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Una historia documentada de abusos y negligencia
MARCELA TURATI
Documentos rescatados de la guardería ABC de Hermosillo, los cuales se hallan en manos de las autoridades de Sonora, revelan que los empleados de esa estancia eran sometidos a condiciones leoninas de trabajo; que se ofrecían pésimos servicios a los niños; que el IMSS detectó ahí numerosas anomalías y exigió corregirlas –incluyendo modificaciones en el techo que finalmente propició la tragedia–, pero no vigiló que sus disposiciones fueran atendidas. Socios de la guardería tienen otras estancias infantiles, que siguen operando y les dejan jugosas ganancias...
HERMOSILLO, Son.- Apiladas en un cuarto de la Procuraduría de Justicia de Sonora se hallan 13 cajas que contienen fotografías de chiquillos sonrientes de la guardería ABC, libretas con anotaciones sobre sus últimas horas de vida y expedientes manchados de hollín que permiten reconstruir parte de la historia de la estancia infantil antes del incendio que mató a 48 niños y dejó 75 lesionados.
Dichos documentos, rescatados por el Ministerio Público, exhiben las condiciones laborales leoninas a las que eran sometidas las trabajadoras y la pésima calidad del servicio que ofrecían, además de aportar información sobre la forma en que los dueños del local hicieron de esa y otras guarderías subrogadas por el IMSS, que aún operan, su modus vivendi.
En una foto publicada en marzo de 2004 por el diario Cambio, a las trabajadoras de la guardería ABC se les ve cabizbajas en la sala de espera de la Dirección del Trabajo.
El 1 de marzo habían bloqueado con una bandera rojinegra la puerta de la guardería para protestar por sus condiciones laborales y porque tres compañeras habían sido despedidas. A las 7:00 de la mañana llegó Marcelo Meouchi, el representante legal de la estancia, a pedirles que volvieran a trabajar y les dio su palabra de que no habría represalias contra ninguna. Ellas aceptaron y regresaron a sus labores.
Él incumplió su palabra: ese mismo día Meouchi, quien dijo tener 35 años de edad y vivir en el lujoso barrio Centenario, interpuso denuncias penales y civiles contra 22 trabajadoras y su líder sindical por el delito de “despojo”.
Luego despidió a 13, de las cuales seis lograron ser reinstaladas y siete aceptaron renunciar a cambio de que la empresa “les retirara la orden de aprehensión”, según consta en los diarios.
El depósito de nómina del 16 al 30 de mayo pasado, que fue salvado de los escombros, evidencia que se pagaron 65 mil 82 pesos de salario a 43 empleados. En promedio, su sueldo era de mil 513 pesos a la quincena. La mayoría de las trabajadoras eran jóvenes con preparatoria o mamás de niños que asistían a la ABC.
Cada empleada tenía un expediente donde aparecían cartas de amonestación (por cada tres acumuladas se les descontaba un día de sueldo).
Una agenda encontrada entre los restos del inmueble se usaba para registrar las causas de los descuentos. El día fatal quedó escrito: “Dulce, vacaciones 2/ Mary va a llegar tarde, deberá tiempo, pidió permiso para Dr. y banco/ Bibiana faltó”.
Las empleadas con hijos inscritos debían firmar el “Reglamento de la Madre Trabajadora”, en el que aceptaban que el día que faltaran (así fuera “por incapacidad, visita al médico o permiso”) no tenían derecho a dejar a su niño en la guardería; que si sus hijos se enfermaban durante horas de trabajo alguien más tendría que llevárselos, y en caso de que por ese motivo debieran ausentarse se les descontaría de su salario dicha falta.
En el expediente amarillo de Alejandra Moreno se lee que entró cuando era soltera, tenía 19 años y no estaba embarazada. Un examen de orina extendido por un laboratorio lo ratifica.
Como otras, ella firmó un contrato temporal en el que se lee: “Es contratada para realizar actividades de Asistente Educativo”, y “por la naturaleza del puesto sólo se le requiere por un período de 28 días”. Se especificaba también que su salario sería de 95.90 pesos diarios y que por tres suspensiones acumuladas se quedaría cuatro días sin sueldo.
Como todas, tuvo que firmar la siguiente cláusula: “Queda estrictamente prohibido tratar asuntos sindicales dentro del horario laboral, así como también dentro y fuera de las instalaciones de la guardería”.
Desde la huelga frustrada, los dueños de la ABC se unieron con los propietarios de otras guarderías de Hermosillo para obtener la representación de una abogada que hizo contratos donde las futuras trabajadoras renunciaban de antemano a sus derechos. Difundieron entre empresarios una “lista negra” con el nombre de 24 mujeres recomendando no contratarlas porque habían participado en cuestiones sindicales.
