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Re: Cuento triste de un líder charro...
Del Economista:
CREDITO:
José Manuel Suárez Mier*
La semana pasada trajo una historia más, que ilustra cómo la impunidad es una de las principales causas que mantienen a México sumido en el atraso y la violencia, con los actos vandálicos cometidos por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra la ciudadanía y varios periodistas.
Como es costumbre, las fuerzas policiacas de la ciudad de México protegieron no a la gente indefensa sino a los delincuentes agresores del SME, con su líder Martín Esparza a la cabeza, que en esta ocasión fue citado a declarar por la tunda que le dieron al reportero de Radio Fórmula Juan Carlos Santoyo.
Es de esperar que Esparza sea declarado inocente por la autoridad judicial capitalina, que nunca ha movido un dedo para investigar los numerosos casos de sabotaje de las instalaciones eléctricas del centro histórico, atribuidas por expertos a integrantes del SME, apoyo fuerte del PRD que rige el DF.
Peor aún, el mismo gobierno federal -que finalmente cerró la mina de oro que explotaban Esparza y sus maleantes, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC)- otorgó la nota de reconocimiento a estos chantajistas como los representantes legítimos del gremio, en flagrante violación de la Ley Federal del Trabajo.
Y el colmo de la burla al Estado de Derecho, la lamentable Secretaría de Gobernación instaló una mesa de negociación el mes pasado, dizque para evitar que los rijosos del SME sigan en las calles y crearles una nueva empresa eléctrica que los contrate.
Entonces, ¿para qué liquidar LFC? ¿Qué sentido tiene negociar con agresivos truhanes y chantajistas? ¿Por qué la autoridad no ha investigado a Esparza y asociados por enriquecimiento inexplicable, indagación que permitiría documentar los robos y tropelías que han cometido por muchos años?
Pero el argumento anterior es también válido para el resto de la gerontocracia de líderes sindicales, que ha cosechado enormes fortunas que no tiene el menor pudor en exhibir públicamente, esquilmando a sus asociados al amparo de una legislación laboral pésima y de una Secretaría del Trabajo ausente.
Pero, obviamente, la impunidad en México no se limita ni mucho menos al ámbito sindical, pues va de la mano de sus aliados y amigos en los gobiernos federal y locales, de legisladores que han evitado las reformas necesarias y de empresarios monopólicos, con los que suelen tener arreglos inconfesables perjudiciales para el resto de los ciudadanos, sin privilegio alguno.
De esta manera, hay una tajante división entre los mexicanos impunes -que hacen su voluntad independientemente de las leyes vigentes y que son la élite dirigente- y los demás -que deben callar y obedecer, pagar sus impuestos y los precios exorbitantes que les imponen los monopolios.
Esos mexicanos de a pie que pagan tributo a los impunes, tienen también que apechugar con sus abusos y los resultados de su incompetencia, malos gobiernos incapaces de mantener la paz y el orden y un sistema atroz de administración de justicia que los perjudica y ofende.
Esto explica el notable apoyo popular que ha recibido el documental Presunto culpable que presenta la situación de indefensión en la que se encuentra la mayoría de los mexicanos frente a los abusos que practican autoridades a las que nunca se les ha ocurrido que existen para servir a la ciudadanía.
Historias como la de un esforzado trabajador, conocido mío, cuyo hermano era lavacoches callejero y tuvo la mala suerte de estar limpiando el carro de un narcotraficante cuando le cayó la policía capitalina, lo acusó de complicidad, el juez le decretó una condena de ocho años y mi amigo tiene que pagar 100 pesos diario para que su hermano pueda medio sobrevivir en prisión.
O la del estudiante universitario que intentaba defender a una compañera del abuso verbal de unos infelices, uno de los cuales resultó ser hijo de un policía judicial, por lo que procedieron a fabricarle cargos al estudiante, que terminó en la cárcel de la que tuvo la suerte de salir relativamente pronto.
Sin embargo, la aspiración de seguir sus estudios en el extranjero se vio cortada de cuajo y para siempre, pues entre los requisitos que piden las embajadas para otorgar la visa estudiantil a quienes han sido aceptados en universidades de sus países, está una carta de no antecedentes penales.La impunidad de los intocables en México es una de las principales causas del atraso de nuestro país y de ese sentimiento de impotencia y frustración que sentimos tantos mexicanos ante la arrogancia y el desdén de quienes saben que las leyes se aplican a los demás, nunca a ellos.
