 million pesos in 2015. For every peso they spend in Mexico, 75 in Hong Kong spent on fighting corruption. Since 1998, the Superior Audit Office has filed 444 complaints with evidence of mismanagement of public resources. Of that number, the PGR has 421 unresolved cases. According to the portal of transparency, the PGR office in charge of handling this lag has only 12 employees.
If there were political will to tackle corruption, after the scandal of the house of Malinalco, Luis Videgaray would have to resign from his post as finance minister. We have no laws, no institutions and less willingness to address the unfulfilled mission of our time. The National Anti-Corruption System is still in its foundation. The rest of the building is only a model.
Corruption is the blind spot of the government of Peña Nieto and the rest of the political system. They do not see her. They do not react. They can not talk about it without dropping a cliché or fall into a contradiction. Change the written laws allowing corruption and encourage impunity, will involve transforming the unwritten rules that govern our political life.
The Specialized Unit to inquiry over
Juan E. Pardinas
17 Ene. 2016
Al Estado mexicano le importa un rábano el combate a la corrupción. A 16 años de la alternancia democrática, México no tiene ni leyes, ni instituciones que permitan enfrentar los abusos de un cargo público para obtener un beneficio privado. El presidente Peña Nieto ha afirmado que la corrupción es un problema cultural. Yo tengo una teoría alternativa: desde la lógica política, la corrupción no es un problema, sino una solución a los desafíos de gobernabilidad. La complicidad, la transa y la ausencia de castigo son palancas y manivelas para administrar las ambiciones de los políticos profesionales. Hoy en México, la corrupción y la impunidad son factores de estabilidad política.
¿Cómo entender que un fiscal en Texas y un juez español sí pudieron actuar ante la evidente malversación de fondos de Humberto Moreira, mientras que en México el ex gobernador de Coahuila gozaba de plena impunidad? Ante la ausencia de leyes, normas y voluntades tenemos que depender de la caridad internacional para ponerle un freno a la impunidad. De acuerdo a expedientes judiciales publicados por el periódico El Español, Humberto Moreira robó y blanqueó 246 millones de euros, que a precios actuales representan un 13% de la deuda pública de Coahuila. Este monto es superior a cuatro años de recaudación del Impuesto a la Nómina en la entidad. Somos la treceava economía más grande del mundo y no podemos poner tras las rejas a uno de nuestros cleptócratas más obscenos.
Uno de los lugares comunes más dañinos del debate público es que México es un país con leyes bien redactadas, pero mal aplicadas. En el tema de la corrupción esta afirmación es equivocada y perversa. Quien sostenga semejante cosa no le ha dedicado mucho tiempo a leer las normas que determinan la suavidad de las sanciones y la eficiencia de los perdones en los casos de corrupción. Como muestra va un frasco de botones: en 25 entidades de la República se puede salir bajo fianza por enriquecimiento ilícito. En Jalisco la sanción por abuso de autoridad es de 2 semanas de salarios mínimos. En Nayarit, los delitos de concusión y peculado prescriben en 1 año. En 15 estados, el enriquecimiento ilícito prescribe en sólo 3 años. En 8 estados, el delito de tráfico de influencias prescribe también en 3 años.
En Hong Kong, el Ministerio Público encargado de luchar contra la corrupción tiene un presupuesto anual de 2 mil millones de pesos. En Singapur, el órgano equivalente en 2015 recibió más de 400 millones. En México, la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la PGR, apenas recibió 26 millones de pesos en 2015. Por cada peso que destinan en México, en Hong Kong se gastan 75 en combate a la corrupción. Desde 1998, la Auditoría Superior de la Federación ha presentado 444 denuncias con indicios de malos manejos de recursos públicos. De ese número, la PGR tiene pendientes de resolver 421 casos. De acuerdo al portal de transparencia, la oficina de PGR encargada de atender este rezago sólo cuenta con 12 empleados.
Si hubiera voluntad política para enfrentar la corrupción, después del escándalo de la casa de Malinalco, Luis Videgaray debió renunciar a su cargo como secretario de Hacienda. No tenemos leyes, no hay instituciones y menos voluntad para encarar la misión incumplida de nuestro tiempo. El Sistema Nacional Anticorrupción apenas está en sus cimientos. El resto del edificio es sólo una maqueta.
La corrupción es el punto ciego del gobierno de Peña Nieto y del resto del sistema político. No la ven. No reaccionan. No pueden hablar de ella sin soltar un cliché o caer en una contradicción. Cambiar las leyes escritas que permiten la corrupción y fomentan la impunidad, implicará transformar las normas no escritas que gobiernan nuestra vida política.
@jepardinas
UNFULFILLED MISSION
Juan E. Pardinas
17 Jan. 2016
The Mexican government gives a damn about fighting corruption. At 16 years of democratic alternation, Mexico has no laws or institutions to address the abuse of public office for private gain. President Peña Nieto said that corruption is a cultural problem. I have an alternative theory: from the political logic, corruption is not a problem but a solution to the challenges of governance. Complicity, the trades and the absence of punishment are cranks and levers to manage the ambitions of professional politicians. Today in Mexico, corruption and impunity are factors of political stability.
How to understand that a prosecutor in Texas and other Spanish judge could act before the apparent embezzlement of Humberto Moreira, while in Mexico the former governor of Coahuila enjoyed complete impunity? In the absence of laws, rules and wills have to depend on international charity to put a stop to impunity. According to court records published by the Spanish newspaper Humberto Moreira stole and laundered 246 million euros, which represent 13% of the public debt of Coahuila. This amount is more than four years of revenue from the payroll tax in the state. We are the world's thirteenth largest economy and we can not put behind bars one of our most obscene kleptocrats.
One of the most damaging clichés of the public debate is that Mexico is a country with well-written laws, but misapplied. On the issue of corruption that statement is wrong and evil. Those who hold such a thing has not spent much time reading the rules determining the softness of sanctions and efficiency of pardons in cases of corruption. As shown will a jar of buttons: in 25 Mexican states can bail for unjust enrichment. In Jalisco the penalty for abuse of office is 2 weeks minimum wage. In Nayarit, the crimes of extortion and embezzlement prescribe in one year. In 15 states, illicit enrichment prescribed in only three years. In eight states, the crime of influence peddling also prescribes in three years.
In Hong Kong, the public prosecutor in charge of fighting corruption has an annual budget of 2 billion pesos. In Singapore, the equivalent body in 2015 received more than 400 million. In Mexico, the Special Research Unit for Crimes Committed by Public Servants of @PGR_MX, received only 26 million pesos in 2015. For every peso they spend in Mexico, 75 in Hong Kong spent on fighting corruption. Since 1998, the Superior Audit Office has filed 444 complaints with evidence of mismanagement of public resources. Of that number, the PGR has 421 unresolved cases. According to the portal of transparency, the PGR office in charge of handling this lag has only 12 employees.
If there were political will to tackle corruption, after the scandal of the house of Malinalco, Luis Videgaray would have to resign from his post as finance minister. We have no laws, no institutions and less willingness to address the unfulfilled mission of our time. The National Anti-Corruption System is still in its foundation. The rest of the building is only a model.
Corruption is the blind spot of the government of Peña Nieto and the rest of the political system. They do not see her. They do not react. They can not talk about it without dropping a cliché or fall into a contradiction. Change the written laws allowing corruption and encourage impunity, will involve transforming the unwritten rules that govern our political life.
The Specialized Unit to inquiry over
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