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Méndez La Fuente | Caracas (Venezuela), lector corresponsal | 11/05/2009 | Actualizada a las 16:41h | El lector opina
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) ha sido siempre la gallinita de los huevos de oro de Venezuela. La empresa propiedad del estado venezolano era, hasta no hace mucho, una de las principales petroleras del mundo. Hoy en día sin embargo, su desvalorización en términos de recursos humanos y su descapitalización patrimonial la han convertido en una empresa ineficiente, degradada por la política y la corrupción que carcome al resto de los organismos, instituciones y entidades gubernamentales. La historia del gobierno de Chávez desde 1999 hasta hoy, es en cierto modo, la de la debacle de la estatal petrolera.
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A FONDO
Crisis económica
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PDVSA comenzó a operar el 1 de enero de 1976, gracias a la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, en el marco de la nacionalización petrolera realizada por el presidente de aquella época Carlos Andrés Pérez. La mayor parte de su personal en aquel entonces ya era venezolano, con una muy amplia y experimentada carrera en las antecesoras Shell, Creole (Exon), Chevron o Texaco, por lo que la estatización en la práctica, sólo significó un cambio de nombre.
Con Chávez en el poder, la empresa ya había empezado a sufrir una penetración política importante que la contaminó de manera inevitable, la cual se inicio con el ruidoso nombramiento, como presidente, de un ex empleado que tenía una demanda en curso contra la petrolera. Esta decisión gubernamental de no respetar la tradición de escoger el presidente de la principal empresa del país de entre sus mejores ejecutivos, alcanzó su punto álgido con la designación posterior, también como presidente, del general activo del ejército Guacaipuro Lameda, pero sobre todo, con el del actual ministro de finanzas Ali Rodríguez quien había denunciado acérrimamente los acuerdos efectuados por el gobierno anterior de Rafael Caldera, con ocasión de la denominada "apertura petrolera" y que para algunos significó, en buena medida, la desnacionalización de la industria petrolera venezolana.
Fue así como en el año 2002, cuando esta situación explotó, a raíz de determinados nombramientos directivos que suponían un nuevo desconocimiento a la política de ascensos de la compañía conocida como méritocracia, produciéndose una situación de protesta y rechazo por parte de la media y alta gerencia que en su dinámica conflictiva llevó a la inusual y tragicómica situación de que el propio Chávez con un pito de esos utilizados por los árbitros de futbol, despidiese de manera pública, pues lo hizo a través de la televisión, a varias decenas de gerentes y directivos de PDVSA y sus filiales. El hecho, de amplia repercusión internacional, quedó adormecido por los sucesos del 11 de abril de ese mismo año, ocurridos casi de inmediato, y que culminaron en una marcha popular en contra del régimen de dimensiones nunca vistas en Venezuela, que en horas de la tarde arrojó un trágico resultado de muertos y heridos que conllevaron a la renuncia de Chávez, según lo anunció por radio y televisión el general Lucas Rincón, quien por cierto, ocuparía después varios cargos importantes en su gobierno, una vez repuesto aquel en el poder.
A finales de ese mismo año y comienzos del 2003 se produjo una huelga propiciada por Fedecamaras y la central de trabajadores del país, bajo el nombre de Paro Cívico Nacional, que también arrastró a PDVSA y que conduciría a la expulsión de alrededor de 20.000 empleados. El propio Chávez reconocería en una alocución ante la Asamblea Nacional el 15 de enero del año 2004, que aquella fue una situación incitada por su gobierno para forzar un cambio en la petrolera del estado. Lo demás es historia reciente.
La situación desde entonces para PDVSA es de quiebra técnica, esto es, de una empresa que ha sufrido una merma importante de su patrimonio, con serios problemas de flujo de caja, cuya producción conjunta, con las asociaciones petroleras conformadas con transnacionales extranjeras, pues las demás fueron obligadas a marcharse, no llega a los 2 millones de barriles diarios, es decir, un millón menos que antes, y que le adeuda desde hace tiempo, cerca de ocho mil miles de millones de dólares a las contratistas prestadoras de servicios, hasta el punto de que ya les comunicó que sólo les reconocerá una parte, algo así como el 60%, de la deuda pendiente.
