Revelan 'arreglos' con narco
Los autores proponen acotar daños colaterales decisivos del narco como la corrupción y la violencia
Por REFORMA/Redacción
Ciudad de México (19 octubre 2009).- En su nuevo libro, "El Narco: La Guerra Fallida", Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar cuestionan la estrategia de la Administración de Felipe Calderón contra el narcotráfico y hablan de los "arreglos" de los gobiernos locales con los narcos.
"No nos hagamos de la boca chiquita: desde hace muchos decenios éste ha sido el arreglo a escala local, y abundan las versiones de continuidad de la corrupción en estados como Sinaloa, Durango, Chihuahua y Tamaulipas, cuando, en este último, las autoridades se encuentran en condiciones físicas y mentales de hacerlo", se puede leer en la publicación.
Agregan que, si la fuerza del Estado se concentra en otros ámbitos de delincuencia común u organizada, "también los narcos comprenden. Si fueran imbéciles, no serían ricos".
Lee extractos del nuevo libro:
El narco: la guerra fallida
Una alternativa: atacar los daños colaterales
¿Cuáles son los daños colaterales en México? Pues los que todos conocemos: los que han sido descritos ampliamente por la nota roja y los periódicos nacionales, a saber, los decapitados, los secuestros, las balaceras, los atentados (aunque en realidad sólo ha habido dos: en Morelia y a las instalaciones de Pemex, ambos bajo circunstancias extrañas), la extorsión a empresarios y a profesionistas (el llamado derecho de piso). Las guerrillas no existen, los paramilitares tampoco; la corrupción indudablemente sí ha existido desde tiempos inmemorables, pero a menos de que Calderón quiera dispararse otra vez en el pie, difícilmente podría demostrarse que supera la de las épocas del PRI.
Justamente sobre los medios de comunicación se impone un nuevo, breve, paréntesis. Varios sectores y personalidades en México, incluidos algunos que le hablan al oído a Calderón (otra cosa es que los escuche), han sugerido que debiera hacer lo mismo que Álvaro Uribe: convencer a los medios de que trasladen la información sobre violencia, narcotráfico, ejecuciones, etc., a las secciones de nota roja, sacándolas de los titulares de los noticieros. Hay quienes se encuentran convencidos de que gracias a esta operación Uribe logró bajarle los decibeles a los hechos mismos, o en todo caso, a su repercusión en Colombia. No sabemos si Calderón haya atendido esa sugerencia; si lo hizo, evidentemente fracasó. Pero nosotros no lo lamentamos. Se sabe dónde comienza esa manipulación, pero no dónde termina. Arranca con la prelación de las noticias, culmina con el control del contenido de una columna de opinión, de un reportaje especial, de una entrevista en radio, de un libro... como éste.
En cualquier caso, atacar los daños colaterales resulta distinto que atacar frontalmente al narco, o como dice Carlos Fuentes, "a todos los narcos, todo el tiempo". En México, efectivamente, durante muchísimos años, los sucesivos gobiernos combatieron los efectos colaterales de algunos cárteles, a ratos, y en las causas de todos, todo el tiempo. no es evidente qué sea mejor. El ejemplo de Colombia es incontrovertible en cuanto a los hechos, aunque por supuesto pueden prevalecer opiniones muy distintas o abiertamente discrepantes sobre el carácter deseable de esa ruta. Sobre todo si implicó, como lo piensan algunos, una especie de pacto tácito o explícito con los cartelitos. En Colombia, por lo menos, nunca se han avergonzado de ello. Desde la época del Presidente César Gaviria, el gobierno pactó distintas formas de entrega de los "capos del narco", empezando por Pablo Escobar a su prisión de "La Catedral". (De nuevo, El cártel de Los Sapos es maravillosamente ilustrativa al respecto.) Los narcos pactan a cada rato sus entregas con la policía, con el ejército y con el gobierno, incluso negocian con la DEA su extradición a Estados Unidos, para volverse testigos protegidos y echar de cabeza (convirtiéndose en sapos) a distintos socios o competidores.
Nosotros carecemos, desde luego, de elementos para afirmar o negar que en el caso de Uribe se hayan realizado pactos implícitos o explícitos entre el gobierno, el ejército o la policía, y tal o cual sector del crimen organizado. Pero aún sin ningún tipo de acuerdo formal o indirecto, es evidente que el narco entiende si el corazón del esfuerzo de las autoridades va dirigido contra ellos, o se concentra en la lucha contra las FARC o los " aras"; contra las bombas, los secuestros, los asaltos y las ejecuciones o contra la siembra, los hornos de microondas y la acetona. No se necesita decir nada para que cada quien entienda lo que sucede. La discusión sobre "pactar con el narco", por lo menos a propósito de Colombia, resulta un poco ociosa. Sin hubo pacto, era superfluo; y si no lo hubo, que es lo más probable, es porque salía sobrando.
