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Publicado hoy por La Cronica:
¿Qué se trae Ebrard?
Por: Juan José Huerta | Opinión Viernes 6 de Junio de 2008 | Hora de publicación: 05:34
Bueno, ya está claro: es una lástima, pero el Jefe de Gobierno de la ciudad de México Marcelo Ebrard ya actúa como el gran destapado para la “grande” del 2012: a la menor oportunidad opina sobre todos los asuntos nacionales, multiplica las apariciones para la foto mediática a propósito de ideas rancheras más allá de los problemas de esta metrópoli, playas, pistas de hielo, “azoteas verdes” (curiosa lógica ecológica: se destruyen áreas verdes para construir cualquier cosa —módulos de seguridad, almacenes, garages de
vehículos públicos— y en áreas construidas se instalan, a gran costo, “azoteas verdes”).
El Jefe de Gobierno hace a un lado o les baja el tono a los proyectos provechosos que había iniciado pero que van siendo problemáticos para su candidatura (ambulantes, espectaculares, recuperación de espacios públicos), para lanzarse a los que adornan, donde hay mucho presupuesto por asignar y mucho por privatizar (túneles, circuitos bicentenarios, distribuidores viales). Y ahora… organiza consultas sobre la reforma petrolera.
Lo dramático es que no alcance a vislumbrar que sus aspiraciones tienen enfrente dos formidables obstáculos (aparte de cualquier reserva jurídica): el más evidente, las ambiciones del “legítimo”, quien, salvo una hecatombe, no lo dejará pasar, a pesar de que se le ha aliado incondicionalmente, o quizá por eso. Pero el obstáculo mayor, el que no librará de ninguna manera, es la reserva de sensatez en todo México —que no se reduce, como cree, al núcleo de apoyo que tiene en la ciudad de México y alrededores— que no validará para nada que una figura política de tan alto nivel siga conduciéndose en la fantasía del no reconocimiento al gobierno verdaderamente legítimo —“conforme a las leyes”—, en violación absoluta del sistema institucional que nos rige.
Al proponer en el foro del Senado la consulta acerca de la reforma petrolera, y darse cuenta de que sería sobre una iniciativa del Ejecutivo, que “desconoce”, Ebrard deslindó: “lo que tenemos de Ejecutivo”. A ese paso, es capaz de llegar al extremo del maestro Porfirio Muñoz Ledo, que pide la remoción (“por cualquiera de las vías previstas en la Constitución”, se cubre) del presidente Felipe Calderón. Si Ebrard lo hiciera, probablemente encontraría el aplauso fácil entre las huestes lopezobradoristas de esta ciudad y sus alrededores, pero a nivel nacional es evidente que la gran mayoría consideraría que sigue fuera de la jugada seria. Para el 2012 los electores serán mucho más cuerdos y se preguntarán ¿cómo es posible que quiera ser presidente constitucional un político que se la ha pasado los últimos seis años en desafío abierto a este marco, sobre todo tan fuera de los tercos hechos y sin la fuerza mínima (aparte de la pose) para tratar en verdad de cambiarlos?
Para satisfacer a López Obrador, pero en un pésimo cálculo político, y con mucha improvisación, Ebrard lanza pues en el D.F., el próximo 27 de julio, una consulta pública sacada de la manga sobre la iniciativa de reforma petrolera. Trata de arrastrar con él, para que realicen la consulta en sus respectivas localidades, a gobernadores de estados de la república, o a presidentes municipales, mismos que, salvo uno que otro igualmente fuera de foco, no van a caer en el garlito del “gobierno de la opinión pública”, cuando incluso Cuauhtémoc Cárdenas, de su propio partido, en entrevista con W Radio la semana pasada, mostró su escepticismo al decir “la decisión final la tienen, sin duda, los legisladores, más allá de cualquier medida política que se tome o que no se tome”.
En la consulta, se trata de involucrar indebidamente como organizador al Instituto Electoral del Distrito Federal, que es, según el Código Electoral local, el “organismo público autónomo depositario de la autoridad electoral” (subrayado mío), cuyas funciones son las de organizar las elecciones para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y jefes delegacionales, y que entre sus fines y acciones no cuenta con la de organizar consultas a la opinión pública sobre temas nacionales, por más importantes que éstos puedan ser.
