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Originalmente publicado por Ciro peraloca
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El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, aseguró que la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, como las que se vienen desarrollando desde hace más de cinco años, va en contra de lo que ordena la constitución.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, aseguró que la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, como las que se vienen desarrollando desde hace más de cinco años, va en contra de lo que ordena la constitución.
El país está en riesgo de sumirse en la anarquía jurídica
La Suprema Corte es la última garantía
Autor: Juan Bustillos
Dos casos ilustran una guerra entre poderes, relegando a veces las elementales normas legales de la Constitución: Hank Rhon y Onésimo Cepeda
En el más enrarecido de los climas imaginables a causa de la sucesión presidencial del 2012 (enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo por las reformas política, laboral y de seguridad; desencuentro entre el Ejecutivo y el Poder Judicial de la Federación por la violación de los derechos fundamentales por parte del Ejército de Jorge Hank Rhon y otras 10 personas; y la previsible investigación de la PGR al ministro Sergio Valls por tráfico de influencia en el caso del obispo Onésimo Cepeda que validó el pagaré por el presunto préstamo de 130 millones de dólares en efectivo a Olga Azcárraga), el presidente de la Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, con su prestigio como única arma, se presenta como la última garantía que el país tiene de no sumirse en la anarquía jurídica.
Quizá no tenga vocación de Tomás Becket (defender a la Iglesia, inclusive del rey que lo designó arzobispo y luego ordenó su muerte al no plegarse a sus órdenes), pero Silva Meza no está dispuesto a poner al Poder Judicial de la Federación al servicio del Ejecutivo o de quienes con el pretexto de combatir al crimen organizado pasan sobre la Constitución. Ni siquiera tratándose del Ejército Mexicano que conforme a una resolución judicial de primera instancia fue pillado violando en flagrancia el Artículo 16 Constitucional en agravio de 11 mexicanos.
Tampoco a permitir que el máximo tribunal de la nación quede en medio de la lucha electoral del 2012.
PRUEBAS AGOBIANTES
En las últimas dos semanas las presiones por el caso Hank Rhon han sido mayúsculas; otro quizá no las habría resistido. Sin discursos, sin declaraciones sensacionalistas, sin aspavientos, sin siquiera mediar una palabra, el ministro Silva Meza ha dejado claro al Poder Ejecutivo que la Suprema Corte de la Nación no cederá a las tentaciones autoritarias.
En el segundo caso, el del obispo que atesoró 130 millones de dólares y luego los prestó a una anciana cuyo fin se acercaba, pero que antes de morir y guardar el cerro de billetes verdes bajo del colchón no tuvo empacho en firmarle un pagaré que le permitirá quedarse con su herencia, las presiones serán aún mayores, pues un ministro de la Corte, Sergio Valls, y dos magistrados serán investigados por la PGR por tráfico de influencia.
Pero el caso de Valls está por venir, no así el de Hank Rhon que ha puesto en evidencia, si no el autoritarismo gubernamental, la torpeza del Ejército para actuar espontáneamente o cumplir consignas.
BAJO PRESIÓN
Silva Meza resistió toda suerte de presiones que lo exhortaban a convencer a la juez Blanca Evelia Parra Meza a resolver de manera contraria a como lo hizo en el caso Hank Rhon, en el que el Ejército Mexicano habría violado hasta en dos ocasiones el Artículo 16 Constitucional con pretexto de haberlo sorprendido en flagrancia, con sus cómplices o guardaespaldas, en posesión de un arsenal de 88 armas y casi 9 mil cartuchos útiles.
Prueba de fuego, sin embargo, será la resolución a la apelación interpuesta por la PGR, en la que ya no estará involucrada la juez novena de Distrito con sede en Tijuana, y el Ministerio Público de la Federación habrá tenido oportunidad de ver, sin editar, los videos ofrecidos por la defensa del ex alcalde de Tijuana y ex candidato del PRI a gobernador de Baja California que, conforme a la defensa, prueban que la captura ocurrió de manera diferente a como consta en el parte militar de la puesta a disposición del MP de los detenidos y el arsenal.
SE ESTRELLA FRANCISCO BLAKE
Pero mientras ocurren los tiempos de la apelación, vale la penar colocar el caso en contexto.
