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Acteal y chivos expiatorios, nada nuevo bajo el sol
Caso Acteal desnuda nuevamente a la justicia mexicana
Por: JESÚS CANTÚ
El próximo miércoles los ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenarán liberar, al menos, a 40 indígenas que pasaron los últimos 11 años de sus vidas encarcelados por un delito que no cometieron. Lo más aberrante, en este caso, de acuerdo a la versión periodística es que no se trata de un error involuntario de la justicia mexicana, sino de una dramática simulación montada con pruebas y declaraciones falsas, con toda la intención de concluir artificialmente un caso que sacudió a la opinión pública mexicana.
El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras realizaban una jornada de oración en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, en Los Altos de Chiapas. Como todavía estaba muy fresca en la memoria colectiva la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, Guerrero, en este caso el Gobierno Federal reaccionó rápidamente para remover al entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayfett, y al gobernador provisional, Julio César Ruiz Ferro.
En Guerrero, la primera versión oficial culpaba a los campesinos de agredir a los policías y, aunque finalmente –tras la difusión de un video en televisión nacional, que provocó una investigación de la SCJN— varios altos funcionarios del Gobierno del Estado, entre ellos el entonces gobernador Rubén Figueroa, tuvieron que renunciar a sus cargos y algunos de ellos enfrentar juicios criminales, finalmente no hubo sanciones mayores para los responsables.
La fulminante reacción inicial, en el caso Acteal, contrastaba con lo sucedido en su precedente más cercano, sin embargo, conforme pasó el tiempo las coincidencias afloraron y nuevamente destacó la impunidad de los responsables; pero lo peor es que de acuerdo a una versión difundida por el periódico El Universal, en su edición del pasado jueves 6 de agosto, no tan sólo no se castigó a los responsables, sino que se fabricaron culpables para acallar a la opinión pública.
Meses después de los lamentables acontecimientos, la Procuraduría General de la República consignó como responsables de la matanza a 87 indígenas y 15 funcionarios de nivel menor; los segundos, recibieron sentencias menores a ocho años de prisión, salvo el ex alcalde de Chenalhó, Jacinto Arias, todavía preso. En cambio, los indígenas fueron condenados a 20 y 40 años de prisión como culpables de homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército.
Tras diez años de un largo peregrinar por las distintas instancias judiciales, 57 indígenas lograron que sus amparos fueran atraídos por la Corte y, de acuerdo a la versión periodística, el caso se resolverá favorablemente para ellos en la Primera Sala de la SCJN, el próximo miércoles 12 de agosto. Todo indica que los ministros ordenarán la inmediata liberación de, al menos, 40 indígenas y la reposición del procedimiento del resto, pues en esos casos no lograron reunir los elementos suficientes para tener la certeza de su inocencia.
La defensa logró demostrar que para lograr la condena de sus defendidos, las autoridades desaparecieron evidencias relevantes, alteraron la escena del crimen, fabricaron “declaraciones escritas en español de testigos que ni siquiera escribían en su lengua, y desestimó confesiones de cinco detenidos que admitieron haber cometido la matanza y exculparon a los demás procesados”, entre otras irregularidades.
De acuerdo a la versión periodística, la PGR fabricó pruebas, inventó declaraciones, borró evidencias, escondió culpables y “cometió un cúmulo de irregularidades” para condenar a inocentes y proteger a los verdaderos culpables; logró ejemplares sentencias condenatorias y cerró el caso.
El próximo miércoles los ministros Sergio Valls, José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, integrantes de la Primera Sala, conocerán y resolverán el caso. Todo indica que ordenarán la liberación de, al menos, 40 indígenas y la reposición del procedimiento (repetir diversos momentos de los juicios, que de acuerdo al criterio de la Corte, no se realizaron conforme a lo establecido en la legislación ni se brindaron las debidas garantías a los procesados) en el resto de los 57 casos analizados, lo cual les abre una nueva posibilidad de demostrar su inocencia.
Los condenados recuperan lo más preciado: su libertad; pero eso no basta, debe resarcírseles el daño que les causaron y, también sancionar a las autoridades que diseñaron e implementaron esta farsa, así como, a los verdaderos culpables de la matanza de Acteal. La resolución de la Corte es apenas el inicio de un proceso que no puede terminar simplemente con la liberación de los inocentes, desde luego, que éste era un indispensable primer paso, pero no puede ser el último, pues eso implica que los culpables de la simulación cumplieron sus objetivos: proteger a los verdaderos responsables, sin pagar ninguna consecuencia.
El hecho desnuda la realidad de la justicia mexicana: impunidad para los delincuentes y sanción para inocentes indefensos, que sirven de chivos expiatorios; si esto fue posible en un caso de altísima visibilidad, qué sucede en los casos de bajo perfil, como son la mayoría de los que normalmente atienden los aparatos de procuración e impartición de justicia en México. La sentencia que están a punto de votar los ministros es sólo la punta de un iceberg: los delincuentes poderosos, económica o políticamente, gozan de impunidad; mientras víctimas inocentes, carentes de recursos, imploran desesperadamente justicia o purgan, en el lugar que corresponde a los primeros, injustas condenas.