Como es poco probable que el IEDF acceda en definitiva a organizar la consulta pública, se le lanza después la pelota ¡al Partido de la Revolución Democrática!, que todavía no acaba de salir de la grave crisis en que se enredó con las elecciones internas del 16 de marzo, que lo ha dejado profundamente dividido en dos campos irreconciliables, uno de ellos al que pertenece el jefe de gobierno Ebrard. ¿Está en este momento el PRD en posición y con la credibilidad suficiente para la pretendida consulta?
¿Y quién la pagaría, si el nuevo secretario de Finanzas del PRD, Rigoberto Ávila Ordóñez, del grupo encinista, se ha percatado de entrada de que en la tesorería del partido no hay los recursos suficientes para sufragarla? Muy fácil, encontraron luego, luego los coordinadores parlamentarios del FAP en el Senado y en la Cámara de Diputados: que el IFE la organice —aunque tampoco estaría entre sus funciones— y que la Cámara de Diputados apruebe una partida presupuestal extraordinaria para financiarla, además de que “la UNAM y organizaciones cívicas (así, en general) elaboren las preguntas para la consulta”. También apoyará la Asamblea de Representantes del D. F.
Pero el Partido Convergencia, integrante del FAP, también echa su cuarto a espadas: su presidente, Luis Maldonado, informa de la realización, la próxima semana, de diversos foros sobre el tema energético y de una consulta vía electrónica a 2,500 especialistas del sistema nacional de investigadores, a los que ese partido solicitará su opinión en los ámbitos jurídico, económico y técnico respecto a la iniciativa del gobierno federal.
Como no existen bases jurídicas precisas para esta consulta sobre el tema petrolero, Ebrard hace lo indecible para adaptar forzadamente a ese fin otras disposiciones. Primero, la Ley de Participación Ciudadana del DF, ordenamiento relegado por las autoridades del D.F. para todos los efectos prácticos, que “tiene por objeto instituir y regular los mecanismos e instrumentos de participación y las figuras de representación ciudadana, a través de los cuales las y los habitantes pueden organizarse para relacionarse entre sí y con los distintos órganos de gobierno del Distrito Federal”, y que en su artículo 42 habla de “Consulta Vecinal”. Luego, cuando aparece que aquella ley no se adapta fácilmente al ejercicio, echa mano del Artículo 26 constitucional, que tiene que ver más bien con el proceso de planeación del desarrollo.
Si de participación ciudadana se trata en esta capital, es importante señalar el olvido de las autoridades en la renovación de las jefaturas de manzana y, en cuanto a la Ley de Participación Ciudadana, de las “Asambleas Ciudadanas”, integradas con los habitantes de cada “Unidad Territorial” (colonias, por decirlo así), que deben ser “instrumento permanente de información, análisis, consulta, deliberación y decisión de los asuntos de carácter social, colectivo o comunitario; así como para la revisión y seguimiento de los programas y políticas públicas a desarrollarse en su Unidad Territorial”.
Como se asienta en las conclusiones del “Primer Foro La Participación Ciudadana en el Distrito Federal”, organizado por el IEDF en diciembre de 2006: “Los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana difícilmente permiten el involucramiento directo de los ciudadanos en los procesos decisorios, defensa y construcción de derechos…”. “La funcionalidad de los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana se dificulta por la ineficiencia del aparato gubernamental, los vacíos en la normatividad y las dificultades fácticas resultantes de la voluntad política de las autoridades”.
Así pues, antes que participar en consultas sobre reforma petrolera, los habitantes de esta metrópolis tenemos un rico filón para explorar en la efectividad de la Ley de Participación Ciudadana, que nos permita ejercer verdaderamente los importantes derechos de la cultura democrática para la contraloría de los actos de gobierno, que se nos están escamoteando.
Mientras tanto, algunas mentes agudas en el gobierno del presidente Calderón tratan, por su lado, de convencer a la opinión pública sobre las bondades
de su iniciativa de reforma petrolera… a punta de sosos spots en la televisión o de “monitos” repartidos gratuitamente en los puestos de periódicos.
huertajj02@hotmail.com
pliegodejjhuerta.~~~~~~~~.com
¿Qué se trae Ebrard?
