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Asesinan a 10 en otro centro para adictos
16 Septiembre 2009
Actualizado: 01:07 AM hora de Cd. Juárez
Staff
El Diario
En un nuevo ataque perpetrado contra un centro de rehabilitación, otros 10 internos fueron acribillados con ráfagas de metralleta, mientras que por lo menos dos personas resultaron con heridas de gravedad.
Durante el hecho violento se vivieron momentos de angustia no sólo entre los adictos sino también entre los vecinos del sector.
El incidente ocurrió a las 22:15 horas en el albergue Anexo de Vida AC, ubicado en las calles Plan de Ayala y Jaime Nunó de la colonia Barrio Azul.
De acuerdo con información extraoficial, entre los muertos se encuentra el director Hiram Ortiz y el médico del lugar que en el momento de la agresión se encontraba en consulta a una paciente, una mujer identificada con el nombre de Isy.
Los datos preliminares indican que los internos recién habían terminado el periodo de oración y algunos de ellos procedieron a acostarse, otros a ver el box y unos más a otras actividades cuando fueron sorprendidos por un comando que llegó sigilosamente al lugar.
Algunos de los pacientes internados que hablaron después del incidente indicaron que repentinamente comenzaron a oír disparos, pero creyeron que se trataba de fuegos artificiales por los festejos de la Independencia de México; sin embargo, cuando se dieron cuenta de que eran balazos huyeron del lugar.
Según testimonios de quienes lograron salir con vida, en el interior del centro de rehabilitación se encontró a un hombre y una mujer heridos que fueron trasladados a la Cruz Roja Salvárcar, donde elementos militares custodiaron el sitio.
Tras el ataque los responsables lograron escapar y posteriormente oficiales policiacos acordonaron el área.
Fue necesaria la participación de tres unidades del Servicio Médico Forense para el traslado de los cuerpos a las instalaciones de la morgue.
Matan a 8 personas en la tarde y noche de ayer— En cuatro distintos eventos de violencia registrados la tarde noche de ayer ocho personas fueron asesinadas al estilo del crimen organizado por diversos puntos de la ciudad.
El primero de ellos se dio en la colonia Libertad donde un hombre fue ejecutado por un comando armado.
El incidente se dio a las 16:40 horas en el momento que el hombre circulaba a bordo de una camioneta tipo Van Astro cuando fue abordado por otro vehículo que se le emparejó para realizarle varios disparos.
Los hechos se dieron en el cruce de las calles Coral y Basalto donde la víctima fue identificada extraoficialmente con el nombre de Manrique Rodríguez Alvarado, de 30 años de edad, quien acompañaba al conductor de la unidad, mientras que a éste último trascendió pudo haber sido levantado.
Minutos después otro hombre fue acribillado en la colonia Hidalgo a las 17:15 horas.
El evento se registró en las calles Chapala y Ecuador donde la víctima fue identificada por los vecinos como Raúl Hernández, de 54 años de edad, a quien señalaron como residente del sector.
Los hechos se dieron a tres cuadras de donde vivía el ejecutado, según refieres testigos.
Tras la muerte del hombre los responsables se dieron a la fuga.
A las 17:40 horas se reportó una ejecución múltiple donde cinco personas fueron ejecutadas cuando se encontraban en un lavado de autos.
Los hechos se dieron en la calle Alameda del fraccionamiento del mismo nombre, donde de acuerdo con la versión de testigos varios sujetos llegaron a dispararles a sus víctimas.
Extraoficialmente se dio a conocer que los fallecidos eran residentes del sector y se les conocía con los nombres de Julio, Jaime, Adán, Roy y “El Mensito”.
Sobre los responsables de los asesinatos no se aportaron datos, lo único que se informó es que se dieron a la fuga una vez que perpetraron el ataque.
Posteriormente a las 19:40 horas en la colonia Chihuahua otro hombre fue ejecutado cuando se bajaba del camión para llegar a su casa.
De acuerdo con información de los vecinos del sector el hombre se llamaba José Luis Valenzuela, de 34 años de edad.
Los datos refieren que dos sujetos a bordo de un vehículo lo sorprendieron y le realizaron varios disparos.
El incidente se dio en las calles Olivos y Gabriel Leyva, donde el cuerpo sin vida quedo tirado en la vía pública.
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México: 10 muertitos en una clínica para el tratamiento para drogadictos
por THE ASSOCIATED PRESS
publicado por The New York Times el 16 de septiembre de 2009
Traducido por Rafael Norma Médnez
Pistoleros irrumpen en un centro de tratamiento de drogadictos en Ciudad Juárez, y acribillan a tiros a 10 personas, en un segundo ataque en este mes. La policía dice que nueve hombres y una mujer fallecieron durante el ataque antes de la medianoche, en el centro [i]Anexo A la Vida dos personas más fueron heridas de gravedad. Enrique Torres, un vocero de la policía estatal, dijo que ni las identidades de los asesinos ni el motivo del ataque habían sido establecidos. Pero la clínicas de rehabilitación han sido el blanco especial en Juárez, la ciudad más violenta de México, con la cacería de rivales por parte de los carteles, que pudieran estar escondidos dentro d e las cínicas o reclutándose dentro de ellas. El 2 de septiembre pasado, pistoleros alinearon a pacientes contra la pared en otro centro de rehabilitación en ciudad Juárez, y los convirtieron en coladera matando a 18 personas
Queda a deber’ el Operativo Conjunto
19 Septiembre 2009
Actualizado: 11:41 PM hora de Cd. Juárez
Sandra Rodríguez Nieto
El Diario
En un año y medio de vigencia, la Operación Conjunta Chihuahua enmarcó un baño de sangre todavía impune mientras que sus resultados contra el crimen organizado, para todos los sectores, son insuficientes ante el terror que se vive en Ciudad Juárez.
