Juarenses, para que conozcan mejor al nuevo titular de Segurifdad Publica aqui les dejo solo un par de articulos de la localidad referente al nuevo titular de Seguridad Pública de Cd. Juárez el Tte. Cor. Leyzaola, importado de otra fronteriza ciudad: Tijuana.
EL EXPEDIENTE LEYZAOLA
Columnista: Raúl Ramírez Baena
Mexicali, B.C. - El Tte. Cor. Julián Leyzaola Pérez, ex Secretario de Seguridad Pública municipal de Tijuana, hoy titular de Seguridad Pública de Cd. Juárez, representa fielmente la política de Estado, la visión oficial sobre la Seguridad Pública, que ignora olímpicamente los derechos humanos y la responsabilidad del Estado como garante.
Las loas que hablan y escriben de él periodistas de la talla de José Cárdenas y el periódico El Universal (“Leyzaola va a Juárez tras limpiar Tijuana”, Yahoo México, 10-03-2011), en el sentido de que bajo su gestión como jefe policíaco se logró convertir a esa ciudad fronteriza en “Modelo de Seguridad”, son harto preocupantes, porque eso quiere decir que, finalmente, dio resultado la campaña mediática del XIX Ayuntamiento de Tijuana y del gobierno de BC en medios locales y nacionales, difundiendo las andanzas del militar metido a jefe policíaco, como si fuera el salvador de la Patria.
Podemos asegurar que el Tte. Cor. Leyzaola no es precisamente un jefe policíaco, sino un concepto de Estado basado en la fuerza y la brutalidad para cumplir a como de lugar –sin éxito, por cierto- el objetivo de acabar con las mafias del narcotráfico.
Es increíble que el presidente municipal de Cd. Juárez, Héctor Munguía Lardizábal, haya menospreciado los principios constitucionales y los tratados internacionales, así como las Recomendaciones giradas por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California (PDH) y la CNDH contra Leyzaola por el delito de tortura, y las denuncias llevadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH).
Dice el Teto Munguía que, para contratar a Leyzaola, “consultó” con Felipe Calderón y con el gobernador César Duarte. Peor todavía; conociendo los antecedentes de Leyzaola, que son del dominio público, no se le ocurrió consultar a la CNDH y a las ONG, que tienen a punto el expediente Leyzaola (ignoramos por qué la CNDH no ha girado la Recomendación correspondiente, si cuenta desde el año pasado con las pruebas de tortura obtenidas mediante la aplicación del Protocolo de Estambul, y otras).
Así mismo, han sido ignorados por el alcalde juarense los llamamientos al gobierno de Calderón hechos por Amnistía Internacional, Human Right Watch, el Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), y las Recomendaciones de la PDH, la CNDH y la CIDH para la implementación de medidas cautelares a fin de salvaguardar la integridad y la vida de Blanca Mesina y Silvia Vázquez, defensoras investigadoras en Tijuana de los casos de tortura perpetrada por Julián Leyzaola, por militares en el 28º. Batallón de Infantería en Tijuana y por el Cap. Gustavo Huerta, discípulo de Leyzaola y hoy flamante jefe policíaco en la administración priísta de Carlos Bustamante.
Blanca y Silvia tuvieron que salir urgentemente de Tijuana por las graves agresiones y amenazas de muerte recibidas en 2010, cuya principal sospecha recae precisamente en Leyzaola y en sus escoltas. La SSP y el gobierno de Baja California tuvieron que cumplir un urgente emplazamiento de la CIDH vía Recomendación, para el establecimiento de las medidas cautelares.
Nada de esto valió, ni las denuncias penales contra Leyzaola, Huerta y el ejército ante el MP local y federal, interpuestas en octubre de 2010 por policías municipales y civiles de Tijuana, víctimas de tortura en un Estado donde, por cierto, ya se aplica pomposamente el nuevo Sistema de Justicias Penal, oral y alternativo, cuyo pionero fue, precisamente, Chihuahua, con la asistencia, promoción y costo de la USAID (la ONG Proderecho, creada ex profeso en México por el gobierno estadunidense).
