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Azora la designación de Smartmatic
Azora la designación de Smartmatic
por Pascal Beltrán del Río
Periódico Excelsior
La firma que se encargará de proveer el equipo para obtener los datos biométricos de los mexicanos es inexperta y ha sido implicada en fraudes electorales y financieros “Francamente no entiendo cómo una empresa que no tiene ninguna experiencia internacional en el levantamiento de biométricos, y genera tantas dudas sobre su actuación, haya podido ganar una licitación tan importante en México”, dice Alek-sander Boyd.
A lo largo de los últimos cinco años, este bloguero venezolano ha rastreado las actividades de la firma Smartmatic, designada por la Secretaría de Gobernación para proveer el equipo que registrará las huellas digitales y el iris de los mexicanos a fin de incluirlos en la nueva CURP que se fusionaría con la credencial para votar para crear la Cédula de Identidad y Participación Electoral (CIPE).
Boyd habla con Excélsior desde Londres, ciudad a la que llegó hace varios años para especializarse en geología. Tenía la meta de trabajar para Petróleos de Venezuela, pero el ascenso al poder de Hugo Chávez lo hizo desistir de regresar a su patria.
El reportero contactó a Boyd luego de que subiera un comentario en su blog sobre el proceso de licitación en México que dio como ganadora a Smartmatic. “Lo que me asombra es que la prensa mexicana describa a Smartmatic como una empresa holandesa… después de que se han expuesto sus vínculos con el régimen”, escribió Boyd. “No hay duda alguna de que Smartmatic es tan holandesa como Hugo Chávez”.
A raíz de que en 2004 Smartmatic proveyó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela de las urnas electrónicas que se utilizaron en el referéndum presidencial de ese año para decidir la permanencia en el poder de Hugo Chávez, Boyd quiso saber cómo se había constituido esa empresa y quiénes eran sus propietarios.
El bloguero se basó primero en información publicada por el periodista venezolano Orlando Ochoa. Éste había encontrado vínculos entre los fundadores de Smartmatic Antonio Mugica y Alfredo Anzola— con importantes personajes del gobierno de Chávez.
Entre ellos, el entonces vicepresidente José Vicente Rangel, cuya hija fungió como notaria para formalizar la constitución de una sociedad entre Smartmatic, la empresa Bizta Corp. y CANTV, la compañía estatal de telecomunicaciones. Dicha operación tuvo lugar en el Registro Mercantil Quinto que dirige la abogada Gisela Rangel Dávalos, la hija del vicepresidente, en la planta baja del edificio Banaven, mejor conocido por los caraqueños como El Cubo Negro, en el barrio de Chuao.
De acuerdo con las investigaciones de Boyd, esa sociedad fue el punto de partida para que Smartmatic [/b]pudiera firmar un jugoso contrato con el CNE, que muchos estiman en al menos 131 millones de dólares.
La empresa se hizo cargo de proveer al CNE de las urnas electrónicas que se usarían en el referéndum, mismas que fueron compradas a la firma italiana Olivetti. Para Boyd, una de las cosas más extrañas que ocurrieron en ese entonces fue que quien acudió a Italia a cerrar la operación no fue algún directivo de Smartmatic, como Mugica o Anzola, sino el propio presidente del CNE, Jorge Rodríguez.
Boyd también ha publicado las discrepancias que se han hecho públicas sobre la compra de las urnas electrónicas hace un lustro. Primero, que el modelo de máquina que oficialmente fue adquirido a Olivetti (AES300) no existe en su catálogo, y que el que finalmente llegó a Venezuela para el proceso comicial (MAEL 205) solamente había sido usado anteriormente en loterías.
También dice que hay diferencias entre el costo oficial de las máquinas (el equivalente de casi 58 millones de dólares) y el que reportó la agencia noticiosa italiana ANSA (24 millones de dólares).