De acuerdo con datos documentados por El Diario, entre el 1 de abril de 2008 y el 15 septiembre de 2009, la Operación Conjunta detuvo a dos presuntos líderes del Cártel de Juárez –Pedro Sánchez y José Rodolfo Escajeda–, pero en la batalla también fueron asesinadas tres mil 52 personas, entre las que, según la Procuraduría General de Justicia en el Estado, habría más de 240 víctimas (un 8 por ciento) inocentes.
Y si bien las autoridades han asegurado que la gran mayoría de los asesinados son delincuentes y que sus homicidios obedecen a la lucha entre los cárteles, lo cierto es que de acuerdo con estadísticas de la PGJE, de los más de tres mil casos registrados durante la Operación Conjunta, sólo 76 han sido llevados ante los tribunales.
Esto significa que, aun cuando insisten en “criminalizar” a las víctimas, el Ministerio Público del Estado ha encontrado elementos para conocer las circunstancias del crimen y a los probables responsables en sólo un 2.5 por ciento de los miles de casos.
En este contexto de impunidad, la Operación Conjunta también lanzó el pasado mes una campaña mediática con la presentación de 11 presuntos multihomicidas con cuyas detenciones, ha asegurado, quedaron “resueltos” más de 240 homicidios.
Incluso, la procuradora de Justicia Patricia González afirmó en días pasados que con las detenciones de los presuntos sicarios pertenecientes al grupo de “La Línea” la fiscalía a su cargo esclarecerá por lo menos 800 asesinatos.
La realidad, sin embargo, es que el Ministerio Público estatal, que tomó las confesiones a los detenidos por los militares, ha encontrado elementos para procesar a los presuntos por sólo tres asesinatos, y uno de ellos en grado de tentativa.
Otras estadísticas oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, enviadas a través del Instituto Federal de Acceso a la Información, también indican que, hasta el pasado 6 de junio, la Operación Conjunta había logrado asegurar en todo el estado 110 toneladas de mariguana, 47 kilos de cocaína, dos mil 208 armas, 1.9 millones de pesos, más de 278 mil dólares y a mil 748 personas.
Pero de acuerdo con la Procuraduría General de la República, en el primer año de la Operación Conjunta, casi la mitad de los detenidos (un 48 por ciento) salió libre debido, según los abogados, a la insuficiencia de agentes del Ministerio Público Federal y, sobre todo, a los errores en los reportes de detención por parte de los militares.
Y todo esto, en medio de un clima de terror ciudadano por el aumento de la delincuencia y la disminución en el castigo –en 2008 se denunciaron 41 mil delitos y sólo 250 personas fueron a la cárcel–, y por la incidencia de ilícitos antes no vistos en Juárez, como los secuestros –que pasaron de 38 a 123 casos en un año–, las extorsiones y las masacres cada vez más sangrientas en lugares públicos.
El entorno que vive Ciudad Juárez bajo la Operación Conjunta también incluye una recurrente violación de las garantías individuales, por lo cual, hasta el pasado 10 de septiembre, se habían presentado mil 167 denuncias ante el módulo de quejas instalado por el Municipio y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Entre estas denuncias, de acuerdo con el visitador de la CEDH, Gustavo de la Rosa Hickerson, se encuentran reportes de allanamiento, de privación ilegal de la libertad e incluso de homicidio, delito este último por el cual, según la PGJE, el propio Ejército ha iniciado ocho investigaciones entre sus filas, además de otras 162 por diversos abusos.
EL DESENCANTO
La Operación Conjunta Chihuahua fue lanzada el pasado 27 de marzo por el extinto secretario federal de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en medio de un recrudecimiento de la violencia hasta entonces sin precedentes en esta frontera.
En el evento, en el que participaron el gobernador José Reyes Baeza y el alcalde José Reyes Ferriz, Mouriño anunció que el objetivo de la nueva estrategia federal era “fracturar y desmantelar las redes operativas, logísticas y financieras de los grupos criminales” y, finalmente, “demostrar que ningún grupo criminal será capaz de resistir la fuerza del Estado mexicano”.
A partir de entonces, el patrullaje militar que había iniciado en enero con los 500 elementos asignados a la guarnición de la plaza, se reforzó con otros dos mil soldados; con el paso de los meses y ante lo imparable de la violencia, llegaron a sumar más de nueve mil 300 elementos, incluyendo dos mil 300 policías federales.
El anuncio de la operación, en un inicio, fue recibido con esperanzas por parte de una comunidad que no sólo había expresado a través de encuestas que el Ejército era la institución de su mayor confianza, sino que incluso acudió al aeropuerto para atestiguar el arribo de las tropas.
