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Ahora sale Felipillo a llorar complot internacional contra sus instituciones jajaja
Juzga corte internacional a México por 3 homicidios de mujeres
La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició ayer en Santiago de Chile las audiencias del juicio que sigue en contra del Estado mexicano por los homicidios de tres de las ocho mujeres localizadas en noviembre de 2001 en un predio conocido como “campo algodonero”.
Esta es la primera vez que casos de homicidios de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez se exponen ante un tribunal internacional y que se acusa a un Estado de violar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, suscrita en la localidad de Belem, Brasil.
El caso se sigue luego de que el 4 de noviembre de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte una demanda en contra del Estado mexicano en relación con los casos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.
De acuerdo con información oficial difunda por la Corte sobre el denominado “Caso González y otras (‘Campo Algodonero’)”, se culpa al Estado de haber incurrido en responsabilidad internacional por la presunta falta de medidas de protección a las presuntas víctimas, dos de las cuales eran menores de edad.
También por la falta de prevención de estos crímenes, falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición de las víctimas, falta de diligencia en la investigación de los asesinatos de las víctimas, por la denegación de justicia y falta de reparación adecuada a favor de sus familiares.
Las audiencias públicas de este caso iniciaron con una sesión de ocho horas que se dividió en dos etapas. Según difundieron agencias noticiosas nacionales y extranjeras, los siete jueces que conforman la Corte escucharon los relatos de las madres de las víctimas y de dos peritos involucrados en el caso.
Las tres madres narraron sus historias a partir de la desaparición de sus hijas, las gestiones que realizaron en su búsqueda y la conducción de las investigaciones después del hallazgo de los cuerpos.
Josefina González Rodríguez, madre de Claudia Ivette, expuso sobre los obstáculos que enfrentó en la búsqueda de justicia y las consecuencias en su vida personal y familiar de las violaciones a los derechos humanos sufridos por su hija.
Mientras que Irma Monreal Jaime y Benita Monárrez Salgado, madres de Esmeralda y Laura Berenice, respectivamente, contaron el tortuoso y confuso proceso de identificación de sus hijas, el manejo de los apoyos dados por el gobierno, la negligencia de las autoridades y la presión de la que fueron víctimas por parte de las autoridades.
La agencia de noticias AFP difundió ayer que Benita Monárrez pidió a los jueces hacer justicia por su hija y todas las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en tanto que Irma y Josefina denunciaron que “nunca se investigó bien” y que a ocho años de la desaparición de las jóvenes “se siguen violando sus derechos”.
Las audiencias de este caso continuarán hoy durante cuatro horas, cuando se esperan los alegatos finales de los abogados de las dos partes y cuando la Corte dará a conocer los tiempos y formas en las que se dictará la sentencia definitiva del caso.
Después de estas audiencias se tiene contemplado un plazo de 40 días para que las partes presenten pruebas y argumentos finales, porque la resolución del caso se espera para noviembre de este año o a más tardar a principios de 2010.
De fallar a favor de los demandantes, se espera el resarcimiento del daño de las víctimas, así como un pronunciamiento de la Corte para que se investiguen estos hechos y se sancione a los responsables.
Argumentos y pruebas de las partes
Las víctimas están representadas por varias organizaciones de abogados y derechohumanistas locales, nacionales e internacionales.
A Esmeralda Herrera la representan la Asociación Nacional de Abogados Democráticos A. C. y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer; mientras que a Claudia Ivette y a Laura Berenice las respaldan la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A. C.
Los representantes aseguraron en la demanda que a las víctimas “se les ha violado su derecho a la dignidad y a la honra, al fomentar una actitud de desprecio por parte de la autoridad hacia las víctimas, mediante preguntas y observaciones prejuiciosas a ciertos familiares al momento de sus denuncias, así como al realizar declaraciones públicas ofensivas”.
Además, alegaron que “también sufrieron tortura física y sexual antes de su muerte” y que el Estado, “al dejar de actuar para buscarlas efectivamente”, también ha violado el derecho a la libertad personal de aquéllas y de las dos víctimas que continúan desaparecidas.
En su defensa, el Estado mexicano reconoció el contexto de violencia que se localiza en Ciudad Juárez, Chihuahua y reconoció también que “en la primera etapa de las investigaciones, entre el 2001 y el 2003, se presentaron irregularidades” que afectaron la integridad psíquica y dignidad de los familiares de las presuntas víctimas.