En materia financiera, el uso de PDVSA como caja chica del gobierno primero, luego como tesorería y después como principal proveedor de divisas, sin pasar por el Banco Central, la convirtió en un ente de provisión de fondos y apalancamiento de operaciones clandestinas nacionales e internacionales, paralelo al Ministerio de Finanzas y al propio Banco Central. El escándalo de los maletines con 800.000 dólares en la aduana argentina y su investigación por el FBI, confirman esta situación de dólares negros manipulados por el gobierno nacional. Dólares que no entran por supuesto en la contabilidad oficial. Todo esto sin considerar que Venezuela es el único país miembro de la OPEC que no muestra plan alguno de inversión para su industria petrolera, lo que evidentemente tiene una indeleble repercusión en su producción de crudo y derivados, así como en la vida útil de sus pozos y yacimientos.
Para colmo, la ineficiencia del resto de las instituciones del estado venezolano, han llevado a convertirse a PDVSA en una entidad burocrática con casi cien mil trabajadores, encargada de financiar 11 misiones sociales creadas por el gobierno en áreas de distribución de alimentos, educación, capacitación laboral y alfabetización, entre otros, abarcando así atribuciones que corresponderían normalmente a varios ministerios. Tal circunstancia de deterioro operacional y financiero se refleja igualmente en sus trabajadores, a quienes les ha venido desconociendo los acuerdos laborales suscritos, al igual que la posibilidad de que haya una nueva contratación colectiva en el futuro.
El que fuera el sector mejor pagado de la economía venezolana se encuentra hoy en día depauperado y disminuido en todos los sentidos. Lo peor es que, al igual que le sucedió a los empleados públicos, estos trabajadores se vieron, de repente, gritando consignas a favor de Chávez y marchando con camisas rojas a manifestaciones políticas, como corderitos llevados a pastar por el amo del rebaño. Y es que la politización, reflejada en frases como "Pdvsa es roja rojita" o "Ahora Pdvsa sí es del pueblo", que podemos ver en los transportes de gasolina y edificios de la estatal petrolera, hasta en su más chocante expresión "patria, socialismo o muerte" repetida por Chávez y su estado mayor en cualquier marcha militar o evento gubernamental, incluidas las juntas directivas de la empresa, sea quizás, la causa en que se resume todo lo que le ocurre a la principal industria venezolana.
La última decisión política tomada por el régimen de Chávez, hace apenas un par de días, es significativa y reveladora de la crisis en que se encuentra. Nos referimos a la promulgación de la Ley Orgánica que reserva al Estado "bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos" y que en la práctica no es más que una vulgar confiscación de medios de transporte lacustres, gabarras de perforación, equipos de inyección de vapor y otros bienes, a las empresas que desde hacía muchos años le venían prestando servicios de logística, mantenimiento y operaciones a PDVSA. Se trata de las mismas contratistas a las que la estatal petrolera lleva más de doce meses sin pagar, lo que indica que la medida tiene el único propósito de apoderarse de unos bienes que le hacen falta, dentro de la profunda crisis financiera que presenta, para sus operaciones diarias, pero que no puede pagar por la vía de contratación de servicios. Es el mismo mecanismo que le aplicaron a Radio Caracas Televisión cuando la cerraron en mayo del 2007 para apropiarse de sus instalaciones transmisoras sin indemnización alguna, o al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, recién electo en diciembre pasado, para arrebatarle mediante una ley anticonstitucional, no sólo la fuente ingresos a que tenía derecho dicha entidad, como impuestos y situado constitucional, sino también la sede de su oficina y los bienes adscritos al cargo.
Mientras tanto, el gobierno de Chávez celebra la "liberación" de 8.000 trabajadores que pertenecían a dichas empresas contratistas y que ya no serán "oprimidas" por la oligarquía o el capitalismo salvaje, al ser absorbidos por PDVSA, que al final de cuentas, era quien los pagaba. Populismo del más barato o bufonada cortesana, lo cierto es, que la gallinita de los huevos de oro se resquebraja como si fuera de lata, y Venezuela vive uno de los momentos más difíciles de su historia.
