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Bufones
Por Jaime Sánchez Susarrey
No cabe el argumento de un impedimento constitucional para oponerse a una policía nacional: la Carta Magna se ha reformado cientos de veces
El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue aporreado en la Cámara de Diputados. Fernández Noroña le gritó asesino y [b]Porfirio Muñoz Ledo, ahora flamante presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, pidió su destitución por votación a mano alzada. [ß]El espectáculo fue grotesco.
Cada uno de esos diputados nos cuesta al año [B]5,984,000.00 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MEXICANOS MONEDA NACIONAL) ¿Para eso les pagamos? ¿Para que hagan del trabajo legislativo un circo de quinta? ¿Ésa es la clase política que nos merecemos o, como decía Karl Popper, está muy por debajo de la media moral e intelectual de nuestra sociedad?
La propuesta central de García Luna fue desaparecer las 2 mil 22 policías municipales para crear 32 corporaciones estatales. Ése sería el primer paso para forjar cuerpos policíacos modernos. Posteriormente -como señaló el mismo García Luna ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados- se podría avanzar en la creación de una policía nacional única que fusionara las 32 policías estatales y reclutara más efectivos.
La tesis del secretario de Seguridad Pública le puso nombre y apellido a la propuesta de reformar el sistema policiaco que hizo Felipe Calderón el pasado 2 de septiembre (punto 9 de su decálogo). La reacción virulenta de varios diputados priistas y perredistas fue inmediata: descalificaron la iniciativa porque va contra el artículo 115 constitucional que establece que los municipios deben contar con su propia fuerza pública.
A ellos se sumaron, posteriormente, alcaldes de varios municipios defendiendo el principio de subsidiariedad: todas las funciones que puedan cumplir los niveles más bajos de gobierno deben ser desempeñadas por ellos. Y en la misma tesitura se pronunciaron contra la centralización de las policías estatal y nacionalmente.
El primer argumento es pedestre y confirma que el nivel mental de muchos legisladores es deplorable. Para centralizar las policías municipales habría que efectuar, sin duda alguna, una reforma constitucional. ¡Y! La Constitución no ha sido reformada una sino muchas veces a lo largo de la historia. ¡Cuál es el problema!
Amén de que muchas de esas reformas fueron para mal o para muy mal -como la estatización de la banca que promovió López Portillo o la pasada contrarreforma electoral que atenta contra la libertad de expresión. La Constitución no es ni nunca ha sido un libro sagrado. A qué viene, entonces, el desgarramiento de las vestiduras de esos "representantes populares".
El segundo argumento enarbolado por algunos alcaldes, el del principio de subsidiariedad, se refuta a sí mismo. La experiencia y los hechos muestran que las policías municipales son incapaces de garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos.
No sólo eso. En la cadena de los cuerpos de seguridad -que va de las Fuerzas Armadas a las policías municipales, pasando por las policías federal y estatales- son el eslabón más débil. La capacidad de fuego del crimen organizado las supera completamente.
Por eso el principio de subsidiariedad se aplica pero en sentido inverso: como las entidades municipales no son capaces de proteger a los ciudadanos esa función debe ser desempeñada por los estados o por la Federación.
Para entender el desastre del sistema policíaco hay que considerar varios datos. Mientras las policías municipales cuentan con más de 150 mil efectivos y las estatales superan los 200 mil agentes, los policías federales representan apenas el 5 por ciento de los cuerpos de seguridad.
De ahí que se haya vuelto indispensable utilizar al Ejército en funciones estrictamente policíacas. Pero al hacerlo se viola el artículo 129 constitucional y se corre una serie de riesgos, que va desde los abusos que se pueden cometer hasta la corrupción de mandos y tropas.
La situación y el nivel de preparación de los policías municipales los conocemos todos por experiencia. Pero los datos ilustran, de nuevo, porque las cosas no pueden seguir como están. Existen en todo el país 2 mil 22 corporaciones municipales. Mil 450 de esas policías cuentan con menos de 50 elementos y mil no superan los 20 efectivos. El 56 por ciento de los policías municipales sólo estudiaron primaria y el 44 por ciento tiene más de 38 años. La tercera parte gana 4 mil pesos o menos al mes.
Y todo lo anterior sin mencionar la mala preparación y el pésimo equipo con que están dotados. Por qué sorprenderse, entonces, que en los municipios donde el narcotráfico es más fuerte los policías municipales abandonan la plaza cuando los sicarios se presentan o terminan al servicio de los mismos.
Frente a semejante caos sólo un ingenuo o un idiota, o alguien que sea ambas cosas, puede albergar la esperanza de una mejoría. Jorge Tello Peón, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública -donde participan los gobernadores y el presidente de la República-, acaba de reconocer públicamente que es imposible realizar la evaluación de los 400 mil policías que hay en el país (El Universal, 19/sep/09).
Adviértase que Tello no alude a modernizar y homogeneizar sino a la imposibilidad simple y llana de evaluar. Con un agravante adicional: el Sistema Nacional de Seguridad Pública fue creado al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo para coordinar y modernizar a los cuerpos policíacos. Han pasado 15 largos años y los resultados están a la vista. El fracaso es total y absoluto.
Quienes se oponen a la desaparición de las policías municipales no tienen propuesta alternativa ni argumentos. Por eso Muñoz Ledo y Fernández Noroña son un par emblemático de esa Cámara de Bufones. Ruido sin nueces, pero abundante en heces.