Por: Juan José Huerta | Opinión Viernes 6 de Junio de 2008 | Hora de publicación: 05:34
Bueno, ya está claro: es una lástima, pero el Jefe de Gobierno de la ciudad de México Marcelo Ebrard ya actúa como el gran destapado para la “grande” del 2012: a la menor oportunidad opina sobre todos los asuntos nacionales, multiplica las apariciones para la foto mediática a propósito de ideas rancheras más allá de los problemas de esta metrópoli, playas, pistas de hielo, “azoteas verdes” (curiosa lógica ecológica: se destruyen áreas verdes para construir cualquier cosa —módulos de seguridad, almacenes, garages de
vehículos públicos— y en áreas construidas se instalan, a gran costo, “azoteas verdes”).
El Jefe de Gobierno hace a un lado o les baja el tono a los proyectos provechosos que había iniciado pero que van siendo problemáticos para su candidatura (ambulantes, espectaculares, recuperación de espacios públicos), para lanzarse a los que adornan, donde hay mucho presupuesto por asignar y mucho por privatizar (túneles, circuitos bicentenarios, distribuidores viales). Y ahora… organiza consultas sobre la reforma petrolera.
Lo dramático es que no alcance a vislumbrar que sus aspiraciones tienen enfrente dos formidables obstáculos (aparte de cualquier reserva jurídica): el más evidente, las ambiciones del “legítimo”, quien, salvo una hecatombe, no lo dejará pasar, a pesar de que se le ha aliado incondicionalmente, o quizá por eso. Pero el obstáculo mayor, el que no librará de ninguna manera, es la reserva de sensatez en todo México —que no se reduce, como cree, al núcleo de apoyo que tiene en la ciudad de México y alrededores— que no validará para nada que una figura política de tan alto nivel siga conduciéndose en la fantasía del no reconocimiento al gobierno verdaderamente legítimo —“conforme a las leyes”—, en violación absoluta del sistema institucional que nos rige.
Al proponer en el foro del Senado la consulta acerca de la reforma petrolera, y darse cuenta de que sería sobre una iniciativa del Ejecutivo, que “desconoce”, Ebrard deslindó: “lo que tenemos de Ejecutivo”. A ese paso, es capaz de llegar al extremo del maestro Porfirio Muñoz Ledo, que pide la remoción (“por cualquiera de las vías previstas en la Constitución”, se cubre) del presidente Felipe Calderón. Si Ebrard lo hiciera, probablemente encontraría el aplauso fácil entre las huestes lopezobradoristas de esta ciudad y sus alrededores, pero a nivel nacional es evidente que la gran mayoría consideraría que sigue fuera de la jugada seria. Para el 2012 los electores serán mucho más cuerdos y se preguntarán ¿cómo es posible que quiera ser presidente constitucional un político que se la ha pasado los últimos seis años en desafío abierto a este marco, sobre todo tan fuera de los tercos hechos y sin la fuerza mínima (aparte de la pose) para tratar en verdad de cambiarlos?
Para satisfacer a López Obrador, pero en un pésimo cálculo político, y con mucha improvisación, Ebrard lanza pues en el D.F., el próximo 27 de julio, una consulta pública sacada de la manga sobre la iniciativa de reforma petrolera. Trata de arrastrar con él, para que realicen la consulta en sus respectivas localidades, a gobernadores de estados de la república, o a presidentes municipales, mismos que, salvo uno que otro igualmente fuera de foco, no van a caer en el garlito del “gobierno de la opinión pública”, cuando incluso Cuauhtémoc Cárdenas, de su propio partido, en entrevista con W Radio la semana pasada, mostró su escepticismo al decir “la decisión final la tienen, sin duda, los legisladores, más allá de cualquier medida política que se tome o que no se tome”.
En la consulta, se trata de involucrar indebidamente como organizador al Instituto Electoral del Distrito Federal, que es, según el Código Electoral local, el “organismo público autónomo depositario de la autoridad electoral” (subrayado mío), cuyas funciones son las de organizar las elecciones para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y jefes delegacionales, y que entre sus fines y acciones no cuenta con la de organizar consultas a la opinión pública sobre temas nacionales, por más importantes que éstos puedan ser.