En México, de la misma manera, no habría ninguna necesidad de "pactar con el narco", ni a nivel nacional o estatal. Pero no nos hagamos de la boca chiquita: desde hace muchos decenios éste ha sido el arreglo a escala local, y abundan las versiones de continuidad de la corrupción en estados como Sinaloa, Durango, Chihuahua y Tamaulipas, cuando, en este último, las autoridades se encuentran en condiciones físicas y mentales de hacerlo. Al grado que muchos funcionarios creen que allí yace el problema: en no haber atacado a todos, a tiempo. Simplemente con saber contra quiénes va el Estado, la otra parte reacciona. Si se les dice que "los estamos esperando", como lo hizo el secretario de Gobernación, hasta el más ignorante de los narcos comprende que es con ellos el pleito. Mientras que si la fuerza del Estado se concentra en otro ámbito; si todo el esfuerzo de las autoridades va enfocado a reducir o eliminar los robos de automóvil e incluso el narcomenudeo en sus puntos de venta más delicados; a infligirle tiros de precisión al crimen organizado ante excesos de violencia pública, también los narcos comprenden. Si fueran imbéciles, no serían ricos.
Los daños colaterales decisivos del narco -la corrupción y la violencia- son acotables; la prueba es que así ha sucedido en los países desarrollados. Lo son porque no le conviene ni a la autoridad ni al narco. Cuentan que hace poco, en la sucesión para gobernador de un estado proclive al crimen organizado, una figura allegada al narco participó en la contienda por la candidatura del partido dominante. Uno de los estrategas del cártel al que pertenecía hubiera confesado: "Apoyemos con todo al fulano, pero no para gobernador. No queremos ni necesitamos a uno de los nuestros.
Una alternativa: reducir el daño
Un segundo capítulo de la alternativa posible consiste, tal y como lo han propuesto varios gobiernos nacionales, estatales y municipales de Europa, Estados Unidos y Canadá, es sustituir los intentos de reducción de la demanda por la reducción del daño. La tesis, como siempre, procede de varios autores, y sin ofender a ninguno, optamos por atribuírsela al ya multicitado Ethan Nadelmann, cuyo trabajo ha sido apoyado desde hace muchos años por la Open Society institute de George Soros. Aunque Nadelmann ha evolucionado en tiempos recientes hacia una postura proclive a la franca despenalización del consumo de cierto tipo de estupefacientes, su idea de la reducción del daño es cada día más válida. Se trata de buscar formas en lo individual semejantes a la reducción de los daños colaterales en lo nacional: registro de heroinómanos, tratamiento de rehabilitación si alguien lo desea, opción de metadona si la buscan, recambio de jeringas usadas por jeringas nuevas, verificación de la limpieza de las sustancias consumidas, detección de enfermedades inducidas (VIH, etc.) El mismo enfoque se utiliza para otras sustancias, sobre todo las sintéticas o las formas más degradadas de la cocaína, como el crack, o su versión argentina abominable, el paco, o la piedra en México. Es sinónimo de la reducción del daño la idea del enfoque de salud pública, y no de seguridad pública. Como dice Nadelmann: "El reto no es eliminar el uso de drogas, sino aprender a vivir con ellas, para alcanzar el menor daño posible y el mayor beneficio posible. La reducción del daño es un enfoque ético y pragmático... cuyo criterio central estriba, no en la reducción del número de personas que usan drogas, sino en la reducción de los decesos, las enfermedades, los delitos y sufrimiento procedentes del uso y de la prohibición".
La reducción del daño incluye, obviamente, la llamada despenalización médica en Estados Unidos. Ésta refleja, sin duda, una postura hipócrita, pero en estos casos la hipocresía resulta útil. junto con la reducción del da o, la "despenalización médica" en 15 estados de la unión americana puede ser también introducida en México, por lo menos para el caso de la mariguana. Probablemente surtiría el mismo efecto que en Estados Unidos, es decir, una legalización de facto que permitiría suprimir parte de la criminalidad vinculada al narco; cobrar impuestos; reducir las impurezas y el carácter tóxico al máximo; además de facilitar el tratamiento a quienes sean adictos, para desintoxicarse si así lo desean.
