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La prohibición para fumar en sitios públicos tiene motivos que parecen incuestionables. Sin embargo, la discusión en torno a las decisiones recientes del Senado y especialmente de la Asamblea Legislativa del DF, ha estado repleta de equívocos retóricos y fantochadas.
Por un lado se ha extendido, sin contexto crítico y a veces con más prejuicios que datos duros, una enardecida condena a los fumadores.
Nuestro país se ha incorporado —aunque resulta discutible que eso sea indicio de modernidad— a la corrección política que está de moda y que persigue los hábitos que la mayoría, o sus intérpretes, consideran nocivos.
No discutimos los efectos dañinos del tabaco. Evidentemente fumar mucho, hace mucho daño. También beber demasiado aunque solamente sea agua y comer en exceso pueden convertirse en prácticas incómodas para la salud. Sin embargo, se ha vuelto costumbre condenar al hecho en sí mismo de fumar, como si cada fumador hubiera decidido suicidarse a fuerza de inhalar consuetudinariamente.
Si así fuese, se trataría de una decisión que compete al albedrío de cada cual. Fumar, para quienes gustan hacerlo, puede ser una manera de disfrutar mejor la vida. Cada individuo debería tener plena libertad para consumir lo que le venga en gana siempre y cuando no afecte derechos ni libertades de los demás. Aquí es donde se suele incorporar un matiz harto razonable. Las exhalaciones de los fumadores pueden resultar incómodas y, en distinta medida y de acuerdo a cada circunstancia, pueden ser incluso malsanas para quienes los rodean.
El derecho de los fumadores entonces, y en eso todos estaremos de acuerdo, tiene como límite fundamental el derecho de quienes no fuman a no padecer, si no quieren, los humos del vecino.
Si de eso se trata, entonces la reglamentación acerca del uso del tabaco tendría que garantizar derechos de no fumadores pero también los de aquellos que deciden fumar. La medida más pertinente hubiera sido establecer la posibilidad de que algunos sitios públicos, como restaurantes y bares, fueran para fumadores. El acceso a ellos estaría limitado únicamente a mayores de edad.
Sin embargo la Asamblea Legislativa resolvió impedir del todo la opción de fumar en cualquier recinto público. Y el Senado aprobó una Ley para el Control del Tabaco que permite establecer zonas de fumar que serán auténticas reservaciones para segregar a quienes deseen consumir un cigarrillo: en ellas no se podrá comer, ni beber, ni nada más que apurar el pitillo (como dicen los españoles) con la culposa sensación de saberse en un gueto sanitario.
La votación de esas reformas estuvo acompañada de expresiones de rechazo testimonial por parte de los legisladores, tanto locales como federales, que estuvieron en desacuerdo con ellas. Algunos subieron a la tribuna cigarro en mano. Otros aseguraron que no acatarán tales reglas.
En varios casos fue estrecha la diferencia entre el berrinche y la patanería.
Erigidos por sí mismos en benefactores de la salud social unos y en valedores de sus costumbres nicotínicas los otros, casi todos han soslayado una de las implicaciones principales que tiene la prohibición al consumo de tabaco en público.
Nos referimos al ejercicio de responsabilidad personal que cada fumador podría y tendría que desplegar ante sus congéneres que no quieren aspirar tales emanaciones.
La discusión sobre las consecuencias fatídicas que puede tener la inhalación exagerada de nicotina o, por otra parte, las virtudes sociales, culturales o extasiantes del cigarrillo, son lo de menos ante la decisión de quienes se niegan a sobrellevar el humo de otros.
Para no molestar, los fumadores pueden preguntar a las personas que los rodean si les permiten o no encender un cigarrillo. Y éstas, desde luego, están en posibilidad de consentirlo o no. Después de todo así es la convivencia entre la gente. Aquello que quiero hacer pero puede incomodar a los demás, se los consulto y subordino el ejercicio de mis deseos a la aquiescencia de mis vecinos.
Esa es una de las claves de la civilización. Para vivir en comunidad (con-vivir) tenemos leyes pero también cultivamos hábitos de tolerancia y respeto. La mayor parte de los dilemas en la relación con otros los resolvemos merced a normas de urbanidad que son, también, pautas de coexistencia. Cuando fallan, entonces llega el momento para la aplicación de las leyes.