Del Economista:
CREDITO:
José Manuel Suárez Mier*
La semana pasada trajo una historia más, que ilustra cómo la impunidad es una de las principales causas que mantienen a México sumido en el atraso y la violencia, con los actos vandálicos cometidos por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra la ciudadanía y varios periodistas.
Como es costumbre, las fuerzas policiacas de la ciudad de México protegieron no a la gente indefensa sino a los delincuentes agresores del SME, con su líder Martín Esparza a la cabeza, que en esta ocasión fue citado a declarar por la tunda que le dieron al reportero de Radio Fórmula Juan Carlos Santoyo.
Es de esperar que Esparza sea declarado inocente por la autoridad judicial capitalina, que nunca ha movido un dedo para investigar los numerosos casos de sabotaje de las instalaciones eléctricas del centro histórico, atribuidas por expertos a integrantes del SME, apoyo fuerte del PRD que rige el DF.
Peor aún, el mismo gobierno federal -que finalmente cerró la mina de oro que explotaban Esparza y sus maleantes, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC)- otorgó la nota de reconocimiento a estos chantajistas como los representantes legítimos del gremio, en flagrante violación de la Ley Federal del Trabajo.
Y el colmo de la burla al Estado de Derecho, la lamentable Secretaría de Gobernación instaló una mesa de negociación el mes pasado, dizque para evitar que los rijosos del SME sigan en las calles y crearles una nueva empresa eléctrica que los contrate.
Entonces, ¿para qué liquidar LFC? ¿Qué sentido tiene negociar con agresivos truhanes y chantajistas? ¿Por qué la autoridad no ha investigado a Esparza y asociados por enriquecimiento inexplicable, indagación que permitiría documentar los robos y tropelías que han cometido por muchos años?
Pero el argumento anterior es también válido para el resto de la gerontocracia de líderes sindicales, que ha cosechado enormes fortunas que no tiene el menor pudor en exhibir públicamente, esquilmando a sus asociados al amparo de una legislación laboral pésima y de una Secretaría del Trabajo ausente.
Pero, obviamente, la impunidad en México no se limita ni mucho menos al ámbito sindical, pues va de la mano de sus aliados y amigos en los gobiernos federal y locales, de legisladores que han evitado las reformas necesarias y de empresarios monopólicos, con los que suelen tener arreglos inconfesables perjudiciales para el resto de los ciudadanos, sin privilegio alguno.
De esta manera, hay una tajante división entre los mexicanos impunes -que hacen su voluntad independientemente de las leyes vigentes y que son la élite dirigente- y los demás -que deben callar y obedecer, pagar sus impuestos y los precios exorbitantes que les imponen los monopolios.
Esos mexicanos de a pie que pagan tributo a los impunes, tienen también que apechugar con sus abusos y los resultados de su incompetencia, malos gobiernos incapaces de mantener la paz y el orden y un sistema atroz de administración de justicia que los perjudica y ofende.
Esto explica el notable apoyo popular que ha recibido el documental Presunto culpable que presenta la situación de indefensión en la que se encuentra la mayoría de los mexicanos frente a los abusos que practican autoridades a las que nunca se les ha ocurrido que existen para servir a la ciudadanía.
Historias como la de un esforzado trabajador, conocido mío, cuyo hermano era lavacoches callejero y tuvo la mala suerte de estar limpiando el carro de un narcotraficante cuando le cayó la policía capitalina, lo acusó de complicidad, el juez le decretó una condena de ocho años y mi amigo tiene que pagar 100 pesos diario para que su hermano pueda medio sobrevivir en prisión.
O la del estudiante universitario que intentaba defender a una compañera del abuso verbal de unos infelices, uno de los cuales resultó ser hijo de un policía judicial, por lo que procedieron a fabricarle cargos al estudiante, que terminó en la cárcel de la que tuvo la suerte de salir relativamente pronto.
Sin embargo, la aspiración de seguir sus estudios en el extranjero se vio cortada de cuajo y para siempre, pues entre los requisitos que piden las embajadas para otorgar la visa estudiantil a quienes han sido aceptados en universidades de sus países, está una carta de no antecedentes penales.La impunidad de los intocables en México es una de las principales causas del atraso de nuestro país y de ese sentimiento de impotencia y frustración que sentimos tantos mexicanos ante la arrogancia y el desdén de quienes saben que las leyes se aplican a los demás, nunca a ellos.
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