“Esto es una cosa impresionante, nunca se había visto algo así en Juárez; como que vienen decididos. La situación aquí ya está muy crítica y no se puede ni salir a la calle; es un descaro que hubiera 9 ó 10 muertos en un día. Entonces, siento satisfacción y tranquilidad”, comentó entonces Fernando Dena, un ingeniero civil de 45 años que, como varios otros fronterizos, el 29 de marzo de 2008 se detuvo en la carretera Panamericana para tomar fotos de los soldados con su teléfono celular.
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La expectativa generada, sin embargo, sucumbió rápidamente ante la nula eficacia de la Operación ante el crimen organizado y, para junio de 2008, una encuesta publicada por El Diario arrojó que dos de cada tres residentes de esta frontera consideraban que la Operación Conjunta estaba dando pocos o ningún resultado.
Y es que los homicidios, si bien disminuyeron de 117 a 55 en el primer mes de la Operación, para el mayo siguiente repuntaron de nuevo y llegaron a 136 casos. Y así siguieron, al grado de que ese 2008 hubo meses, como agosto y diciembre, con más de 200 casos.
Pese a que en diversas ocasiones se han anunciado reforzamientos de la Operación y la llegada de más efectivos, éstos nada han podido hacer para impedir la feroz matanza que, en lo que va de este año, rebasó ya el sangriento récord de mil 623 casos de 2008 y, hasta el 15 de septiembre pasado, según el conteo de El Diario, sumaba ya mil 641 asesinatos.
Particularmente violentos han sido los últimos tres meses, con 221 homicidios en junio, con 245 en julio y con 315 en el pasado agosto; es decir, con un promedio de 10 asesinatos diarios, o uno cada dos horas y media.
Por estos datos, que arrojan una tasa de 159 homicidios por cada 100 mil habitantes, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México calificó a Juárez como la ciudad más violenta del mundo.
En la realidad, estas cifras denotan una cotidianidad trastocada por innumerables balaceras en la vía pública o en lugares concurridos, como restaurantes o centros nocturnos; en la aparición de cadáveres tirados por todos los rumbos de la ciudad; y en el reporte de masacres nunca antes vistas en ésta de por sí violenta frontera, como las registradas en los centros de rehabilitación atacados por hombres armados.
Y todo, ante la presencia de miles de efectivos militares y federales que instalan retenes, patrullan las calles e incluso frecuentemente sobrevuelan la ciudad en helicópteros artillados.
Por este panorama, desde hace meses, diversos sectores han advertido que la Operación Conjunta Chihuahua es insuficiente, cuando no un rotundo fracaso, porque no sólo ha exacerbado la delincuencia de la ciudad, sino que no ha dado muestras de estar desarticulando a las bandas del crimen organizado que se disputan el control del tráfico de drogas en esta frontera.
Así lo expusieron, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil locales agrupadas en la Campaña de Solidaridad Permanente con Juárez, surgida ante la militarización de la ciudad.
“Los datos de violencia arrojados el año pasado y lo que va de este año son por todas y todos conocidos: a la gran mayoría nos ha tocado estar cerca de un asesinato consumado, pasar por el lugar antes o después de un homicidio, ver un cuerpo sin vida, pasar por un sitio acordonado, escuchar las ráfagas de fuego”, dijeron las organizaciones en un posicionamiento lanzado el 1 de septiembre pasado, en un foro sobre derechos humanos realizado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
“Con el peso del miedo, del temor, la angustia y la desconfianza en que se ha convertido la vida en Ciudad Juárez, en donde todo habitante, permanente o de paso, ha sido víctima en forma personal, familiar o social de la violencia del asesinato, la extorsión, el robo o el secuestro, reconocemos la necesidad de hacer asimismo permanente la convocatoria a todos los actores sociales de la ciudad a la tarea de sumar y unir el anhelo de paz y respeto a los derechos humanos frente al actual clima extraordinario que atraviesa nuestra ciudad, ahora considerada la más violenta de la faz de la tierra y equiparada a las naciones que se encuentran en situación de guerra”, agregó en el foro Elizabeth Flores, directora de la Pastoral Obrera.
En entrevista, Flores agregó esta semana que la sola persecución de los presuntos narcotraficantes por parte de la Operación Conjunta ha dejado de lado el combate a las estructuras financieras de los cárteles, las cuales posibilitan el sustituir a cada detenido o a cada asesinado con otra persona lista para convertirse en delincuente.
“Falta un programa completo, integral, para detectar este manejo del narcotráfico, porque la persecución de personas, ¿qué nos dice: que un día van a matar a todas las personas relacionadas con el narcotráfico? ¿Es esa la solución? ¿Que se maten todos?”, cuestionó Flores.
“Sabemos que eso es absurdo, sobre todo en los análisis que se han hecho, que con esta crisis, la gente si no es justificable que entre al tráfico de drogas, sí es entendible cuando no encuentra un trabajo en meses y meses. Entonces, el hecho de capturarlos a todos, o que se maten todos, eso es posible, y aun y que alguien lo pensara, ¿es ese el tipo de justicia que buscamos?, creo que no”, insistió la activista.
Que la Operación Conjunta no ha sido suficiente para detener la ola delictiva es una opinión incluso entre el sector empresarial, el único de toda la ciudad que, a diferencia del resto de la sociedad civil, ha sido incluido en las reuniones de evaluación de dicha estrategia.
