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Mas allá del accidente
Salvador García Soto
Serpientes y Escaleras
06 de noviembre de 2008
Accidente o atentado, falló la seguridad
Empiezan a surgir datos, hechos, evidencias de que la trágica muerte de Mouriño estuvo rodeada de graves fallas en los protocolos para los funcionarios de alto nivel
Mientras Calderón se debate entre el duelo personal de perder un amigo y la apremiante decisión de un nombramiento que será clave para lo que resta de su gobierno (que todo indica se dará hasta el viernes), muchas versiones y especulaciones campean sobre la tragedia que costó la vida a Juan Camilo Mouriño y al menos a 12 personas más, entre funcionarios y civiles.
Si bien ninguna hipótesis puede descartarse, fue el propio Presidente quien
ordenó que se investigue a fondo qué pasó y abrió el abanico de causas más
allá del accidente. Y así empiezan a surgir datos, hechos, evidencias de que
la trágica muerte de Mouriño estuvo rodeada de graves fallas en los
protocolos de seguridad obligatorios para los funcionarios de ese nivel y de
los que es responsable el Estado Mayor Presidencial.
Al menos dos de esos protocolos obligatorios, especialmente en el momento de violencia por la guerra contra el narcotráfico, no se cumplieron o se relajaron de tal modo que pudieron vulnerar la seguridad de los funcionarios.
El primer protocolo que no se cumplió, a decir de expertos militares, fue el nulo resguardo que existió en el aeropuerto de San Luis Potosí, durante la llegada y el abordaje de regreso del secretario de Gobernación. En medio de una guerra declarada como la que se vive contra el narco, el Ejército debió estar cuidando en todo momento la terminal aeroportuaria, y en las imágenes que se difundieron del abordaje de regreso de Mouriño no se observa ningún resguardo militar.
Fue hasta las 20 horas del martes, una vez confirmada la muerte de Juan Camilo, que efectivos del Ejército llegaron a acordonar el aeropuerto junto con los peritos de la PGR que comenzaron a buscar evidencias en el lugar. ¿De quién fue la omisión?
La segunda falla grave de seguridad fue permitir que dos funcionarios del nivel del secretario de Gobernación y el ex fiscal antidrogas, José Luis Santiago Vasconcelos, viajaran juntos, en un mismo avión. Máxime cuando sobre el ex titular de la SIEDO pesaban conocidas amenazas de muerte del narcotráfico e incluso hubo intentos de atentados del cártel del Golfo y otros grupos del narco en al menos tres ocasiones, la más reciente el 17 de enero de este año. ¿No sabían los militares del EMP que custodiaban a Juan Camilo que eso es uno de los protocolos básicos en su labor?
El jefe de ayudantes, del EMP, Julio César Ramírez Dávalos, recién nombrado hace unas semanas cuando se cambió al anterior militar encargado de la seguridad de Mouriño, también falleció en el choque, pero alguien debió advertir del riesgo que representaba un viaje con dos funcionarios de ese nivel a bordo de la misma aeronave.
En el Estado Mayor Presidencial debieran explicar qué sucedió y por qué no se siguieron los protocolos de seguridad en momentos en que, se sabe, el gobierno está inmerso en una confrontación abierta y escalada contra los grupos del crimen organizado.
No se sabe aún si esta tragedia fue producto de una falla técnica, un error del piloto o si hubo un atentado de por medio. Eso lo arrojarán las investigaciones que tendrán que ofrecer resultados rápidos y contundentes si no quieren que se generalice, como en otros casos, la percepción y las suspicacias que descalifiquen de entrada la versión oficial.
Pero lo que sí está claro es que, para el nivel de funcionarios que viajaban en esa aeronave, y en el contexto de guerra que se libra en el país contra el narcotráfico, hubo serias fallas en la seguridad. Y de eso tendría que haber responsables.
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Salvador García Soto
Serpientes y Escaleras
06 de noviembre de 2008
Accidente o atentado, falló la seguridad
Empiezan a surgir datos, hechos, evidencias de que la trágica muerte de Mouriño estuvo rodeada de graves fallas en los protocolos para los funcionarios de alto nivel
Mientras Calderón se debate entre el duelo personal de perder un amigo y la apremiante decisión de un nombramiento que será clave para lo que resta de su gobierno (que todo indica se dará hasta el viernes), muchas versiones y especulaciones campean sobre la tragedia que costó la vida a Juan Camilo Mouriño y al menos a 12 personas más, entre funcionarios y civiles.
Si bien ninguna hipótesis puede descartarse, fue el propio Presidente quien
ordenó que se investigue a fondo qué pasó y abrió el abanico de causas más
allá del accidente. Y así empiezan a surgir datos, hechos, evidencias de que
la trágica muerte de Mouriño estuvo rodeada de graves fallas en los
protocolos de seguridad obligatorios para los funcionarios de ese nivel y de
los que es responsable el Estado Mayor Presidencial.
Al menos dos de esos protocolos obligatorios, especialmente en el momento de violencia por la guerra contra el narcotráfico, no se cumplieron o se relajaron de tal modo que pudieron vulnerar la seguridad de los funcionarios.
El primer protocolo que no se cumplió, a decir de expertos militares, fue el nulo resguardo que existió en el aeropuerto de San Luis Potosí, durante la llegada y el abordaje de regreso del secretario de Gobernación. En medio de una guerra declarada como la que se vive contra el narco, el Ejército debió estar cuidando en todo momento la terminal aeroportuaria, y en las imágenes que se difundieron del abordaje de regreso de Mouriño no se observa ningún resguardo militar.
Fue hasta las 20 horas del martes, una vez confirmada la muerte de Juan Camilo, que efectivos del Ejército llegaron a acordonar el aeropuerto junto con los peritos de la PGR que comenzaron a buscar evidencias en el lugar. ¿De quién fue la omisión?
La segunda falla grave de seguridad fue permitir que dos funcionarios del nivel del secretario de Gobernación y el ex fiscal antidrogas, José Luis Santiago Vasconcelos, viajaran juntos, en un mismo avión. Máxime cuando sobre el ex titular de la SIEDO pesaban conocidas amenazas de muerte del narcotráfico e incluso hubo intentos de atentados del cártel del Golfo y otros grupos del narco en al menos tres ocasiones, la más reciente el 17 de enero de este año. ¿No sabían los militares del EMP que custodiaban a Juan Camilo que eso es uno de los protocolos básicos en su labor?
El jefe de ayudantes, del EMP, Julio César Ramírez Dávalos, recién nombrado hace unas semanas cuando se cambió al anterior militar encargado de la seguridad de Mouriño, también falleció en el choque, pero alguien debió advertir del riesgo que representaba un viaje con dos funcionarios de ese nivel a bordo de la misma aeronave.
En el Estado Mayor Presidencial debieran explicar qué sucedió y por qué no se siguieron los protocolos de seguridad en momentos en que, se sabe, el gobierno está inmerso en una confrontación abierta y escalada contra los grupos del crimen organizado.
No se sabe aún si esta tragedia fue producto de una falla técnica, un error del piloto o si hubo un atentado de por medio. Eso lo arrojarán las investigaciones que tendrán que ofrecer resultados rápidos y contundentes si no quieren que se generalice, como en otros casos, la percepción y las suspicacias que descalifiquen de entrada la versión oficial.
Pero lo que sí está claro es que, para el nivel de funcionarios que viajaban en esa aeronave, y en el contexto de guerra que se libra en el país contra el narcotráfico, hubo serias fallas en la seguridad. Y de eso tendría que haber responsables.
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