Julián Leyzaola, antes en Tijuana ahora en Juárez, reproduce el proyecto de militarización de la Seguridad Pública impuesto por Felipe Calderón en su “guerra” personal contra el narcotráfico, que ha costado ya más de 36 mil “daños colaterales”.
Durante el paso de Leyzaola por Tijuana murieron más de 70 policías acribillados por el narco, y muchos más se corrompieron (o plata o plomo), por esa torcida visión de meter a los policías preventivos en tareas de persecución del narco, que es una atribución federal, no municipal, estatal ni militar en tanto no se decrete la suspensión de garantías.
Tijuana no es Cd. Juárez. En la primera los narcos han llegado a acuerdos de no agresión, dada la aparente debilidad del Cártel de Los Arellano (que es la principal razón de la disminución de la violencia después de la captura del “Teo” y el “Muletas”, no por Leyzaola, como nos quieren hacer creer). Tijuana es una plaza en la que no han entrado los cárteles de los Carrillo Fuentes, del Golfo y los Zetas, como en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, donde se vive una violencia desbordada.
Ignorando las Recomendaciones de la PDH y la CNDH, el alcalde de Cd. Juárez dijo que desde Tijuana los empresarios le “recomendaron” a Leyzaola. Sería bueno saber qué empresarios tijuanenses le vendieron la idea barata al edil juarense y cuáles se la compraron. Y por qué no observó las Recomendaciones de referencia.
Algo tenemos que agradecer desde Baja California a un ingenuo y desesperado Héctor Munguía: sacó a Julián Leyzaola de esta entidad, donde acababa de ser nombrado Subsecretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública por el gobernador Osuna Millán, en la antesala de ser designado Secretario (¡gulp!). En su primera reaparición estelar, Leyzaola encabezó a 300 policías municipales, estatales y ministeriales en un operativo masivo de arrase en Mexicali que arrojó, como siempre, la detención mayoritaria de adictos, infractores e inocentes que de inmediato fueron liberados, pero cuyas estadísticas cumplieron la función mediática de consumo popular. Y todos contentos.
Mil gracias, don Teto!! Y mucho éxito con su nuevo jefe policíaco. De lujo…
* Presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste
Ex Ombudsman de Baja California
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EL EXPEDIENTE LEYZAOLA
Columnista: Raúl Ramírez Baena
Mexicali, B.C. - El Tte. Cor. Julián Leyzaola Pérez, ex Secretario de Seguridad Pública municipal de Tijuana, hoy titular de Seguridad Pública de Cd. Juárez, representa fielmente la política de Estado, la visión oficial sobre la Seguridad Pública, que ignora olímpicamente los derechos humanos y la responsabilidad del Estado como garante.
Las loas que hablan y escriben de él periodistas de la talla de José Cárdenas y el periódico El Universal (“Leyzaola va a Juárez tras limpiar Tijuana”, Yahoo México, 10-03-2011), en el sentido de que bajo su gestión como jefe policíaco se logró convertir a esa ciudad fronteriza en “Modelo de Seguridad”, son harto preocupantes, porque eso quiere decir que, finalmente, dio resultado la campaña mediática del XIX Ayuntamiento de Tijuana y del gobierno de BC en medios locales y nacionales, difundiendo las andanzas del militar metido a jefe policíaco, como si fuera el salvador de la Patria.
Podemos asegurar que el Tte. Cor. Leyzaola no es precisamente un jefe policíaco, sino un concepto de Estado basado en la fuerza y la brutalidad para cumplir a como de lugar –sin éxito, por cierto- el objetivo de acabar con las mafias del narcotráfico.
Es increíble que el presidente municipal de Cd. Juárez, Héctor Munguía Lardizábal, haya menospreciado los principios constitucionales y los tratados internacionales, así como las Recomendaciones giradas por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California (PDH) y la CNDH contra Leyzaola por el delito de tortura, y las denuncias llevadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH).