“Todavía queda mucho por hacer para ver la reducción de crímenes que tanto esperábamos”, dijo Daniel Murguía, presidente de la oficina local de la Cámara Nacional de Comercio.
“Nuestros agremiados se sienten en la misma todavía; Juárez vive en el miedo, tenemos que reforzar el trabajo contra el secuestro y contra las extorsiones, el robo de autos, protección a la ciudadanía en todos los niveles”, agregó el representante empresarial.
OPERACIóN ILEGAL Y OMISA
Además de la falta de resultados, diversos análisis también han insistido en otros problemas de fondo que presenta la Operación Conjunta, como la violación constitucional que implica, debido a que no cumplió con el procedimiento exigido por la Carta Magna para sacar a los militares a las calles.
También, porque ha dejado de lado la prevención y el combate a las adicciones, y porque no existe análisis alguno sobre el impacto social que tiene tal presencia armada entre los residentes de esta frontera.
Sobre la inconstitucionalidad, en repetidas ocasiones, expertos, abogados y académicos han insistido en que el patrullaje violenta el artículo 129 de la Constitución, el cual establece que “en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” y que obliga a los soldados a permanecer sólo en las instalaciones militares.
“El Artículo 29 de la Constitución permitiría que el Ejército patrullara las calles (mediante un procedimiento legislativo), pero como no se aplicó, el patrullaje viola el Artículo 129, que establece que, en tiempos de paz, el Ejército debe estar en los cuarteles”, ha explicado en diversas ocasiones el académico Hernán Ortiz, también presidente de la organización Ciudadanos por una Mejor Administración Pública.
Por separado, el sociólogo y también catedrático de la UACJ, Hugo Almada, ha advertido que la convivencia cotidiana de los ciudadanos con el Ejército puede generar varios impactos sociales, de los cuales el más grave es que en Juárez se agudice la percepción de que la fuerza y la violencia son las únicas vías para resolver los conflictos.
“Estamos en un escenario en el que permea la idea de que lo normal es el uso de la fuerza, y que la fuerza es el único recurso para resolver los conflictos, que venga alguien más fuerte y que actúe de la misma manera. Esto es muy costoso para nuestro Estado de Derecho”, explicó Almada Mireles, coordinador de la maestría en Educación para la Paz de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Otro problema de fondo al que apunta Almada es que la Operación ignora la mitad del problema del narcotráfico: el consumo de drogas, cuya atención no sólo no se ha reforzado, sino que incluso se ha reducido drásticamente con los ataques a los centros de rehabilitación.
“No se está viendo la mitad del conflicto, que implica a los jóvenes adictos, sus necesidades de sobrevivencia; al no ver esto, se está actuando por la vía de la imposición, y el asunto es que esta imposición se ha llevado a términos de la vía armada, con un altísimo costo para la ciudadadanía”, explicó.
Contacto:srodriguez@redaccion.diario.com.mx
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Pues justo es reconocer los aciertos, el ejercito mexicano no sera ningun santo pero en los ultimos dias ha resuelto y atrapado a los autores de cerca de 1000 ejecuciones, hoy presentaron a los 5 sicarios responsables de las masacres en los centros de rehabilitacion, son gente del Chapo (cartel de Sinaloa) y se les han comprobado por lo menos 40 homicidios de los muchos mas que cometieron, a ver que mas les sacan, hace minutos salieron, bien custodiados rumbo al DF donde seran investigados por la SIEDO, LOS CRUELES MERCENARIOS pusieron cara de gallinitas y hasta querian llorar.
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De la redacción
El Diario de El Paso | 28-10-2009 | 23:22 | Local
Los mexicanos que huyen de la violencia en Ciudad Juárez han detonado un “boom” económico en El Paso, destaca un reportaje publicado esta semana por The Wall Street Journal, el periódico de mayor circulación en Estados Unidos.
El texto, firmado por la reportera Ana Campoy, señala que el aumento en la tasa de homicidios en Juárez es uno de los factores importantes que han incrementado la vida nocturna y la venta de viviendas en El Paso, “esta tranquila ciudad en la frontera con México”.
El reportaje especifica que la urbe paseña atraviesa por un importante periodo de desarrollo, conforme empresarios que huyen de la violencia causada por las drogas en Juárez se dirigen al otro lado del río Bravo para abrir bares y restaurantes de gran popularidad.
La violencia de México ha significado un estímulo económico imprevisto para El Paso, de acuerdo con Campoy. Aquí, la tasa de desempleo en septiembre fue del 9.8%, porcentaje igual al promedio nacional pero mucho más bajo que el de otras ciudades fronterizas, como Brownsville y McAllen.
Cindy Ramos Davidson, presidenta de la Cámara Hispana de Comercio de El Paso, comentó en entrevista con el Wall Street Journal que su personal ha recibido una gran cantidad de solicitudes de empresarios juarenses con deseos de establecerse en El Paso.
En el periodo de 12 meses que culminó el 31 de julio, más de 200 compañías mexicanas fueron abiertas en la ciudad, un aumento del 40 por ciento en comparación con el mismo lapso del año pasado, dijo.
