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Re: la marcha por la paz...de los narcos...
O P I N I Ó N
F E R N A N D O A . O R R A N T I A
Análisis: Protesta pública equivocada
Todos los ciudadanos tenemos el derecho a protestar contra las autoridades por sus acciones y omisiones que son reprobables
Todos los ciudadanos tenemos el derecho a protestar contra las autoridades por sus acciones y omisiones que son reprobables. Razones sobran. Pero la marcha de protesta de Cuernavaca al Distrito Federal, organizada por el escritor Javier Sicilia, tuvo como objeto protestar en contra de las autoridades federales y concretamente en contra del Presidente Calderón, por la inseguridad que padece el País y que los manifestantes atribuyen a las acciones y estrategias del Gobierno federal y a la participación de las fuerzas armadas en funciones de policía.
Al final de la marcha de protesta, Javier Sicilia públicamente solicitó al Presidente de la República que cesara al Secretario de Seguridad Pública, como demostración de que las protestas habían sido escuchadas.
En mi opinión, la queja debió ser dirigida a las autoridades locales de Cuernavaca y de Morelos, donde fue asesinado el hijo de Sicilia, y a las autoridades de todos los estados, gobernados por políticos de los tres partidos políticos, que han incumplido su obligación de prestar a los ciudadanos el servicio público de seguridad pública encomendado por la Constitución a los gobiernos municipales, pero con la responsabilidad final en el Gobierno estatal, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo.
Los gobernadores y los alcaldes de todos los estados, durante cuando menos medio siglo, han descuidado negligentemente la creación de cuerpos de policías eficaces que protejan de los delincuentes a los ciudadanos y a los visitantes.
Las policías municipales y estatales están integradas por personas sin preparación, incapaces de proteger a los ciudadanos en contra de los delincuentes porque no tienen los conocimientos que deben tener los policías, ni armas ni municiones adecuadas y porque no han sido capacitados para usarlas. Los sueldos son insuficientes.
El porcentaje de elementos corruptos es casi total y la colaboración con los delincuentes convierte a los policías locales en una amenaza social.
Es imposible hacer a un lado los efectos negativos de las crisis económicas y de las devaluaciones de nuestra moneda creadas durante la larga era del PRI, en las cuales la economía nacional retrocedió notablemente, privó de fuentes de trabajo a cientos de miles de trabajadores y aumentó la pobreza en el país. 1976, 1982, 1988 y 1994 son las cuatro fechas terribles en la memoria de los mexicanos, porque los efectos negativos de las devaluaciones y del desempleo siguen retrasando el desarrollo del País.
Los dos gobiernos del PAN, de 2000 al 2011, han sido incapaces de eliminar la corrupción en el Poder Ejecutivo Federal y nada han hecho para reducir el dispendio y la corrupción de los gobiernos estatales, aunque la primera responsabilidad en este último punto nos corresponde a los ciudadanos, porque seguimos eligiendo a gobernantes federales y locales incapaces y corruptos.
La orden a nuestras fuerzas armadas para entrar a las ciudades a imponer el orden que los policías locales no podían cumplir, fue en opinión de muchos mexicanos el mal menor ante un problema grave de falta de autoridad local para cumplir con la ley e imponer el orden. Yo comparto esta opinión.
Los soldados y marinos no son policías y no saben realizar funciones de policías, pero era indispensable que hubiera una autoridad que vigilara las ciudades en las cuales los delincuentes y traficantes de drogas realizaban impunemente sus actividades.
La violencia urbana no empezó con el sexenio de Calderón, ni en el de Vicente Fox. Ha sido un problema que ha venido creciendo desde hace cuando menos treinta años. Los secuestros de empresarios y de sus familiares y los robos a bancos y empresas en el Distrito Federal y en todos los estados han sido un problema constante. Basta recordar que en Culiacán hay inseguridad desde hace muchos años, con asesinatos en las colonias y hasta en el centro de la ciudad. Empresas cambiaron a sus funcionarios a Mazatlán, para reducir el peligro de violencia e inseguridad. Un ejemplo destacado es el homicidio del Jefe de la Policía Judicial del Estado durante el sexenio de Alfredo Valdéz Montoya, en 1975 o 1976, para recordar los antecedentes graves de violencia urbana en Culiacán.
La protesta ciudadana organizada por Javier Sicilia debió haber denunciado la evidente corrupción de la policía de Morelos y demandado más y mejores acciones de parte de las autoridades estatales y también de las federales, para ofrecer a los ciudadanos la seguridad que ahora no tenemos. Pero acusar al Gobierno federal solamente y señalar al Presidente Calderón como responsable principal del problema revela que la protesta tenía fines distintos a los anunciados.
En 2004 la protesta ciudadana realizada en el Distrito Federal contra la violencia y la inseguridad fue calificada por López Obrador como acciones de "pirrurris", porque él era el responsable de la seguridad pública en la capital y no le gustó la crítica.
Ahora sus partidarios se apoderaron de la manifestación de protesta del pasado fin de semana para criticar al Presidente Calderón, pero no hubo ninguna queja en contra de los delincuentes y de las policías estatales y municipales, incapaces de cumplir con su obligación de dar seguridad a los ciudadanos.
Los delincuentes deben estar satisfechos de la colaboración recibida de los organizadores de la protesta.
