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Re: ¿Será que un fraude electoral no es tan fácil de demostrar?
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Originalmente publicado por Manuel Vega
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Por lo anterior, y aunado a esta guerra en la que mas de 30,00 almas han perecido, bajo una guerra inútil y mal planeada, con ataques a los trabajadores en donde se ha vapuleado a sindicatos como el SME, los sobrecargos y demás.... está terrible crisis y desempleo que agobia el país... la vida que se ha vuelo imposible, donde la población vive en perpetuo miedo a ser víctima de un disparo... el aumento a la pobreza, dónde solo los muy ricos viven y los demás sobreviven... una corrupción y nepotismo como nunca se habían visto en la historia de México... entre eso y mucho mas... se necesita la renuncia del presidente, pero, ¿es posible tal?... veamos...
Aunque las demandas de que renuncie el presidente de la República no son materia de discusión formal entre las fuerzas políticas del Congreso, Felipe Calderón sigue con atención los movimientos de los legisladores.
“No voy a renunciar”, le advirtió –a manera de despedida y mientras le estrechaba la mano– Felipe Calderón al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones. Concluía una reunión en Los Pinos entre el priista y el presidente. El tema no se había tocado en esa tarde del 13 de julio pasado. El presidente se retiró de inmediato y Manlio Fabio sólo acertó a mantener una sonrisa cordial.
Los periódicos consignaron que en esa reunión el presidente planteó como tema central la aprobación de reformas estructurales; mientras que el priista puso en la mesa la agenda de “gobernabilidad y estabilidad política”.
La posibilidad de revocar el mandato a los servidores públicos, incluido el presidente de la República, sigue siendo un tema pendiente en la agenda del Poder Legislativo.
Aunque la inclusión de esta figura de democracia directa en la Constitución se ha planteado varias veces –tan sólo en el primer año de trabajo de la actual Legislatura se presentaron 10 iniciativas de ley al respecto–, todas las propuestas se han quedado en la congeladora.
El estudio Revocación de mandato. Estudio de derecho comparado de diversos países y estados de la república mexicana, así como opiniones especializadas, del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, plantea que la revocación de mandato puede ser una “muy buena herramienta” para que los ciudadanos puedan expresar si están de acuerdo o no con los planteamientos y ejercicios que ha llevado el mandatario en turno, sin tener que esperar hasta la siguiente fecha electoral para emitir un voto de castigo.
También señala que, “en aras de evitar manifestaciones tendientes a desestabilizar y cuestionar severamente la institucionalidad en materia electoral”, deben abrirse espacios para que la ciudadanía tenga cabida en la toma de decisiones políticas y mantenga la idea de que reside en ella el mandato supremo y original, tal como lo estipula la Constitución.
El doctor en derecho Daniel Márquez Gómez advierte de la complejidad de esta figura de participación ciudadana, pues considera que de no establecerse con claridad las causas y procedimiento para llevarla a cabo, podría prestarse a una manipulación política o impactar el desarrollo institucional del país.
Hay además “una paradoja” en este mecanismo, de acuerdo con Rodolfo Sarsfield, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, pues si bien implica una mayor y más profunda representatividad política de los ciudadanos, también disminuye el grado de gobernabilidad de las instituciones políticas, ya que “un presidente tiene menos grado de gobierno si su propia figura está condicionada a la revocación de mandato”.
Aunque el diputado panista Manuel Clouthier Carrillo afirma que “en una democracia el que se equivoca pierde”, no comulga con la idea de la revocación de mandato y sostiene que no es la solución que el país necesita ni lo que “demandan los ciudadanos”. A decir del panista, la ciudadanía revoca el mandato en los procesos electorales “cuando le vuelve a tocar la oportunidad de elegir”.
Por el contrario, el diputado perredista Agustín Guerrero Castillo –quien formó parte del movimiento para exigir la revocación de mandato de Calderón Hinojosa– considera que dicha figura es un derecho ciudadano fundamental que se basa en el principio de que “el que tiene derecho a poner, tiene derecho a quitar”.
… la causa real, la causa eficiente que hace que los hombres pierdan el poder es que se han hecho indignos de ejercerlo… y hay otra causa: que los gobernantes se hayan convertido, por su indiferencia, por su egoísmo, por sus vicios, en incapaces e indignos de gobernar
Alexis de Tocqueville, Recuerdos de la Revolución de 1848
De entrada ha de plantearse como necesaria, políticamente, la renuncia formal de Calderón al cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ante los resultados de su mal gobierno y administración. Desde hace cuatro años, no ha sabido ni podido ejercer más que sus facultades, sus obligaciones, cuyo centro de gravedad es que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Uno de los principios fundamentales al que han de someterse, como norma de conducta, los gobernantes y funcionarios del sistema constitucional municipal, estatal y federal.
En el caso concreto de Calderón –impugnado por ilegítimo desde su toma de posesión, y después por las oposiciones tachado de inepto ante los escasos y cuestionados resultados, debido a su ineficacia–, existe un creciente descontento popular que se ha prolongado a la degradada clase media (la crisis económica de 2009, inducida a peores consecuencias por las estúpidas medidas de Calderón y Ebrard que paralizaron al endeble sistema de producción y consumo hasta provocar un desastre en los mercados), alcanzando a los empresarios que, con sus críticas por el mal manejo en la conducción del gobierno federal, empujan a la nación y al Estado a una crisis general política, económica y social.