“Se trata de la emigración más importante de mexicanos acaudalados (hacia El Paso) desde la Revolución Mexicana”, comentó el regidor Beto O’Rourke, refiriéndose a la rebelión de una década de duración que inició en 1910.
Sin embargo, no todos los recién llegados a El Paso huyen de la violencia, aclara el texto. Otros factores que contribuyen a impulsar la economía de la ciudad incluyen la expansión multimillonaria de Fort Bliss, una base militar que está atrayendo a miles de soldados y beneficiando a la industria de la construcción de la localidad, de acuerdo con Bill Gilmer, prominente economista de la sucursal paseña del Banco de la Reserva Federal de Dallas.
No obstante, el reportaje señala cómo se está atrayendo a cientos, miles quizás, de habitantes de Juárez en busca de un lugar seguro para vivir.
Aclara que no existe un cálculo oficial de la afluencia, pero agentes de bienes raíces reportan un aumento en la venta de casas a habitantes de Juárez. La tasa de ocupación de departamentos es de aproximadamente el 92%, más alta que las de ciudades como Houston o Dallas, donde han caído por debajo del 90%, de acuerdo con la firma MPF Research, la cual se encarga de compilar información del mercado de los departamentos.
Es fácil comprender el porqué de lo anterior: la cantidad de homicidios en Juárez se disparó durante la primavera de 2008 y aumentó a más de 300 por mes en agosto y septiembre de este año, los índices mensuales más altos en un año particularmente violento, apunta el reportaje.
COMIDA Y DIVERSIóN PARA EXPATRIADOS
Uno de los inmigrantes entrevistados por el WSJ es Aril Anzures, quien recientemente abrió una sucursal del negocio de burritos de su familia en la transitada calle Norte Mesa en El Paso. Luego de varios intentos de secuestro, la familia Anzures se trasladó a esta ciudad anteriormente en el año, aunque todavía posee siete restaurantes en México.
“Se estaba poniendo muy fea la situación”, indicó Anzures. “No somos ricos, pero tuvimos que viajar con guardaespaldas”.
Anzures comentó no preocuparse por su seguridad en El Paso, donde Burritos Crisóstomo ofrece las mismas tortillas de harina recién hechas y los mismos guisados que en México. Muchos de sus clientes también son expatriados de Juárez. El negocio ha prosperado tanto, comentó Anzures al diario estadounidense, que espera abrir otro local en El Paso el próximo mes.
Los recién llegados como García han traído con ellos una vida nocturna que no existía en El Paso, asegura el reportaje. En el pasado, muchas personas cruzaban hacia México cuando tenían ganas de pasar un buen rato.
Lariza Varela, una joven de 28 años que trabaja en una compañía financiera, ha limitado sus visitas de fin de semana a Juárez en los últimos meses, prefiriendo acudir al nuevo centro nocturno de El Paso llamado “33”.
Carlos Chávez indicó que él y su hermano abrieron el bar para reemplazar el que cerraron en Juárez luego de que sus clientes dejaron de acudir por miedo a la violencia del narco.
A pesar de los temores de que la violencia cruce la frontera hacia El Paso, la ciudad sigue siendo una de las más seguras del país debido a su tamaño, de acuerdo con estadísticas federales, habiéndose registrado 10 homicidios en este año.
El texto del Wall Street Journal concluye que los recién llegados son una bendición. Jorge Villegas, contratista, comentó que más de la mitad de sus proyectos de construcción son para personas de Juárez. Y Pedro Gómez, quien posee un negocio de jardinería, comentó haber remodelado los patios de muchas personas que acaban de mudarse de Juárez.
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Juárez es otra vez la ciudad más violenta del mundo
El Universal | 14-11-2009 | 00:08 | Nacional
Distrito Federal— Los esfuerzos del gobierno de Felipe Calderón para combatir y desarticular las redes del narco desencadenaron la respuesta de los cárteles del país, que ha dejado 15 mil seis víctimas en lo que va del sexenio. En 2009, por segundo año consecutivo, Ciudad Juárez se mantiene como la más violenta del mundo, muy por arriba de Bagdad, Irak, con 132 muertos por cada 100 mil habitantes, contra 40 en la ciudad persa.
De acuerdo con el conteo de El Universal, en homicidios atribuidos al crimen organizado y el narcotráfico, en diciembre de 2006, cuando inició el gobierno de Calderón, se cometieron en México 178 asesinatos. En 2007, 2 mil 673; en 2008 sumaron 5 mil 630, y en lo que va de 2009 se contabilizan 6 mil 525.
El saldo de los primeros tres años de gobierno es de 15 mil seis asesinatos, muy por arriba de los 13 mil 634 muertos por la violencia en Colombia en cinco años –2002 a 2007–, según un informe de organizaciones no gubernamentales ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La escalada de la violencia en el presente año alcanzó un promedio de 20 crímenes diarios, lo que coloca al país en situación similar a la de Río de Janeiro en 2008, cuando esa ciudad brasileña fue asolada por la violencia relacionada con las drogas y mataron a 7 mil 89 personas.
Ciudad Juárez, con un millón 405 mil 272 habitantes, en la frontera de México con Estados Unidos, registra 2 mil 216 víctimas en lo que va del año y de continuar esa tendencia cerrará 2009 con 2 mil 293 ejecuciones, con lo que se colocará por segundo año consecutivo como la más violenta del planeta, con 159 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en México afirma que el segundo lugar en violencia corresponde a Caracas, Venezuela, con 103 crímenes por cada 100 mil habitantes. Se estima que habrá este año 3 mil 300 muertes en una población de 3 millones 205 mil 463 personas.
