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Las trampas (no solo) legales
Medios, jueces, empresarios
Abatir procesos populares
Julio Hernandez Lopez
Los casos actuales de Argentina (Cristina Fernandez de Kirchner) y Peru (Pedro Castillo Terrones), como antes los de Bolivia (Evo Morales), Brasil (Dilma Rousseff, luego Luiz Inacio Lula da Silva) y Ecuador (Rafael Correa), entre los mas conocidos, ilustran la necesidad de buscar las reformas adecuadas para impedir que poderes confabulados, institucionales y facticos, lleguen a atentar contra procesos politicos y sociales en busca de transformaciones a favor del interes popular.
Esa fase de denuncia y busqueda de reformas legales, desde posicionamientos progresistas o populares, topa de manera natural con la resistencia de los poderes desplazados, que suelen pintar de colores alegres el pasado en que regian y, con pigmentaciones sombrias, los intentos de transformacion en curso.
Un ejemplo esta en el terreno electoral. Voces intencionalmente desmemoriadas defienden una especie de paraiso de la democracia en la que, aseguran, se desplazaban placidamente los ciudadanos, productores a la vez de presuntos resultados impecables o cuando menos aceptables.
No ha habido ni hay tal eden democratico: el Instituto Federal Electoral, que luego cambio la segunda palabra por Nacional, ha sido un instrumento de convalidacion de intereses y complicidades de elites, roto apenas por la irrupcion de sufragios en 2018 a favor de Andres Manuel Lopez Obrador y por la siguiente etapa de triunfos electorales morenistas, federales y estatales, reconocidos mas por la fuerza de los votos y la nueva configuracion de una clase politica alternativa que por el buen funcionamiento del aparato organizador y juzgador de elecciones.
Es importante tener claridad respecto a estos procesos de instrumentacion judicial que se arman para generar ambientes de desestabilizacion, juicios politicos y desenlaces supuestamente legales.
Es el lawfare, vocablo ingles que designa la guerra juridica, la judicializacion de la politica, como parte de orquestaciones en las que confluyen medios de comunicacion convencionales, empresarios descontentos, aparato judicial corrupto y factores de poder como el alto clero y agencias extranjeras.
El gobierno del presidente Lopez Obrador ha podido sortear hasta ahora el embate de esos intereses. La denuncia cotidiana desde la manianera, con todo y sus notaciones a veces excesivas, es un acto politico de legitima defensa, y varias de las reformas legales o ajustes estructurales impulsados por Palacio Nacional buscan desactivar las minas, cada vez menos camufladas, que pretenden detonar aproximaciones al golpismo.
La nota completa: La Jornada: Astillero
Aqui YA tuvimos nuestro Lawfare -en 2005- con el "Desafuero" ORDENADO por Vicente Fox en contra de Amlo, apoyado por el Poder Legislativo y Judicial, por los "carteles" empresariales; Repetido y PROMOVIDO por la Chayocracia, y APLAUDIDO por millones de Focas.
Con lo que NO contaron fue con la reaccion del pueblo. Se dieron cuenta de que de la carcel lo iban a tener que sacar para llevarlo directamente a Palacio Nacional y "se rajaron". Pero ES exactamente lo MISMO.
Fue tan BURDA la "marometa", tan baladi el pretexto (que una constructora "no saco inmediatamente" una maquinaria de un terreno) que solo las Focas mas brutas se tragaron esa sardina. Recuerdo que incluso amigos netamente Derechistas y para nada "simpatizantes" de Amlo, se sintieron ofendidos con esa ruindad.
Pero ahora "esta de moda" en Sudamerica. La Derecha esta tan desesperada al constatar que el Neoliberalismo YA MURIO, que estan recurriendo a esas marranadas legaloides para dar Golpes de Estado.
Aqui estan tratando de "impulsar" algo parecido. Pero mejor tengan cuidado, porque pueden encender la mecha de una bomba que les va a reventar en las manos.