Los fumadores podrían disponer de espacios adecuados en los sitios públicos, o incluso de recintos en donde se pueda fumar sin restricción territorial alguna. Nadie se molestaría si alguien enciende un cigarrillo en un lugar de esa índole y la libertad de los que fuman sería compatible con la de quienes no desean hacerlo. Las nuevas disposiciones, sin embargo, cancelan esa posibilidad de convivencia.
La prohibición de los derechos de una minoría en aras del derecho de la mayoría se justifica cuando no hay oportunidad de arreglo entre una y otra. Sería inaceptable que se admitieran las aficiones gastronómicas de un grupo de caníbales, o las preferencias sexuales
de los pederastas.
Pero en costumbres respecto de las cuales puede haber acuerdos razonables, no solo es posible sino además resulta deseable que haya entendimiento. Propiciar la transacción social es una de las variadas rutas hacia la construcción de ciudadanía.
Y al contrario, sustituir el acuerdo por la restricción debilita o mantiene estancada la cultura cívica.
Prohibir, por lo general, solamente inhibe pero no persuade.
Con los menores de edad hay que impedir cualquier consumo potencialmente nocivo e incorporar el entendimiento de estos temas, pero también de la tolerancia y el respeto, como parte de la educación fundamental.
Hacia los adultos, que están en capacidad para determinar qué fuman o dejan de fumar, una política racional contra los efectos que ocasiona el uso desmedido del tabaco podría ofrecer explicaciones e información abundantes.
La proscripción, en cambio, no es solución a mediano plazo.
En un libro maravilloso que toma claro partido por el consumo libre de tabaco (Los cigarrillos son sublimes) Richard Klein recuerda: “La represión del tabaco suele garantizar su regreso bajo una forma mucho más virulenta. La demonización de un hábito por sus efectos nocivos para la salud lo convierte en algo irresistible, lo envuelve con la seducción del vicio y el poderoso atractivo de lo que debe permanecer oculto. La censura estimula irremisiblemente la práctica que se propone inhibir y, por lo general, la vuelve más compulsiva, precisamente por su clandestinidad”.
La prohibición contra los fumadores también debilita el ejercicio de la ciudadanía por las fuertes cargas de fundamentalismo conservador que a menudo la acompañan. No queremos decir que todos los que se oponen a que se fume en público practican una suerte de fascismo sanitario.
Pero en la prepotencia de muchos de quienes promueven y aplauden esa interdicción hay un sesgo de intolerancia que vale la pena señalar aunque implique asumir una postura políticamente incorrecta.
El fanatismo constituye la peor forma de ceguera porque se asume de manera voluntaria. El fanático se considera cruzado de una causa en aras de la cual todo se vale. Peor aún, con frecuencia la causa queda desplazada por el combate contra todo aquello que la rodea. Los fanáticos del antitabaquismo en ocasiones pasan de la defensa de sus pulmones, a la negación del cigarrillo como parte de las costumbres sociales. Inclusive llegan a falsear la historia.
Hace tres años, cuando Francia celebró el centenario del nacimiento de Jean Paul Sartre, los organizadores de aquellos festejos mandaron hacer un cartel para promover una exposición en la Biblioteca Nacional. Allí aparecía fotografiado el agudo filósofo existencialista con la mirada miope,
la frente ancha, el saco de tweed y un extraño ademán en la mano derecha.
Pronto se supo que los autores del cartel habían mutilado la fotografía original para quitarle a Sartre el característico cigarrillo que siempre portaba, prácticamente como señal de identidad. Aquel Sartre no fumador era una caricatura del original: una imagen desnaturalizada por la manía del antitabaquismo.
Abundan los ejemplos de esa asociación entre prohibicionismo antitabaco e intolerancia social, histórica, política incluso. Ese dejo de suficiencia que exhiben algunos defensores de las prohibiciones recientes difícilmente estará al servicio de asuntos o causas más relevantes.
Fernando Savater, en un artículo publicado en enero de 2006, lo explica de manera inmejorable: “Lo peor de todo, a mi vicioso entender, es el airecillo virtuoso que rodea la proclamación ufana de estas medidas. Tal como señaló Chesterton: ‘Si hay algo peor que el debilitamiento moderno de los grandes principios morales es el reforzamiento de los pequeños principios morales’. En efecto, nuestra sociedad se va haciendo cada vez más virtuosa, pero con una uve cada vez más minúscula”.
trejoraul@gmail.com
Blog:http://sociedad.wordpress.com
Por un lado se ha extendido, sin contexto crítico y a veces con más prejuicios que datos duros, una enardecida condena a los fumadores.