En 2008, Juárez encabezó la lista de las 10 ciudades más violentas del mundo con 132 casos por cada 100 mil habitantes, seguida de Caracas (96), Nueva Orleans (95), Tijuana (73), Cape Town, Sudáfrica (62), Port Moresby, Papua Nueva Guinea (54), San Salvador, El Salvador (49), Medellín, Colombia (45), Baltimore, Estados Unidos (45), y Bagdad, Irak (40).
Juárez encabezó en el primer semestre de este año la lista mundial de ciudades con la mayor tasa de secuestros por millón de habitantes, con 142, superando a Puerto Príncipe, Haití (98), y a las ciudades colombianas de Choco (36), Putumayo (24.8) y Vaupes (23.8); y la ciudad de Guatemala (6.34), Sao Paulo, Brasil (3.46), Medellín (1.5) y Bogotá (1.4), Colombia, y Río de Janeiro, Brasil (0.12).
En tres años del gobierno de Calderón –diciembre de 2006–, los operativos conjuntos desplegados en Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Baja California y Chihuahua no frenan los asesinatos, que cada vez son más crueles.
Informes del Centro de Inteligencia Antinarcóticos del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional afirman que la actividad delictiva de los cárteles de la droga se centra principalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua; Culiacán y Navolato, Sinaloa; la comarca lagunera, entre Durango y Coahuila; Tijuana, Baja California, y en la región de Tierra Caliente que comparten Guerrero y Michoacán.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Social, que preside José Antonio Ortega Sánchez, dice que “la única manera de revertir la grave situación de inseguridad, es revisar las políticas que probaron su fracaso y remover a quienes las diseñaron y practicaron, para dar paso a quienes sí puedan”.
“Antes, es indispensable que el gobierno deje de auto engañarse ante la realidad”.
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CONFESIONES SOBRE LA REFORMA PENAL *Diputado Arrepentido
Publicado el 12 Diciembre 2009
Diputado Local Arrepentido
No sé ni siquiera cómo empezar ni por donde empezar, porque me muero de la
vergüenza al ver las consecuencias de lo que la reforma penal que yo y otros
colegas en el Congreso del Estado de Chihuahua promovimos y aprobamos ha
desatado sobre el noble pueblo chihuahuense.
Primero que nada, me siento obligado a denunciar y poner del conocimiento del
pueblo de Chihuahua el hecho ya inocultable de que la nueva reforma penal fue de
hecho una reforma penal hecha al gusto y a las órdenes del hampa organizada, una
reforma penal cuya generosidad y benevolencia hacia los criminales dejando a las
víctimas en la más completa indefensión está a la vista del mundo entero. Y fue
hecha al gusto y las órdenes de la delincuencia organizada porque la mayoría (no
todos, y es importante dejarlo en claro) de los legisladores que estuvimos
detrás de la nueva reforma penal aceptamos y recibimos fuertes sumas de dinero
del hampa organizada para elaborarla, apoyarla y promulgarla tal y como ellos
querían. En pocas palabras, la nueva reforma penal fue el producto de los
delitos de peculado y cohecho.
Nosotros sabíamos perfectamente las posibles consecuencias del ablandamiento de
las ya de por sí laxas leyes en contra de la criminalidad; no somos idiotas ni
imbéciles. Los secuestros express, los carjackings, las extorsiones telefónicas
y a negocios establecidos, en fin, tanta criminalidad que ha florecido, todas
estas posibilidades ya las habíamos anticipado. Pero nunca sospechamos que la
cosa degeneraría a tal grado.
Empecemos con la reforma bajo la cual quienes son consignados por un delito por
vez primera y que carecen de antecedentes penales, los llamados
primodelincuentes, gozan de todos los beneficios que se les puedan dar para
recuperar prontamente su libertad y así poder seguir delinquiendo en contra de
la sociedad. Nosotros, los diputados de ambos partidos que promovimos y apoyamos
esta clásula, siempre hemos sabido y sabemos que el hecho de que un criminal sea
detenido por vez primera quizá por un golpe de suerte en la comisión de un
delito no significa que no haya incurrido previamente en cien o mil delitos
anteriores. Siempre lo supimos. Esta generosa concesión a la delincuencia
organizada era precisamente una de las cosas que nos pedían aquellos a quienes
nos vendimos traicionando al pueblo de Chihuahua.
Hablemos ahora sobre el cambio que hicimos facilitándole a los criminales el
poder recibir el perdón de sus víctimas librándose así de un merecido castigo.
Nosotros siempre supimos que esto se podía prestar a obtener el perdón de los
afectados mediante amenazas de muerte a las víctimas o a los familiares de las
víctimas. Y es precisamente lo que está ocurriendo ahora, aunque nunca nos
imaginamos que estaría ocurriendo en la escala en la que está ocurriendo ahora.
Pero esta generosa ayuda a la delincuencia era precisamente otra de las cosas
que nos pedían aquellos a quienes nos vendimos.