Dice el Teto Munguía que, para contratar a Leyzaola, “consultó” con Felipe Calderón y con el gobernador César Duarte. Peor todavía; conociendo los antecedentes de Leyzaola, que son del dominio público, no se le ocurrió consultar a la CNDH y a las ONG, que tienen a punto el expediente Leyzaola (ignoramos por qué la CNDH no ha girado la Recomendación correspondiente, si cuenta desde el año pasado con las pruebas de tortura obtenidas mediante la aplicación del Protocolo de Estambul, y otras).
Así mismo, han sido ignorados por el alcalde juarense los llamamientos al gobierno de Calderón hechos por Amnistía Internacional, Human Right Watch, el Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), y las Recomendaciones de la PDH, la CNDH y la CIDH para la implementación de medidas cautelares a fin de salvaguardar la integridad y la vida de Blanca Mesina y Silvia Vázquez, defensoras investigadoras en Tijuana de los casos de tortura perpetrada por Julián Leyzaola, por militares en el 28º. Batallón de Infantería en Tijuana y por el Cap. Gustavo Huerta, discípulo de Leyzaola y hoy flamante jefe policíaco en la administración priísta de Carlos Bustamante.
Blanca y Silvia tuvieron que salir urgentemente de Tijuana por las graves agresiones y amenazas de muerte recibidas en 2010, cuya principal sospecha recae precisamente en Leyzaola y en sus escoltas. La SSP y el gobierno de Baja California tuvieron que cumplir un urgente emplazamiento de la CIDH vía Recomendación, para el establecimiento de las medidas cautelares.
Nada de esto valió, ni las denuncias penales contra Leyzaola, Huerta y el ejército ante el MP local y federal, interpuestas en octubre de 2010 por policías municipales y civiles de Tijuana, víctimas de tortura en un Estado donde, por cierto, ya se aplica pomposamente el nuevo Sistema de Justicias Penal, oral y alternativo, cuyo pionero fue, precisamente, Chihuahua, con la asistencia, promoción y costo de la USAID (la ONG Proderecho, creada ex profeso en México por el gobierno estadunidense).
Julián Leyzaola, antes en Tijuana ahora en Juárez, reproduce el proyecto de militarización de la Seguridad Pública impuesto por Felipe Calderón en su “guerra” personal contra el narcotráfico, que ha costado ya más de 36 mil “daños colaterales”.
Durante el paso de Leyzaola por Tijuana murieron más de 70 policías acribillados por el narco, y muchos más se corrompieron (o plata o plomo), por esa torcida visión de meter a los policías preventivos en tareas de persecución del narco, que es una atribución federal, no municipal, estatal ni militar en tanto no se decrete la suspensión de garantías.
Tijuana no es Cd. Juárez. En la primera los narcos han llegado a acuerdos de no agresión, dada la aparente debilidad del Cártel de Los Arellano (que es la principal razón de la disminución de la violencia después de la captura del “Teo” y el “Muletas”, no por Leyzaola, como nos quieren hacer creer). Tijuana es una plaza en la que no han entrado los cárteles de los Carrillo Fuentes, del Golfo y los Zetas, como en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, donde se vive una violencia desbordada.
Ignorando las Recomendaciones de la PDH y la CNDH, el alcalde de Cd. Juárez dijo que desde Tijuana los empresarios le “recomendaron” a Leyzaola. Sería bueno saber qué empresarios tijuanenses le vendieron la idea barata al edil juarense y cuáles se la compraron. Y por qué no observó las Recomendaciones de referencia.
Algo tenemos que agradecer desde Baja California a un ingenuo y desesperado Héctor Munguía: sacó a Julián Leyzaola de esta entidad, donde acababa de ser nombrado Subsecretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública por el gobernador Osuna Millán, en la antesala de ser designado Secretario (¡gulp!). En su primera reaparición estelar, Leyzaola encabezó a 300 policías municipales, estatales y ministeriales en un operativo masivo de arrase en Mexicali que arrojó, como siempre, la detención mayoritaria de adictos, infractores e inocentes que de inmediato fueron liberados, pero cuyas estadísticas cumplieron la función mediática de consumo popular. Y todos contentos.
Mil gracias, don Teto!! Y mucho éxito con su nuevo jefe policíaco. De lujo…
* Presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste
Ex Ombudsman de Baja California
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