Como es poco probable que el IEDF acceda en definitiva a organizar la consulta pública, se le lanza después la pelota ¡al Partido de la Revolución Democrática!, que todavía no acaba de salir de la grave crisis en que se enredó con las elecciones internas del 16 de marzo, que lo ha dejado profundamente dividido en dos campos irreconciliables, uno de ellos al que pertenece el jefe de gobierno Ebrard. ¿Está en este momento el PRD en posición y con la credibilidad suficiente para la pretendida consulta?
¿Y quién la pagaría, si el nuevo secretario de Finanzas del PRD, Rigoberto Ávila Ordóñez, del grupo encinista, se ha percatado de entrada de que en la tesorería del partido no hay los recursos suficientes para sufragarla? Muy fácil, encontraron luego, luego los coordinadores parlamentarios del FAP en el Senado y en la Cámara de Diputados: que el IFE la organice —aunque tampoco estaría entre sus funciones— y que la Cámara de Diputados apruebe una partida presupuestal extraordinaria para financiarla, además de que “la UNAM y organizaciones cívicas (así, en general) elaboren las preguntas para la consulta”. También apoyará la Asamblea de Representantes del D. F.
Pero el Partido Convergencia, integrante del FAP, también echa su cuarto a espadas: su presidente, Luis Maldonado, informa de la realización, la próxima semana, de diversos foros sobre el tema energético y de una consulta vía electrónica a 2,500 especialistas del sistema nacional de investigadores, a los que ese partido solicitará su opinión en los ámbitos jurídico, económico y técnico respecto a la iniciativa del gobierno federal.
Como no existen bases jurídicas precisas para esta consulta sobre el tema petrolero, Ebrard hace lo indecible para adaptar forzadamente a ese fin otras disposiciones. Primero, la Ley de Participación Ciudadana del DF, ordenamiento relegado por las autoridades del D.F. para todos los efectos prácticos, que “tiene por objeto instituir y regular los mecanismos e instrumentos de participación y las figuras de representación ciudadana, a través de los cuales las y los habitantes pueden organizarse para relacionarse entre sí y con los distintos órganos de gobierno del Distrito Federal”, y que en su artículo 42 habla de “Consulta Vecinal”. Luego, cuando aparece que aquella ley no se adapta fácilmente al ejercicio, echa mano del Artículo 26 constitucional, que tiene que ver más bien con el proceso de planeación del desarrollo.
Si de participación ciudadana se trata en esta capital, es importante señalar el olvido de las autoridades en la renovación de las jefaturas de manzana y, en cuanto a la Ley de Participación Ciudadana, de las “Asambleas Ciudadanas”, integradas con los habitantes de cada “Unidad Territorial” (colonias, por decirlo así), que deben ser “instrumento permanente de información, análisis, consulta, deliberación y decisión de los asuntos de carácter social, colectivo o comunitario; así como para la revisión y seguimiento de los programas y políticas públicas a desarrollarse en su Unidad Territorial”.
Como se asienta en las conclusiones del “Primer Foro La Participación Ciudadana en el Distrito Federal”, organizado por el IEDF en diciembre de 2006: “Los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana difícilmente permiten el involucramiento directo de los ciudadanos en los procesos decisorios, defensa y construcción de derechos…”. “La funcionalidad de los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana se dificulta por la ineficiencia del aparato gubernamental, los vacíos en la normatividad y las dificultades fácticas resultantes de la voluntad política de las autoridades”.
Así pues, antes que participar en consultas sobre reforma petrolera, los habitantes de esta metrópolis tenemos un rico filón para explorar en la efectividad de la Ley de Participación Ciudadana, que nos permita ejercer verdaderamente los importantes derechos de la cultura democrática para la contraloría de los actos de gobierno, que se nos están escamoteando.
Mientras tanto, algunas mentes agudas en el gobierno del presidente Calderón tratan, por su lado, de convencer a la opinión pública sobre las bondades
de su iniciativa de reforma petrolera… a punta de sosos spots en la televisión o de “monitos” repartidos gratuitamente en los puestos de periódicos.
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