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Re: VALIENDO MADRE LLAMANDO al SANTO
Las cifras son como para ganar la atención de
cualquiera: durante 2009 el número de
ejecuciones en el estado de Chihuahua superó los
dos millares. Tan sólo en Ciudad Juárez se
perpetraron mil 607 de ellas. La saña del crimen
organizado acapara toda visibilidad.
Ahí está precisamente el peligro: en lo que la
visibilidad invisibiliza. Porque ahora que todo
el mundo en este norteño estado habla de
ejecuciones, levantones, extorsiones,
secuestros, incendios de negocios, parece que
los feminicidios que hicieron tristemente famosa
a esta frontera se hubieran terminado o, cuando
menos, reducido significativamente, ante los
guarismos del horror cotidiano. No es así.
Durante 2009 fueron asesinadas 86 mujeres en
Ciudad Juárez y varias decenas más en todo el
estado. Para ponerlo en perspectiva: esta
terrible cifra duplica el número de asesinatos
dolosos de mujeres en los años que alcanzaron
los índices más altos: 37 en 1996 y en 2001.
Triplican los homicidios de género de 2007 en
esta frontera, que llegaron a 25.
Y la tendencia no es para atemperar las
preocupaciones de nadie. Si se consideran
únicamente las últimas seis semanas, es decir,
desde la última de noviembre de 2008 y lo que va
de enero de 2009, el número de mujeres ultimadas
asciende a 21. Diez en Ciudad Juárez, seis en la
capital del estado y otras cinco en diversas
poblaciones. Puede ser que la mitad de ellas
sean atribuibles al crimen organizado, pero la
otra mitad son típicos casos de feminicidio: es
decir, mujeres que fueron asesinadas por el
hecho de ser mujeres, la mayoría de ellas
muertas a manos de su pareja o esposo, en hechos
claros de violencia de género. No se incluyen
aquí el número de víctimas de un delito, todavía
soterrado pero que crece en frecuencia: las
violaciones tumultuarias por parte de sicarios.
Llama la atención el caso de una mujer
embarazada asesinada por elementos del Ejército
Mexicano en un retén en el municipio de Aldama,
quienes la “confundieron” con sicarios. Hasta
ahora ni la Procuraduría General de Justicia ni
el propio Ejército han informado sobre la
detención y eventual procesamiento de los
presuntos responsables.
Es precisamente la impunidad de los agresores lo
que permite la reproducción ampliada de los
feminicidios. Y hay dos factores que facilitan
dicha impunidad. Ambos residen en las
autoridades. En primer lugar, las policías
preventivas municipales y las instancias de
apoyo respectivas no tienen o no se ciñen a
protocolos que en los casos de violencia
doméstica permitan prevenir y evitar que se
llegue al feminicidio. Muchos de los asesinatos
de mujeres muestran una historia de maltrato y
violencia por parte del cónyuge o pareja
sentimental.
En segundo lugar hay que ubicar las deficiencias
en el nuevo sistema de justicia penal.
Sistemáticamente los agentes del Ministerio
Público, los jueces de garantías o los jueces de
juicios orales se colocan del lado del agresor y
dificultan enormemente el procedimiento para los
familiares de las víctimas. Y en caso de que se
declare culpable al presunto agresor, se le da
la pena mínima, como acaba de ocurrir con un
hombre que intentó asesinar a puñaladas a una
mujer, quien pudo evitarlo porque lo golpeó con
una figura de cerámica. Se le dio la sentencia
mínima: 10 años de prisión, que con toda
facilidad se reducirán a cinco.
La carencia de protocolos de acción, la falta de
preparación de todos los actores del nuevo
sistema de justicia, la no capacitación en
visión de género se coluden para ampliar la
impunidad de los feminicidios. Ojalá que esta
terrible experiencia de las mujeres
chihuahuenses sea tomada en cuenta al
implementar a escala federal las reformas en
materia penal.
Afortunadamente la sociedad norteña, así sea en
pequeños grupos, no se ha cruzado de brazos. Las
organizaciones de mujeres, los centros de
derechos humanos, los grupos de madres de
desaparecidas y asesinadas reciben denuncias,
acuden en auxilio de las familias de las
víctimas, difunden, exigen cuentas a las
autoridades, reclaman políticas de prevención y
de reparación del daño. Labor valiente cuando el
grueso de la sociedad se deja llevar por el
terror y se encierra en su casa, en su
problemática meramente individual o familiar.
Chihuahua está en estado de alerta de violencia
de género. Es un hecho incontrovertible y la
sociedad activa así lo ha considerado. A las
autoridades federales y estatales más les vale
reconocerlo y declararlo para echar a andar los
procedimientos y medidas pertinentes como lo
contempla la Ley General por el Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ya se han
dejado transcurrir demasiados años. Ya se han
perdido muchas vidas de mujeres y de niñas.