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Medios, jueces, empresarios
Abatir procesos populares
Julio Hernandez Lopez
Los casos actuales de Argentina (Cristina Fernandez de Kirchner) y Peru (Pedro Castillo Terrones), como antes los de Bolivia (Evo Morales), Brasil (Dilma Rousseff, luego Luiz Inacio Lula da Silva) y Ecuador (Rafael Correa), entre los mas conocidos, ilustran la necesidad de buscar las reformas adecuadas para impedir que poderes confabulados, institucionales y facticos, lleguen a atentar contra procesos politicos y sociales en busca de transformaciones a favor del interes popular.
Esa fase de denuncia y busqueda de reformas legales, desde posicionamientos progresistas o populares, topa de manera natural con la resistencia de los poderes desplazados, que suelen pintar de colores alegres el pasado en que regian y, con pigmentaciones sombrias, los intentos de transformacion en curso.
Un ejemplo esta en el terreno electoral. Voces intencionalmente desmemoriadas defienden una especie de paraiso de la democracia en la que, aseguran, se desplazaban placidamente los ciudadanos, productores a la vez de presuntos resultados impecables o cuando menos aceptables.
No ha habido ni hay tal eden democratico: el Instituto Federal Electoral, que luego cambio la segunda palabra por Nacional, ha sido un instrumento de convalidacion de intereses y complicidades de elites, roto apenas por la irrupcion de sufragios en 2018 a favor de Andres Manuel Lopez Obrador y por la siguiente etapa de triunfos electorales morenistas, federales y estatales, reconocidos mas por la fuerza de los votos y la nueva configuracion de una clase politica alternativa que por el buen funcionamiento del aparato organizador y juzgador de elecciones.
Es importante tener claridad respecto a estos procesos de instrumentacion judicial que se arman para generar ambientes de desestabilizacion, juicios politicos y desenlaces supuestamente legales.
Es el lawfare, vocablo ingles que designa la guerra juridica, la judicializacion de la politica, como parte de orquestaciones en las que confluyen medios de comunicacion convencionales, empresarios descontentos, aparato judicial corrupto y factores de poder como el alto clero y agencias extranjeras.
El gobierno del presidente Lopez Obrador ha podido sortear hasta ahora el embate de esos intereses. La denuncia cotidiana desde la manianera, con todo y sus notaciones a veces excesivas, es un acto politico de legitima defensa, y varias de las reformas legales o ajustes estructurales impulsados por Palacio Nacional buscan desactivar las minas, cada vez menos camufladas, que pretenden detonar aproximaciones al golpismo.
La nota completa: La Jornada: Astillero
Aqui YA tuvimos nuestro Lawfare -en 2005- con el "Desafuero" ORDENADO por Vicente Fox en contra de Amlo, apoyado por el Poder Legislativo y Judicial, por los "carteles" empresariales; Repetido y PROMOVIDO por la Chayocracia, y APLAUDIDO por millones de Focas.
Con lo que NO contaron fue con la reaccion del pueblo. Se dieron cuenta de que de la carcel lo iban a tener que sacar para llevarlo directamente a Palacio Nacional y "se rajaron". Pero ES exactamente lo MISMO.
Fue tan BURDA la "marometa", tan baladi el pretexto (que una constructora "no saco inmediatamente" una maquinaria de un terreno) que solo las Focas mas brutas se tragaron esa sardina. Recuerdo que incluso amigos netamente Derechistas y para nada "simpatizantes" de Amlo, se sintieron ofendidos con esa ruindad.
Pero ahora "esta de moda" en Sudamerica. La Derecha esta tan desesperada al constatar que el Neoliberalismo YA MURIO, que estan recurriendo a esas marranadas legaloides para dar Golpes de Estado.
Aqui estan tratando de "impulsar" algo parecido. Pero mejor tengan cuidado, porque pueden encender la mecha de una bomba que les va a reventar en las manos.
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