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El gobierno sabia de la amenaza en Michoacan desde principios del 2008 y no hizo nada
Presión de La Familia
Contrario a lo señalado por la PGR de que el operativo fue resultado de una investigación de medio año sobre las relaciones de funcionarios del Estado con el narcotráfico, por lo menos desde febrero del 2008 el gobierno federal ya sabÃa de las presiones de los narcotraficantes, en particular de La Familia michoacana, a una veintena de alcaldes.
Según el coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, fue el propio Godoy quien le entregó esa información al secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván.
En entrevista, el senador relata que al inicio del actual gobierno, una veintena de alcaldes del PRD, el PAN y el PRI, también recién electos en ese momento, fueron levantados por La Familia y concentrados en un salón de Nueva Italia, en la cabecera del municipio de Múgica.
Rodeados de gente armada y numerosas camionetas, fueron advertidos: “los dueños del territorio donde van a gobernar somos nosotros. No se confundan: los directores de Seguridad Pública nosotros los vamos a ponerâ€. En seguida, refiere el senador, vino la amenaza: “No deben meterse en ninguno de los asuntos de La Familiaâ€.
Uno de los alcaldes amenazados –cuya identidad no fue revelada por el legislador– le contó lo sucedido al gobernador, quien le pidió al entonces presidente interino del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, que buscara una entrevista con el General Galván.
El encuentro se realizó en el Campo Militar Número Uno con la presencia de Godoy, Naranjo, Navarrete y el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza. Por parte de la SEDENA, el General fue el único participante, en tanto que Godoy fue el encargado de relatar los hechos y solicitar la intervención de la secretarÃa.
De acuerdo con Navarrete, el General aseguró que el Ejército ya sabÃa de esa reunión y que el reporte de Godoy reforzaba los informes que hasta entonces tenÃa.
Acordaron que se coordinarÃan a través de los 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, y de la 21 Zona Militar, en Morelia. Nada ocurrió hasta la noche del 15 de septiembre del 2008, cuando supuestos narcotraficantes –zetas, según la PGR– arrojaron dos granadas contra la multitud que celebraba el Grito de Independencia en el Centro Histórico de esta capital.
El ataque, que después de ocho meses no ha sido esclarecido por la PGR, dejó nueve muertos y más de un centenar de heridos, y colocó al gobierno de Godoy en un lugar destacado en los informes de los organismos de seguridad sobre el narcotráfico en la entidad, según se constató.
El senador del PRD por Michoacán, Jesús Garibay GarcÃa, asegura también en entrevista que en ese momento Calderón consideró decretar el Estado de excepción en la Entidad para suspender las garantÃas individuales y militarizar la Entidad.
“Pocos dÃas después del atentado, el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, acudió al Congreso como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno y negó que el gobierno federal hubiera considerado esa opción, pero la información que tuve en ese momento era sólidamente la contraria. Aún ahora, lo sostengoâ€, dice el senador.
Contrario a lo señalado por la PGR de que el operativo fue resultado de una investigación de medio año sobre las relaciones de funcionarios del Estado con el narcotráfico, por lo menos desde febrero del 2008 el gobierno federal ya sabÃa de las presiones de los narcotraficantes, en particular de La Familia michoacana, a una veintena de alcaldes.
Según el coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, fue el propio Godoy quien le entregó esa información al secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván.
En entrevista, el senador relata que al inicio del actual gobierno, una veintena de alcaldes del PRD, el PAN y el PRI, también recién electos en ese momento, fueron levantados por La Familia y concentrados en un salón de Nueva Italia, en la cabecera del municipio de Múgica.
Rodeados de gente armada y numerosas camionetas, fueron advertidos: “los dueños del territorio donde van a gobernar somos nosotros. No se confundan: los directores de Seguridad Pública nosotros los vamos a ponerâ€. En seguida, refiere el senador, vino la amenaza: “No deben meterse en ninguno de los asuntos de La Familiaâ€.
Uno de los alcaldes amenazados –cuya identidad no fue revelada por el legislador– le contó lo sucedido al gobernador, quien le pidió al entonces presidente interino del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, que buscara una entrevista con el General Galván.
El encuentro se realizó en el Campo Militar Número Uno con la presencia de Godoy, Naranjo, Navarrete y el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza. Por parte de la SEDENA, el General fue el único participante, en tanto que Godoy fue el encargado de relatar los hechos y solicitar la intervención de la secretarÃa.
De acuerdo con Navarrete, el General aseguró que el Ejército ya sabÃa de esa reunión y que el reporte de Godoy reforzaba los informes que hasta entonces tenÃa.
Acordaron que se coordinarÃan a través de los 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, y de la 21 Zona Militar, en Morelia. Nada ocurrió hasta la noche del 15 de septiembre del 2008, cuando supuestos narcotraficantes –zetas, según la PGR– arrojaron dos granadas contra la multitud que celebraba el Grito de Independencia en el Centro Histórico de esta capital.
El ataque, que después de ocho meses no ha sido esclarecido por la PGR, dejó nueve muertos y más de un centenar de heridos, y colocó al gobierno de Godoy en un lugar destacado en los informes de los organismos de seguridad sobre el narcotráfico en la entidad, según se constató.
El senador del PRD por Michoacán, Jesús Garibay GarcÃa, asegura también en entrevista que en ese momento Calderón consideró decretar el Estado de excepción en la Entidad para suspender las garantÃas individuales y militarizar la Entidad.
“Pocos dÃas después del atentado, el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, acudió al Congreso como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno y negó que el gobierno federal hubiera considerado esa opción, pero la información que tuve en ese momento era sólidamente la contraria. Aún ahora, lo sostengoâ€, dice el senador.
El gobierno y el ejercito sabian de las amenazas del narco desde principios del año pasado y no ayudaron al gobierno de Michoacan.
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