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O a partir a este artículo se convertirá en "traidor" de facto. 
18-Jul-2008
Horizonte político
José A. Crespo
Los riesgos de la consulta
En principio, la idea de realizar una consulta ciudadana en torno a la reforma petrolera se constituyó como un acierto estratégico de Andrés López Obrador, Marcelo Ebrard y el FAP en general. Pese a no ser legalmente vinculante, tiene un potencial político enorme. Permite exhibir a los promotores de la reforma calderonista como reticentes a “oír al pueblo”, sea por temor a que la mayoría esté en contra o bien por desdén a la opinión ciudadana. Lo cual ayuda a fortalecer el discurso de que la reforma se hará a “espaldas del pueblo”.
Al público en general, la democracia participativa le parece más democrática (valga la redundancia) que la democracia representativa. Los promotores de la consulta, por ende, se presentan como más democráticos y sensibles a la voluntad ciudadana que quienes quieren dejar una decisión con gran simbolismo histórico entre 600 legisladores. Y por eso mismo López Obrador ha adelantado que habrá nuevas movilizaciones si a los legisladores se les ocurre votar en sentido contrario a lo que determine esa consulta (lo que equivale a darle políticamente un carácter vinculante a un ejercicio que jurídicamente no lo tiene).
Sin embargo, la apuesta por la consulta también conlleva riesgos: su éxito como ariete político no está garantizado. Podría incluso convertirse en un bumerán que golpee a sus impulsores. Quienes se oponen a la consulta (que en general coinciden con quienes están esencialmente a favor de la reforma petrolera) buscan desde ahora todos sus flancos débiles para desacreditarla. Lo cual no es tan difícil. Eso, por las siguientes razones:
1) Al convocar la consulta, no el conjunto de los partidos —y menos el gobierno federal—, sino una coalición antirreforma —y el gobierno capitalino—, incluso el público, que en principio quisiera expresar su opinión, la verá como un proceso sesgado de origen. Van a participar muchos de quienes están contra la reforma, pero difícilmente lo harán quienes en general aprueban la misma. Eso sería como hacer el caldo gordo a los enemigos de la reforma y darle nuevos misiles a quienes quieren enterrarla. Por lo cual, la probabilidad es que participen algunos (que no todos) de quienes reprueban la reforma y muy pocos (si acaso alguno) de quienes la aprueban. De ser correcto ese pronóstico, el resultado será soviético: 95% de los consultados contra la reforma frente a 5% de quienes la ven bien. En esa medida, la consulta será todo menos representativa. Lo mejor que podría pasarle a quienes la promueven es que muchos de quienes aprueban la reforma calderonista participaran. Un 60-40 sería mucho más creíble —y políticamente más potente— que un 95-5. En ese sentido, el gobierno capitalino debería ayudar a la dirigente panista en el DF, Mariana Gómez del Campo, a convencer a quienes aprueban la reforma a concurrir a las urnas.
2) El hecho mismo de que la consulta sea promovida y organizada sólo por una coalición, y no por todos los partidos, generará también la duda sobre la fidelidad del resultado. Si en elecciones generales, las casillas que registran representantes de un solo partido arrojan una votación promedio superior a favor del partido representado, ¿no se podría dar esto en mayor medida en una “casilla nacional” con representación de una sola coalición, sin presencia de los demás partidos? Y si llegara a haber irregularidades (para cuya vigilancia, detección y eventual corrección o anulación habrá una Auditoría Ciudadana), ¿a quién atribuirlas? ¿A los partidos que se oponen a la consulta para reventarla, en medio de una organización frágil? Podría ser. ¿O se culpabilizaría a grupos dentro del PRD, dado el monumental conflicto que enfrenta ese partido? Hay ahí tribus interesadas en debilitar la posición de López Obrador y Ebrard, que podrían ver en el fracaso de la consulta una inmejorable oportunidad para ese fin. Por eso las pláticas de Guadalupe Acosta Naranjo con el PRI y el PAN se ven desde el obradorismo como una forma de diluir el impacto de la consulta misma (y de la táctica política que está detrás). Y en efecto, tal como está diseñada la estrategia obradorista, una hipotética negociación entre partidos tendría que darse, si acaso, después de la consulta (para lo cual primero tendría que retirar el gobierno su iniciativa y asumir con ello una fuerte derrota política). En cambio, de tratarse de un referendo con valor vinculante, el proceso sería a la inversa: primero la negociación y después el aval (o rechazo) ciudadano en las urnas. De ahí las acusaciones obradoristas de que Acosta Naranjo está boicoteando la consulta.
3) Todos reconocen que las preguntas de la consulta eran clave para darle o no credibilidad. Y he aquí que las dos preguntas propuestas no cubren las necesidades para ello. Las críticas que de inmediato les propinó Pemex son certeras. La primera pregunta parte de una premisa falsa (que desinforma y, por ende, sesga): que los diversos procesos petroleros han estado en manos exclusivas del gobierno, sin participación de capital privado. La pregunta en cuestión pudo entonces formularse así: “¿Está de acuerdo, sí o no, en que el capital privado tenga mayor participación que en la actualidad en el proceso de transporte, refinación, almacenamiento (etcétera) de hidrocarburos?”. Y sobre la segunda pregunta, resultó demasiado compacta, pues es posible estar de acuerdo con alguna de las iniciativas y en desacuerdo con otras (asumiendo que se tiene más o menos clara cada una de ellas). De cualquier manera, todo indica que el propósito de esta consulta no es conocer la opinión del electorado, sino proporcionar una nueva justificación política para frustrar la reforma por la vía de la movilización callejera.
http://www.exonline.com.mx/diario/columna/289107
18-Jul-2008
Horizonte político
José A. Crespo
Los riesgos de la consulta
En principio, la idea de realizar una consulta ciudadana en torno a la reforma petrolera se constituyó como un acierto estratégico de Andrés López Obrador, Marcelo Ebrard y el FAP en general. Pese a no ser legalmente vinculante, tiene un potencial político enorme. Permite exhibir a los promotores de la reforma calderonista como reticentes a “oír al pueblo”, sea por temor a que la mayoría esté en contra o bien por desdén a la opinión ciudadana. Lo cual ayuda a fortalecer el discurso de que la reforma se hará a “espaldas del pueblo”.