Los autores proponen acotar daños colaterales decisivos del narco como la corrupción y la violencia
Por REFORMA/Redacción
Ciudad de México (19 octubre 2009).- En su nuevo libro, "El Narco: La Guerra Fallida", Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar cuestionan la estrategia de la Administración de Felipe Calderón contra el narcotráfico y hablan de los "arreglos" de los gobiernos locales con los narcos.
"No nos hagamos de la boca chiquita: desde hace muchos decenios éste ha sido el arreglo a escala local, y abundan las versiones de continuidad de la corrupción en estados como Sinaloa, Durango, Chihuahua y Tamaulipas, cuando, en este último, las autoridades se encuentran en condiciones físicas y mentales de hacerlo", se puede leer en la publicación.
Agregan que, si la fuerza del Estado se concentra en otros ámbitos de delincuencia común u organizada, "también los narcos comprenden. Si fueran imbéciles, no serían ricos".
Lee extractos del nuevo libro:
El narco: la guerra fallida
Una alternativa: atacar los daños colaterales
¿Cuáles son los daños colaterales en México? Pues los que todos conocemos: los que han sido descritos ampliamente por la nota roja y los periódicos nacionales, a saber, los decapitados, los secuestros, las balaceras, los atentados (aunque en realidad sólo ha habido dos: en Morelia y a las instalaciones de Pemex, ambos bajo circunstancias extrañas), la extorsión a empresarios y a profesionistas (el llamado derecho de piso). Las guerrillas no existen, los paramilitares tampoco; la corrupción indudablemente sí ha existido desde tiempos inmemorables, pero a menos de que Calderón quiera dispararse otra vez en el pie, difícilmente podría demostrarse que supera la de las épocas del PRI.
Justamente sobre los medios de comunicación se impone un nuevo, breve, paréntesis. Varios sectores y personalidades en México, incluidos algunos que le hablan al oído a Calderón (otra cosa es que los escuche), han sugerido que debiera hacer lo mismo que Álvaro Uribe: convencer a los medios de que trasladen la información sobre violencia, narcotráfico, ejecuciones, etc., a las secciones de nota roja, sacándolas de los titulares de los noticieros. Hay quienes se encuentran convencidos de que gracias a esta operación Uribe logró bajarle los decibeles a los hechos mismos, o en todo caso, a su repercusión en Colombia. No sabemos si Calderón haya atendido esa sugerencia; si lo hizo, evidentemente fracasó. Pero nosotros no lo lamentamos. Se sabe dónde comienza esa manipulación, pero no dónde termina. Arranca con la prelación de las noticias, culmina con el control del contenido de una columna de opinión, de un reportaje especial, de una entrevista en radio, de un libro... como éste.
En cualquier caso, atacar los daños colaterales resulta distinto que atacar frontalmente al narco, o como dice Carlos Fuentes, "a todos los narcos, todo el tiempo". En México, efectivamente, durante muchísimos años, los sucesivos gobiernos combatieron los efectos colaterales de algunos cárteles, a ratos, y en las causas de todos, todo el tiempo. no es evidente qué sea mejor. El ejemplo de Colombia es incontrovertible en cuanto a los hechos, aunque por supuesto pueden prevalecer opiniones muy distintas o abiertamente discrepantes sobre el carácter deseable de esa ruta. Sobre todo si implicó, como lo piensan algunos, una especie de pacto tácito o explícito con los cartelitos. En Colombia, por lo menos, nunca se han avergonzado de ello. Desde la época del Presidente César Gaviria, el gobierno pactó distintas formas de entrega de los "capos del narco", empezando por Pablo Escobar a su prisión de "La Catedral". (De nuevo, El cártel de Los Sapos es maravillosamente ilustrativa al respecto.) Los narcos pactan a cada rato sus entregas con la policía, con el ejército y con el gobierno, incluso negocian con la DEA su extradición a Estados Unidos, para volverse testigos protegidos y echar de cabeza (convirtiéndose en sapos) a distintos socios o competidores.
Nosotros carecemos, desde luego, de elementos para afirmar o negar que en el caso de Uribe se hayan realizado pactos implícitos o explícitos entre el gobierno, el ejército o la policía, y tal o cual sector del crimen organizado. Pero aún sin ningún tipo de acuerdo formal o indirecto, es evidente que el narco entiende si el corazón del esfuerzo de las autoridades va dirigido contra ellos, o se concentra en la lucha contra las FARC o los " aras"; contra las bombas, los secuestros, los asaltos y las ejecuciones o contra la siembra, los hornos de microondas y la acetona. No se necesita decir nada para que cada quien entienda lo que sucede. La discusión sobre "pactar con el narco", por lo menos a propósito de Colombia, resulta un poco ociosa. Sin hubo pacto, era superfluo; y si no lo hubo, que es lo más probable, es porque salía sobrando.