El referéndum fue ganado por Chávez con 59% de los votos a favor de su permanencia en el poder. Y aunque hubo quejas sobre el uso de las urnas electrónicas provistas por Smartmatic, hasta ahora no se ha podido probar que la tecnología incidió en el resultado.
por Pascal Beltrán del Río
Periódico Excelsior
La firma que se encargará de proveer el equipo para obtener los datos biométricos de los mexicanos es inexperta y ha sido implicada en fraudes electorales y financieros “Francamente no entiendo cómo una empresa que no tiene ninguna experiencia internacional en el levantamiento de biométricos, y genera tantas dudas sobre su actuación, haya podido ganar una licitación tan importante en México”, dice Alek-sander Boyd.
A lo largo de los últimos cinco años, este bloguero venezolano ha rastreado las actividades de la firma Smartmatic, designada por la Secretaría de Gobernación para proveer el equipo que registrará las huellas digitales y el iris de los mexicanos a fin de incluirlos en la nueva CURP que se fusionaría con la credencial para votar para crear la Cédula de Identidad y Participación Electoral (CIPE).
Boyd habla con Excélsior desde Londres, ciudad a la que llegó hace varios años para especializarse en geología. Tenía la meta de trabajar para Petróleos de Venezuela, pero el ascenso al poder de Hugo Chávez lo hizo desistir de regresar a su patria.
El reportero contactó a Boyd luego de que subiera un comentario en su blog sobre el proceso de licitación en México que dio como ganadora a Smartmatic. “Lo que me asombra es que la prensa mexicana describa a Smartmatic como una empresa holandesa… después de que se han expuesto sus vínculos con el régimen”, escribió Boyd. “No hay duda alguna de que Smartmatic es tan holandesa como Hugo Chávez”.
A raíz de que en 2004 Smartmatic proveyó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela de las urnas electrónicas que se utilizaron en el referéndum presidencial de ese año para decidir la permanencia en el poder de Hugo Chávez, Boyd quiso saber cómo se había constituido esa empresa y quiénes eran sus propietarios.
El bloguero se basó primero en información publicada por el periodista venezolano Orlando Ochoa. Éste había encontrado vínculos entre los fundadores de Smartmatic Antonio Mugica y Alfredo Anzola— con importantes personajes del gobierno de Chávez.
Entre ellos, el entonces vicepresidente José Vicente Rangel, cuya hija fungió como notaria para formalizar la constitución de una sociedad entre Smartmatic, la empresa Bizta Corp. y CANTV, la compañía estatal de telecomunicaciones. Dicha operación tuvo lugar en el Registro Mercantil Quinto que dirige la abogada Gisela Rangel Dávalos, la hija del vicepresidente, en la planta baja del edificio Banaven, mejor conocido por los caraqueños como El Cubo Negro, en el barrio de Chuao.
De acuerdo con las investigaciones de Boyd, esa sociedad fue el punto de partida para que Smartmatic [/b]pudiera firmar un jugoso contrato con el CNE, que muchos estiman en al menos 131 millones de dólares.
La empresa se hizo cargo de proveer al CNE de las urnas electrónicas que se usarían en el referéndum, mismas que fueron compradas a la firma italiana Olivetti. Para Boyd, una de las cosas más extrañas que ocurrieron en ese entonces fue que quien acudió a Italia a cerrar la operación no fue algún directivo de Smartmatic, como Mugica o Anzola, sino el propio presidente del CNE, Jorge Rodríguez.
Boyd también ha publicado las discrepancias que se han hecho públicas sobre la compra de las urnas electrónicas hace un lustro. Primero, que el modelo de máquina que oficialmente fue adquirido a Olivetti (AES300) no existe en su catálogo, y que el que finalmente llegó a Venezuela para el proceso comicial (MAEL 205) solamente había sido usado anteriormente en loterías.
También dice que hay diferencias entre el costo oficial de las máquinas (el equivalente de casi 58 millones de dólares) y el que reportó la agencia noticiosa italiana ANSA (24 millones de dólares).
El referéndum fue ganado por Chávez con 59% de los votos a favor de su permanencia en el poder. Y aunque hubo quejas sobre el uso de las urnas electrónicas provistas por Smartmatic, hasta ahora no se ha podido probar que la tecnología incidió en el resultado.
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