“Debido al problema suscitado en una guardería local del esquema vecinal donde el sindicato llevó a sus empleadas a realizar un paro laboral, para llevar a cabo un pliego petitorio irracional (…) sería necesario unirnos para hacer frente a esta problemática antes de que pudiera llegar a afectarnos a nosotros también”, se lee en la carta distribuida el 27 de noviembre de 2002.
Mas los problemas en ABC siguieron. El 26 de septiembre de 2005 el IMSS negó a la representante Sandra Téllez su solicitud para ampliar el cupo de niños con el argumento de que “cuenta con dos casos en proceso de juicio laboral relativo a sus trabajadoras”.
A raíz del conflicto mencionado, los empresarios formaron la Asociación de Guarderías de Sonora y, según los documentos, presionaron en bloque al IMSS para que aumentara la cuota por niño atendido, permitiera ampliar el cupo antes de licitar nuevas guarderías y disminuyera sus exigencias.
En un escrito enviado a la aún coordinadora nacional de Guarderías, Carla Rochín –quien presentó su renuncia el pasado 18 de julio–, señalaron que, gracias al esfuerzo desarrollado por la Asociación, el IMSS dejó de exigirles “la contratación del médico epidemiológico, colación reforzada vespertina, menús tan costosos, perfiles de personal con alta escolaridad, con la finalidad de que al bajarnos la cuota de $2,019 a $1,951 bajáramos nuestro costo de operación y lográramos seguir operando”.
Se oponían al requisito de contratar personal de escolaridad elevada con el siguiente argumento: “El título profesional no garantiza la calidad humana necesaria para el trato y atención requeridos por el menor (…) la contratación de estas dos personas (asesor nutricio y jefe de fomento a la salud) nos significaría un gasto extra de entre 80 mil y 120 mil pesos anual”.
Por cada niño a su cargo recibían 2 mil 309 pesos mensuales y, en el momento del incendio, tenían 221 inscritos. En el mismo período, erogaban 130 mil pesos en sueldos y 41 mil en la renta de la bodega.
“Tenían capacitad autorizada para atender a 196 niños, pero ese mes sumaban 221, de los cuales 48 fallecieron, 75 resultaron con lesiones de distintos grados, y 98 quedaron supuestamente ilesos. Había 25 niños de más y no suficiente personal”, dijo a Proceso el abogado de los padres de las víctimas, Lorenzo Ramos.
MARCELA TURATI
Documentos rescatados de la guardería ABC de Hermosillo, los cuales se hallan en manos de las autoridades de Sonora, revelan que los empleados de esa estancia eran sometidos a condiciones leoninas de trabajo; que se ofrecían pésimos servicios a los niños; que el IMSS detectó ahí numerosas anomalías y exigió corregirlas –incluyendo modificaciones en el techo que finalmente propició la tragedia–, pero no vigiló que sus disposiciones fueran atendidas. Socios de la guardería tienen otras estancias infantiles, que siguen operando y les dejan jugosas ganancias...
HERMOSILLO, Son.- Apiladas en un cuarto de la Procuraduría de Justicia de Sonora se hallan 13 cajas que contienen fotografías de chiquillos sonrientes de la guardería ABC, libretas con anotaciones sobre sus últimas horas de vida y expedientes manchados de hollín que permiten reconstruir parte de la historia de la estancia infantil antes del incendio que mató a 48 niños y dejó 75 lesionados.
Dichos documentos, rescatados por el Ministerio Público, exhiben las condiciones laborales leoninas a las que eran sometidas las trabajadoras y la pésima calidad del servicio que ofrecían, además de aportar información sobre la forma en que los dueños del local hicieron de esa y otras guarderías subrogadas por el IMSS, que aún operan, su modus vivendi.
En una foto publicada en marzo de 2004 por el diario Cambio, a las trabajadoras de la guardería ABC se les ve cabizbajas en la sala de espera de la Dirección del Trabajo.
El 1 de marzo habían bloqueado con una bandera rojinegra la puerta de la guardería para protestar por sus condiciones laborales y porque tres compañeras habían sido despedidas. A las 7:00 de la mañana llegó Marcelo Meouchi, el representante legal de la estancia, a pedirles que volvieran a trabajar y les dio su palabra de que no habría represalias contra ninguna. Ellas aceptaron y regresaron a sus labores.
Él incumplió su palabra: ese mismo día Meouchi, quien dijo tener 35 años de edad y vivir en el lujoso barrio Centenario, interpuso denuncias penales y civiles contra 22 trabajadoras y su líder sindical por el delito de “despojo”.
Luego despidió a 13, de las cuales seis lograron ser reinstaladas y siete aceptaron renunciar a cambio de que la empresa “les retirara la orden de aprehensión”, según consta en los diarios.