Por: JESÚS CANTÚ
El próximo miércoles los ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenarán liberar, al menos, a 40 indígenas que pasaron los últimos 11 años de sus vidas encarcelados por un delito que no cometieron. Lo más aberrante, en este caso, de acuerdo a la versión periodística es que no se trata de un error involuntario de la justicia mexicana, sino de una dramática simulación montada con pruebas y declaraciones falsas, con toda la intención de concluir artificialmente un caso que sacudió a la opinión pública mexicana.
El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras realizaban una jornada de oración en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, en Los Altos de Chiapas. Como todavía estaba muy fresca en la memoria colectiva la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, Guerrero, en este caso el Gobierno Federal reaccionó rápidamente para remover al entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayfett, y al gobernador provisional, Julio César Ruiz Ferro.
En Guerrero, la primera versión oficial culpaba a los campesinos de agredir a los policías y, aunque finalmente –tras la difusión de un video en televisión nacional, que provocó una investigación de la SCJN— varios altos funcionarios del Gobierno del Estado, entre ellos el entonces gobernador Rubén Figueroa, tuvieron que renunciar a sus cargos y algunos de ellos enfrentar juicios criminales, finalmente no hubo sanciones mayores para los responsables.
La fulminante reacción inicial, en el caso Acteal, contrastaba con lo sucedido en su precedente más cercano, sin embargo, conforme pasó el tiempo las coincidencias afloraron y nuevamente destacó la impunidad de los responsables; pero lo peor es que de acuerdo a una versión difundida por el periódico El Universal, en su edición del pasado jueves 6 de agosto, no tan sólo no se castigó a los responsables, sino que se fabricaron culpables para acallar a la opinión pública.
Meses después de los lamentables acontecimientos, la Procuraduría General de la República consignó como responsables de la matanza a 87 indígenas y 15 funcionarios de nivel menor; los segundos, recibieron sentencias menores a ocho años de prisión, salvo el ex alcalde de Chenalhó, Jacinto Arias, todavía preso. En cambio, los indígenas fueron condenados a 20 y 40 años de prisión como culpables de homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército.
Tras diez años de un largo peregrinar por las distintas instancias judiciales, 57 indígenas lograron que sus amparos fueran atraídos por la Corte y, de acuerdo a la versión periodística, el caso se resolverá favorablemente para ellos en la Primera Sala de la SCJN, el próximo miércoles 12 de agosto. Todo indica que los ministros ordenarán la inmediata liberación de, al menos, 40 indígenas y la reposición del procedimiento del resto, pues en esos casos no lograron reunir los elementos suficientes para tener la certeza de su inocencia.
La defensa logró demostrar que para lograr la condena de sus defendidos, las autoridades desaparecieron evidencias relevantes, alteraron la escena del crimen, fabricaron “declaraciones escritas en español de testigos que ni siquiera escribían en su lengua, y desestimó confesiones de cinco detenidos que admitieron haber cometido la matanza y exculparon a los demás procesados”, entre otras irregularidades.
De acuerdo a la versión periodística, la PGR fabricó pruebas, inventó declaraciones, borró evidencias, escondió culpables y “cometió un cúmulo de irregularidades” para condenar a inocentes y proteger a los verdaderos culpables; logró ejemplares sentencias condenatorias y cerró el caso.
El próximo miércoles los ministros Sergio Valls, José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, integrantes de la Primera Sala, conocerán y resolverán el caso. Todo indica que ordenarán la liberación de, al menos, 40 indígenas y la reposición del procedimiento (repetir diversos momentos de los juicios, que de acuerdo al criterio de la Corte, no se realizaron conforme a lo establecido en la legislación ni se brindaron las debidas garantías a los procesados) en el resto de los 57 casos analizados, lo cual les abre una nueva posibilidad de demostrar su inocencia.
Los condenados recuperan lo más preciado: su libertad; pero eso no basta, debe resarcírseles el daño que les causaron y, también sancionar a las autoridades que diseñaron e implementaron esta farsa, así como, a los verdaderos culpables de la matanza de Acteal. La resolución de la Corte es apenas el inicio de un proceso que no puede terminar simplemente con la liberación de los inocentes, desde luego, que éste era un indispensable primer paso, pero no puede ser el último, pues eso implica que los culpables de la simulación cumplieron sus objetivos: proteger a los verdaderos responsables, sin pagar ninguna consecuencia.
El hecho desnuda la realidad de la justicia mexicana: impunidad para los delincuentes y sanción para inocentes indefensos, que sirven de chivos expiatorios; si esto fue posible en un caso de altísima visibilidad, qué sucede en los casos de bajo perfil, como son la mayoría de los que normalmente atienden los aparatos de procuración e impartición de justicia en México. La sentencia que están a punto de votar los ministros es sólo la punta de un iceberg: los delincuentes poderosos, económica o políticamente, gozan de impunidad; mientras víctimas inocentes, carentes de recursos, imploran desesperadamente justicia o purgan, en el lugar que corresponde a los primeros, injustas condenas.
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