Los Cuentos de Hadas…
…y la Hipótesis terrible
Por René Delgado
La élite política se desinteresa del crimen que golpea a la ciudadanía, por una simple y sencilla razón: esa delincuencia no le disputa el monopolio del poder. Le interesa sólo acotar al narcotráfico porque, ése sí, le disputa el monopolio de la fuerza, del tributo, del territorio, de las relaciones exteriores y, últimamente, hasta el monopolio de la política.
Es terrible esa hipótesis pero, probablemente, constituye la respuesta a la interrogante que irrita hoy a una muy buena porción de la sociedad: ¿por qué el gobierno -entendiendo por éste al conjunto de los Poderes de la Unión y a su expresión federal, estatal, local y municipal- ha abandonado a la ciudadanía?
Ésa puede ser una parte de la respuesta, la otra parte es todavía más triste: la sociedad no acaba de alcanzar la condición de ciudadanía.
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Desde hace 10 años, presupuesto, burocracia (comprendiendo al número de efectivos policiales) y equipamiento en materia de seguridad pública van en aumento y, sin embargo, los índices delincuenciales son semejantes a los de hace una década.
En números redondos, hay medio millón de policías preventivos y ministeriales, federales, estatales y municipales. Esto es, alrededor de un policía por cada 200 habitantes y, sin embargo, la inseguridad pública prevalece. Esa cantidad de policías debería permitir saber hasta el número de hojas que caen de los árboles por día, pero la realidad es otra: la impunidad domina el paisaje.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, anualmente se cometen 12 millones de delitos, de los cuales sólo 1.2 millones se denuncian y, de éstos, sólo 120 mil concluyen en una sentencia. En otras palabras, sólo el 1 por ciento de los delitos se castiga. Mayor impunidad, no podría haber.
Por eso irrita profundamente que de a tiro por crimen con resonancia social, venga el discurso prometiendo radicalizar las penas. Cadena perpetua, pena de muerte, más años de cárcel forman parte de la cantilena con que la élite busca evadir su responsabilidad en la inseguridad pública. Se puede prometer lo que sea, pena de muerte doble o sencilla, porque el problema no está en el tamaño del castigo sino precisamente en la ausencia de éste. Si no se castiga a los criminales da igual prometer que, en caso dado, llegarán a la peor parte del purgatorio.
Así, en el colmo del cinismo, la élite política pasa del agravio a la burla sin que se le desdibuje la cara de fúnebre solemnidad.
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Sin importar su color o bandería, a la clase política le importa muy poco que a la sociedad le roben la vida, el coche, la cartera, sus cosas o que la lastimen porque, en el fondo, esos delincuentes no atentan contra ella.
A funcionarios, legisladores y jueces les da igual la gente porque, después de todo, como la rendición de cuentas no llega a la revocación del mandato, tan sólo una vez cada tres años -en la elección intermedia o en la presidencial- tienen que darle la cara a la sociedad que, por su parte, se asume sólo como electora pero no como ciudadana.
La reducción de la democracia a un simple ejercicio electoral le da a la clase política un amplísimo marco para desentenderse de los electores a quienes, desde luego, ni por asomo reconocen como ciudadanos. Qué va importar que los roben, los asalten, los secuestren, los lastimen o les quiten la vida.
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La preocupación y ocupación de la élite política frente al crimen sólo se concentra en aquella delincuencia que le disputa el poder.
Por eso se ha pervertido la función de las policías. No están para "servir y proteger" a la ciudadanía, están para "servir y proteger" a la élite política que, en estos días, ve cómo el narcotráfico le disputa sus dominios. ¿Cuáles dominios? Pues nada más y nada menos que el del monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza, sobre el cobro de tributos, sobre el control del territorio, sobre las relaciones exteriores y, desde luego, sobre la misma política. Ahí sí, cierran filas.
Nadie ignora que los cárteles del narcotráfico hoy tienen fuerza y capacidad de fuego, cobran tributos, controlan plazas y posiciones políticas, afectan y alteran las relaciones de México con la potencia del norte y, últimamente, compran, corrompen o incluyen en su industria a varios políticos.
Por eso, ahí sí, la élite política aplica toda la fuerza del Estado en contra de esos criminales pero no de aquellos que sólo golpean y lastiman a la sociedad. El punto es que para la élite política acotar a los cárteles del narcotráfico es un asunto de sobrevivencia.
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Lo peor de esto es que la sociedad -como contribuyente fiscal- paga el afán de la élite política por no perder su poder frente al crimen organizado y, a la vez, asume el sacrificio de ser la víctima del crimen... y de esa élite empoderada.
Dicho metafóricamente, el mes de julio se le fue a Marcelo Ebrard pidiendo disculpas a los deudos de la tragedia ocurrida en la discoteca News Divine, y el mes de agosto se le está yendo a Felipe Calderón en pedir disculpas encubiertas a la sociedad por el abandono y la muerte de algunos de sus integrantes. Pero pedir disculpas, nada les significa. Políticos, legisladores y jueces han transformado aquel bolero mexicano que dice que "la distancia es el olvido", ellos lo invirtieron procurando que "el olvido sea la distancia" para, luego, seguir en lo suyo: asegurar que nadie les dispute el monopolio del poder que, en su concepto, es su patrimonio exclusivo.
Y cuando las disculpas abiertas o encubiertas no acallan o acaban el malestar social, entonces, ofrendan a la sociedad la cabeza de algún funcionario para crear la idea de que se han tomado medidas radicales. Sacrifican a unos de los suyos, sin modificar un ápice el cuerpo que aquéllos encabezaban. Buscan desarrollar el sofisma de que la cabeza sostiene al cuerpo y no a la inversa.
Ahí está el descabezamiento de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría capitalina hace un mes. Ahí está el descabezamiento -hasta en eso se parecen- en las subprocuradurías de la PGR de hace una semana; y ahí está, como maniobra distractiva, la cabeza en el suelo de Eduardo Sojo que, por lo demás, hace tiempo debió haber rodado. Reestructurar a los cuerpos policiales para ponerlos al servicio de la ciudadanía es punto menos que imposible porque esas corporaciones, aun corruptas, sirven a esa clase política. No lo hacen por defensa propia.
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Más allá de filias y fobias políticas, la sociedad ha visto desfilar en la escala federal, estatal, local o federal al elenco de los partidos que -en funciones de gobierno, de cara al problema de la seguridad- no hay forma de distinguirlo. Son iguales porque, en esa materia, más allá de las diferencias, coinciden en que el monopolio del poder no puede ser sino de ellos... y no del narcotráfico como tampoco de la ciudadanía.
Mientras la sociedad no se asuma como ciudadanía y siga creyendo que esa condición se asume sólo por unas horas, un domingo de cada tres años, en calidad de elector, sin duda seguirá siendo víctima de la delincuencia y de una élite política que ha perdido la noción de su razón de ser.
La sociedad seguirá siendo objeto de agravio... y de burla.
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