Al público en general, la democracia participativa le parece más democrática (valga la redundancia) que la democracia representativa. Los promotores de la consulta, por ende, se presentan como más democráticos y sensibles a la voluntad ciudadana que quienes quieren dejar una decisión con gran simbolismo histórico entre 600 legisladores. Y por eso mismo López Obrador ha adelantado que habrá nuevas movilizaciones si a los legisladores se les ocurre votar en sentido contrario a lo que determine esa consulta (lo que equivale a darle políticamente un carácter vinculante a un ejercicio que jurídicamente no lo tiene).
Sin embargo, la apuesta por la consulta también conlleva riesgos: su éxito como ariete político no está garantizado. Podría incluso convertirse en un bumerán que golpee a sus impulsores. Quienes se oponen a la consulta (que en general coinciden con quienes están esencialmente a favor de la reforma petrolera) buscan desde ahora todos sus flancos débiles para desacreditarla. Lo cual no es tan difícil. Eso, por las siguientes razones:
1) Al convocar la consulta, no el conjunto de los partidos —y menos el gobierno federal—, sino una coalición antirreforma —y el gobierno capitalino—, incluso el público, que en principio quisiera expresar su opinión, la verá como un proceso sesgado de origen. Van a participar muchos de quienes están contra la reforma, pero difícilmente lo harán quienes en general aprueban la misma. Eso sería como hacer el caldo gordo a los enemigos de la reforma y darle nuevos misiles a quienes quieren enterrarla. Por lo cual, la probabilidad es que participen algunos (que no todos) de quienes reprueban la reforma y muy pocos (si acaso alguno) de quienes la aprueban. De ser correcto ese pronóstico, el resultado será soviético: 95% de los consultados contra la reforma frente a 5% de quienes la ven bien. En esa medida, la consulta será todo menos representativa. Lo mejor que podría pasarle a quienes la promueven es que muchos de quienes aprueban la reforma calderonista participaran. Un 60-40 sería mucho más creíble —y políticamente más potente— que un 95-5. En ese sentido, el gobierno capitalino debería ayudar a la dirigente panista en el DF, Mariana Gómez del Campo, a convencer a quienes aprueban la reforma a concurrir a las urnas.
2) El hecho mismo de que la consulta sea promovida y organizada sólo por una coalición, y no por todos los partidos, generará también la duda sobre la fidelidad del resultado. Si en elecciones generales, las casillas que registran representantes de un solo partido arrojan una votación promedio superior a favor del partido representado, ¿no se podría dar esto en mayor medida en una “casilla nacional” con representación de una sola coalición, sin presencia de los demás partidos? Y si llegara a haber irregularidades (para cuya vigilancia, detección y eventual corrección o anulación habrá una Auditoría Ciudadana), ¿a quién atribuirlas? ¿A los partidos que se oponen a la consulta para reventarla, en medio de una organización frágil? Podría ser. ¿O se culpabilizaría a grupos dentro del PRD, dado el monumental conflicto que enfrenta ese partido? Hay ahí tribus interesadas en debilitar la posición de López Obrador y Ebrard, que podrían ver en el fracaso de la consulta una inmejorable oportunidad para ese fin. Por eso las pláticas de Guadalupe Acosta Naranjo con el PRI y el PAN se ven desde el obradorismo como una forma de diluir el impacto de la consulta misma (y de la táctica política que está detrás). Y en efecto, tal como está diseñada la estrategia obradorista, una hipotética negociación entre partidos tendría que darse, si acaso, después de la consulta (para lo cual primero tendría que retirar el gobierno su iniciativa y asumir con ello una fuerte derrota política). En cambio, de tratarse de un referendo con valor vinculante, el proceso sería a la inversa: primero la negociación y después el aval (o rechazo) ciudadano en las urnas. De ahí las acusaciones obradoristas de que Acosta Naranjo está boicoteando la consulta.
3) Todos reconocen que las preguntas de la consulta eran clave para darle o no credibilidad. Y he aquí que las dos preguntas propuestas no cubren las necesidades para ello. Las críticas que de inmediato les propinó Pemex son certeras. La primera pregunta parte de una premisa falsa (que desinforma y, por ende, sesga): que los diversos procesos petroleros han estado en manos exclusivas del gobierno, sin participación de capital privado. La pregunta en cuestión pudo entonces formularse así: “¿Está de acuerdo, sí o no, en que el capital privado tenga mayor participación que en la actualidad en el proceso de transporte, refinación, almacenamiento (etcétera) de hidrocarburos?”. Y sobre la segunda pregunta, resultó demasiado compacta, pues es posible estar de acuerdo con alguna de las iniciativas y en desacuerdo con otras (asumiendo que se tiene más o menos clara cada una de ellas). De cualquier manera, todo indica que el propósito de esta consulta no es conocer la opinión del electorado, sino proporcionar una nueva justificación política para frustrar la reforma por la vía de la movilización callejera.
http://www.exonline.com.mx/diario/columna/289107
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