El haber clasificado como delitos no graves varios delitos que sabíamos
perfectamente que eran graves no fue más que otra parte de los tratos que
hicimos con la delincuencia organizada. Al no ser ya muchos delitos graves
delitos que se persiguen de oficio, se puso en manos de quienes nos corrompieron
la manera más fácil de lograr la impunidad con la ayuda de las mismas leyes que
se deberían de haber elaborado para proteger a la sociedad en lugar de proteger
a la delincuencia organizada y a los criminales a su servicio.
Hablemos ahora sobre la sobre-protección legal que se les ha dado a los menores
de edad que permite que un peligrosísimo asesino que ha descuartizado a su
propio padre, a su propia madre y a su propia hermana, ande suelto al poco
tiempo acechando a la sociedad chihuahuense. Aquellos a quienes nos vendimos
como rameras estaban muy interesados en que esto fuese una de nuestras
principales prioridades en la agenda legislativa porque de esta manera el crimen
organizado puede reclutar a menores de edad como sicarios o extorsionadores con
la plena garantía de que si sus muchachitos son arrestados el castigo que
tendrán será mínimo o nulo, haciendo atractivo a estos jóvenes inexpertos el
corromperse y enlistarse en las filas del hampa organizada. Esta era la forma de
garantizarle al hampa organizada el reclutamiento y la protección legal de sus
soldaditos, y nosotros siempre lo supimos.
¡Cuántas veces no hemos visto ya que muchos casos se vienen abajo en los
juzgados debido a expedientes mal integrados por los ministerios públicos! ¿Por
qué no elaboramos las leyes para permitir que esos expedientes rechazados por
los juzgados pudieran ser presentados nuevamente ante los juzgados con las
deficiencias ya removidas? Pues porque esto no lo querían aquellos a quienes nos
vendimos. ¿Por qué no elaboramos leyes duras para someter a investigación y a
proceso o por lo menos echar de la Procuraduría a los ministerios públicos que
sospechosamente elaboran estos expedientes mal integrados en casos de alto
impacto? Pues porque esto tampoco lo querían aquellos a quienes nos vendimos.
Todo fue parte del “pliego petitorio” (nada por escrito, obviamente) que
recibimos de quienes compraron nuestros votos legislativos.
Las leyes durísimas de extinción de dominio para privar a los criminales de sus
ganancias y compensar con ellas a sus víctimas sin tener que esperar meses o
años para ello, estaban ahí como un buen proyecto, proyecto que fue detenido y
cancelado porque no convenía dentro de la nueva reforma penal a los intereses
económicos de quienes compraron nuestros votos y nuestras conciencias. Sin
dinero, el narco no puede moverse, ni puede corromper a funcionarios públicos
como lo hicieron con nosotros.
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Veamos ahora la pena de muerte y la prisión perpetua. Los diputados en el
Congreso del Estado estamos muy conscientes de que la mayoría de los
chihuahuenses, hartos de tanta delincuencia y de tanta criminalidad, están a
favor de la pena de muerte aplicada a sicarios, violadores y secuestradores,
especialmente tras la tragedia de las muertas de Juárez por la cual la misma
Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de encontrar al gobierno de
México culpable por negligencia. Sin embargo, y esto es un punto de sumo interés
para aquellos a quienes nos vendimos, se nos pidió mostrar la más dura oposición
desde el Congreso a la posible aplicación de la pena de muerte, porque por
ningún motivo y bajo ninguna circunstancia el hampa organizada, la criminalidad
suprema, está dispuesta o preparada para enfrentar la posibilidad de que se les
pueda aplicar la pena máxima cuando vaya en proporción a su criminalidad. Y la
diferencia está a la vista, cuando vemos que la segunda ciudad más segura de
todos los Estados Unidos, en donde sí se aplica la pena de muerte, convive justo
a un lado de la ciudad más peligrosa del mundo en donde no existe posibilidad
alguna de aplicarle a los grandes capos multihomicidas como el Mayo Zambada, el
Chapo Guzmán, o Daniel Arizmendi el “mochaorejas” la pena capital, ni siquiera
la prisión perpetua. Se nos pidió que buscáramos todos los argumentos posibles
habidos y por haber en contra de la pena de muerte para así poder justificar el
ir en el Congreso del Estado en contra de la promoción de la pena de muerte y en
contra de los deseos de la mayoría del pueblo mexicano, e inclusive se nos pidió
que inventásemos nuevos argumentos para que ningún capo del narcotráfico así
como sus soldaditos pueda pagar jamás con su propia vida las miles de muertes
que haya ocasionado, y eso fue justo lo que hicimos, y ante nuestros ojos están
las consecuencias de tanta impunidad.
Los candados legales puestos en la nueva reforma penal volviendo casi imposible
el poder utilizar en contra de los criminales sus propias declaraciones ante la
autoridad aunque hayan incurrido en serias contradicciones, así como la virtual
nulificación del valor probatorio de todo tipo de grabaciones y videograbaciones
como elementos de prueba, todas estas son cosas que no han servido más que para
ayudar a los hampones a evadir la acción de la justicia. Y nosotros siempre
supimos que esto iba a suceder.
Las “lagunas legales” que fueron metidas deliberadamente en la nueva reforma
penal no fueron meras equivocaciones nuestras como se pretende hacer creer.