Sin embargo, señaló que “a partir del año 2004, se subsanaron plenamente las irregularidades, se reintegraron los expedientes y se reiniciaron las investigaciones”, y se avanzó en “una profunda reforma al sistema de justicia en el estado de Chihuahua y, en particular, Ciudad Juárez”.
Asimismo, indicó que las familias de las presuntas víctimas fueron reparadas, por lo que solicitó a la Corte que declare sin lugar el resto de las alegaciones, reconozca los esfuerzos realizados para reparar a los familiares y lo acompañe en el proceso de solución amistosa ofrecido para otorgar una reparación adicional.
Como pruebas de descargo que el Gobierno del Estado de Chihuahua presentará ante la Corte durante las audiencias, según se dio a conocer, se encuentran una serie de documentos y actas notariales en las que hace constar que los familiares de las tres víctimas que promovieron esta demanda han recibido apoyos tanto económicos como materiales por una suma de un millón 601 mil 835 pesos con 80 centavos.
De acuerdo con documentos oficiales del gobierno estatal a los que se tuvo acceso, a los familiares de las víctimas les han entregado desde indemnizaciones económicas, pensiones y apoyo para los gastos funerarios, hasta viviendas, becas escolares y servicios médicos gratuitos, así como ayuda financiera y legal para abrir negocios y asociaciones civiles.
El alegato a favor del gobierno de Chihuahua correrá a cargo Mara Galindo López, directora de Atención a Víctimas de la Zona Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (PGJE).
Los “apoyos” del Estado
De acuerdo con la documentación notarial que será expuesta en la Corte, Benita Monárrez ha recibido apoyos económicos por 551 mil 874 pesos con 27 centavos; en esa suma se incluye una indemnización en efectivo por 136 mil 656 pesos.
En este caso, agrega el documento, también se ayudó al hermano mayor de Laura Berenice, Daniel Ramos Canales, a quien también le entregaron 136 mil 656 pesos por el asesinato de la joven.
A esas cantidades, habría qué sumar que Benita Monárrez recibe desde el año 2002 y hasta la fecha una pensión de 900 pesos quincenales entregados directamente por la PGJE.
Además de esa pensión, se menciona que se le respaldó con 60 mil pesos para abrir una tortillería y con el pago de la renta del local, negocio que abrió con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), del Gobierno Federal.
Benita Monárrez recibió ese apoyo por ser la presidenta de la organización no gubernamental denominada Integración de Madres por Juárez, Asociación Civil, a la cual la PGJE le facilitó un vehículo y muebles de oficina.
En el año 2003 se le brindó apoyo económico y asesoría para la creación de su organización, la cual no duró más de tres años, por lo que también se le ayudó con los trámites legales para su extinción.
A todo eso, se suman apoyos económicos por 327 mil 942 pesos con 51 centavos en despensas, la casa que les entregó y escrituró el Instituto de Vivienda del Estado; los apoyos del Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichimu) por 100 mil pesos y el servicio médico que le ha dado la Secretaría de Fomento Social.
En tanto, el gobierno estatal indica que la madre y los hermanos de Esmeralda Herrera recibieron indemnizaciones económicas por 239 mil 148 pesos, una ayuda por más de 83 mil pesos para abrir una tienda de abarrotes, y una vivienda por valor de 104 mil pesos.
Juan Antonio, Benigno y Adrián Herrera Monreal, hermanos de Esmeralda, recibieron cada uno 34 mil 164 pesos; mientras que a Irma Monreal, madre de la víctima, le entregaron 136 mil 656 pesos en efectivo, más una pensión quincenal de 900 pesos.
También hubo apoyo de despensas, de gastos funerarios y durante este año se les apoya con becas escolares para dos de los hijos de Irma.
Por otra parte, la Secretaría de Fomento Social les ha dado el servicio médico y apoyo psicológico, ayuda para gastos escolares, de bienes y servicios y de viajes, de acuerdo con la documentación de la PGJE.
A los familiares de Claudia Ivette González, indica el informe, se les han otorgado 273 mil 312 pesos, más la pensión de 900 pesos quincenales que el Ichimu entrega a Josefina González –madre de la víctima– desde el año 2003, y una vivienda por valor de 104 mil pesos, sin contar la atención médica gratuita.
http://www.diario.com.mx/nota.php?no...4670470865ef48
Juzga corte internacional a México por 3 homicidios de mujeres
La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició ayer en Santiago de Chile las audiencias del juicio que sigue en contra del Estado mexicano por los homicidios de tres de las ocho mujeres localizadas en noviembre de 2001 en un predio conocido como “campo algodonero”.