Victor M. Quintana
09/01/2009
Las cifras son como para ganar la atención de
cualquiera: durante 2009 el número de
ejecuciones en el estado de Chihuahua superó los
dos millares. Tan sólo en Ciudad Juárez se
perpetraron mil 607 de ellas. La saña del crimen
organizado acapara toda visibilidad.
Ahí está precisamente el peligro: en lo que la
visibilidad invisibiliza. Porque ahora que todo
el mundo en este norteño estado habla de
ejecuciones, levantones, extorsiones,
secuestros, incendios de negocios, parece que
los feminicidios que hicieron tristemente famosa
a esta frontera se hubieran terminado o, cuando
menos, reducido significativamente, ante los
guarismos del horror cotidiano. No es así.
Durante 2009 fueron asesinadas 86 mujeres en
Ciudad Juárez y varias decenas más en todo el
estado. Para ponerlo en perspectiva: esta
terrible cifra duplica el número de asesinatos
dolosos de mujeres en los años que alcanzaron
los índices más altos: 37 en 1996 y en 2001.
Triplican los homicidios de género de 2007 en
esta frontera, que llegaron a 25.
Y la tendencia no es para atemperar las
preocupaciones de nadie. Si se consideran
únicamente las últimas seis semanas, es decir,
desde la última de noviembre de 2008 y lo que va
de enero de 2009, el número de mujeres ultimadas
asciende a 21. Diez en Ciudad Juárez, seis en la
capital del estado y otras cinco en diversas
poblaciones. Puede ser que la mitad de ellas
sean atribuibles al crimen organizado, pero la
otra mitad son típicos casos de feminicidio: es
decir, mujeres que fueron asesinadas por el
hecho de ser mujeres, la mayoría de ellas
muertas a manos de su pareja o esposo, en hechos
claros de violencia de género. No se incluyen
aquí el número de víctimas de un delito, todavía
soterrado pero que crece en frecuencia: las
violaciones tumultuarias por parte de sicarios.
Llama la atención el caso de una mujer
embarazada asesinada por elementos del Ejército
Mexicano en un retén en el municipio de Aldama,
quienes la “confundieron” con sicarios. Hasta
ahora ni la Procuraduría General de Justicia ni
el propio Ejército han informado sobre la
detención y eventual procesamiento de los
presuntos responsables.
Es precisamente la impunidad de los agresores lo
que permite la reproducción ampliada de los
feminicidios. Y hay dos factores que facilitan
dicha impunidad. Ambos residen en las
autoridades. En primer lugar, las policías
preventivas municipales y las instancias de
apoyo respectivas no tienen o no se ciñen a
protocolos que en los casos de violencia
doméstica permitan prevenir y evitar que se
llegue al feminicidio. Muchos de los asesinatos
de mujeres muestran una historia de maltrato y
violencia por parte del cónyuge o pareja
sentimental.
En segundo lugar hay que ubicar las deficiencias
en el nuevo sistema de justicia penal.
Sistemáticamente los agentes del Ministerio
Público, los jueces de garantías o los jueces de
juicios orales se colocan del lado del agresor y
dificultan enormemente el procedimiento para los
familiares de las víctimas. Y en caso de que se
declare culpable al presunto agresor, se le da
la pena mínima, como acaba de ocurrir con un
hombre que intentó asesinar a puñaladas a una
mujer, quien pudo evitarlo porque lo golpeó con
una figura de cerámica. Se le dio la sentencia
mínima: 10 años de prisión, que con toda
facilidad se reducirán a cinco.
La carencia de protocolos de acción, la falta de
preparación de todos los actores del nuevo
sistema de justicia, la no capacitación en
visión de género se coluden para ampliar la
impunidad de los feminicidios. Ojalá que esta
terrible experiencia de las mujeres
chihuahuenses sea tomada en cuenta al
implementar a escala federal las reformas en
materia penal.
Afortunadamente la sociedad norteña, así sea en
pequeños grupos, no se ha cruzado de brazos. Las
organizaciones de mujeres, los centros de
derechos humanos, los grupos de madres de
desaparecidas y asesinadas reciben denuncias,
acuden en auxilio de las familias de las
víctimas, difunden, exigen cuentas a las
autoridades, reclaman políticas de prevención y
de reparación del daño. Labor valiente cuando el
grueso de la sociedad se deja llevar por el
terror y se encierra en su casa, en su
problemática meramente individual o familiar.
Chihuahua está en estado de alerta de violencia
de género. Es un hecho incontrovertible y la
sociedad activa así lo ha considerado. A las
autoridades federales y estatales más les vale
reconocerlo y declararlo para echar a andar los
procedimientos y medidas pertinentes como lo
contempla la Ley General por el Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ya se han
dejado transcurrir demasiados años. Ya se han
perdido muchas vidas de mujeres y de niñas.
Victor M. Quintana
09/01/2009
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