Saludos.
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) ha sido siempre la gallinita de los huevos de oro de Venezuela. La empresa propiedad del estado venezolano era, hasta no hace mucho, una de las principales petroleras del mundo. Hoy en día sin embargo, su desvalorización en términos de recursos humanos y su descapitalización patrimonial la han convertido en una empresa ineficiente, degradada por la política y la corrupción que carcome al resto de los organismos, instituciones y entidades gubernamentales. La historia del gobierno de Chávez desde 1999 hasta hoy, es en cierto modo, la de la debacle de la estatal petrolera.
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PDVSA comenzó a operar el 1 de enero de 1976, gracias a la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, en el marco de la nacionalización petrolera realizada por el presidente de aquella época Carlos Andrés Pérez. La mayor parte de su personal en aquel entonces ya era venezolano, con una muy amplia y experimentada carrera en las antecesoras Shell, Creole (Exon), Chevron o Texaco, por lo que la estatización en la práctica, sólo significó un cambio de nombre.
Con Chávez en el poder, la empresa ya había empezado a sufrir una penetración política importante que la contaminó de manera inevitable, la cual se inicio con el ruidoso nombramiento, como presidente, de un ex empleado que tenía una demanda en curso contra la petrolera. Esta decisión gubernamental de no respetar la tradición de escoger el presidente de la principal empresa del país de entre sus mejores ejecutivos, alcanzó su punto álgido con la designación posterior, también como presidente, del general activo del ejército Guacaipuro Lameda, pero sobre todo, con el del actual ministro de finanzas Ali Rodríguez quien había denunciado acérrimamente los acuerdos efectuados por el gobierno anterior de Rafael Caldera, con ocasión de la denominada "apertura petrolera" y que para algunos significó, en buena medida, la desnacionalización de la industria petrolera venezolana.
Fue así como en el año 2002, cuando esta situación explotó, a raíz de determinados nombramientos directivos que suponían un nuevo desconocimiento a la política de ascensos de la compañía conocida como méritocracia, produciéndose una situación de protesta y rechazo por parte de la media y alta gerencia que en su dinámica conflictiva llevó a la inusual y tragicómica situación de que el propio Chávez con un pito de esos utilizados por los árbitros de futbol, despidiese de manera pública, pues lo hizo a través de la televisión, a varias decenas de gerentes y directivos de PDVSA y sus filiales. El hecho, de amplia repercusión internacional, quedó adormecido por los sucesos del 11 de abril de ese mismo año, ocurridos casi de inmediato, y que culminaron en una marcha popular en contra del régimen de dimensiones nunca vistas en Venezuela, que en horas de la tarde arrojó un trágico resultado de muertos y heridos que conllevaron a la renuncia de Chávez, según lo anunció por radio y televisión el general Lucas Rincón, quien por cierto, ocuparía después varios cargos importantes en su gobierno, una vez repuesto aquel en el poder.
A finales de ese mismo año y comienzos del 2003 se produjo una huelga propiciada por Fedecamaras y la central de trabajadores del país, bajo el nombre de Paro Cívico Nacional, que también arrastró a PDVSA y que conduciría a la expulsión de alrededor de 20.000 empleados. El propio Chávez reconocería en una alocución ante la Asamblea Nacional el 15 de enero del año 2004, que aquella fue una situación incitada por su gobierno para forzar un cambio en la petrolera del estado. Lo demás es historia reciente.
La situación desde entonces para PDVSA es de quiebra técnica, esto es, de una empresa que ha sufrido una merma importante de su patrimonio, con serios problemas de flujo de caja, cuya producción conjunta, con las asociaciones petroleras conformadas con transnacionales extranjeras, pues las demás fueron obligadas a marcharse, no llega a los 2 millones de barriles diarios, es decir, un millón menos que antes, y que le adeuda desde hace tiempo, cerca de ocho mil miles de millones de dólares a las contratistas prestadoras de servicios, hasta el punto de que ya les comunicó que sólo les reconocerá una parte, algo así como el 60%, de la deuda pendiente.