Sabíamos lo que estábamos haciendo. Y prácticamente todos los tecnicismos
legales que se puedan concebir para lograr la liberación expedita de criminales,
todas las chicanas, todas las argucias, todos los párrafos a los que se les
puede dar un doble sentido sin que el doble sentido sea obvio para todos hasta
que sea argumentado por un abogado defensor de un narco o de un sicario ante un
juez , fueron incorporados deliberadamente a la nueva reforma penal; están ahí,
y tanto yo como otros diputados sospechamos que también hubo compra de
conciencias entre los representantes de las barras y colegios de abogados
siempre prestos para ver por los intereses de sus clientes pisoteando los
reclamos y los derechos de las víctimas, convirtiendo al aparato de justicia
penal en una farsa onerosa sin utilidad real para nuestra sociedad.
¿Y la promoción de iniciativas de parte del Congreso estatal ante el Ejecutivo y
ante la Federación para la derogación de leyes del secreto bancario que
actualmente le permiten a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dificultar
la investigación de transferencias multimillonarias y sospechosas de dinero así
como el lavado de dinero de toda la delincuencia organizada? Esta era
precisamente otra de las cosas a las que se quería que le echásemos tierra, y
eso fue lo que hicimos.
La falta de rendición de cuentas ante la sociedad de jueces que dejan libres en
cuestión de meses o inclusive semanas a multihomicidas culpables de decenas de
asesinatos cometidos con una saña y crueldad que ni siquiera las bestias
exhiben, la secrecía con que se permite que varios jueces manejen la
justificación asentada en los expedientes para dejar sueltos a peligrosos
criminales, e inclusive la misma identidad de tales jueces, en fin, todas las
razones por las cuales podemos suponer que están tan vendidos como nosotros, no
se hizo absolutamente nada en la nueva reforma penal para legislar una vigorosa
rendición de cuentas. Y ante nosotros están ya los resultados.
La venta de nuestros votos legislativos al crimen organizado a cambio de fuertes
sumas de dinero no es algo que haya sido exclusivo de un solo partido político.
Tanto diputados estatales del PRI como del PAN promovimos y aprobamos las
reformas penales que resultaron ser tan lesivas para todos nuestros hermanos
chihuahuenses. Si todos los diputados estatales del PAN que forman la minoría
legislativa en el Congreso se hubieran opuesto en bloque a la reforma penal no
dando un solo voto a favor, podrían reclamar su inocencia en los delitos de
peculado y cohecho. Pero ahí están las listas con los nombres de los que votamos
a favor de la nueva reforma penal, ahí están los nombres entre los cuales
desgraciadamente se incluye el mío. Todos ustedes ya saben o pueden saber
quiénes fuímos cómplices de la gran tragedia que empezó a azotar a Chihuahua
desde hace más de dos años.
Nosotros, los diputados del Congreso del Estado de Chihuahua, no empezamos la
guerra que Felipe Calderón le declaró al narco, eso fue culpa suya y
exclusivamente suya. Pero nosotros nos vendimos y elaboramos y promulgamos leyes
que han estado favoreciendo y protegiendo tan atrozmente los intereses de la
delincuencia organizada. De haber previsto las consecuencias, la reforma penal
hubiera sido otra totalmente diferente, durísima contra los intereses del hampa
y sobreprotectora de las víctimas.
La curiosa similitud entre lo que hicimos en el Congreso del Estado de Chihuahua
y lo que se hizo en otros estados como Querétaro nos ha llevado a sospechar que
también ahí se vendieron, que también fueron comprados. Todo es cuestión de
dinero, y punto.
Podríamos haber convertido a Chihuahua en un ejemplo a seguir, en un modelo, y
en lugar de ello convertimos a nuestro estado en un paraíso delincuencial, en un
coto de caza para cualquier criminal o psicópata, en una guarida predilecta del
hampa organizada, en un verdadero infierno en la tierra. ¿Cómo reparar el daño
ya hecho? Imposible, no hay manera.
Yo (y estoy seguro que también otros colegas míos en el Congreso que hicieron lo
mismo que yo) estoy arrepentidísimo por lo que contribuí a desatar. Hincado de
rodillas suplicaría perdón al pueblo de Chihuahua por las consecuencias de mis
actos, si el hacer tal cosa no desencadenara una terrible represalia no sólo en
contra mía sino también en contra de toda mi familia. Pero la verdad de lo que
sucedió, la explicación inclusive a la criminal dilación con la cual se dejaron
pendientes para el año entrante en el Congreso las blandas contrareformas que se
van a dar únicamente por estar cercanas ya las elecciones para la próxima
gubernatura, debe de ser conocida. Al pueblo de Chihuahua le tocará juzgar.
Atentamente
Diputado del Congreso Estatal de Chihuahua, arrepentidísimo
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Algo asi como 2,700 asesinatos en el año, mas de 6000 negocios cerrados, repuntan los femininicidios, las extorsiones a la orden del dia hay que pagar la cuota (ademas de los impuestos) para poder trabajar, para acabarla de amolar ya no solo son los negocios las victimas ya empezaron a cobrar "la cuota" en domicilios particulares, y el gobierno? bien gracias, ya tomaron medidas fiscales y de aumentos en servicios publicos para sostener el tren de vida de sus funcionarios. EL CAOS
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