Nuestro país se ha incorporado —aunque resulta discutible que eso sea indicio de modernidad— a la corrección política que está de moda y que persigue los hábitos que la mayoría, o sus intérpretes, consideran nocivos.
No discutimos los efectos dañinos del tabaco. Evidentemente fumar mucho, hace mucho daño. También beber demasiado aunque solamente sea agua y comer en exceso pueden convertirse en prácticas incómodas para la salud. Sin embargo, se ha vuelto costumbre condenar al hecho en sí mismo de fumar, como si cada fumador hubiera decidido suicidarse a fuerza de inhalar consuetudinariamente.
Si así fuese, se trataría de una decisión que compete al albedrío de cada cual. Fumar, para quienes gustan hacerlo, puede ser una manera de disfrutar mejor la vida. Cada individuo debería tener plena libertad para consumir lo que le venga en gana siempre y cuando no afecte derechos ni libertades de los demás. Aquí es donde se suele incorporar un matiz harto razonable. Las exhalaciones de los fumadores pueden resultar incómodas y, en distinta medida y de acuerdo a cada circunstancia, pueden ser incluso malsanas para quienes los rodean.
El derecho de los fumadores entonces, y en eso todos estaremos de acuerdo, tiene como límite fundamental el derecho de quienes no fuman a no padecer, si no quieren, los humos del vecino.
Si de eso se trata, entonces la reglamentación acerca del uso del tabaco tendría que garantizar derechos de no fumadores pero también los de aquellos que deciden fumar. La medida más pertinente hubiera sido establecer la posibilidad de que algunos sitios públicos, como restaurantes y bares, fueran para fumadores. El acceso a ellos estaría limitado únicamente a mayores de edad.
Sin embargo la Asamblea Legislativa resolvió impedir del todo la opción de fumar en cualquier recinto público. Y el Senado aprobó una Ley para el Control del Tabaco que permite establecer zonas de fumar que serán auténticas reservaciones para segregar a quienes deseen consumir un cigarrillo: en ellas no se podrá comer, ni beber, ni nada más que apurar el pitillo (como dicen los españoles) con la culposa sensación de saberse en un gueto sanitario.
La votación de esas reformas estuvo acompañada de expresiones de rechazo testimonial por parte de los legisladores, tanto locales como federales, que estuvieron en desacuerdo con ellas. Algunos subieron a la tribuna cigarro en mano. Otros aseguraron que no acatarán tales reglas.
En varios casos fue estrecha la diferencia entre el berrinche y la patanería.
Erigidos por sí mismos en benefactores de la salud social unos y en valedores de sus costumbres nicotínicas los otros, casi todos han soslayado una de las implicaciones principales que tiene la prohibición al consumo de tabaco en público.
Nos referimos al ejercicio de responsabilidad personal que cada fumador podría y tendría que desplegar ante sus congéneres que no quieren aspirar tales emanaciones.
La discusión sobre las consecuencias fatídicas que puede tener la inhalación exagerada de nicotina o, por otra parte, las virtudes sociales, culturales o extasiantes del cigarrillo, son lo de menos ante la decisión de quienes se niegan a sobrellevar el humo de otros.
Para no molestar, los fumadores pueden preguntar a las personas que los rodean si les permiten o no encender un cigarrillo. Y éstas, desde luego, están en posibilidad de consentirlo o no. Después de todo así es la convivencia entre la gente. Aquello que quiero hacer pero puede incomodar a los demás, se los consulto y subordino el ejercicio de mis deseos a la aquiescencia de mis vecinos.
Esa es una de las claves de la civilización. Para vivir en comunidad (con-vivir) tenemos leyes pero también cultivamos hábitos de tolerancia y respeto. La mayor parte de los dilemas en la relación con otros los resolvemos merced a normas de urbanidad que son, también, pautas de coexistencia. Cuando fallan, entonces llega el momento para la aplicación de las leyes.