Esta es la primera vez que casos de homicidios de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez se exponen ante un tribunal internacional y que se acusa a un Estado de violar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, suscrita en la localidad de Belem, Brasil.
El caso se sigue luego de que el 4 de noviembre de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte una demanda en contra del Estado mexicano en relación con los casos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.
De acuerdo con información oficial difunda por la Corte sobre el denominado “Caso González y otras (‘Campo Algodonero’)”, se culpa al Estado de haber incurrido en responsabilidad internacional por la presunta falta de medidas de protección a las presuntas víctimas, dos de las cuales eran menores de edad.
También por la falta de prevención de estos crímenes, falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición de las víctimas, falta de diligencia en la investigación de los asesinatos de las víctimas, por la denegación de justicia y falta de reparación adecuada a favor de sus familiares.
Las audiencias públicas de este caso iniciaron con una sesión de ocho horas que se dividió en dos etapas. Según difundieron agencias noticiosas nacionales y extranjeras, los siete jueces que conforman la Corte escucharon los relatos de las madres de las víctimas y de dos peritos involucrados en el caso.
Las tres madres narraron sus historias a partir de la desaparición de sus hijas, las gestiones que realizaron en su búsqueda y la conducción de las investigaciones después del hallazgo de los cuerpos.
Josefina González Rodríguez, madre de Claudia Ivette, expuso sobre los obstáculos que enfrentó en la búsqueda de justicia y las consecuencias en su vida personal y familiar de las violaciones a los derechos humanos sufridos por su hija.
Mientras que Irma Monreal Jaime y Benita Monárrez Salgado, madres de Esmeralda y Laura Berenice, respectivamente, contaron el tortuoso y confuso proceso de identificación de sus hijas, el manejo de los apoyos dados por el gobierno, la negligencia de las autoridades y la presión de la que fueron víctimas por parte de las autoridades.
La agencia de noticias AFP difundió ayer que Benita Monárrez pidió a los jueces hacer justicia por su hija y todas las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en tanto que Irma y Josefina denunciaron que “nunca se investigó bien” y que a ocho años de la desaparición de las jóvenes “se siguen violando sus derechos”.
Las audiencias de este caso continuarán hoy durante cuatro horas, cuando se esperan los alegatos finales de los abogados de las dos partes y cuando la Corte dará a conocer los tiempos y formas en las que se dictará la sentencia definitiva del caso.
Después de estas audiencias se tiene contemplado un plazo de 40 días para que las partes presenten pruebas y argumentos finales, porque la resolución del caso se espera para noviembre de este año o a más tardar a principios de 2010.
De fallar a favor de los demandantes, se espera el resarcimiento del daño de las víctimas, así como un pronunciamiento de la Corte para que se investiguen estos hechos y se sancione a los responsables.
Argumentos y pruebas de las partes
Las víctimas están representadas por varias organizaciones de abogados y derechohumanistas locales, nacionales e internacionales.
A Esmeralda Herrera la representan la Asociación Nacional de Abogados Democráticos A. C. y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer; mientras que a Claudia Ivette y a Laura Berenice las respaldan la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A. C.
Los representantes aseguraron en la demanda que a las víctimas “se les ha violado su derecho a la dignidad y a la honra, al fomentar una actitud de desprecio por parte de la autoridad hacia las víctimas, mediante preguntas y observaciones prejuiciosas a ciertos familiares al momento de sus denuncias, así como al realizar declaraciones públicas ofensivas”.
Además, alegaron que “también sufrieron tortura física y sexual antes de su muerte” y que el Estado, “al dejar de actuar para buscarlas efectivamente”, también ha violado el derecho a la libertad personal de aquéllas y de las dos víctimas que continúan desaparecidas.
En su defensa, el Estado mexicano reconoció el contexto de violencia que se localiza en Ciudad Juárez, Chihuahua y reconoció también que “en la primera etapa de las investigaciones, entre el 2001 y el 2003, se presentaron irregularidades” que afectaron la integridad psíquica y dignidad de los familiares de las presuntas víctimas.