El Poder Judicial tiene plena confianza en la juez Parra Meza. No es una desconocida. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la observó, con el recientemente fallecido ministro Jesús Gudiño Peláez, ascender paso a paso, casi desde el inicio de su carrera en el Poder Judicial de la Federación, hasta convertirse en juez de Distrito.
En las 144 horas que la juez tuvo para determinar la situación jurídica de los detenidos, recibió a su vez presiones de toda índole; hasta amenazas. Sin embargo, le bastó poner en conocimiento superior lo que le ocurría para escuchar las palabras sacrosantas que de tan usadas han sufrido deslave, pero que para ella fueron el apoyo que necesitaba para firmar la resolución sin temblores de pulso: “conforme a derecho”.
Quizá en este conocimiento de la juez y de la convicción de la teoría constitucional de la separación de Poderes es que los esfuerzos del secretario de Gobernación, Francisco Blake, por convencer al Poder Judicial de ayudar al gobierno federal en el caso Hank aduciendo el bien del país, no tuvieron resultados. Blake es, por cierto, aspirante a gobernar Baja California.
MINISTROS MENSAJEROS
Por lo menos dos ministros aceptaron el deshonroso honor de convertirse en cabilderos del Poder Ejecutivo, pero sus esfuerzos se estrellaron ante la férrea voluntad del presidente de la Corte.
En este contexto debe inscribirse la insólita difusión por parte del Consejo de la Judicatura de la resolución de la juez Parra Meza de liberar a Jorge Hank Rhon y 10 personas más por considerar que los hechos no ocurrieron como lo reportaron los soldados que después de aprehenderlos en supuesta flagrancia los pusieron a disposición del Ministerio Público de la Federación.
La juez resolvió “que los eventos suscitados el día cuatro de junio de dos mil once, en el interior del inmueble antes mencionado (el domicilio de Hank), acontecieron de manera diversa en cuanto al tiempo y modo, respecto de los reseñados por los elementos del Ejército Mexicano en su denuncia de hechos”.
Parra Meza dijo que los aprehendidos “lograron acreditar su versión exculpatoria”.
Pero, ¿cuál fue ésta?: “el argumento exculpatorio toral de la defensa de los inculpados, radicó en que la intromisión de los elementos del Ejército Mexicano, a los domicilios ubicados en habitación 201 del Hotel Suites Royal y Avenida fue ilegal, pues no contaban con orden de cateo o motivo alguno que justificaran la flagrancia delictiva...”.
La Suprema Corte es la última garantía
Autor: Juan Bustillos
Dos casos ilustran una guerra entre poderes, relegando a veces las elementales normas legales de la Constitución: Hank Rhon y Onésimo Cepeda
En el más enrarecido de los climas imaginables a causa de la sucesión presidencial del 2012 (enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo por las reformas política, laboral y de seguridad; desencuentro entre el Ejecutivo y el Poder Judicial de la Federación por la violación de los derechos fundamentales por parte del Ejército de Jorge Hank Rhon y otras 10 personas; y la previsible investigación de la PGR al ministro Sergio Valls por tráfico de influencia en el caso del obispo Onésimo Cepeda que validó el pagaré por el presunto préstamo de 130 millones de dólares en efectivo a Olga Azcárraga), el presidente de la Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, con su prestigio como única arma, se presenta como la última garantía que el país tiene de no sumirse en la anarquía jurídica.
Quizá no tenga vocación de Tomás Becket (defender a la Iglesia, inclusive del rey que lo designó arzobispo y luego ordenó su muerte al no plegarse a sus órdenes), pero Silva Meza no está dispuesto a poner al Poder Judicial de la Federación al servicio del Ejecutivo o de quienes con el pretexto de combatir al crimen organizado pasan sobre la Constitución. Ni siquiera tratándose del Ejército Mexicano que conforme a una resolución judicial de primera instancia fue pillado violando en flagrancia el Artículo 16 Constitucional en agravio de 11 mexicanos.
Tampoco a permitir que el máximo tribunal de la nación quede en medio de la lucha electoral del 2012.
PRUEBAS AGOBIANTES
En las últimas dos semanas las presiones por el caso Hank Rhon han sido mayúsculas; otro quizá no las habría resistido. Sin discursos, sin declaraciones sensacionalistas, sin aspavientos, sin siquiera mediar una palabra, el ministro Silva Meza ha dejado claro al Poder Ejecutivo que la Suprema Corte de la Nación no cederá a las tentaciones autoritarias.