En México, de la misma manera, no habría ninguna necesidad de "pactar con el narco", ni a nivel nacional o estatal. Pero no nos hagamos de la boca chiquita: desde hace muchos decenios éste ha sido el arreglo a escala local, y abundan las versiones de continuidad de la corrupción en estados como Sinaloa, Durango, Chihuahua y Tamaulipas, cuando, en este último, las autoridades se encuentran en condiciones físicas y mentales de hacerlo. Al grado que muchos funcionarios creen que allí yace el problema: en no haber atacado a todos, a tiempo. Simplemente con saber contra quiénes va el Estado, la otra parte reacciona. Si se les dice que "los estamos esperando", como lo hizo el secretario de Gobernación, hasta el más ignorante de los narcos comprende que es con ellos el pleito. Mientras que si la fuerza del Estado se concentra en otro ámbito; si todo el esfuerzo de las autoridades va enfocado a reducir o eliminar los robos de automóvil e incluso el narcomenudeo en sus puntos de venta más delicados; a infligirle tiros de precisión al crimen organizado ante excesos de violencia pública, también los narcos comprenden. Si fueran imbéciles, no serían ricos.
Los daños colaterales decisivos del narco -la corrupción y la violencia- son acotables; la prueba es que así ha sucedido en los países desarrollados. Lo son porque no le conviene ni a la autoridad ni al narco. Cuentan que hace poco, en la sucesión para gobernador de un estado proclive al crimen organizado, una figura allegada al narco participó en la contienda por la candidatura del partido dominante. Uno de los estrategas del cártel al que pertenecía hubiera confesado: "Apoyemos con todo al fulano, pero no para gobernador. No queremos ni necesitamos a uno de los nuestros.
Una alternativa: reducir el daño
Un segundo capítulo de la alternativa posible consiste, tal y como lo han propuesto varios gobiernos nacionales, estatales y municipales de Europa, Estados Unidos y Canadá, es sustituir los intentos de reducción de la demanda por la reducción del daño. La tesis, como siempre, procede de varios autores, y sin ofender a ninguno, optamos por atribuírsela al ya multicitado Ethan Nadelmann, cuyo trabajo ha sido apoyado desde hace muchos años por la Open Society institute de George Soros. Aunque Nadelmann ha evolucionado en tiempos recientes hacia una postura proclive a la franca despenalización del consumo de cierto tipo de estupefacientes, su idea de la reducción del daño es cada día más válida. Se trata de buscar formas en lo individual semejantes a la reducción de los daños colaterales en lo nacional: registro de heroinómanos, tratamiento de rehabilitación si alguien lo desea, opción de metadona si la buscan, recambio de jeringas usadas por jeringas nuevas, verificación de la limpieza de las sustancias consumidas, detección de enfermedades inducidas (VIH, etc.) El mismo enfoque se utiliza para otras sustancias, sobre todo las sintéticas o las formas más degradadas de la cocaína, como el crack, o su versión argentina abominable, el paco, o la piedra en México. Es sinónimo de la reducción del daño la idea del enfoque de salud pública, y no de seguridad pública. Como dice Nadelmann: "El reto no es eliminar el uso de drogas, sino aprender a vivir con ellas, para alcanzar el menor daño posible y el mayor beneficio posible. La reducción del daño es un enfoque ético y pragmático... cuyo criterio central estriba, no en la reducción del número de personas que usan drogas, sino en la reducción de los decesos, las enfermedades, los delitos y sufrimiento procedentes del uso y de la prohibición".
La reducción del daño incluye, obviamente, la llamada despenalización médica en Estados Unidos. Ésta refleja, sin duda, una postura hipócrita, pero en estos casos la hipocresía resulta útil. junto con la reducción del da o, la "despenalización médica" en 15 estados de la unión americana puede ser también introducida en México, por lo menos para el caso de la mariguana. Probablemente surtiría el mismo efecto que en Estados Unidos, es decir, una legalización de facto que permitiría suprimir parte de la criminalidad vinculada al narco; cobrar impuestos; reducir las impurezas y el carácter tóxico al máximo; además de facilitar el tratamiento a quienes sean adictos, para desintoxicarse si así lo desean.
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