Por Jaime Sánchez Susarrey
No cabe el argumento de un impedimento constitucional para oponerse a una policía nacional: la Carta Magna se ha reformado cientos de veces
El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue aporreado en la Cámara de Diputados. Fernández Noroña le gritó asesino y [b]Porfirio Muñoz Ledo, ahora flamante presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, pidió su destitución por votación a mano alzada. [ß]El espectáculo fue grotesco.
Cada uno de esos diputados nos cuesta al año [B]5,984,000.00 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MEXICANOS MONEDA NACIONAL) ¿Para eso les pagamos? ¿Para que hagan del trabajo legislativo un circo de quinta? ¿Ésa es la clase política que nos merecemos o, como decía Karl Popper, está muy por debajo de la media moral e intelectual de nuestra sociedad?
La propuesta central de García Luna fue desaparecer las 2 mil 22 policías municipales para crear 32 corporaciones estatales. Ése sería el primer paso para forjar cuerpos policíacos modernos. Posteriormente -como señaló el mismo García Luna ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados- se podría avanzar en la creación de una policía nacional única que fusionara las 32 policías estatales y reclutara más efectivos.
La tesis del secretario de Seguridad Pública le puso nombre y apellido a la propuesta de reformar el sistema policiaco que hizo Felipe Calderón el pasado 2 de septiembre (punto 9 de su decálogo). La reacción virulenta de varios diputados priistas y perredistas fue inmediata: descalificaron la iniciativa porque va contra el artículo 115 constitucional que establece que los municipios deben contar con su propia fuerza pública.
A ellos se sumaron, posteriormente, alcaldes de varios municipios defendiendo el principio de subsidiariedad: todas las funciones que puedan cumplir los niveles más bajos de gobierno deben ser desempeñadas por ellos. Y en la misma tesitura se pronunciaron contra la centralización de las policías estatal y nacionalmente.
El primer argumento es pedestre y confirma que el nivel mental de muchos legisladores es deplorable. Para centralizar las policías municipales habría que efectuar, sin duda alguna, una reforma constitucional. ¡Y! La Constitución no ha sido reformada una sino muchas veces a lo largo de la historia. ¡Cuál es el problema!
Amén de que muchas de esas reformas fueron para mal o para muy mal -como la estatización de la banca que promovió López Portillo o la pasada contrarreforma electoral que atenta contra la libertad de expresión. La Constitución no es ni nunca ha sido un libro sagrado. A qué viene, entonces, el desgarramiento de las vestiduras de esos "representantes populares".
El segundo argumento enarbolado por algunos alcaldes, el del principio de subsidiariedad, se refuta a sí mismo. La experiencia y los hechos muestran que las policías municipales son incapaces de garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos.
No sólo eso. En la cadena de los cuerpos de seguridad -que va de las Fuerzas Armadas a las policías municipales, pasando por las policías federal y estatales- son el eslabón más débil. La capacidad de fuego del crimen organizado las supera completamente.
Por eso el principio de subsidiariedad se aplica pero en sentido inverso: como las entidades municipales no son capaces de proteger a los ciudadanos esa función debe ser desempeñada por los estados o por la Federación.
Para entender el desastre del sistema policíaco hay que considerar varios datos. Mientras las policías municipales cuentan con más de 150 mil efectivos y las estatales superan los 200 mil agentes, los policías federales representan apenas el 5 por ciento de los cuerpos de seguridad.
De ahí que se haya vuelto indispensable utilizar al Ejército en funciones estrictamente policíacas. Pero al hacerlo se viola el artículo 129 constitucional y se corre una serie de riesgos, que va desde los abusos que se pueden cometer hasta la corrupción de mandos y tropas.
La situación y el nivel de preparación de los policías municipales los conocemos todos por experiencia. Pero los datos ilustran, de nuevo, porque las cosas no pueden seguir como están. Existen en todo el país 2 mil 22 corporaciones municipales. Mil 450 de esas policías cuentan con menos de 50 elementos y mil no superan los 20 efectivos. El 56 por ciento de los policías municipales sólo estudiaron primaria y el 44 por ciento tiene más de 38 años. La tercera parte gana 4 mil pesos o menos al mes.
Y todo lo anterior sin mencionar la mala preparación y el pésimo equipo con que están dotados. Por qué sorprenderse, entonces, que en los municipios donde el narcotráfico es más fuerte los policías municipales abandonan la plaza cuando los sicarios se presentan o terminan al servicio de los mismos.
Frente a semejante caos sólo un ingenuo o un idiota, o alguien que sea ambas cosas, puede albergar la esperanza de una mejoría. Jorge Tello Peón, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública -donde participan los gobernadores y el presidente de la República-, acaba de reconocer públicamente que es imposible realizar la evaluación de los 400 mil policías que hay en el país (El Universal, 19/sep/09).
Adviértase que Tello no alude a modernizar y homogeneizar sino a la imposibilidad simple y llana de evaluar. Con un agravante adicional: el Sistema Nacional de Seguridad Pública fue creado al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo para coordinar y modernizar a los cuerpos policíacos. Han pasado 15 largos años y los resultados están a la vista. El fracaso es total y absoluto.
Quienes se oponen a la desaparición de las policías municipales no tienen propuesta alternativa ni argumentos. Por eso Muñoz Ledo y Fernández Noroña son un par emblemático de esa Cámara de Bufones. Ruido sin nueces, pero abundante en heces.
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