En el segundo caso, el del obispo que atesoró 130 millones de dólares y luego los prestó a una anciana cuyo fin se acercaba, pero que antes de morir y guardar el cerro de billetes verdes bajo del colchón no tuvo empacho en firmarle un pagaré que le permitirá quedarse con su herencia, las presiones serán aún mayores, pues un ministro de la Corte, Sergio Valls, y dos magistrados serán investigados por la PGR por tráfico de influencia.
Pero el caso de Valls está por venir, no así el de Hank Rhon que ha puesto en evidencia, si no el autoritarismo gubernamental, la torpeza del Ejército para actuar espontáneamente o cumplir consignas.
BAJO PRESIÓN
Silva Meza resistió toda suerte de presiones que lo exhortaban a convencer a la juez Blanca Evelia Parra Meza a resolver de manera contraria a como lo hizo en el caso Hank Rhon, en el que el Ejército Mexicano habría violado hasta en dos ocasiones el Artículo 16 Constitucional con pretexto de haberlo sorprendido en flagrancia, con sus cómplices o guardaespaldas, en posesión de un arsenal de 88 armas y casi 9 mil cartuchos útiles.
Prueba de fuego, sin embargo, será la resolución a la apelación interpuesta por la PGR, en la que ya no estará involucrada la juez novena de Distrito con sede en Tijuana, y el Ministerio Público de la Federación habrá tenido oportunidad de ver, sin editar, los videos ofrecidos por la defensa del ex alcalde de Tijuana y ex candidato del PRI a gobernador de Baja California que, conforme a la defensa, prueban que la captura ocurrió de manera diferente a como consta en el parte militar de la puesta a disposición del MP de los detenidos y el arsenal.
SE ESTRELLA FRANCISCO BLAKE
Pero mientras ocurren los tiempos de la apelación, vale la penar colocar el caso en contexto.
El Poder Judicial tiene plena confianza en la juez Parra Meza. No es una desconocida. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la observó, con el recientemente fallecido ministro Jesús Gudiño Peláez, ascender paso a paso, casi desde el inicio de su carrera en el Poder Judicial de la Federación, hasta convertirse en juez de Distrito.
En las 144 horas que la juez tuvo para determinar la situación jurídica de los detenidos, recibió a su vez presiones de toda índole; hasta amenazas. Sin embargo, le bastó poner en conocimiento superior lo que le ocurría para escuchar las palabras sacrosantas que de tan usadas han sufrido deslave, pero que para ella fueron el apoyo que necesitaba para firmar la resolución sin temblores de pulso: “conforme a derecho”.
Quizá en este conocimiento de la juez y de la convicción de la teoría constitucional de la separación de Poderes es que los esfuerzos del secretario de Gobernación, Francisco Blake, por convencer al Poder Judicial de ayudar al gobierno federal en el caso Hank aduciendo el bien del país, no tuvieron resultados. Blake es, por cierto, aspirante a gobernar Baja California.
MINISTROS MENSAJEROS
Por lo menos dos ministros aceptaron el deshonroso honor de convertirse en cabilderos del Poder Ejecutivo, pero sus esfuerzos se estrellaron ante la férrea voluntad del presidente de la Corte.
En este contexto debe inscribirse la insólita difusión por parte del Consejo de la Judicatura de la resolución de la juez Parra Meza de liberar a Jorge Hank Rhon y 10 personas más por considerar que los hechos no ocurrieron como lo reportaron los soldados que después de aprehenderlos en supuesta flagrancia los pusieron a disposición del Ministerio Público de la Federación.
La juez resolvió “que los eventos suscitados el día cuatro de junio de dos mil once, en el interior del inmueble antes mencionado (el domicilio de Hank), acontecieron de manera diversa en cuanto al tiempo y modo, respecto de los reseñados por los elementos del Ejército Mexicano en su denuncia de hechos”.
Parra Meza dijo que los aprehendidos “lograron acreditar su versión exculpatoria”.
Pero, ¿cuál fue ésta?: “el argumento exculpatorio toral de la defensa de los inculpados, radicó en que la intromisión de los elementos del Ejército Mexicano, a los domicilios ubicados en habitación 201 del Hotel Suites Royal y Avenida fue ilegal, pues no contaban con orden de cateo o motivo alguno que justificaran la flagrancia delictiva...”.
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