O P I N I Ó N
F E R N A N D O A . O R R A N T I A
Análisis: Protesta pública equivocada
Todos los ciudadanos tenemos el derecho a protestar contra las autoridades por sus acciones y omisiones que son reprobables
Todos los ciudadanos tenemos el derecho a protestar contra las autoridades por sus acciones y omisiones que son reprobables. Razones sobran. Pero la marcha de protesta de Cuernavaca al Distrito Federal, organizada por el escritor Javier Sicilia, tuvo como objeto protestar en contra de las autoridades federales y concretamente en contra del Presidente Calderón, por la inseguridad que padece el País y que los manifestantes atribuyen a las acciones y estrategias del Gobierno federal y a la participación de las fuerzas armadas en funciones de policía.
Al final de la marcha de protesta, Javier Sicilia públicamente solicitó al Presidente de la República que cesara al Secretario de Seguridad Pública, como demostración de que las protestas habían sido escuchadas.
En mi opinión, la queja debió ser dirigida a las autoridades locales de Cuernavaca y de Morelos, donde fue asesinado el hijo de Sicilia, y a las autoridades de todos los estados, gobernados por políticos de los tres partidos políticos, que han incumplido su obligación de prestar a los ciudadanos el servicio público de seguridad pública encomendado por la Constitución a los gobiernos municipales, pero con la responsabilidad final en el Gobierno estatal, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo.
Los gobernadores y los alcaldes de todos los estados, durante cuando menos medio siglo, han descuidado negligentemente la creación de cuerpos de policías eficaces que protejan de los delincuentes a los ciudadanos y a los visitantes.
Las policías municipales y estatales están integradas por personas sin preparación, incapaces de proteger a los ciudadanos en contra de los delincuentes porque no tienen los conocimientos que deben tener los policías, ni armas ni municiones adecuadas y porque no han sido capacitados para usarlas. Los sueldos son insuficientes.
El porcentaje de elementos corruptos es casi total y la colaboración con los delincuentes convierte a los policías locales en una amenaza social.
Es imposible hacer a un lado los efectos negativos de las crisis económicas y de las devaluaciones de nuestra moneda creadas durante la larga era del PRI, en las cuales la economía nacional retrocedió notablemente, privó de fuentes de trabajo a cientos de miles de trabajadores y aumentó la pobreza en el país. 1976, 1982, 1988 y 1994 son las cuatro fechas terribles en la memoria de los mexicanos, porque los efectos negativos de las devaluaciones y del desempleo siguen retrasando el desarrollo del País.
Los dos gobiernos del PAN, de 2000 al 2011, han sido incapaces de eliminar la corrupción en el Poder Ejecutivo Federal y nada han hecho para reducir el dispendio y la corrupción de los gobiernos estatales, aunque la primera responsabilidad en este último punto nos corresponde a los ciudadanos, porque seguimos eligiendo a gobernantes federales y locales incapaces y corruptos.
La orden a nuestras fuerzas armadas para entrar a las ciudades a imponer el orden que los policías locales no podían cumplir, fue en opinión de muchos mexicanos el mal menor ante un problema grave de falta de autoridad local para cumplir con la ley e imponer el orden. Yo comparto esta opinión.
Los soldados y marinos no son policías y no saben realizar funciones de policías, pero era indispensable que hubiera una autoridad que vigilara las ciudades en las cuales los delincuentes y traficantes de drogas realizaban impunemente sus actividades.
La violencia urbana no empezó con el sexenio de Calderón, ni en el de Vicente Fox. Ha sido un problema que ha venido creciendo desde hace cuando menos treinta años. Los secuestros de empresarios y de sus familiares y los robos a bancos y empresas en el Distrito Federal y en todos los estados han sido un problema constante. Basta recordar que en Culiacán hay inseguridad desde hace muchos años, con asesinatos en las colonias y hasta en el centro de la ciudad. Empresas cambiaron a sus funcionarios a Mazatlán, para reducir el peligro de violencia e inseguridad. Un ejemplo destacado es el homicidio del Jefe de la Policía Judicial del Estado durante el sexenio de Alfredo Valdéz Montoya, en 1975 o 1976, para recordar los antecedentes graves de violencia urbana en Culiacán.
La protesta ciudadana organizada por Javier Sicilia debió haber denunciado la evidente corrupción de la policía de Morelos y demandado más y mejores acciones de parte de las autoridades estatales y también de las federales, para ofrecer a los ciudadanos la seguridad que ahora no tenemos. Pero acusar al Gobierno federal solamente y señalar al Presidente Calderón como responsable principal del problema revela que la protesta tenía fines distintos a los anunciados.
En 2004 la protesta ciudadana realizada en el Distrito Federal contra la violencia y la inseguridad fue calificada por López Obrador como acciones de "pirrurris", porque él era el responsable de la seguridad pública en la capital y no le gustó la crítica.
Ahora sus partidarios se apoderaron de la manifestación de protesta del pasado fin de semana para criticar al Presidente Calderón, pero no hubo ninguna queja en contra de los delincuentes y de las policías estatales y municipales, incapaces de cumplir con su obligación de dar seguridad a los ciudadanos.
Los delincuentes deben estar satisfechos de la colaboración recibida de los organizadores de la protesta.
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