El depósito de nómina del 16 al 30 de mayo pasado, que fue salvado de los escombros, evidencia que se pagaron 65 mil 82 pesos de salario a 43 empleados. En promedio, su sueldo era de mil 513 pesos a la quincena. La mayoría de las trabajadoras eran jóvenes con preparatoria o mamás de niños que asistían a la ABC.
Cada empleada tenía un expediente donde aparecían cartas de amonestación (por cada tres acumuladas se les descontaba un día de sueldo).
Una agenda encontrada entre los restos del inmueble se usaba para registrar las causas de los descuentos. El día fatal quedó escrito: “Dulce, vacaciones 2/ Mary va a llegar tarde, deberá tiempo, pidió permiso para Dr. y banco/ Bibiana faltó”.
Las empleadas con hijos inscritos debían firmar el “Reglamento de la Madre Trabajadora”, en el que aceptaban que el día que faltaran (así fuera “por incapacidad, visita al médico o permiso”) no tenían derecho a dejar a su niño en la guardería; que si sus hijos se enfermaban durante horas de trabajo alguien más tendría que llevárselos, y en caso de que por ese motivo debieran ausentarse se les descontaría de su salario dicha falta.
En el expediente amarillo de Alejandra Moreno se lee que entró cuando era soltera, tenía 19 años y no estaba embarazada. Un examen de orina extendido por un laboratorio lo ratifica.
Como otras, ella firmó un contrato temporal en el que se lee: “Es contratada para realizar actividades de Asistente Educativo”, y “por la naturaleza del puesto sólo se le requiere por un período de 28 días”. Se especificaba también que su salario sería de 95.90 pesos diarios y que por tres suspensiones acumuladas se quedaría cuatro días sin sueldo.
Como todas, tuvo que firmar la siguiente cláusula: “Queda estrictamente prohibido tratar asuntos sindicales dentro del horario laboral, así como también dentro y fuera de las instalaciones de la guardería”.
Desde la huelga frustrada, los dueños de la ABC se unieron con los propietarios de otras guarderías de Hermosillo para obtener la representación de una abogada que hizo contratos donde las futuras trabajadoras renunciaban de antemano a sus derechos. Difundieron entre empresarios una “lista negra” con el nombre de 24 mujeres recomendando no contratarlas porque habían participado en cuestiones sindicales.
“Debido al problema suscitado en una guardería local del esquema vecinal donde el sindicato llevó a sus empleadas a realizar un paro laboral, para llevar a cabo un pliego petitorio irracional (…) sería necesario unirnos para hacer frente a esta problemática antes de que pudiera llegar a afectarnos a nosotros también”, se lee en la carta distribuida el 27 de noviembre de 2002.
Mas los problemas en ABC siguieron. El 26 de septiembre de 2005 el IMSS negó a la representante Sandra Téllez su solicitud para ampliar el cupo de niños con el argumento de que “cuenta con dos casos en proceso de juicio laboral relativo a sus trabajadoras”.
A raíz del conflicto mencionado, los empresarios formaron la Asociación de Guarderías de Sonora y, según los documentos, presionaron en bloque al IMSS para que aumentara la cuota por niño atendido, permitiera ampliar el cupo antes de licitar nuevas guarderías y disminuyera sus exigencias.
En un escrito enviado a la aún coordinadora nacional de Guarderías, Carla Rochín –quien presentó su renuncia el pasado 18 de julio–, señalaron que, gracias al esfuerzo desarrollado por la Asociación, el IMSS dejó de exigirles “la contratación del médico epidemiológico, colación reforzada vespertina, menús tan costosos, perfiles de personal con alta escolaridad, con la finalidad de que al bajarnos la cuota de $2,019 a $1,951 bajáramos nuestro costo de operación y lográramos seguir operando”.
Se oponían al requisito de contratar personal de escolaridad elevada con el siguiente argumento: “El título profesional no garantiza la calidad humana necesaria para el trato y atención requeridos por el menor (…) la contratación de estas dos personas (asesor nutricio y jefe de fomento a la salud) nos significaría un gasto extra de entre 80 mil y 120 mil pesos anual”.
Por cada niño a su cargo recibían 2 mil 309 pesos mensuales y, en el momento del incendio, tenían 221 inscritos. En el mismo período, erogaban 130 mil pesos en sueldos y 41 mil en la renta de la bodega.
“Tenían capacitad autorizada para atender a 196 niños, pero ese mes sumaban 221, de los cuales 48 fallecieron, 75 resultaron con lesiones de distintos grados, y 98 quedaron supuestamente ilesos. Había 25 niños de más y no suficiente personal”, dijo a Proceso el abogado de los padres de las víctimas, Lorenzo Ramos.
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