Sin embargo, señaló que “a partir del año 2004, se subsanaron plenamente las irregularidades, se reintegraron los expedientes y se reiniciaron las investigaciones”, y se avanzó en “una profunda reforma al sistema de justicia en el estado de Chihuahua y, en particular, Ciudad Juárez”.
Asimismo, indicó que las familias de las presuntas víctimas fueron reparadas, por lo que solicitó a la Corte que declare sin lugar el resto de las alegaciones, reconozca los esfuerzos realizados para reparar a los familiares y lo acompañe en el proceso de solución amistosa ofrecido para otorgar una reparación adicional.
Como pruebas de descargo que el Gobierno del Estado de Chihuahua presentará ante la Corte durante las audiencias, según se dio a conocer, se encuentran una serie de documentos y actas notariales en las que hace constar que los familiares de las tres víctimas que promovieron esta demanda han recibido apoyos tanto económicos como materiales por una suma de un millón 601 mil 835 pesos con 80 centavos.
De acuerdo con documentos oficiales del gobierno estatal a los que se tuvo acceso, a los familiares de las víctimas les han entregado desde indemnizaciones económicas, pensiones y apoyo para los gastos funerarios, hasta viviendas, becas escolares y servicios médicos gratuitos, así como ayuda financiera y legal para abrir negocios y asociaciones civiles.
El alegato a favor del gobierno de Chihuahua correrá a cargo Mara Galindo López, directora de Atención a Víctimas de la Zona Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (PGJE).
Los “apoyos” del Estado
De acuerdo con la documentación notarial que será expuesta en la Corte, Benita Monárrez ha recibido apoyos económicos por 551 mil 874 pesos con 27 centavos; en esa suma se incluye una indemnización en efectivo por 136 mil 656 pesos.
En este caso, agrega el documento, también se ayudó al hermano mayor de Laura Berenice, Daniel Ramos Canales, a quien también le entregaron 136 mil 656 pesos por el asesinato de la joven.
A esas cantidades, habría qué sumar que Benita Monárrez recibe desde el año 2002 y hasta la fecha una pensión de 900 pesos quincenales entregados directamente por la PGJE.
Además de esa pensión, se menciona que se le respaldó con 60 mil pesos para abrir una tortillería y con el pago de la renta del local, negocio que abrió con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), del Gobierno Federal.
Benita Monárrez recibió ese apoyo por ser la presidenta de la organización no gubernamental denominada Integración de Madres por Juárez, Asociación Civil, a la cual la PGJE le facilitó un vehículo y muebles de oficina.
En el año 2003 se le brindó apoyo económico y asesoría para la creación de su organización, la cual no duró más de tres años, por lo que también se le ayudó con los trámites legales para su extinción.
A todo eso, se suman apoyos económicos por 327 mil 942 pesos con 51 centavos en despensas, la casa que les entregó y escrituró el Instituto de Vivienda del Estado; los apoyos del Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichimu) por 100 mil pesos y el servicio médico que le ha dado la Secretaría de Fomento Social.
En tanto, el gobierno estatal indica que la madre y los hermanos de Esmeralda Herrera recibieron indemnizaciones económicas por 239 mil 148 pesos, una ayuda por más de 83 mil pesos para abrir una tienda de abarrotes, y una vivienda por valor de 104 mil pesos.
Juan Antonio, Benigno y Adrián Herrera Monreal, hermanos de Esmeralda, recibieron cada uno 34 mil 164 pesos; mientras que a Irma Monreal, madre de la víctima, le entregaron 136 mil 656 pesos en efectivo, más una pensión quincenal de 900 pesos.
También hubo apoyo de despensas, de gastos funerarios y durante este año se les apoya con becas escolares para dos de los hijos de Irma.
Por otra parte, la Secretaría de Fomento Social les ha dado el servicio médico y apoyo psicológico, ayuda para gastos escolares, de bienes y servicios y de viajes, de acuerdo con la documentación de la PGJE.
A los familiares de Claudia Ivette González, indica el informe, se les han otorgado 273 mil 312 pesos, más la pensión de 900 pesos quincenales que el Ichimu entrega a Josefina González –madre de la víctima– desde el año 2003, y una vivienda por valor de 104 mil pesos, sin contar la atención médica gratuita.
http://www.diario.com.mx/nota.php?no...4670470865ef48