En materia financiera, el uso de PDVSA como caja chica del gobierno primero, luego como tesorería y después como principal proveedor de divisas, sin pasar por el Banco Central, la convirtió en un ente de provisión de fondos y apalancamiento de operaciones clandestinas nacionales e internacionales, paralelo al Ministerio de Finanzas y al propio Banco Central. El escándalo de los maletines con 800.000 dólares en la aduana argentina y su investigación por el FBI, confirman esta situación de dólares negros manipulados por el gobierno nacional. Dólares que no entran por supuesto en la contabilidad oficial. Todo esto sin considerar que Venezuela es el único país miembro de la OPEC que no muestra plan alguno de inversión para su industria petrolera, lo que evidentemente tiene una indeleble repercusión en su producción de crudo y derivados, así como en la vida útil de sus pozos y yacimientos.
Para colmo, la ineficiencia del resto de las instituciones del estado venezolano, han llevado a convertirse a PDVSA en una entidad burocrática con casi cien mil trabajadores, encargada de financiar 11 misiones sociales creadas por el gobierno en áreas de distribución de alimentos, educación, capacitación laboral y alfabetización, entre otros, abarcando así atribuciones que corresponderían normalmente a varios ministerios. Tal circunstancia de deterioro operacional y financiero se refleja igualmente en sus trabajadores, a quienes les ha venido desconociendo los acuerdos laborales suscritos, al igual que la posibilidad de que haya una nueva contratación colectiva en el futuro.
El que fuera el sector mejor pagado de la economía venezolana se encuentra hoy en día depauperado y disminuido en todos los sentidos. Lo peor es que, al igual que le sucedió a los empleados públicos, estos trabajadores se vieron, de repente, gritando consignas a favor de Chávez y marchando con camisas rojas a manifestaciones políticas, como corderitos llevados a pastar por el amo del rebaño. Y es que la politización, reflejada en frases como "Pdvsa es roja rojita" o "Ahora Pdvsa sí es del pueblo", que podemos ver en los transportes de gasolina y edificios de la estatal petrolera, hasta en su más chocante expresión "patria, socialismo o muerte" repetida por Chávez y su estado mayor en cualquier marcha militar o evento gubernamental, incluidas las juntas directivas de la empresa, sea quizás, la causa en que se resume todo lo que le ocurre a la principal industria venezolana.
La última decisión política tomada por el régimen de Chávez, hace apenas un par de días, es significativa y reveladora de la crisis en que se encuentra. Nos referimos a la promulgación de la Ley Orgánica que reserva al Estado "bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos" y que en la práctica no es más que una vulgar confiscación de medios de transporte lacustres, gabarras de perforación, equipos de inyección de vapor y otros bienes, a las empresas que desde hacía muchos años le venían prestando servicios de logística, mantenimiento y operaciones a PDVSA. Se trata de las mismas contratistas a las que la estatal petrolera lleva más de doce meses sin pagar, lo que indica que la medida tiene el único propósito de apoderarse de unos bienes que le hacen falta, dentro de la profunda crisis financiera que presenta, para sus operaciones diarias, pero que no puede pagar por la vía de contratación de servicios. Es el mismo mecanismo que le aplicaron a Radio Caracas Televisión cuando la cerraron en mayo del 2007 para apropiarse de sus instalaciones transmisoras sin indemnización alguna, o al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, recién electo en diciembre pasado, para arrebatarle mediante una ley anticonstitucional, no sólo la fuente ingresos a que tenía derecho dicha entidad, como impuestos y situado constitucional, sino también la sede de su oficina y los bienes adscritos al cargo.
Mientras tanto, el gobierno de Chávez celebra la "liberación" de 8.000 trabajadores que pertenecían a dichas empresas contratistas y que ya no serán "oprimidas" por la oligarquía o el capitalismo salvaje, al ser absorbidos por PDVSA, que al final de cuentas, era quien los pagaba. Populismo del más barato o bufonada cortesana, lo cierto es, que la gallinita de los huevos de oro se resquebraja como si fuera de lata, y Venezuela vive uno de los momentos más difíciles de su historia.
Saludos.
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