Los fumadores podrían disponer de espacios adecuados en los sitios públicos, o incluso de recintos en donde se pueda fumar sin restricción territorial alguna. Nadie se molestaría si alguien enciende un cigarrillo en un lugar de esa índole y la libertad de los que fuman sería compatible con la de quienes no desean hacerlo. Las nuevas disposiciones, sin embargo, cancelan esa posibilidad de convivencia.
La prohibición de los derechos de una minoría en aras del derecho de la mayoría se justifica cuando no hay oportunidad de arreglo entre una y otra. Sería inaceptable que se admitieran las aficiones gastronómicas de un grupo de caníbales, o las preferencias sexuales
de los pederastas.
Pero en costumbres respecto de las cuales puede haber acuerdos razonables, no solo es posible sino además resulta deseable que haya entendimiento. Propiciar la transacción social es una de las variadas rutas hacia la construcción de ciudadanía.
Y al contrario, sustituir el acuerdo por la restricción debilita o mantiene estancada la cultura cívica.
Prohibir, por lo general, solamente inhibe pero no persuade.
Con los menores de edad hay que impedir cualquier consumo potencialmente nocivo e incorporar el entendimiento de estos temas, pero también de la tolerancia y el respeto, como parte de la educación fundamental.
Hacia los adultos, que están en capacidad para determinar qué fuman o dejan de fumar, una política racional contra los efectos que ocasiona el uso desmedido del tabaco podría ofrecer explicaciones e información abundantes.
La proscripción, en cambio, no es solución a mediano plazo.
En un libro maravilloso que toma claro partido por el consumo libre de tabaco (Los cigarrillos son sublimes) Richard Klein recuerda: “La represión del tabaco suele garantizar su regreso bajo una forma mucho más virulenta. La demonización de un hábito por sus efectos nocivos para la salud lo convierte en algo irresistible, lo envuelve con la seducción del vicio y el poderoso atractivo de lo que debe permanecer oculto. La censura estimula irremisiblemente la práctica que se propone inhibir y, por lo general, la vuelve más compulsiva, precisamente por su clandestinidad”.
La prohibición contra los fumadores también debilita el ejercicio de la ciudadanía por las fuertes cargas de fundamentalismo conservador que a menudo la acompañan. No queremos decir que todos los que se oponen a que se fume en público practican una suerte de fascismo sanitario.
Pero en la prepotencia de muchos de quienes promueven y aplauden esa interdicción hay un sesgo de intolerancia que vale la pena señalar aunque implique asumir una postura políticamente incorrecta.
El fanatismo constituye la peor forma de ceguera porque se asume de manera voluntaria. El fanático se considera cruzado de una causa en aras de la cual todo se vale. Peor aún, con frecuencia la causa queda desplazada por el combate contra todo aquello que la rodea. Los fanáticos del antitabaquismo en ocasiones pasan de la defensa de sus pulmones, a la negación del cigarrillo como parte de las costumbres sociales. Inclusive llegan a falsear la historia.
Hace tres años, cuando Francia celebró el centenario del nacimiento de Jean Paul Sartre, los organizadores de aquellos festejos mandaron hacer un cartel para promover una exposición en la Biblioteca Nacional. Allí aparecía fotografiado el agudo filósofo existencialista con la mirada miope,
la frente ancha, el saco de tweed y un extraño ademán en la mano derecha.
Pronto se supo que los autores del cartel habían mutilado la fotografía original para quitarle a Sartre el característico cigarrillo que siempre portaba, prácticamente como señal de identidad. Aquel Sartre no fumador era una caricatura del original: una imagen desnaturalizada por la manía del antitabaquismo.
Abundan los ejemplos de esa asociación entre prohibicionismo antitabaco e intolerancia social, histórica, política incluso. Ese dejo de suficiencia que exhiben algunos defensores de las prohibiciones recientes difícilmente estará al servicio de asuntos o causas más relevantes.
Fernando Savater, en un artículo publicado en enero de 2006, lo explica de manera inmejorable: “Lo peor de todo, a mi vicioso entender, es el airecillo virtuoso que rodea la proclamación ufana de estas medidas. Tal como señaló Chesterton: ‘Si hay algo peor que el debilitamiento moderno de los grandes principios morales es el reforzamiento de los pequeños principios morales’. En efecto, nuestra sociedad se va haciendo cada vez más virtuosa, pero con una uve cada vez más minúscula”.
trejoraul@gmail.com
Blog:http://sociedad.wordpress.com
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