La agenda calderonista está desbordada de problemas. Su fallida estrategia militar-policiaca no ha rendido solución a la inseguridad, sembrada de cientos de miles de homicidios (no de simples cadáveres sepultados en fosas comunes y uno que otro entregado a sus familiares, si no de civiles inocentes catalogados como “daños colaterales” por Calderón para justificar su “guerra”). Su política económica, girando en el pivote de su promesa de ser el “presidente del empleo”, fracasó completamente. El desempleo, por la falta de plazas (por la escasísima inversión pública y por no fomentar empleo por la vía del sector privado), y los despidos generaron millones de mexicanos sin acceso al mercado laboral y 12 millones, en el informal, como “franeleros”, prostitución, narcomenudeo, ambulantaje, etcétera.
Aunque las demandas de que renuncie el presidente de la República no son materia de discusión formal entre las fuerzas políticas del Congreso, Felipe Calderón sigue con atención los movimientos de los legisladores.
“No voy a renunciar”, le advirtió –a manera de despedida y mientras le estrechaba la mano– Felipe Calderón al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones. Concluía una reunión en Los Pinos entre el priista y el presidente. El tema no se había tocado en esa tarde del 13 de julio pasado. El presidente se retiró de inmediato y Manlio Fabio sólo acertó a mantener una sonrisa cordial.
Los periódicos consignaron que en esa reunión el presidente planteó como tema central la aprobación de reformas estructurales; mientras que el priista puso en la mesa la agenda de “gobernabilidad y estabilidad política”.
La posibilidad de revocar el mandato a los servidores públicos, incluido el presidente de la República, sigue siendo un tema pendiente en la agenda del Poder Legislativo.
Aunque la inclusión de esta figura de democracia directa en la Constitución se ha planteado varias veces –tan sólo en el primer año de trabajo de la actual Legislatura se presentaron 10 iniciativas de ley al respecto–, todas las propuestas se han quedado en la congeladora.
El estudio Revocación de mandato. Estudio de derecho comparado de diversos países y estados de la república mexicana, así como opiniones especializadas, del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, plantea que la revocación de mandato puede ser una “muy buena herramienta” para que los ciudadanos puedan expresar si están de acuerdo o no con los planteamientos y ejercicios que ha llevado el mandatario en turno, sin tener que esperar hasta la siguiente fecha electoral para emitir un voto de castigo.
También señala que, “en aras de evitar manifestaciones tendientes a desestabilizar y cuestionar severamente la institucionalidad en materia electoral”, deben abrirse espacios para que la ciudadanía tenga cabida en la toma de decisiones políticas y mantenga la idea de que reside en ella el mandato supremo y original, tal como lo estipula la Constitución.
El doctor en derecho Daniel Márquez Gómez advierte de la complejidad de esta figura de participación ciudadana, pues considera que de no establecerse con claridad las causas y procedimiento para llevarla a cabo, podría prestarse a una manipulación política o impactar el desarrollo institucional del país.
Hay además “una paradoja” en este mecanismo, de acuerdo con Rodolfo Sarsfield, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, pues si bien implica una mayor y más profunda representatividad política de los ciudadanos, también disminuye el grado de gobernabilidad de las instituciones políticas, ya que “un presidente tiene menos grado de gobierno si su propia figura está condicionada a la revocación de mandato”.
Aunque el diputado panista Manuel Clouthier Carrillo afirma que “en una democracia el que se equivoca pierde”, no comulga con la idea de la revocación de mandato y sostiene que no es la solución que el país necesita ni lo que “demandan los ciudadanos”. A decir del panista, la ciudadanía revoca el mandato en los procesos electorales “cuando le vuelve a tocar la oportunidad de elegir”.
Por el contrario, el diputado perredista Agustín Guerrero Castillo –quien formó parte del movimiento para exigir la revocación de mandato de Calderón Hinojosa– considera que dicha figura es un derecho ciudadano fundamental que se basa en el principio de que “el que tiene derecho a poner, tiene derecho a quitar”.
… la causa real, la causa eficiente que hace que los hombres pierdan el poder es que se han hecho indignos de ejercerlo… y hay otra causa: que los gobernantes se hayan convertido, por su indiferencia, por su egoísmo, por sus vicios, en incapaces e indignos de gobernar
Alexis de Tocqueville, Recuerdos de la Revolución de 1848
De entrada ha de plantearse como necesaria, políticamente, la renuncia formal de Calderón al cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ante los resultados de su mal gobierno y administración. Desde hace cuatro años, no ha sabido ni podido ejercer más que sus facultades, sus obligaciones, cuyo centro de gravedad es que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Uno de los principios fundamentales al que han de someterse, como norma de conducta, los gobernantes y funcionarios del sistema constitucional municipal, estatal y federal.
En el caso concreto de Calderón –impugnado por ilegítimo desde su toma de posesión, y después por las oposiciones tachado de inepto ante los escasos y cuestionados resultados, debido a su ineficacia–, existe un creciente descontento popular que se ha prolongado a la degradada clase media (la crisis económica de 2009, inducida a peores consecuencias por las estúpidas medidas de Calderón y Ebrard que paralizaron al endeble sistema de producción y consumo hasta provocar un desastre en los mercados), alcanzando a los empresarios que, con sus críticas por el mal manejo en la conducción del gobierno federal, empujan a la nación y al Estado a una crisis general política, económica y social.
La agenda calderonista está desbordada de problemas. Su fallida estrategia militar-policiaca no ha rendido solución a la inseguridad, sembrada de cientos de miles de homicidios (no de simples cadáveres sepultados en fosas comunes y uno que otro entregado a sus familiares, si no de civiles inocentes catalogados como “daños colaterales” por Calderón para justificar su “guerra”). Su política económica, girando en el pivote de su promesa de ser el “presidente del empleo”, fracasó completamente. El desempleo, por la falta de plazas (por la escasísima inversión pública y por no fomentar empleo por la vía del sector privado), y los despidos generaron millones de mexicanos sin acceso al mercado laboral y 12 millones, en el informal, como “franeleros”, prostitución, narcomenudeo, ambulantaje, etcétera.
[B]
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